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Resumen de noticias para el domingo 20 de junio de 2021
P. Rico-Administradores de Servicios de Salud consideran que cabildeo de Natalie Jaresko en el Congreso “es repudiable”
San Juan, 19 jun (INS).- El presidente del Colegio de Administradores de Servicios de Salud (CASS), Efraín Piñero, repudió ayer las gestiones en el Congreso de los Estados Unidos en contra del trato igual en el Programa de Medicaid por parte de la directora ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Natalie Jaresko.
Asimismo, convocó a una reunión urgente a todos los presidentes de los Colegio Profesionales de la Salud y entidades afines, a la que invitó además al secretario de Salud, Carlos Mellado, y a la secretaria de la Gobernación, Noelia García.
“Repudiamos las repudiables acciones de la JSF y su directora, Natalie Jaresko, de cabildear en contra de la propuesta del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de otorgar a Puerto Rico trato igual en el programa Medicaid, que provee los fondos federales para beneficiar a 1.3 millones de personas vulnerables afiliadas al Plan de Salud del Gobierno (Plan Vital)”, afirmó Piñero.
Añadió que “no existe una sola razonabilidad para esta postura negativa en contra de los puertorriqueños de la señora Jaresko. Al contrario, aquí ganamos todos, en especial los pacientes”.
A modo de ejemplo, dijo que una persona que tenga un salario de dos mil dólares mensuales aproximadamente podría obtener el Plan Vital. Esto lograría que se integren las personas que están en el vacío (personas que no califican ahora para el programa de Medicaid y tampoco pueden pagar un plan médico privado). Esto lograría registrar a sobre 400 mil personas incluyendo al 70 por ciento de los 300 mil empleados municipales.
“Enviaré una carta al presidente de la JSF para pedirle audiencia y lograr llamar a capítulo a Jaresko. Y estamos convocando a todos los presidentes de los Colegios Profesionales de la Salud, asociaciones y entidades afines a una reunión urgente este miércoles a las 4:00 PM en el Colegio de Administradores de Servicios de Salud”, adelantó. INS
P. Rico-Departamento del Trabajo extiende fecha para acogerse a beneficios de la Ley 52
San Juan, 19 jun (INS).- El Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) extendió hasta el 23 de junio el plazo para que los patronos interesados en someter propuestas para acogerse a los beneficios de la Ley 52 presenten la documentación requerida.
El secretario del Trabajo, Carlos J. Rivera Santiago, explicó ayer que el cambio se debe a que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó el pasado jueves la ley que hará del 19 de junio un feriado federal para conmemorar la libertad de los esclavos.
Como este año ese día cae sábado, se guardó el viernes, 18 de junio. El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, anunció también el jueves que acogía el día festivo en el gobierno estatal.
“Inicialmente, la fecha límite para que los patronos entregaran sus documentos vencía el viernes. Sin embargo, debido a que fue declarado feriado y nuestra agencia estuvo en receso, se decidió extender la fecha para dar tiempo a quienes no hayan completado el proceso de presentar sus propuestas de incentivos salariales”, dijo Rivera Santiago.
Destacó que esas propuestas podrán ser presentadas a través de correo ordinario o correo certificado, siempre y cuando la fecha del matasellos postal refleje que se depositó en o antes del miércoles 23 de junio. También podrán ser entregadas personalmente en el vestíbulo de la oficina central del DTRH, en Hato Rey.
El Departamento no ofrecerá prórrogas adicionales o recibirá propuesta alguna cumplido el plazo.
El fondo especial creado mediante la Ley 52 es utilizado para combatir el desempleo y promover el empleo en Puerto Rico. Se nutre de una contribución especial sufragada por los patronos privados acogidos a la Ley de Seguridad de Empleo. INS
P. Rico-Avala el Senado incluir a policías estatales y municipales en el Plan de Salud del Gobierno
San Juan, 19 jun (INS).- El Senado avaló añadir un inciso en la “Ley de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico”, tal como propone el PS150 del senador Rubén Soto Rivera, para incluir como beneficiarios del Plan de Salud del Gobierno a los policías estatales y municipales, retirados y activos, sus cónyuges y sus hijos.
La determinación se tomó en la sesión del viernes, cuando se sancionó un paquete de medidas, entre las que se destaca el del senador Soto Rivera, que autoriza a la Administración de Seguros de Salud (ASES) a promulgar aquellos reglamentos que estime pertinentes, en cuanto a cubiertas y beneficios, criterios de elegibilidad y el pago de primas.
Además, que se disponga que sea opcional para los policías municipales acogerse al Plan de Salud del Gobierno y que, de optar por hacerlo, la aportación patronal vaya a ASES.
Soto Rivera, presidente de la Comisión de Salud del Senado, expresó durante su alocución que “esta medida le hace justicia a los policías estatales y municipales” al concurrir con las palabras del senador Rafael Bernabe, del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), de que el país necesita un Plan Universal de Salud.
“Con la situación actual, resulta importante ofrecerle (a los agentes del orden público) este plan de salud para ellos y sus familias; esta Comisión recomienda un voto a favor de este proyecto, (ya que) tenemos que seguir luchando para romper las barreras y haya equidad social no importa a la clase social (a la) que pertenezcan”, dijo el senador del Partido Popular Democrático (PPD).
Bernabe, quien tomó un turno sobre la medida, además de adelantar que votaría a favor, destacó la importancia de que Puerto Rico tenga un Sistema de Salud Universal.
“Esta medida nos plantea el tema de la situación de salud y los seguros de salud entre los puertorriqueños… Para resolver este tipo de situación existe la alternativa de un Plan Universal de Salud. El concepto lo vamos a costear con lo que aportamos ahora a las aseguradoras privadas, (lo que) permite reducir costos y ofrecer mejores servicios”, expuso el senador de Victoria Ciudadana.
Bernabe estableció que un Plan Universal de Salud permite llevar el recurso al paciente y no a las aseguradoras.
“Votemos a favor (de esta medida) para que las personas que no están cubiertas ahora estén cubiertas”, resumió.
El Alto Cuerpo también avaló el Proyecto del Senado 118, del senador Javier Aponte Dalmau, que pretende enmendar la “Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico” para así añadir funciones y facultades a la Oficina de Manejo de Información de Seguridad para lograr la implementación del sistema de interoperabilidad de comunicaciones y que el mismo tenga un funcionamiento adecuado y certero.
Aponte Dalmau resaltó la importancia de aprobar esta medida para que dentro del Departamento de Seguridad pueda solucionarse el problema de interconectividad y falta de comunicación entre las agencias pertenecientes a la sombrilla.
“Es importante que esta medida, después de 8 años, pueda ser atendida en este Cuerpo donde casualmente murió en un cierre de sesión. Creo que este proyecto tiene que estar aprobado por los 27 miembros de este Cuerpo, (debido a que) la falta de interconectividad ha costado vidas, porque estos no se pueden comunicar”, resaltó Aponte Dalmau.
También se dio paso a la Resolución del Senado 133 para que se realice una investigación sobre la implementación y ejecución de la “Ley de Aguas de Puerto Rico”; se evalúe la efectividad del Comité de Recursos de Agua; se fiscalice la efectividad del DRNA en la protección del recurso agua; monitorear que los proyectos y recursos económicos destinados al dragado de los embalses se utilicen adecuadamente y para otros fines.
De otra parte, se aprobó la Resolución Conjunta de la Cámara 77 que le ordena al Secretario del Departamento de Educación de Puerto Rico a que implemente lo dispuesto en la Ley 56-2018 para incluir cursos de lenguaje de señas en los currículos de las escuelas públicas a nivel elemental, intermedio y superior.
“Aún con la importancia que reviste la puesta en vigor de este estatuto, es conocido que en lo que corresponde al Departamento de Educación no se ha cumplido a cabalidad con esta política pública”, se afirma en el informe de la medida que establece la necesidad imperiosa de erradicar la discriminación y la marginación de la comunidad audio impedida en Puerto Rico. INS
P. Rico-Legislación obligaría a instituciones hipotecarias a brindar mantenimiento a casas reposeídas
San Juan, 19 jun (INS).- El representante Yazzer Morales Díaz, del Partido Nuevo Progresista (PNP), presentó legislación para que toda institución hipotecaria que adquiera involuntariamente una propiedad, por medio de su ejecución hipotecaria, tenga la obligación de mantenerla, incluso si existiera una piscina, en buen estado, a fin de evitar que el abandono se convierta en un problema inminente a la salud pública.
“Los datos provistos denotan la existencia de una gran cantidad de propiedades, residenciales y comerciales, que se encuentran virtualmente abandonadas, (lo que) tiene el serio problema de crear inestabilidad en la valorización de las propiedades adyacentes”, señaló.
El representante por el Distrito 9 de Toa Alta y Bayamón, precisó en la Exposición de Motivos que esto “tiende a un grave problema de salud pública, dada la amenaza de estas propiedades convertirse en criaderos de sabandijas y su posible utilización para fines ilícitos”.
El Proyecto de la Cámara 538 busca añadir un inciso (d) en el Artículo 3.8, y un inciso (e) en el Artículo 6.1, de la Ley 247-2010, conocida como ‘Ley para Regular el Negocio de Préstamos Hipotecarios de Puerto Rico’, a los fines de imponer a las instituciones hipotecarias que adquieran involuntariamente una propiedad inmueble, por medio de su ejecución hipotecaria, la responsabilidad de mantener en buen estado la misma, y también ordenar a la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras a establecer aquellos procedimientos conducentes a la cabal fiscalización, supervisión y reglamentación de lo perseguido mediante esta Ley.
“No hay duda de que una piscina abandonada o que no obtenga el mantenimiento requerido para su buen uso y disfrute, puede representar un problema inminente a la salud pública. Si bien es cierto, que hay distintas alternativas para tratar la propagación desmedida de la enfermedad del dengue, es imposible pretender que el Gobierno lo erradique completamente si los tenedores de estas propiedades abandonadas no cumplen con su responsabilidad de eliminar los criaderos de mosquito y de darle buen mantenimiento”, sentenció el legislador.
Estadísticas de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) revelaron que los casos en proceso de ejecución hipotecaria -hasta el 31 de agosto de 2020- alcanzaron las 11,890 versus un total de 14,126 para agosto de 2019, equivalente a una caída de 19 por ciento.
La merma responde a las moratorias por el Covid-19 y a los casos detenidos en los tribunales, ya que las ejecuciones de productos hipotecarios garantizados por el gobierno federal están detenidas hasta el 31 de diciembre de 2020.
Según el reporte de la OCIF, para finales de agosto de 2020 había 353,976 casos activos de ejecuciones hipotecarias y una delincuencia de 20.15 por ciento, mientras que en 2019 había 365,177 casos activos y 12.06 por ciento de delincuencia.
Se indicó que acorde con las estadísticas de la OCIF, en 2016 se ejecutaron 5,554 propiedades, en 2017 se registró una merma situándose en 4,639, tendencia a la baja que siguió en 2018 con un total de 3,135.
Luego de que se experimentara una disminución en los casos, en 2019 se reportó un alza de 4,117.
“Es sabido que la principal herramienta para combatir, por ejemplo, el dengue, es evitar la reproducción del mosquito que lo transmite; el agua acumulada en tiestos, gomas, bebedores de pájaros y otros artefactos comúnmente encontrados en patios, fincas, etc., se convierte en criaderos de mosquitos y, por tanto, en verdaderas amenazas a la salud pública”, agregó el representante del PNP.
Morales Díaz lamentó que, aunque indeterminado el número, “debemos presumir que existe una gran cantidad de piscinas abandonadas en propiedades reposeídas que son producto del descuido del poseedor legal del inmueble”. INS
aa