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Luis Antonio Cordero y de Mártires Paulino Castro, asesinados por desconocidos. / Inter News Service
Santo Domingo, 30 may (INS).- Pistoleros asesinaron a balazos anoche a dos empresarios de la provincia La Romana, región oriental del país, mientras que un oficial de la Policía Nacional resultó herido durante un hecho registrado en un establecimiento comercial.
Las víctimas fueron identificadas como Luis Antonio “Tony” Cordero y Mártires Paulino Castro, mientras que el herido es el mayor Aquino Gómez, quien fue trasladado al hospital Francisco A. Gonzalvo, donde recibe atención médica y se desconoce su estado de salud.
Versiones preliminares establecen que los tres hombres se encontraban conversando cuando fueron atacados a tiros en el negocio de Paulino Castro, ubicado en la carretera La Romana-San Pedro de Macorís.
Mártires Paulino Castro es propietario de varios centros de venta de vehículos y Luis Antonio Cordero se desempeñaba como administrador de varias bancas de lotería que operan en sectores de La Romana.
Hasta el momento las autoridades no han ofrecidos detalles de los hechos y se desconocen las razones de los asesinatos.
Cordero fue llevado por una unidad del 911 al hospital Arístides Fiallo Cabral de esa ciudad, pero al llegar expiró y su cuerpo fue trasladado a la morgue de ese centro de salud.
Miembros del Departamento de Investigaciones Criminales de la Policía asumieron las pesquisas para esclarecer el hecho y dar con los culpables.
Detalles reseñados por medios nacionales indican que Paulino Castro fue extraditado a Estados Unidos en el año 2001, donde lo condenaron a 94 meses de prisión por narcotráfico.
El criollo fue hallado culpable de tener nexos con el tráfico de estupefacientes a Puerto Rico, usando a la República Dominicana como puente, según determinó el tribunal donde fue juzgado.
En junio de 2018 el juez de la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Reynaldo Vásquez Lora, dispuso devolverle más de RD$500 millones (8,9 millones de dólares) en bienes muebles e inmuebles, que le fueron incautados a raíz de un proceso que culminó con su destierro.
También obtuvo la devolución de 58 títulos de propiedad, como villas, residencias, solares, apartamentos, fincas y locales comerciales, así como 25 vehículos de motor.
En esa ocasión, el magistrado acogió un recurso de amparo a favor del imputado por medio del cual impuso una astreinte de RD$500,000 por cada día (8,789 dólares), si el Consejo Nacional de Drogas, el Comité Nacional de Lavado de Activos y la Oficina de Custodia de Bienes Incautados, no ejecutaban la decisión.
La astreinte “es un término usado exclusivamente en el ámbito jurídico, dentro del Derecho Civil y Administrativo, para designar la condena en dinero, no punitoria, sino intimidatoria, accesoria y provisional, que se debe abonar por día, semana o mes, y que se le impone judicialmente al moroso por no cumplir su prestación, cuando la obligación de pago fue impuesta en sede judicial. Cesa su aplicación cuando el deudor cumple con lo ordenado”.
El juez Reynaldo Vásquez Lora justificó la decisión argumentando que para entonces no existía una sentencia que dispusiera el decomiso de esos bienes y consideró que en el caso fueron conculcados el principio de seguridad jurídica y transgredidos los artículos 8 y 13 de la Constitución de la República. INS
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