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Educación anticipa problemas con los recortes que mpone la JSF. Inter News Service
San Juan, 7 jun (INS).- Varios programas del Departamento de Educación se verán afectados por no contar con los fondos necesarios en las asignaciones recomendadas para el año fiscal 2021-2022, como el de Servicios Integrales a las Personas con Impedimento que asiste a estudiantes de educación especial, según se estableció este lunes en una audiencia de la Comisión Conjunta de Hacienda.
El presupuesto de este programa, que representa el 23.8% del presupuesto global de esa cartera, asciende a $415.2 millones para el año fiscal 2022, mas tendrá una deficiencia de alrededor de $75.4 millones que se desglosan en la nómina de empleados y transportación escolar.
Según el presupuesto recomendado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), la partida destinada a nómina y costos relacionados sufriría una reducción de $42.6 millones, mientras que para la transportación escolar se reducirían $32.8 millones.
Actualmente, la Secretaría Asociada de Educación Especial (SAEE) cuenta con una matrícula activa de 111,060 estudiantes participantes del programa.
El secretario interino del DE, Eliezer Ramos Parés, encabezó la presentación en el séptimo día de vistas públicas entre la Cámara de Representantes y el Senado sobre la Resolución Conjunta 144, que busca presentar un presupuesto por parte de la Legislatura de sobre $10,111 millones.
“Hay dos partidas esenciales que son las que a este servidor más le preocupan: la partida de nómina, puesto que el impacto principal está en lo que es educación especial, y es nómina que está en nuestros planteles que están fuera de lo que son escuelas de la comunidad. Hablamos de los maestros de educación especial y los asistentes de servicio”, indicó.
En momentos en que Educación carece de un secretario en propiedad, Ramos Parés expuso que la otra partida que llama mucho la atención es la de transportación escolar, toda vez que ya comenzamos las rutas para regresar a las escuelas.
“Obviamente, el tema del Covid-19 no es que va a desaparecer, va a estar ahí, y tenemos esa necesidad de ampliar rutas y ampliar servicios en esta área”, agregó el funcionario.
Destacó que la SAEE tiene sobre 10,000 empleados compuestos por maestros y asistentes de servicios, de los cuales 2,228 son permanentes y otros 3,475 son contratados bajo el mecanismo de puestos irregulares.
Ramos Parés informó que otro programa que recibirá una reducción preocupante es el de Escuelas de la Comunidad, el cual atiende 832 planteles de un total de 856 en el sistema público de enseñanza.
El presupuesto recomendado para este programa asciende a $1,283 millones, de los cuales $708.4 millones provienen del Fondo General.
La partida solicitada por concepto del Fondo General es de $927.5 millones, lo que significa una disminución de sobre $219 millones.
De acuerdo con el DE, el Programa de Escuelas de la Comunidad aporta una tercera parte del presupuesto para el programa Schoolwide. A través de este fondo se asumen los gastos de nómina, agua, luz, teléfono, seguridad escolar presencial, mantenimiento de las escuelas, desarrollo profesional a maestros, talleres a padres, materiales de oficinas o educativas, así como compra de equipo.
Para el año fiscal vigente, la aportación estatal al fondo Schoolwise fue de $67.01% equivalente a $561.3 millones de este programa presupuestario. Dentro de este programa se perjudicarán los servicios de seguridad a las escuelas de la comunidad con una deficiencia de $7.8 millones en comparación con la partida solicitada.
El sistema de Transportación Escolar Regulada también sería impactado con una reducción de $16.8 millones sobre la cantidad requerida.
Mientras, la JSF recomendó poco más de $8 millones para las pruebas de medición a estudiantes –como META, PIENSE, SAT, PNA y PCMAS, entre otras– pese a que los contratos para la administración de estos exámenes ascienden a $20 millones, aproximadamente.
El secretario interino alertó a los legisladores que, de continuar este patrón de recortes, los fondos federales que recibe la agencia podrían verse perjudicados debido al requerimiento del Departamento de Educación federal de pareo estatal.
“Las consecuencias de esto es que vayan bajando los fondos federales que vayan a llegar a nuestras escuelas en los próximos años. Secundario a esto es que vayamos a estar rayando en lo que es un supplanting (reemplazo) en la operación de nuestras escuelas”, explicó Ramos Parés.
El presupuesto global recomendado en el DE para el año fiscal 2022 alcanza la cantidad de $3,221 millones, lo que representa una merma de cerca de $800 millones en comparación con el año fiscal vigente. El presupuesto aprobado para el año fiscal 2021 fue de $3,969 millones. Según la agencia, la disminución corresponde mayormente a fondos federales, aunque no están contemplados los fondos de emergencia otorgados al DE que ascienden a $4,824 millones para responder, principalmente, a la pandemia por COVID-19.
Por otro lado, Ramos Parés detalló que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) asignó $27 millones para asegurar la rehabilitación de los planteles de la zona sur afectados por los terremotos de enero de 2020, catalogados como “Zona 0”.
La mayoría de estos trabajos, anotó, comenzarán este mes de junio.
De igual forma, se obligaron $46 millones para la Autoridad de Financiamiento e Infraestructura (AFI) para la compra de estructuras medulares que servirán como escuelas temporeras y facilitará la reanudación de clases el próximo semestre. Como parte de las estrategias a mediano plazo se contempla la reparación y reclasificación de las escuelas fuera de la “Zona 0” para tener la mayor cantidad de escuelas disponibles ante el inicio del año académico en agosto.
A largo plazo, el Departamento deberá elaborar un plan maestro de todo el sistema de educación para maximizar la utilización de los fondos obligados por FEMA como parte del desastre ocasionado por el huracán María. Por el momento hay destinados $16 millones, pero la cantidad podría ascender a aproximadamente $132 millones.
“Este dinero no es para llevar las escuelas a como estaban antes de los desastres. Eso sería, básicamente, un ejercicio incompleto. Esto es una oportunidad para diseñar el sistema educativo que queremos como país. Por eso el ejercicio de optimizar cuántas escuelas nuevas necesitamos para tener un sistema educativo como el que se merecen los niños”, mencionó el ingeniero Enrique Questel, director de la Oficina de Infraestructura.
A preguntas del representante Jesús Santa Rodríguez, presidente de la comisión cameral de Hacienda y Presupuesto, el secretario interino admitió que existe “burocracia y cierta ineficiencia” dentro del DE. El legislador también cuestionó el atraso en un aumento salarial para los empleados docentes al tratarse de la agencia con el mayor impacto presupuestario en el gobierno.
“Es irónico que siendo la entidad de gobierno con mayor presupuesto de las asignaciones del Fondo General no hay dinero para aumentar esos salarios… ¿Cómo es posible que no sobre algo para mejorar esa condición?”, impugnó Santa Rodríguez.
“Yo creo que hay que rehacer el Departamento, exageradamente grande”, manifestó el representante, mientras invitó a “ver de qué manera hacemos más viable la operación de un Departamento tan grande con tantas cosas distintas”. INS
ndc
