Inter News Service Agencia de Noticias
San Juan, 20 may (INS).- Familiares de víctimas fatales de la Policía, junto a Kilómetro Cero, enviaron esta semana una carta a Domingo Emanuelli, secretario de Departamento de Justicia, para exigirle investigaciones especializadas e independientes, y la presentación de cargos criminales a los agentes que abusaron de la fuerza.
Específicamente se refieren a los casos de Francisco Marrero Noa, Hernán Monroig Barreto, Edgardo Torres Gómez y Benjamín Omar Cotto. La carta surge luego de que los agentes involucrados “quedaran en la impunidad por sus acciones y el Estado, en muchas ocasiones, ha mantenido a las familias de las víctimas sin información sobre los detalles de las investigaciones”.
La carta recuenta los cuatro casos y señala, por ejemplo, que la familia de Marrero Noa desconoce el progreso de la investigación, no ha tenido acceso para observar los vídeos del lugar, desconoce los resultados de la autopsia y no tiene información que indique que la investigación esté progresando hacia la presentación de cargos criminales.
En la carta se enfatiza: “Secretario, todos los agentes de ‘ley y orden’ del Estado tienen que estar adiestrados para intervenir con personas en conflictos, sin matarlas como mataron a Francisco Marrero Noa, quien no portaba arma. Tienen que estar adiestrados para intervenir con personas en crisis sin matarlas, como mataron a Anthony Maldonado Avilés en su casa en Jayuya”.
Explica que existen políticas de uso de fuerza con las que todo policía está obligado a cumplir. Si no cumple rigurosamente con ella y con la Constitución, el Estado está obligado a presentarles cargos criminales.
“En una situación de tensión, la Policía tiene que utilizar estrategias no violentas para apaciguar. Su rol no es escalar las situaciones y utilizar el arma de fuego ligera e irresponsablemente. La Policía solo puede utilizar fuerza letal si es estrictamente necesario para defender la vida de un ataque inminente”, argumentan.
La carta firmada por familiares de las víctimas y por Mari Mari Narváez, directora ejecutiva de Kilómetro Cero, incluye tres reclamos principales:
-Investigaciones administrativas y criminales independientes sobre toda conducta delictiva de parte de agentes a cargo de la seguridad pública. Las investigaciones administrativas deben llevarse a cabo a través de una entidad autónoma desvinculada de la Policía, con amplia participación ciudadana y peritaje técnico.
Las investigaciones criminales debe realizarlas una fiscalía especializada en delitos de funcionarios de la seguridad pública o una División de Derechos Civiles robusta, como la que existió en el pasado en el Departamento de Justicia.
-Que se presenten cargos criminales a los agentes que abusan de la fuerza, violan las políticas constitucionales de la agencia, ejecutan castigos ilegales contra la ciudadanía y exhiben negligencia crasa en el desempeño de sus funciones.
-Transparencia absoluta y acceso a la información. INS
aa