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El presidente de la Cámara, Rafael Hernández Montañez, pide la supervisión adecuada de la Policía. Inter News Service/Tammy Olivencia
Por Nelson del Castillo
San Juan, 2 jun (INS).- El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Hernández Montañez, elevó al juez presidente del Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Puerto Rico, Juan A. Gelpí, su intervención ante la conducta del teniente coronel Orlando Rivera, al movilizar fuerzas especiales de la Policía al área norte del Capitolio, el pasado domingo, sin seguir las normas.
La acción del oficial policial respondió a una marcha pacífica de líderes religiosos del país, integrantes de la Coalición Ecuménica de Puerto Rico, en contra de la entrega de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) al consorcio norteamericano Luma Energy.
Tras una narración de lo acontecido, que incluyó un trato impropio hacia varios miembros de la Cámara de Representantes, Hernández Montañez reclamó al juez presidente federal en Puerto Rico que ordene una investigación sobre los incidentes suscitados el domingo, 30 de mayo de 2021, en la denominada Plaza de la Democracia.
Además, que mediante el establecimiento de un protocolo de seguridad para futuras manifestaciones, donde se reconozca la autoridad de la Asamblea Legislativa para participar activamente en la coordinación de los esfuerzos para proteger los derechos fundamentales que cobijan a los ciudadanos.
El ordenamiento jurídico-político vigente dentro de una dinámica de separación de poderes, recordó Hernández Montañez, delinea y exige una coordinación efectiva entre la Policía, adscrita a la Rama Ejecutiva, y los cuerpos de la Rama Legislativa.
Destacó que a pesar de esta realidad, la alta oficialidad del Negociado de la Policía, representado por el teniente coronel Orlando Rivera, determinó de forma unilateral movilizar a la Unidad de Contención al Capitolio para interferir con la manifestación pacífica ya coordinada.
El presidente de la Cámara de Representantes expresó en una carta fechada el martes, 1 de junio de 2021, al secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Alexis Torres Ríos, investigar el suceso, a fin de corregir las actuaciones que solo marchan el buen nombre de la Policía.
El domingo un grupo de organizaciones religiosas se manifestó pacíficamente, como parte de la Coalición Ecuménica de Puerto Rico, a favor de los reclamos de los empleados y jubilados de la AEE, que tenían un campamento en esa área norte del Capitolio.
“Para sorpresa de todos, el teniente coronel Orlando Rivera desplegó sobre una veintena de agentes de unidades especiales en las escalinatas del Capitolio, frente a los manifestantes”, advirtió el presidente de la Cámara en su planteamiento al juez federal Gelpí.
Hernández Montañez, blanco de críticas de distintos flancos del Partido Nuevo Progresista (PNP), aseguró que esto ocurrió sin que nadie solicitara la presencia de la Policía allí y menos en la actitud de confrontación promovida por el teniente coronel Orlando Rivera.
“De hecho, a varios miembros de la Cámara de Representantes se nos obstaculizó la entrada del edificio, lo cual es una afrenta a nuestras prerrogativas legislativas y constitucionales”, dijo Hernández Montañez, del Partido Popular Democrático (PPD).
Según el documento, al que tuvo acceso la agencia Inter News Service (INS), “es claro que el mandato de ley dispone que cualquier acción que se realice en el distrito capitolino, sea por ciudadanos o por agencias gubernamentales, como en este caso es la Policía de Puerto Rico, requiere la aprobación del Superintendente del Capitolio y los presidentes de los cuerpos legislativos”, Cámara y Senado.
Ni el presidente de la Cámara, ni el Sargento de Armas, ni el Superintendente del Capitolio solicitaron la presencia de la Policía el 30 de mayo de 2021, y mucho menos una unidad especializada, ratificó Hernández Montañez, por lo que “es evidente que el teniente coronel Orlando Rivera actuó contrario a la disposiciones legales pertinentes”.
“Desplegar una unidad especial de la Uniformada cuando no se les había requerido ese día, tratándose de una reunión legal, en la que se estaban exigiendo derechos de manera pacífica, representa un acto de provocación contra los manifestantes y un nefasto precedente de la dirección de la Policía”, refirió el presidente de la Cámara al recordar que la conducta del cuerpo armado está bajo el monitor federal John Romero.
Precisamente, el tercer informe del monitor federal de la Policía, publicado en marzo de 2021, correspondiente al periodo comprendido entre abril y septiembre de 2020, advierte sobre la falta de cumplimiento en áreas esenciales acerca del uso adecuado de la fuerza y la supervisión adecuada de este cuerpo policial, principalmente por la ausencia de personal.
La Cámara de Representantes, según Hernández Montañez, tiene los recursos necesarios para aunar esfuerzos y colaborar en el proceso de supervisión y evitar incidentes que propicien el uso de la fuerza.INS
ndc
