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San Juan, 2 jul (INS).- La Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico (JSF) sometió hoy una demanda contra el gobernador de Puerto Rico, Pedro R. Pierluisi, y los presidentes del Senado, José Luis Dalmau Santiago, y la Cámara, Rafael Hernández Montañez, para prohibir que se ejecute y para que se anule la Ley 7-2021 del 9 de junio de 2021, “Ley para un Retiro Digno”.
Igualmente, el organismo impuesto por Washington al gobierno de Puerto Rico para controlar sus finanzas ante la quiebra fiscal, incluyó en la acción judicial en el tribunal federal a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF).
La Junta de Supervisión afirmó que la Ley 7-2021 de Retiro Digno “crearía miles de millones de dólares en nuevas obligaciones de pensión del gobierno; ataría las manos del actual Gobierno de Puerto Rico y de futuros gobiernos; prohibiría la cooperación del Gobierno con el Plan de Ajuste; reasignaría cada dólar del servicio de la deuda —de la reestructuración de la deuda— a un nuevo Fideicomiso de Pensiones”.
Según el organismo fiscal, el gobernador aprobó la Ley 7 el 9 de junio de 2021, pero certificó, por medio de AAFAF, que la ley es “significativamente inconsistente” con el Plan Fiscal Certificado para Puerto Rico de 2021.
“La certificación del gobernador admitió además que la aplicación de la ley podría violar varias otras disposiciones de Promesa, incluyendo la autonomía de la Junta de Supervisión (Sección 108(a); implementar una reprogramación de fondos gubernamentales sin la aprobación de la Junta de Supervisión (Sección 204 (c)), y modificar miles de millones de dólares de deuda sin la aprobación de la Junta de Supervisión, (Sección 207)”, detalló.
Ante esto, según la JSF, la Ley 7 debe ser anulada porque le prohíbe al Gobierno cooperar con cualquier plan de ajuste que contradiga las disposiciones de la Ley 7 de 2021, incluido el Cuarto Plan de Ajuste Enmendado, presentado el 29 de junio de 2021.
“La negativa del Gobernador a confirmar que no implementará la ley, y la negativa de la Legislatura a derogar cualquier parte de la ley deja a la Junta de Supervisión sin otra opción que recurrir al litigio”, planteó al justificar la acción.
La Ley 7 le hace la falsa promesa de un “retiro digno” a los empleados retirados del gobierno mediante mayores beneficios que Puerto Rico no puede pagar”, dijo el presidente de la Junta de Supervisión, David Skeel.
“La Ley 7 resulta en todo lo contrario a un ‘retiro digno’; pondría en peligro los beneficios de retiro en el futuro, ya que la ley no puede ni podrá financiar adecuadamente lo que promete. Puerto Rico permanece en una crisis fiscal y la implementación de la Ley 7 descarrilaría el progreso logrado en alcanzar una reestructuración de deuda consensuada, prolongaría la bancarrota, resultaría en inestabilidad fiscal y retrasaría la recuperación”, subrayó Skeel. INS
ndc