P. Rico-Senadora del PIP presenta proyecto para “corregir errores” en el reglamento que prohíbe el depósito de cenizas en la isla

San Juan, 1 jun (INS).- La senadora del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago, presentó un proyecto de ley que busca “corregir los errores” del recién aprobado “Reglamento para el Manejo y Uso Comercial Seguro de los Residuos de Combustión de Carbón”, aprobado por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA).

“Según anticipamos, el reglamento del DRNA, en lugar de asegurar la protección del país ante los daños de la quema de carbón, le concede el espacio a la carbonera para burlar la intención de la Ley 40-2017”, dijo Santiago Negrón.

El PS 448, presentado por la senadora del PIP, realiza cambios a la Ley 40-2017, según enmendada, para que el DRNA atempere el reglamento a la realidad e información científica disponible.

“Por ejemplo, otorgar dispensas de hasta dos años, como permite el reglamento, presentaría una oportunidad para que empresas como AES violen la política pública establecida por la Ley 40-2017. Bajo ninguna circunstancia se le puede dar dispensas a la carbonera para evitar el cumplimiento de la ley, especialmente en aquellas áreas que prohíben el depósito y disposición de cenizas de carbón u ordenan el monitoreo de calidad de las aguas subterráneas”, explicó Santiago.

Agregó que “el DRNA no puede establecer una reglamentación que vaya por encima de la ley”.

De igual forma, la portavoz del PIP propone aumentar las multas por violar las prohibiciones dispuestas en la ley.

“Una multa de 25 mil dólares contra una empresa multimillonaria, acostumbrada a violar leyes y reglamentos, es insuficiente para persuadirla. Para AES será más rentable pagar la multa que cumplir la ley. Por eso debe aumentarse la multa a 100 mil dólares por cada día que subsista la violación”, expresó.

“También exigimos que las cenizas almacenadas en el patio de las instalaciones de AES permanezcan cubiertas en todo momento; que las vistas públicas sean obligatorias y no a discreción de la agencia ambiental, y que los informes sobre el manejo de las cenizas se sometan cada seis meses y no una vez al año, y que sea publicado en las páginas electrónicas del generador de RCC y del DRNA”, añadió.

El proyecto también persigue que las pruebas que se realizan para determinar la toxicidad de las cenizas de carbón “sean las más efectivas y confiables”.

“Desde el año 2012, la Agencia de Protección Ambiental federal (EPA) ha advertido que los dos métodos analíticos (toxicity characteristic leaching procedure y synthetic precipitation leaching procedure) que el DRNA utiliza para determinar la peligrosidad de las cenizas no son efectivas y pueden subestimar el potencial de lixiviación de los componentes tóxicos que contienen estos residuos”, advirtió.

“Propusieron como alternativa utilizar el método leaching environmental assessment framework (LEAF), que fue desarrollado en respuesta a las preocupaciones planteadas por la Academia Nacional de Ciencias, el Consejo Asesor Científico de la EPA y otros. Tenemos que movernos a utilizar los métodos más efectivos para proteger la salud de nuestra gente y del ambiente”, concluyó. INS

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