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San Juan, 19 jun (INS).- El representante Yazzer Morales Diaz, del Partido Nuevo Progresista (PNP), presentó legislación para que toda institución hipotecaria que adquiera involuntariamente una propiedad, por medio de su ejecución hipotecaria, tenga la obligación de mantenerla, incluso si existiera una piscina, en buen estado, a fin de evitar que el abandono se convierta en un problema inminente a la salud pública.
“Los datos provistos denotan la existencia de una gran cantidad de propiedades, residenciales y comerciales, que se encuentran virtualmente abandonadas, (lo que) tiene el serio problema de crear inestabilidad en la valorización de las propiedades adyacentes”, señaló.
El representante por el Distrito 9 de Toa Alta y Bayamón, precisó en la Exposición de Motivos que esto “tiende a un grave problema de salud pública, dada la amenaza de estas propiedades convertirse en criaderos de sabandijas y su posible utilización para fines ilícitos”.
El Proyecto de la Cámara 538 busca añadir un inciso (d) en el Artículo 3.8, y un inciso (e) en el Artículo 6.1, de la Ley 247-2010, conocida como ‘Ley para Regular el Negocio de Préstamos Hipotecarios de Puerto Rico’, a los fines de imponer a las instituciones hipotecarias que adquieran involuntariamente una propiedad inmueble, por medio de su ejecución hipotecaria, la responsabilidad de mantener en buen estado la misma, y también ordenar a la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras a establecer aquellos procedimientos conducentes a la cabal fiscalización, supervisión y reglamentación de lo perseguido mediante esta Ley.
“No hay duda de que una piscina abandonada o que no obtenga el mantenimiento requerido para su buen uso y disfrute, puede representar un problema inminente a la salud pública. Si bien es cierto, que hay distintas alternativas para tratar la propagación desmedida de la enfermedad del dengue, es imposible pretender que el Gobierno lo erradique completamente si los tenedores de estas propiedades abandonadas no cumplen con su responsabilidad de eliminar los criaderos de mosquito y de darle buen mantenimiento”, sentenció el legislador.
Estadísticas de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) revelaron que los casos en proceso de ejecución hipotecaria —hasta el 31 de agosto de 2020— alcanzaron las 11,890 versus un total de 14,126 para agosto de 2019, equivalente a una caída de 19 por ciento.
La merma responde a las moratorias por el Covid-19 y a los casos detenidos en los tribunales, ya que las ejecuciones de productos hipotecarios garantizados por el gobierno federal están detenidas hasta el 31 de diciembre de 2020.
Según el reporte de la OCIF, para finales de agosto de 2020 había 353,976 casos activos de ejecuciones hipotecarias y una delincuencia de 20.15 por ciento, mientras que en 2019 había 365,177 casos activos y 12.06 por ciento de delincuencia.
Se indicó que acorde con las estadísticas de la OCIF, en 2016 se ejecutaron 5,554 propiedades, en 2017 se registró una merma situándose en 4,639, tendencia a la baja que siguió en 2018 con un total de 3,135.
Luego de que se experimentara una disminución en los casos, en 2019 se reportó un alza de 4,117.
“Es sabido que la principal herramienta para combatir, por ejemplo, el dengue, es evitar la reproducción del mosquito que lo transmite; el agua acumulada en tiestos, gomas, bebedores de pájaros y otros artefactos comúnmente encontrados en patios, fincas, etc., se convierte en criaderos de mosquitos y, por tanto, en verdaderas amenazas a la salud pública”, agregó el representante del PNP.
Morales Diaz lamentó que, aunque indeterminado el número, “debemos presumir que existe una gran cantidad de piscinas abandonadas en propiedades reposeídas que son producto del descuido del poseedor legal del inmueble”. INS
ndc