Inter News Service Agencia de Noticias
Resumen de noticias para el miércoles 9 junio de 2021
P. Rico-Correa Filomeno asegura que Nmead tiene listo plan de multirriesgo ante la temporada de huracanes
San Juan, 9 jun (INS).- El comisionado del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (Nmead), Nino Correa Filomeno, aseveró que el Plan de Emergencia de Puerto Rico tiene como finalidad establecer la base legal, principios básicos y las respuestas a las emergencias a grandes rasgos, por lo que los demás programas se convierten en anexos funcionales.
Además, aseguró que existe el Plan de Mitigación de Puerto Rico, que es un proyecto único y separado del Plan de Multirriesgo, cuya vigencia es de cinco años y está activo hasta el 21 de septiembre de 2021.
Correa Filomeno aclaró que, en septiembre de 2019, el Departamento de Seguridad Pública (DSP) inició un proceso de revisión y actualización que fue sometido a FEMA (Agencia Federal para el Manejo de Emergencias) el 28 de febrero de este año y está en espera de sus comentarios.
Sobre la preparación ante una emergencia, sostuvo que “todos los planes están preparados, hay grupos de respuesta listos y es clave atemperar todo lo que se está viviendo actualmente para crear uno estructurado y seguro”.
Del mismo modo, confirmó que FEMA tiene disponible cuatro almacenes preparados en distintas partes de la Isla.
“Una se prepara para lo peor, pero con una situación como el huracán María provoca que todo cambie. Hay que atender las posibles situaciones con lo que tenemos, pero es inaceptable que vuelvan a ocurrir los mismos problemas del pasado, y por eso, es clave que se establezca un diálogo”, apuntó.
Correa Filomeno exhortó a la ciudadanía, municipios y al Estado a preparar un plan de acción de primera instancia en cada hogar y estar atentos con las recomendaciones del Nmead.
Por otro lado, María Ivette Cabeza, subadministradora del Departamento de Vivienda destacó que, en caso de ocurrir un nuevo evento en el área sur, se encuentran preparados para acoger a las familias de los sectores del suroeste en los refugios habilitados.
A su vez, resaltó que han distribuido 27,000 catres entre todos los municipios y cuentan con 6,500 adicionales, si son requeridos.
Sobre la próxima fecha de desembolso de los fondos Community Development Block Grant – Disaster Recovery (CDBG-DR), la subadministradora informó que los fondos están disponibles y se encuentran en espera de completar unos procesos administrativos para comenzar la distribución.
La cantidad disponible asignada a la corporación pública es de $16.5 mil millones, donde el Programa de Mitigación cuenta con un total de $8.3 mil millones para atender y eliminar los riesgos a largo plazo y el CDBG-DR con $8.2 mil millones para la recuperación de Puerto Rico, específicamente por los impactos de los huracanes Irma y María.
Vivienda confirmó que la agencia está a la espera de una nueva asignación de $26 millones para los daños ocasionados por los terremotos del pasado año. Según Ivette Cabeza el plan de acción ante una emergencia de la entidad gubernamental fue sometido a Nmead.
Por otra parte, Luis Javier Hernández, presidente de la Asociación de Alcaldes, comentó que “de nada vale que hagamos planes de preparación para los municipios si no contamos con los recursos necesarios para atender lo correspondiente”.
Hernández hizo una petición a la comisión cameral para que se envié un mensaje “claro y contundente” a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para detener cualquier acción dirigida a recortes de cada municipio.
“Si no nos quitan los recursos, estamos más que listos. Aquí la pregunta es si el gobierno volverá a cometer los mismos errores del pasado. Estamos dispuestos a ayudar, pero tiene que ser en igualdad de condiciones. Ya estamos cansados que el gobierno use compañías privadas que no realizan su trabajo”, afirmó el presidente de la Asociación de Alcaldes.
Calificó de insostenible lo que está proponiendo la JSF y es fácil tomar decisiones sin saber la situación en la que nos encontramos.
“Por eso solicitamos que se deje sin efecto el recorte al Fondo de Equiparación de los Municipios, recalcó.
La alcaldesa de Salinas, Karilyn Bonilla, denunció que los ayuntamientos tuvieron que esperar cuatro años por la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3) para la aprobación de los proyectos.
“Mi reclamo ahora es que el proceso de los desembolsos sea uno rápido y urgente”, dijo la alcaldesa Bonilla. INS
P. Rico-Asegura LUMA Energy que tiene materiales en inventario para atender una emergencia por dos meses
San Juan, 9 jun (INS).- La privatizadora LUMA Energy afirmó en una audiencia pública de la Comisión para la Preparación, Reconstrucción y Reorganización ante una Emergencia que cuenta con materiales en inventario para atender una emergencia por dos meses y una reserva de $140 millones.
“El inventario que tenemos nos da tiempo para comenzar a atender el problema, reaccionar y tener suministros con nuevos recursos para atender la situación de cada evento. Para que tengan una idea, el inventario que tenía la AEE (Autoridad de Energía Eléctrica) para el huracán María era de $30 millones, expresó Mario Hurtado, vicepresidente de regulación de LUMA.
El ejecutivo del consorcio estadounidense-canadiense sostuvo que “estamos mucho mejor en relación a recursos e inventarios que lo que había hace dos años”.
“El sistema en general es débil, a nivel de transmisión está en buen estado, y en distribución, deteriorado por las tormentas y los huracanes de los pasados años. En el proceso de reconstrucción haremos un programa de inspección para ir reemplazando de manera prioritaria los postes que sean una amenaza para empleados y ciudadanos para, luego, pasar a la fase de recuperación de casi una década”, añadió.
Hurtado y el asesor de Asuntos Externos de la privatizadora José Pérez afirmaron que el plan de acción de la corporación consiste en dos divisiones constituidas desde el área este y oeste de la Isla, donde se activarán equipos de respuestas y restablecimiento de servicios en coordinación con los alcaldes y centros de emergencias locales.
“Cada municipio que tenga un centro de emergencia local, LUMA designará un empleado para tener una comunicación directa con cada ejecutivo municipal. Esto nunca se había realizado”, afirmó Pérez, quien sostuvo que LUMA Energy heredó 35,000 querellas sin atender por parte de la AEE.
Además, el asesor de Asuntos Externos confirmó que Culebra y Vieques no contaban con brigadas disponibles de la AEE, por lo que designaron varios grupos para que permanecieran en ambas islas municipios.
“No es normal lo que está ocurriendo con el sistema de energía eléctrica y todo lo que pasó el pasado fin de semana. Nosotros atendimos 118,000 llamadas en cinco días, eso lo hacía AEE en un mes y contestamos 25,000 correos en cuatro días. El compromiso para LUMA es defender a los consumidores de Puerto Rico y una sola casa que no tenga el servicio representa una crisis”, adujo el representante de LUMA.
Los ejecutivos confirmaron que los subsidios en residenciales públicos seguirán bajo su administración, al tiempo que los planes de pagos vigentes serán honrados.
Hurtado confirmó que será el Negociado de Energía (NEPR) el ente que tendrá la facultad de evaluar posibles aumentos a los consumidores.
El representante Luis “Narmito” Ortiz Lugo presidió este martes la primera vista pública sobre la Resolución Conjunta 215 expresando que “luego del huracán María y los eventos que hemos vivido en los últimos años, es urgente realizar vistas como estas para conocer los planes de cada agencia para posibles impactos atmosféricos en el futuro”.
La Resolución de la autoría del legislador dispone realizar un estudio comprensivo sobre la situación actual de los recursos públicos y privados con los que cuenta el Gobierno, para responder ante una situación de emergencia nacional en la Isla. INS
P. Rico-Comisionado electoral de Proyecto Dignidad solicita en tribunal descalificación de Rosselló Nevares como cabildero
San Juan, 9 jun (INS).- El comisionado electoral de Proyecto Dignidad, Nelson Rosario, solicitó al Tribunal de Primera Instancia en San Juan que descalifique a Ricardo Rosselló Nevares como cabildero electo para impulsar en Washington la anexión de Puerto Rico, por incumplir con las exigencia del Código Electoral, según se dio a conocer este martes.
El recurso de Proyecto Dignidad establece, además, que el exgobernador Rosselló Nevares, quien debió abandonar el cargo en el verano de 2019 después de 14 días de multitudinarias manifestaciones que paralizaron al país, además de no cumplir con lo establecido en el artículo 7.5 de la Ley Número 58 de 2020, conocida como “Código Electoral de Puerto Rico de 2020” ni con el artículo 8 de la Ley Núm. 167 de 30 de diciembre de 2020, conocida como Ley para crear la Delegación Congresional, que dieron pie a su elección mediante nominación directa.
El estatuto dispone que todo delegado por la estadidad, que impulsa el Partido Nuevo Progresista (PNP), debe ser mayor de edad, dominar el español y el inglés, cumplir con el Artículo 7.2 de la Ley 58-2020, respecto a los documentos a entregar en caso de ser aspirante a un puesto electivo, y ser residente de Puerto Rico o de Washington, D. C., la capital estadounidense.
Documentos sometidos por el comisionado electoral evidencian que Rosselló Nevares reside en el estado de Virginia, donde figura como elector.
En su recurso con fecha del domingo 6 de junio de 2021, Rosario solicita al Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico que, previo los trámites correspondientes, declare ha lugar esta querella y descalifique a Ricardo Antonio Rosselló Nevares como candidato a delegado congresional por incumplir con los requisitos exigidos en el artículo 8 de la ley 167-2020.
Expuso que, mediante certificación de 2 de junio de 2021, el secretario de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) certificó que la única dirección de Rosselló Nevares que obra en los récords del organismo es un correo electrónico, por lo que se le envía copia de la moción a esa dirección electrónica.
Rosario peticionó al tribunal, ante el incumplimiento de Rosselló Nevares con los requisitos de ley, que emita una orden a la CEE y a su secretario para que se abstengan de certificar la elección o cualquier tipo de certificación al querellado hasta que se disponga de la querella de autos. INS
P. Rico-Senado aprueba realizar estudios de salud en comunidades cercanas a la planta de carbón de Guayama
Guayama, 9 jun (INS).- El Senado aprobó una resolución para ordenar al Departamento de Salud, a la Escuela de Salud Pública del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico (UPR) y al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) que realicen, de manera conjunta, un avalúo, estudio y análisis de estudios sobre las condiciones de salud de los residentes del municipio de Guayama, cercanos a la planta de carbón de la empresa AES.
La resolución conjunta del Senado 2, cuya autora es la senadora María de Lourdes Santiago Negrón, del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), y que cuenta como coautoras y coautores con la senadora Joanne Rodríguez Veve (Proyecto Dignidad), y la senadora Ana Irma Rivera Lassén y el senador Rafael Bernabe Riefkohl, ambos del Movimiento Victoria Ciudadana, fue aprobada por unanimidad durante la sesión ordinaria del lunes.
Alberto Colón del Valle, líder comunitario de la comunidad Miramar de Guayama, expresó que durante años se solicitó insistentemente que se realizaran estos estudios.
“Me alegro que esa resolución se haya aprobado. Para los residentes de la comunidad era tiempo ya que se llevara a cabo algo. El Departamento de Salud nunca ha hecho estudios para contrarrestar o confirmar lo que hallaron la Escuela de Salud Pública y Bonilla, en los estudios que hicieron en la comunidad, los cuales demostraron el mal estado de salud que nos encontramos. Si se hace un estudio como se hizo en el 2016 y en el 2018, van a notar que hay aumento en muertes y enfermedades en comparación con años anteriores”, manifestó.
De igual forma, Noriann Meléndez Vélez, coordinadora de la organización Cuatro Costas, dijo que este tipo de estudios son sumamente necesarios en el país: “Como guayamesa, me alegra tanto que la resolución se haya aprobado en el Senado. Entiendo que es totalmente necesario y debería ser una propuesta no solo para el área sur, sino para todo Puerto Rico. La isla necesita más investigación y que se documente todo año tras año”, comentó.
Para Somos Sur, un nuevo colectivo que cuenta con activistas de Guayama, Arroyo y Patillas, los estudios harán visibles el impacto negativo que ha producido la carbonera AES en las comunidades que están cercanas a la carbonera.
“Los estudios dejarán evidente lo que por décadas se ha venido denunciando públicamente: AES es responsable del deterioro de la salud de los residentes cercanos a la planta. No cabe duda que esto suma al propósito principal que es cerrar la carbonera. En el sur hay comunidades que sus suelos están rellenos de cenizas de carbón que provienen de la AES. El sur de la isla ha sufrido de forma directa o indirecta por la irresponsabilidad y lucro de esta planta. Ciertamente esta resolución es un gran paso”, expresó la profesora Jinna Ruhlman Ortiz en representación de Somos Sur.
Por su parte, Ranffy Rivera Lebrón, presidente del PIP de Guayama, dijo que la resolución aprobada recoge el sentir de las personas que sufren día a día el embate de la quema de carbón.
“Los ciudadanos de nuestro pueblo estamos expuestos a diario a la contaminación y a la quema de carbón que produce la carbonera AES. Teniendo en cuenta el continuo cambio en la dirección del viento es evidente que, además de las comunidades mencionadas en el proyecto, podríamos incluir otras. Los estudios mandatados por la resolución sometida por la senadora María de Lourdes Santiago, son un paso importante y nos ayudará a lograr el objetivo principal del cierre de la planta AES. No queremos más quema de carbón en nuestro pueblo ni en Puerto Rico”, expresó Rivera Lebrón.INS
P. Rico-Keleher, exsecretaria de Educación bajo el gobierno de Rosselló Nevares, se declara culpable de corrupción tras acuerdo con fiscalía federal en el que cumpliría seis meses de cárcel
San Juan, 9 jun (INS).- Julia Keleher, exsecretaria de Educación bajo la administración del gobernador Ricardo Rosselló Nevares, se declaró este martes culpable por corrupción (conspiración y fraude electrónico) en el tribunal federal para el distrito de Puerto Rico.
Keleher admitió su culpabilidad ante el juez federal Francisco Besosa, luego de alcanzar un acuerdo con la fiscalía federal el pasado 21 de mayo.
El acuerdo divulgado este martes incluye seis meses de prisión, un año de cárcel domiciliaria y libertad supervisada, sin embargo debe aún ser refrendado por el juez Besosa, quien dentro de sus facultades podría no aceptarlo o modificarlo.
Keleher se expone a una condena de hasta diez años en prisión por los cargos de conspiración y soborno y otros 20 años por fraude electrónico.
La exfuncionaria de Educación, quien afronta dos casos de corrupción, de 2019 y 2020, estuvo presente en la audiencia desde Filadelfia en una vista judicial mediante el sistema de videoconferencia y aceptó el acuerdo alcanzado por su defensa, encabezada por la ex fiscal federal María Domínguez, y la fiscalía federal.
En el pliego acusatorio de un gran jurado federal por el caso de 2020, se señala que Keleher figuraba como acusada de conspiración, fraude electrónico y soborno.
Keleher en su uso de poder como Secretaria de Educación de Puerto Rico, quería enriquecerse al solicitar y aceptar artículos de valor a cambio de otros, y que otros se enriquecieran al obtener privilegios de la funcionaria.
El Negociado Federal de Investigaciones (FBI) detalló entonces un esquema en el que Keleher cedió al propietario de la firma Trillion Realty Group, Ariel Gutiérrez Rodríguez, 1,034 pies cuadrados de la Escuela Padre Rufo, en Santurce, a cambio de “beneficios financieros en relación con su arrendamiento y compra de un apartamento en el complejo habitacional Ciudadela”.
Keleher también había sido imputada en 2019 por un gran jurado federal -junto a otras cinco personas- de 32 cargos relacionados a un esquema de fraude electrónico, conspiración para cometer fraude electrónico, lavado de activos y conspiración para el blanqueado de dinero por poco más de 15 millones de dólares. INS
P. Rico-Federación de Maestros, luego de declaración de culpabilidad de Keleher, pide que le caiga “todo el peso de la ley”
San Juan, 9 jun (INS).- La presidenta de la Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR), Mercedes Martínez Padilla, pidió que le caiga “todo el peso de la ley” a la exsecretaria de Educacióon, Julia Keleher, quien este martes se declaró culpable en el foro federal de dos casos de corrupción.
“Julia Keleher le robó a los niños y al sistema educativo del país y debe recibir todo el peso de la ley”, dijo Martínez Padilla.
Keleher hizo alegación de culpabilidad en dos casos a cambio de una sentencia de seis meses de cárcel, un año en arresto domiciliario y una multa de 19,000 dólares, lo que aún debe ser refrendado por el juez federal a cargo del caso.
La líder magisterial consideró muy leve la pena negociada por la ex Secretaria si se considera el daño provocado.
“Keleher no solo cometió fraude y se benefició ilegalmente de su posición, sino que contribuyó a deteriorar el sistema público de enseñanza mediante el cierre de cientos de escuelas, el desplazamiento de miles de educadores y el hacinamiento de estudiantes”, explicó.
La vocera de la Federación de Maestros indicó que “es preocupante lo frecuente de los escándalos de corrupción en el Departamento de Educación. Además de Keleher, otro secretario de esa agencia, Victor Fajardo, fue encarcelado por robarle a Educación para su beneficio y para financiar la campaña del Partido Nuevo Progresista (PNP)”.
“El Departamento de Educación debe despolitizarse y se debe reducir al mínimo los contratos y la privatización, dos de las raíces de la corrupción. Son los empresarios privados los que pagan sobornos para conseguir ventajas en sus negocios”, señaló Martínez Padilla.INS
P. Rico-Gobernador y gestión de Luma Energy: “Lo que llevamos son siete días”
San Juan, 9 jun (INS).- El gobernador Pedro R. Pierluisi defendió una vez más la gestión del consorcio Luma Energy, que tomó el control del sistema energético del país el pasado 1 de junio.
Pierluisi indicó, refiriéndose a Luma Energy, que “lo que llevamos son siete días. Los problemas de la Autoridad (de Energía Eléctrica), particularmente la fragilidad de la red, vienen de años atrás”.
El mandatario consideró que “aquí, lo que yo he visto es que ayer (lunes) el 98.7% de los abonados de la Autoridad tenían su servicio y 1.3% no lo tenía… 16,500 abonados. Antes de Luma, llegamos a tener más de 30 mil”.
En una conferencia de prensa para anunciar en la isla el FIBA AmeriCup Femenino 2021, el primer ejecutivo del país declaró que “lo importante es fiscalizar a Luma para estar seguros de que cumple con todo lo que dispone su contrato”.
“Cada vez que nos enteramos de un sector que no tiene servicio, pues estamos exhortando a LUMA a atenderlo”, dijo Pierluisi.INS
P. Rico-ICF trabaja 1,300 “safe kits” con una compañía privada especializada, que tiene hasta el 2023 con el material entregado por la agencia, y otros 700 correspondientes a los años 2018-2019 sin atender
San Juan, 9 jun (INS).- La directora ejecutiva del Instituto de Ciencias Forenses (ICF), María Conte Miller, afirmó heste martes que esa agencia cuenta con el dinero para atender los “safe kits”, pero carece de recursos humanos.
De acuerdo con Conte Miller, el presupuesto aprobado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) asciende a 16.7 millones, que se desglosa por conceptos de nómina, instalaciones y pagos por servicios públicos, servicios comprados, gastos de transportación, servicios profesionales, materiales y suministros, compra de equipo y plan de pensiones.
La funcionaria eñaló que el nuevo presupuesto cuenta con un millón de dólares más que el año pasado. “Ese dinero se negoció con la Junta para el reclutamiento de personal y absorber una nómina de ‘base office’, correspondiente a empleados que pertenecían al Instituto cuando era parte de la sombrilla de Seguridad Pública”.
Por otro lado, la directora ejecutiva recalcó que su agencia aún se ve severamente afectada “principalmente por la falta de recurso humano y la poca competencia salarial en los puestos de difícil reclutamiento”.
“Ciencias Forenses requiere de un plan de clasificación y retribución que ofrezca salarios atractivos a nuestros peritos, garantice la retención laboral y evite la fuga de talento que impacta negativamente la cantidad de análisis científicos necesarios para resolver las controversias judiciales, provocando el fracaso de la justicia y la reducción en el esclarecimiento de los actos delictivos”, destacó.
A su vez, la funcionaria informó que, para lograr un aumento recurrente por concepto de nómina, con el fin de garantizar la contratación del personal necesario, el Instituto necesita aproximadamente 1.5 millones de dólares adicionales al presupuesto aprobado.
En la misma línea de escasez, Conte Miller destacó que el ICF sí cuenta con el dinero para atender los “safe kits” y se encuentra trabajando cientos de “kits” que habían sido acumulados por años a causa de la merma del personal especializado.
“Ese dinero la Junta nos los aprobó. (El ente federal) dio paso a una reprogramación de presupuesto solicitado. Actualmente, estamos trabajando 1,300 ‘kits’ con una compañía privada especializada. Esa empresa tiene trabajo hasta el 2023 con los ‘kits que le hemos entregado”.
Por otro lado, destacó que quedan unos 700 “kits” correspondientes a los años 2018-2019 sin atender, “pero aún el ICF se encuentra en búsqueda de otro laboratorio especializado en Puerto Rico que nos trabaje la cantidad restante. El proceso para atender los ‘safe kits’ requiere de un personal especializado”.
También, la ejecutiva aclaró, que para que no se vuelvan a acumular los “safe kits”, con el millón adicional que tendrá en su presupuesto estará asignando una parte al reclutamiento de serólogos forenses y personal especializado.
“Las máquinas las tenemos en el Instituto. El problema siempre ha sido la falta de ese personal. Además de que se le paga muy poco”, acotó.
Conte Miller destacó que actualmente el salario de un serólogo en el ICF es de 2,213 dólares mensuales y las compañías privadas, principalmente en los Estados Unidos, le están pagando sobre los 80 mil dólares anuales.
“Muchos comienzan con nosotros y luego se van para la empresa privada”, contó en una audiencia pública conjunta de las comisiones de Hacienda y Presupuesto de Cámara y Senado, en la que el ICF defendió su presupuesto.INS
P. Rico-Liquidación de escuelas por parte del gobierno no ha representado ingresos significativos, pero sí ha generado grandes costos para comunidades aledañas y municipios
San Juan, 9 jun (INS).- Luis Gallardo Rivera, director ejecutivo del Centro para la Reconstrucción del Hábitat (CRH), organización sin fines de lucro dedicada a promover la conversión de propiedades vacantes y abandonadas en activos para el desarrollo comunitario de Puerto Rico, opinó que la liquidación de escuelas por parte del gobierno no ha representado ingresos significativos, pero sí ha generado grandes costos para comunidades aledañas y municipios.
Según Gallardo Rivera, una investigación publicada en 2020 por el CRH y la Universidad de Berkeley, titulada “Cierre de escuelas públicas en Puerto Rico: impactos comunitarios y recomendaciones”, demostró que entre el periodo de 2014 a 2019 únicamente se vendieron diez planteles por un total de 4.1 millones y se arrendaron 113 de un total de 673 escuelas cerradas.
“Si algo evidencia estos números es que, la liquidación de estos activos por parte del gobierno no representa ingresos significativos. Inclusive, se puede argumentar que el cierre de escuelas ha generado grandes costos para las comunidades aledañas y también, para los municipios que mantienen a su propio costo los planteles y la pérdida de propiedad pública por deterioro, vandalismo y abandono”, apuntó.
Las expresiones del portavoz de la entidad se dieron ante la Comisión de Educación del Senado, que tiene ante su consideración el proyecto 274, medida que busca crear un rango de prioridades a destinar un nuevo uso a un plantel cerrado.
Según la exposición de motivos, el proyecto busca facilitar el proceso de identificación y autorización de nuevos usos, al crear mecanismos de participación para la comunidad escolar y reconocer el valor socioeconómico de los planteles.
También propone un proceso uniforme, con sensibilidad hacia la comunidad y sin cerrar la puerta a iniciativas que podrían generar ingresos significativos para la comunidad o el Estado.
Actualmente, el manejo y disposición de las escuelas públicas cerradas se rige por la ley fiscal, Ley 26 de 2017, la cual está diseñada para la venta y alquiler de los planteles escolares sin priorizar las necesidades de interés público.
Originalmente, el gobierno de Puerto Rico justificó el cierre de las escuelas por los supuestos ahorros y necesidad de traer nuevos recursos al erario público.
“La gran mayoría de los planteles escolares en años recientes permanecen en desuso o abandonados” indicó Michelle Alvarado Lebrón, abogada comunitaria y ambiental del CRH.
Detalló que “muchos muestran un estado de deterioro avanzado, lo cual representa riesgos a la salud, seguridad y medioambiente de las comunidades más vulnerables”.INS
P. Rico-Justicia somete más de 200 cargos contra propietarios de Laboratorio Ortopédico y Protésico de Mayagüez por fraude al Medicaid por más de un millón de dólares
San Juan, 9 jun (INS).- El secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, informó que que este martes se sometieron cargos contra los propietarios del Laboratorio Ortopédico y Protésico de Mayagüez, Sixto Agostini Colón y Ruth Pérez Laracuente, por fraude al programa Medicaid.
Según Emanuelli Hernández, la Unidad de Integridad de Medicaid del Departamento de Salud de Puerto Rico realizó un referido a la Unidad de Control de Fraude al Medicaid (MFCU), adscrita a Justicia, relacionado con reclamaciones fraudulentas presentadas por el Laboratorio Ortopédico y Protésico a los planes médicos.
El funcionario indicó que Agostini Colón y Pérez Laracuente son propietarios del Laboratorio Ortopédico y Protésico de Puerto Rico, el cual lleva operando por espacio de más de 30 años en la fabricación de prótesis en el municipio de Mayagüez.
Entre enero de 2018 y abril de 2021, Laboratorio Ortopédico y Protésico sometió reclamaciones fraudulentas a los planes médicos Molina Healthcare y Plan de Salud Menonita por la cantidad de: 1,219,841 dólares.
Como parte del esquema, Emanuelli Hernádez señaló, que Agostini Colón y Pérez Laracuente se apropiaban ilegalmente de las identidades de protesistas para poder facturar y cobrar ante los planes médicos.
Con este esquema, le daban cierta legitimidad al proceso de fabricación y entrega de prótesis.
El director Ejecutivo de la Unidad de Control de Fraude al Medicaid de Justicia, Luis Freire Borges, informó que se presentaron cargos por apropiación ilegal de fondos públicos, apropiación ilegal de identidad, posesión y traspaso de documentos falsos, fraude al programa Medicaid y fraude.
A la Corporación Laboratorio Ortopédico y Protésico de Puerto Rico se le sometieron los siguientes cargos criminales: apropiación ilegal de fondos públicos, fraude al Medicaid y fraude.
La juez Alfrida Tomey Imbert del Tribunal de Primera Instancia, Sala Municipal de San Juan, encontró causa por todos los delitos imputados a Agostini Colón, Pérez Laracuente y al Laboratorio Ortopédico y Protésico de Puerto Rico imponiendo una fianza de 350,000 dólares a cada uno.
La vista preliminar fue señalada para el 21 de junio de 2021.INS
ndc