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El gobierno prohibió el uso de los vehículos oficiales durante fines de semana y feriados. / Inter News Service
Santo Domingo, 20 jun (INS).- Con la finalidad de seguir enfrentando el severo impacto que ha tenido la pandemia de Covid-19 en la economía nacional e internacional, el Poder Ejecutivo estableció reducciones en gastos relacionados con viajes al exterior, la compra de vehículos de lujo, remodelaciones de alto costo, agasajos y celebraciones.
La disposición, anunciada mediante el decreto 396-21, alcanza las donaciones, obsequios, uso de instalaciones privadas para la realización de actividades y hasta el uso de personal policial o militar asignado a funcionarios públicos, con muy contadas excepciones.
De igual manera, quedan prohibidas las compras de vehículos de motor, excepto aquellos utilitarios que sean imprescindibles para la adecuada ejecución de las funciones a las que sean asignados y debidamente autorizadas.
Además, solo se autorizarán exoneraciones y exenciones de vehículos según lo establecen las correspondientes leyes aplicables y se denegará cualquier solicitud relacionada que no tenga su base en alguna ley.
La decisión adoptada por el presidente de la República, Luis Abinader, y dada a conocer este domingo a través de un comunicado oficial, dispone no usar los vehículos oficiales durante fines de semana y feriados, una práctica que ocurre desde el gobierno del presidente Joaquín Balaguer.
La medida busca “racionalizar el uso del recurso humano asignado a instituciones y funcionarios”, para lo cual ordenó a los Ministros de Defensa e Interior y Policía “realizar una profunda revisión del personal policial y militar a disposición de instituciones públicas, a servidores públicos y otros dignatarios para reducirlo a la cantidad estrictamente necesaria y hacer eficiente su distribución”.
Asimismo, queda prohibido el uso de flanqueadores motorizados en desplazamientos de los funcionarios públicos, con claras excepciones como la del presidente y vicepresidenta de la República, ministros de Defensa e Interior y Policía, director general de la Policía Nacional, procuradora general de la República, comandantes generales de los cuerpos castrenses, presidente de la DNCD y el titular del Departamento Nacional de Investigaciones (DNI).
En el caso específico de la Policía Nacional, se ordena la reducción de personal asignado a instituciones y funcionarios en al menos un 50%, para que el resto sea dedicado a la implementación efectiva de la Estrategia Nacional Integral de Seguridad Ciudadana “Mi País Seguro”.
Indica el documento que “la responsabilidad del seguimiento y de velar por el cumplimiento de este decreto presidencial queda a cargo del Ministerio Administrativo de la Presidencia y el Ministerio de Administración Pública, en coordinación con la Dirección General de Presupuesto y la Contraloría General de la República”. INS
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