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Resumen de noticias para el jueves 3 junio de 2021
P. Rico-Junta recorta en cinco años solo servicios esenciales, sin tocar privilegios contributivos
San Juan, 3 jun (INS).- La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) lleva cinco años de recortes a servicios esenciales sin tocar el bolsillo de los incentivos contributivos que representan dos terceras partes (67.7%) del gasto total que afecta al fondo general, aunque se desconoce si produce algún beneficio económico o social, concluyó un análisis de Espacios Abiertos (EA).
El analista senior de Política Pública de EA, Daniel Santamaría Ots, indicó que los incentivos o gastos tributarios ascienden a 21,194 millones anualmente o una tercera parte (30%) del Producto Nacional Bruto (PNB).
En ese renglón de gastos, Puerto Rico está bastante por encima de otros países y jurisdicciones, aseguró el experto.
Detalló que en Estados Unidos, representan el 8.8% del PNB, en Argentina el 3.0% y en estados como Massachusetts el 2.6%.
“De los 21,194 millones, por ejemplo, el gobierno de Puerto Rico deja de ingresar cada año 15,691.5 millones por tasas preferenciales (74% del total de gastos tributarios) debido a los incentivos que facilitan la Ley 135 de 1997 y la Ley 73 de 2008 (Ley de Incentivos Económicos para el Desarrollo de Puerto Rico)”, abundó.
El economista tuvo varios cuestionamientos: “¿Por qué recortar en servicios esenciales como educación, salud o seguridad y no evaluar el costo al fisco de todos los incentivos que se consideran un gasto para las puertorriqueñas y los puertorriqueños, y que no se conoce si rinden los resultados esperados? ¿Por qué llevan cinco años mirando para el otro lado mientras sus políticas siguen destruyendo oportunidades a los que deciden quedarse en la Isla? ¿Cuál es la doble vara y cuáles son sus prioridades? ¿Austeridad para quiénes? ¿A quién se pretende beneficiar en realidad?”.
Dijo que para el próximo año fiscal (2022) la Junta propuso medidas de austeridad que implican, entre otros, la reducción a la salud (cinco millones en nómina del Departamento de Salud, dos millones al Centro de Diabetes y 1.2 millones al Centro Cardiovascular), la educación (94 millones adicionales a la UPR), la seguridad (120 millones en reclutamiento de cadetes para la Policía de Puerto Rico), a servicios esenciales de los municipios (44 millones adicionales del Fondo de Equiparación) y a los pensionados (8.5% para todas las pensiones superiores a 1,500).
“La responsabilidad fiscal no debería discriminar y siempre recaer sobre los hombros de una ciudadanía a la que cada año le arrebatan un poco más de sus manos las instituciones y mecanismos democráticos que permitieron el desarrollo de los valores que forjaron la clase media de este país”, planteó el analista.
Desde mayo de 2017, Espacios Abiertos identificó la necesidad de que en Puerto Rico -que enfrenta la mayor crisis fiscal de su historia- se divulgara el “presupuesto oculto” sobre lo que el fisco gasta o deja de ingresar en incentivos contributivos otorgados a individuos y corporaciones.
Luego de requerir esa información con un pleito judicial que llegó hasta al Tribunal Supremo, en septiembre de 2019 Hacienda publicó por primera vez en la historia un informe de estos gastos, aunque no se ha actualizado.
“Ahora, esa parte del presupuesto ya no está del todo oculto. Sin embargo, todavía falta que se evalúe su rendimiento”, manifestó el especialista.
La organización apoya que el informe sea un requerimiento de ley como ocurre en 50 jurisdicciones de Estados Unidos y destaca el modelo del estado de Oregón, que engloba en su redacción las mejores prácticas en la publicación de un informe de gastos tributarios.
Actualmente, en la Asamblea Legislativa se considera un proyecto de ley a esos efectos (el proyecto del Senado 206). E
Santamaría Ots señaló que otro de los problemas que enfrentan las finanzas públicas en Puerto Rico es el hecho de que los estados financieros auditados son obsoletos porque los más recientes son del año fiscal 2017.
“Ello impide que se pueda corroborar el estado real de las cuentas públicas que debería justificar la aprobación del reciente plan fiscal y la certificación del próximo presupuesto para el año fiscal 2022”, manifestó.
A su vez, comentó que “cada año que transcurre vemos cómo la Junta sigue otorgando prórrogas para las elaboraciones de nuevas proyecciones sobre ingresos, estados financieros auditados al día y un informe de gastos fiscales actualizado. Sin embargo, esas concesiones están ausentes cuando lo que está en juego son los servicios esenciales que rinden los municipios o la educación universitaria pública del país, entre otros”.
Subrayó que “se siguen dando ultimatums para algunos, pero concesiones para otros. Conceden privilegios para los que pueden cabildear por sus intereses con prestigiosos bufetes de abogados y recortes para una ciudadanía indefensa con instituciones públicas víctimas del deterioro institucional y la falta de fondos públicos a la que la Junta responde con su misma receta: más austeridad para los de siempre”.
El economista destacó que la Junta se ha limitado a hacer presupuestos que descansan en medidas de austeridad a los servicios esenciales y se ha olvidado de formular una propuesta de desarrollo económico que ayude a delinear una ruta para salir de la crisis económica y este año no se ha producido un cambio, a pesar de que hay nuevos miembros en el organismo.INS
P. Rico-Sanciona el Senado medida para disuadir ante el hostigamiento sexual en el empleo
San Juan, 3 jun (INS).- El Senado de Puerto Rico aprobó este miércoles en sesión ordinaria el Proyecto del Senado 135 para enmendar un artículo de la “Ley para Prohibir el Hostigamiento Sexual en el Empleo”.
“Nadie debe quedarle duda de lo repudiable que resulta el hostigamiento sexual en todas sus modalidades, así como la responsabilidad que recae sobre los patronos para tomar todas las medidas y previsiones necesarias para evitarlo en los escenarios de trabajo”, expresó la senadora Rosamar Trujillo Plumey, autora de la medida.
Además del deber de ser proactivo, dijo Trujillo Plumey, cuando surgen situaciones o denuncias en las cuales se garantice el estricto cumplimiento de los protocolos y se le garantice sus derechos a las partes afectadas de asegurarle su bienestar emocional y el respeto a su dignidad e integridad. Igualmente, hay un deber en fijar toda la responsabilidad posible cuando aquellos patronos no toman el proceder correcto en sus escenarios de trabajo.
El PS135 enmendaría el Artículo 11 de la “Ley para Prohibir el Hostigamiento Sexual en el Empleo” para establecer que el costo por los daños causados como resultado de un acto de hostigamiento sexual en el empleo por cualquier persona, patrono o supervisor sea sufragado con recursos del propio responsable del acto.
También busca se prohíba el desembolso de recursos provenientes del presupuesto del Gobierno incluyendo las tres ramas –Ejecutiva, Legislativa y Judicial– sus instrumentalidades y corporaciones públicas, así como de los gobiernos municipales.
Según se desprende del informe positivo de la pieza legislativa el propósito de la Ley es prevenir esta conducta, castigar sus actos constitutivos, así como proteger la dignidad de los empleados y empleadas de los patronos ante tan detestable comportamiento.
En este sentido, la responsabilidad impuesta a los patronos es una sumamente abarcadora, pues recae sobre estos el deber de prevenir, atender, y proteger a sus empleados ante cualquier modalidad de hostigamiento sexual, provenga este, u ocurra, entre empleados, supervisores, agentes, e incluso dientes o visitantes.
En su turno sobre la medida, la senadora del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago Negrón, señaló que “los funcionarios públicos responsables de hostigamiento sexual obligan a que el municipios, puede ser una agencia o el gobierno central, pero al final es el pueblo de Puerto Rico con fondos públicos tiene que pagar el daño que haya realizado ese funcionario público y eso es algo realmente ofensivo, es socializar la responsabilidad por una de las situaciones más atroces en la que se pueda encontrar una mujer, en su inmensa mayoría son mujeres víctimas de hostigamiento sexual en el empleo público”.
“Este proyecto persigue en todos aquellos casos que se adjudique responsabilidad bien sea solidaria o vicaria, se garantice primero que la víctima siempre va a recobrar lo que le corresponda de parte del estado”, agregó la senadora independentista.
Asimismo, fue aprobada la RCS42, de la autoría de la senadora María de Lourdes Santiago Negrón, que ordena al Departamento de Educación que cubra de inmediato las plazas de asistentes de servicios de educación especial (T1) que resten por nombrar. Además, se les provea dispositivos electrónicos con acceso a Internet para que puedan asistir a sus estudiantes a distancia; y que realicen gestiones pertinentes para que se les otorguen dispensas a las T1, para que puedan acudir a hogares de los y las estudiantes siempre que medie su disponibilidad y el consentimiento de los padres, madres o personas encargadas.
“Para los niños y niñas de educación especial uno de los recursos más importantes es la disponibilidad de trabajadores o trabajadoras 1. Son personas que acompañan a los estudiantes durante toda la jornada escolar y que en ocasiones también les asisten durante la transportación… Esta medida lo que persigue es que se atienda como la prioridad, que debe ser, la necesidad de ese recurso que en muchas ocasiones es indispensable… El Departamento de Educación ha adelantado que se necesitan en nuestro sistema público cerca de 5,897 asistente o trabajadoras 1, el departamento solo tiene 4,989 le faltan más de 900”, enfatizó la senadora Santiago Negrón.
Igualmente, se aprobó el Proyecto del Senado 249, por petición y presentada los senadores Dalmau Santiago y Aponte Dalmau, para enmendar la “Ley Contra el Hostigamiento o “bullying” del Gobierno de Puerto Rico”, a los fines de establecer de forma oficial el día de concienciación y prevención del bullying en Puerto Rico, bajo el lema “Unidos Contra el Bullying”.
Según se desprende de la pieza legislativa “a través de ese día, toda institución de educación pública y privada deberá llevar a cabo esfuerzos de orientación, actividades o campañas dentro de su institución dirigidas a la prevención y concienciación en los estudiantes sobre el acoso escolar”.
También, fueron avalados los Proyectos del Senado 17, 53 y 301; además de las Resoluciones del Senado 24 y 56.
El Senado recesó sus trabajos hasta el lunes, 7 de junio de 2021 a la 1:00 pm. INS
P. Rico-Eleva Hernández Montañez al juez federal Gelpí querella para investigar proceder del teniente coronel Orlando Rivera en el Capitolio
San Juan, 3 jun (INS).- El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Hernández Montañez, elevó al juez presidente del Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Puerto Rico, Juan A. Gelpí, su intervención ante la conducta del teniente coronel Orlando Rivera, al movilizar fuerzas especiales de la Policía al área norte del Capitolio, el pasado domingo, sin seguir las normas.
La acción del oficial policial respondió a una marcha pacífica de líderes religiosos del país, integrantes de la Coalición Ecuménica de Puerto Rico, en contra de la entrega de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) al consorcio norteamericano Luma Energy.
Tras una narración de lo acontecido, que incluyó un trato impropio hacia varios miembros de la Cámara de Representantes, Hernández Montañez reclamó al juez presidente federal en Puerto Rico que ordene una investigación sobre los incidentes suscitados el domingo, 30 de mayo de 2021, en la denominada Plaza de la Democracia.
Además, que mediante el establecimiento de un protocolo de seguridad para futuras manifestaciones, donde se reconozca la autoridad de la Asamblea Legislativa para participar activamente en la coordinación de los esfuerzos para proteger los derechos fundamentales que cobijan a los ciudadanos.
El ordenamiento jurídico-político vigente dentro de una dinámica de separación de poderes, recordó Hernández Montañez, delinea y exige una coordinación efectiva entre la Policía, adscrita a la Rama Ejecutiva, y los cuerpos de la Rama Legislativa.
Destacó que a pesar de esta realidad, la alta oficialidad del Negociado de la Policía, representado por el teniente coronel Orlando Rivera, determinó de forma unilateral movilizar a la Unidad de Contención al Capitolio para interferir con la manifestación pacífica ya coordinada.
El presidente de la Cámara de Representantes expresó en una carta fechada el martes, 1 de junio de 2021, al secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Alexis Torres Ríos, investigar el suceso, a fin de corregir las actuaciones que solo marchan el buen nombre de la Policía.
El domingo un grupo de organizaciones religiosas se manifestó pacíficamente, como parte de la Coalición Ecuménica de Puerto Rico, a favor de los reclamos de los empleados y jubilados de la AEE, que tenían un campamento en esa área norte del Capitolio.
“Para sorpresa de todos, el teniente coronel Orlando Rivera desplegó sobre una veintena de agentes de unidades especiales en las escalinatas del Capitolio, frente a los manifestantes”, advirtió el presidente de la Cámara en su planteamiento al juez federal Gelpí.
Hernández Montañez, blanco de críticas de distintos flancos del Partido Nuevo Progresista (PNP), aseguró que esto ocurrió sin que nadie solicitara la presencia de la Policía allí y menos en la actitud de confrontación promovida por el teniente coronel Orlando Rivera.
“De hecho, a varios miembros de la Cámara de Representantes se nos obstaculizó la entrada del edificio, lo cual es una afrenta a nuestras prerrogativas legislativas y constitucionales”, dijo Hernández Montañez, del Partido Popular Democrático (PPD).
Según el documento, al que tuvo acceso la agencia Inter News Service (INS), “es claro que el mandato de ley dispone que cualquier acción que se realice en el distrito capitolino, sea por ciudadanos o por agencias gubernamentales, como en este caso es la Policía de Puerto Rico, requiere la aprobación del Superintendente del Capitolio y los presidentes de los cuerpos legislativos”, Cámara y Senado.
Ni el presidente de la Cámara, ni el Sargento de Armas, ni el Superintendente del Capitolio solicitaron la presencia de la Policía el 30 de mayo de 2021, y mucho menos una unidad especializada, ratificó Hernández Montañez, por lo que “es evidente que el teniente coronel Orlando Rivera actuó contrario a la disposiciones legales pertinentes”.
“Desplegar una unidad especial de la Uniformada cuando no se les había requerido ese día, tratándose de una reunión legal, en la que se estaban exigiendo derechos de manera pacífica, representa un acto de provocación contra los manifestantes y un nefasto precedente de la dirección de la Policía”, refirió el presidente de la Cámara al recordar que la conducta del cuerpo armado está bajo el monitor federal John Romero.
Precisamente, el tercer informe del monitor federal de la Policía, publicado en marzo de 2021, correspondiente al periodo comprendido entre abril y septiembre de 2020, advierte sobre la falta de cumplimiento en áreas esenciales acerca del uso adecuado de la fuerza y la supervisión adecuada de este cuerpo policial, principalmente por la ausencia de personal.
La Cámara de Representantes, según Hernández Montañez, tiene los recursos necesarios para aunar esfuerzos y colaborar en el proceso de supervisión y evitar incidentes que propicien el uso de la fuerza.INS
P. Rico-Solicita la Asppro por segunda ocasión al Supremo reconsiderar la divulgación de grabaciones del caso de Andrea Ruiz Costas
San Juan, 3 jun (INS).- La Asociación de Periodistas de Puerto Rico (Asppro) sometió este miércoles ante el Tribunal Supremo una segunda moción de reconsideración para que ordene la entrega inmediata de las grabaciones del caso de Andrea Ruiz Costas, asesinada por su expareja Miguel Ocasio, quien confesó el crimen.
La Asppro peticionó además como alternativa a la divulgación de las grabaciones, que conceda una vista oral o que se devuelva el caso al Tribunal de Primera Instancia para la continuación de los procedimientos.
“Aunque la intención de este Honorable Tribunal sea la protección prospectiva de futuras víctimas, a quien único se termina protegiendo es a los tribunales”, estableció la organización periodística en la moción y en respuesta a la Orden Protectora que emitió por iniciativa propia el Tribunal de Primera Instancia con el propósito de prohibir la entrega de las grabaciones.
El gremio periodístico, que recibió un “no ha lugar” a la primera moción de reconsideración que sometió tras la sentencia del 10 de mayo prohibiendo la divulgación de las grabaciones, señaló los errores cometidos por los tribunales en el proceso.
Insistió en que “el Tribunal emitió una sentencia carente de análisis” constitucional que “en su contenido y en su proceso arroja una gran sombra a los procesos y crea un grado de desconfianza” que puede repararse si acoge esta segunda solicitud de reconsideración.
La Asppro también expresa en la moción que “la forma en que se resuelve la presente controversia resulta, además, contraria a la reiterada jurisprudencia que este propio Tribunal ha establecido sobre el derecho al acceso a la información pública”.
“El ejercicio del derecho al acceso a la información está estrechamente vinculado con los derechos de libertad de expresión, prensa y asociación”, resumió.
La presidenta de la Asppro, Damaris Suárez, señaló que “la ciudadanía tiene derecho a tener acceso a la información y el tribunal tiene la obligación de ser transparente en sus procesos. Tenemos que insistir en nuestro reclamo. La Rama Judicial no puede estar exenta de fiscalización y el pueblo tiene derecho a conocer lo que pasó”. INS
P. Rico-Centro de Diabetes asegura que reducción presupuestaria imposibilita la continuidad de sus operaciones
San Juan, 3 jun (INS).- El director del Centro de Diabetes de Puerto Rico (CDPR), Miguel José Bustelo Sanclemente, denunció ante la Comisión de Hacienda de la Cámara, presidida por el representante Jesús Santa Rodríguez, que la asignación presente del presupuesto “no les permitirá seguir operando”.
Bustelo Sanclemente informó a través de un amplio memorial explicativo, que el Centro ha sufragado todos sus gastos a través de una cuenta de reserva que hace ocho años ascendía a $2,820,372 y que en la actualidad se encuentra insolvente y en déficit.
“Por las reducciones al presupuesto cesaron las Clínicas Dentales Ambulatorias, la Agenda Investigativa, los Programas de Prevención y Educación de Diabetes dirigido a los empleados públicos y dirigido a residenciales públicos y demás comunidades y el continuo desarrollo de nuevos programas educativos, preventivos y de educación a la comunidad en general”, explicó durante una vista pública conjunta con el Senado para atender la Resolución de la Cámara 144 y la Resolución del Senado 96, que asignarían sobre $10 mil millones para gastos de funcionamiento de los programas y agencias que componen las distintas ramas del gobierno durante el año fiscal que concluye el 30 de junio de 2022.
A pesar de la situación fiscal, el Centro ofrece servicios a más de 5 mil pacientes al año. “Para atender a esta población, el CDPR contaba con cuatro médicos endocrinólogos a tiempo parcial, un oftalmólogo retinologo a tiempo parcial, una enfermera, una nutricionista y un fisiólogo del ejercicio certificado como educador en Diabetes, por la Asociación Americana de Diabetes”.
De acuerdo a la ponencia de Bustelo Sanclemente, para 2019, la prevalencia promedio de esta enfermedad en Puerto Rico ascendía al 16.7 por ciento.
“Esto representa aproximadamente 437,700 puertorriqueños mayores de 18 años con diabetes y se estima 904,232 puertorriqueños prediabéticos para un gran total de aproximadamente 1.3 millones de personas”, resumió.
Para tratar esta enfermedad, según el director ejecutivo del Centro, en Puerto Rico contamos con aproximadamente 50 endocrinólogos de adultos y 10 pediátricos.
“La gran mayoría de estos especialistas no aceptan planes de salud y en especial el plan de salud vital debido a que las tarifas para el pago de los servicios médicos de las principales aseguradoras están por debajo del costo de los servicios que se brindan”, detalló.
Para el próximo año fiscal, el CDPR presentó un plan de trabajo que solicita la asignación de 2 millones de dólares para “lograr reducir a mediano plazo el costo de atender pacientes diabéticos en Puerto Rico en por lo menos un 3 por ciento. Esta reducción representaría un ahorro estimado de 100 millones aproximadamente”.
Los directivos del Departamento de Salud, el Centro Comprensivo de Cáncer de la Universidad de Puerto Rico (UPR) y la Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico (ASEM) del Centro Médico, también presentaron amplios análisis sobre sus respectivos presupuestos aprobados por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), para el próximo año fiscal.
De acuerdo con el secretario de Salud, Carlos R. Mellado López, la dependencia solicitó un presupuesto ascendente a $1,270 millones. Sin embargo, el ente federal aprobó un total consolidado de $1,053 millones. “Esto resulta en una merma de $217 millones”, mencionó el galeno.
“Las variantes entre el presupuesto solicitado y la cantidad recomendada representa una disminución en las partidas presupuestas de nómina, facilidades, servicios públicos, servicios profesionales, gastos de transportación, inversión en mejoras permanentes, materiales y suministros, compra de equipo, anuncios y pautas en medios, PayGO, pareo de fondos federales y pago de deudas contraídas de años anteriores”, explicó Mellado López.
Por otro lado, el director ejecutivo de ASEM, Jorge Matta González informó que el presupuesto recomendado para su dependencia asciende a $185.6 millones. El monto asignado por la JSF presenta una disminución de $33.6 millones en comparación con la partida solicitada.
“La disminución entre el presupuesto solicitado y el presupuesto recomendado se debe a que no se consideró $3.8 millones para el reclutamiento de puestos necesarios, $996 mil dólares para el Pago de Servicios Privatizados, $8 millones de Servicios Profesionales, $18.3 millones de Intereses de la Línea de Crédito, $5 millones en materiales y suministros y $1 millón para compra de Equipo”.
A su vez, Matta González celebró que su dependencia ha logrado reducir pérdidas operaciones. “La situación deficitaria surge principalmente como resultado de la acumulación de deuda de las entidades participantes ($84.8 millones), y las aseguradoras ($19.9 millones) con la ASEM al 31 de marzo de 2021, así como por la diferencia de los costos de proveer los servicios y las tarifas pagadas por la industria de seguros médicos (actualmente las aseguradoras solo le pagan a la ASEM alrededor del 40 por ciento de los costos incurridos)”.
Por su parte, el administrador del Centro de Comprensivo de Cáncer de la UPR, Juan Carlos Benítez Chacón, explicó que la dependencia cuenta con un presupuesto consolidado recomendado de $34,974,000.
El monto sugerido por la JSF, apoyará las áreas medulares del centro que incluyen la División de Control de Cáncer y Ciencias Poblacionales, la División de Biología de Cáncer, la División de Apoyo a la Investigación y Educación, y la División de Medicina de Cáncer. Dentro de esta última división se encuentran las operaciones del Hospital y el Centro de Radioterapia. INS
ndc