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Por Rafael Santiago Medina
San Juan, 22 may (INS).- Toda la controversia surgida acerca de los comicios especiales para elegir la Delegación Congresal de Puerto Rico (los seis cabilderos pro estadidad que irán a la Cámara de Representantes y al Senado de Estados Unidos), la elección de Ricardo Rosselló Nevares entre ellos y el ejercicio irregular de su voto y el de su esposa sin tener residencia oficial permanente en la isla, han traído a colación la intensa presión que el anexionismo ha venido ejerciendo para que se incluya en el debate legislativo y en las demás instancia del poder en Washington la estadidad para Puerto Rico.
Según registros federales de cabildeo en Estados Unidos, José Fuentes Agostini, exsecretario de Justicia bajo la administración del Partido Nuevo Progresista (PNP) durante el gobierno de Pedro Rosselló (1997 a 2000), ha ganado casi $2 millones desde 2009 como cabildero personal de Empresas Fonalledas Inc., un conglomerado de empresas agrícolas, manufactureras, inmobiliarias, minoristas y financieras propiedad de una de las familias más ricas de Puerto Rico, entre cuyas tareas principales está cabildear en Washington a favor de la estadidad.
A través de una de sus subsidiarias – Plaza Las Américas, que posee el centro comercial más grande del Caribe – la compañía era un importante titular de deuda pública puertorriqueña, poseyendo más de $23 millones en bonos puertorriqueños antes de la Ley Promesa, según estados financieros presentados ante el Departamento de Estado de Puerto Rico.
Empresas Fonalledas también es un donante grande y frecuente para el PNP y los candidatos republicanos. Zoraida Fonalledas, quien está casada con el presidente y director ejecutivo de la compañía, es integrante del comité isleño del Partido Republicano estadounidense.
La otra organización de defensa en el corazón del impulso proestadidad, el Foro de Igualdad de Puerto Rico, está encabezada por el exsecretario de Estado del PNP Kenneth McClintock, quien se afilia a los demócratas estadounidenses.
Según los registros de cabildeo, el Foro de Igualdad ha gastado casi $3 millones desde 2014 para que el otrora senador McClintock se desempeñe como cabildero proestadidad.
Otra empresa de cabildeo contratada por el anexionismo de Puerto Rico es Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP. Desde 2009, esta empresa de cabilderos ha recibido $13.7 millones por cabildeo federal a favor de la estadidad. Los anexionistas han utilizado también han representado a DCI Group, una de las principales firmas de consultoría que representan a los tenedores de bonos de Puerto Rico.
Además de Akin Gump, el anexionismo en Puerto Rico tiene un contrato desde 2015 con Navigators Global, otra firma de cabildeo con profundos vínculos con las altas esferas del movimiento que abogan por políticas de exención contributiva isleñas.
Burócratas que desempeñaron funciones en la Casa Blanca con George Bush y Donald Trump se unieron a Navigators Global.
Un tercer grupo de cabildeo, Michael Best Strategies, donde labora ahora en el brazo de asuntos gubernamentales de la empresa el ex jefe de gabinete de Trump en la Casa Blanca Reince Priebus, ha sido también contratado por el anexionismo de Puerto Rico para cabildear por la estadidad de Puerto Rico.
A través de las empresas de cabildeo contratadas, las Empresas Fonalledas han luchado, además, por la expansión de los programas federales y las exenciones fiscales federales al territorio puertorriqueño.
El periódico estadounidense The Intercept indica en un reportaje publicado recientemente que en 2015 y 2016, a medida que aumentaba la crisis financiera del territorio puertorriqueño, se hizo coordinaciones grupos de presión para buscar alivio de la deuda para Puerto Rico a través de la bancarrota municipal. (La legislación actual de Estados Unidos excluye a los territorios estadounidenses de esta práctica.)
Dice el periódico en el reportaje que el Congreso no terminó extendiendo el alivio de bancarrota municipal a Puerto Rico. En su lugar, aprobó Promesa e instaló la Junta de Supervisión Fiscal.
A las Empresas Fonalledas se le vincula al cabildeo para la aprobación en el Congreso de Estados Unidos de la Ley Promesa y la restructuración de la deuda pública de Puerto Rico.
Esa reestructuración ha adoptado la forma de recortes al pago de pensiones del gobierno, reducciones a los servicios sociales, privatizaciones y otras medidas de austeridad implementadas para pagar y rescatar a los tenedores de bonos.
Las Empresas Fonalledas es uno de los tenedores de bonos del gobierno de Puerto Rico. The Intercept indica que tras la Ley Promesa, Plaza Las Américas, la filial de Empresas Fonalledas, pudo descargar su deuda puertorriqueña altamente devaluada: la compañía pasó de poseer $23.5 millones en bonos del gobierno puertorriqueño a una pérdida proyectada de $14.4 millones en 2015 a $2.7 millones con una ganancia de casi un cuarto de millón de dólares en 2018, según sus estados financieros.
Según se ha revelado, las Empresas Fonalledas han sido el tercer donante más importante a la campañas eleccionarias de la comisionada residente de Puerto Rico en Washington, Jenniffer González Colón.
Otros importantes donantes de la campaña de González incluyen a Akin Gump y el grupo de abogados King &Spalding, que ha cobrado a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), fuertemente endeudada, hasta $1,426 la hora, según el Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero. INS
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