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Por Rafael Santiago Medina
San Juan, 30 may (INS).- Si bien el acuerdo contractual firmado entre la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (P3A) y LUMA Energy LLC establece que el consorcio empresarial administrará y operará el sistema de transmisión y distribución de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), el gobierno de Puerto Rico mantendrá la titularidad de los activos del sistema de transmisión y distribución.
Sin embargo, LUMA Energy se encargará de las operaciones del sistema, incluyendo el servicio al cliente y la facturación. LUMA no manejará el sistema de generación de energía de la AEE.
El gobierno contempla comenzar también un proceso para la privatización de las plantas generatrices, mientras la Junta de Control Fiscal evaluó el acuerdo propuesto y dio su consentimiento, pero sin contemplar la transformación y modernización integral de todo el sistema eléctrico.
El Negociado de Energía de Puerto Rico aprobó también el contrato, que asciende a honorarios por la función empresarial administrativa que tienen un monto de más de 1,500 millones de dólares en un plazo de 15 años, sujeto a una revisión contractual para incrementar los pagos a la empresa.
Conforme al acuerdo, LUMA Energy operará, administrará, dará mantenimiento, reparará y restaurará el sistema de transmisión y distribución de la AEE. También estará a cargo de la facturación y del acceso a fondos federales.
Se trata de un contrato de operación y mantenimiento, con un pago fijo de 70 millones y 13 millones de dólares en incentivos si se cumplen una serie de condiciones. Contrario a la privatización de las operaciones del aeropuerto Luis Muñoz Marín, el contrato con LUMA Energy no es una concesión de la infraestructura.
En el segundo año, el pago fijo será de 90 millones, 100 millones el año tres y 105 millones a partir del cuarto año. Los incentivos aumentarán de 13 millones el primer año a 20 millones de dólares a partir del año cuatro.
Como hasta ahora, los cambios en las tarifas estarán sujetos a las decisiones del Negociado de Energía de Puerto Rico.
LUMA Energy trabajará con FEMA y el Departamento de la Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos (HUD, siglas en inglés) para movilizar eficientemente las ayudas federales asignadas a los sistemas de generación de energía en Puerto Rico.
El consorcio empresarial traerá también una escuela de celadores de línea a Puerto Rico para adiestrar a la próxima generación de empleados de energía eléctrica.
La solicitud de LUMA Energy que todavía aguarda por la decisión del Negociado de Energía, contempla un presupuesto manejado por el operador del sistema de transmisión y distribución que asciende durante el año fiscal 2022 a 1,833 millones de dólares.
De esa cifra, unos 625 millones se utilizarán para el manejo de la red de Transmisión y Distribución (T&D), otros 774 millones se utilizarán en mejoras capitales, incluyendo 650 millones en fondos federales y la diferencia en fondos provistos por la AEE.
Para poder apoyar los trabajos de generación, se solicitan 288 millones y otros 146 millones son para financiar el proceso de Título III, deudas incobrables y el pago a asesores, entre otros. El contrato de LUMA establece que el operador tiene un margen de hasta dos por ciento de gasto adicional al presupuestado.
Todo lo anterior en el manejo del presupuesto es aparte de los honorarios de sobre 1,500 millones en 15 años que se pagará a LUMA Energy por administrar la red de transmisión y distribución eléctrica.
La AEE había venido ofreciendo hasta ahora el servicio de electricidad a 1.5 millones de clientes y contaba con seis mil empleados. La AEE genera 3,500 millones de dólares en ingresos anuales por tal concepto.
Hay que considerar dentro del presupuesto para el sistema de energización eléctrica del país y su desglose de gastos, el pago a la deuda con los acreedores, entre ellos los bonistas y la necesidad de ir reconstruyendo y renovando la infraestructura eléctrica, por no decir su transformación, lo cual está en entredicho.
Un próximo aumento en las tarifas a los abonados al servicio eléctrico parece inminente e inaplazable para sostener el ritmo de gastos.
LUMA Energy LLC es un consorcio conformado por Quanta Services (50% de participación), ATCO (50%) y IEM.Quanta Services (NYSE: PWR) es una corporación con sede en Houston, Texas, que brinda servicios de infraestructura para energía eléctrica.
Los servicios en Estados Unidos incluyen planificación, diseño, instalación, gestión de programas, mantenimiento y reparación de la mayoría de las infraestructuras de red. La empresa tuvo un ingreso neto de 41.5 millones de dólares en el primer trimestre de 2020 y sus ingresos ascendieron a 2,764 millones.
ATCO es una compañía canadiense, con sede en Calgary, con filiales en las industrias de gas, electricidad, construcción y logística. Cuenta con 4,600 empleados, 20 mil millones de dólares en activos y dos millones de clientes alrededor del mundo.
IEM (Innovative Emergency Management) es una compañía de gestión de desastres con sede en Carolina del Norte. Tiene 11 oficinas en Estados Unidos, incluyendo una en Puerto Rico.
El proceso de transición para transferir los equipos, el personal y cientos de subestaciones, torres y miles de millas de líneas de transmisión y distribución ha estado, sin duda, plagado de mucha incertidumbre.
A partir de este martes, el consorcio empresarial de LUMA Energy tendrá la responsabilidad en Puerto Rico sobre uno de los sistemas eléctricos más grandes de Estados Unidos: 2,478 millas de transmisión, 33,169 millas de líneas de distribución, 48 centros de transmisión, 293 subestaciones, 27 oficinas técnicas y 1,479,361 millones de clientes.
Al cabo de los 15 años de vigencia del contrato, LUMA Energy recibirá en honorarios por la administración del sistema de transmisión y distribución eléctrica en Puerto Rico no menos de 1,500 millones.
Además, estará a cargo de gestionar la facturación a los clientes, procurar el cumplimiento con normativas vigentes ante el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR), la Agencia de Protección Ambiental (EPA) y otras instrumentalidades estatales y federales, así como hacerse cargo de la planificación, diseño y construcción de la red eléctrica a su cargo.
Como parte de ese proceso, es posible que LUMA se convierta en el primer concesionario privado en la historia de Estados Unidos en gestionar unos 9,500 millones de dólares pagados por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA).
Lo cierto es que en un período de 15 años, LUMA Energy podría estar manejando, por lo menos, 35 mil millones en ingresos como resultado de la venta de energía a los consumidores en nombre de la AEE.
El Negociado de Energía de Puerto Rico todavía no ha aprobado ninguno de los planes requeridos en el contrato de LUMA. Ni siquiera había aprobado el presupuesto que tendrá LUMA en los próximos tres años o el documento de Principios de Operación del Sistema.
Conforme al acuerdo, LUMA Energy recibirá una cuota de mantenimiento y una cuota de incentivos estructurados para proporcionar mejoras tangibles a los clientes de la AEE. LUMA Energy trabajará con FEMA y HUD para movilizar eficientemente las ayudas federales asignadas a los sistemas de generación de energía en Puerto Rico.
En efecto, el plan general para la transformación de la red eléctrica necesita ser rediseñado para cumplir con la ley y la política energética de Puerto Rico. Pero ni ese plan de transformación ni el contrato con LUMA Energy alcanzarán un precio de 20 centavos por kilovatio-hora (kWh) de electricidad ni crearán un sistema de energía 100% renovable.
A pesar de que el objetivo energético de Puerto Rico había sido establecer un precio de electricidad de 20 centavos/kWh, la estructura de este contrato con LUMA Energy está diseñado para empujar los precios hacia el nivel de los 30 centavos/kWh.
El proyecto de gas natural San Juan 5 y 6, recientemente implementado, perdió su primera meta de ahorro de 192 millones, no está a tiempo y enfrenta desafíos administrativos. El Negociado de Energía ha pedido a AEE y a su sucesor que maximicen las energías renovables.
Expertos y analistas han señalado que este contrato de privatización apunta hacia un sistema energético de alto costo, no renovable y poco confiable dominado por proyectos de gas natural. INS
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