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Arriba, tres exfuncionarios acusados de alegada corrupción, seguido de una imagen de un avión Súper Tucano. En las siguientes vistas, los implicados en las operaciones Antipulpo y Coral. / Inter News Service
Por Manuel Vólquez
Santo Domingo, 16 may (INS).- En el Ministerio de Interior y Policía operaba una mafia que falsificaba documentos y obligaba a pagar comisiones para la regulación de armas, mientras que en la Autoridad Portuaria Dominicana se denunció un supuesto fraude millonario por el que se investiga a cinco empleados de la institución ubicada en Puerto Plata, región norte del país.
Otro hecho escandaloso se habría detectado durante el tradicional sorteo de la Lotería Nacional celebrado el pasado 1 de mayo, en tanto que tres exministros del gobierno del presidente Danilo Medina Sánchez son acusados ante la Procuraduría General de la República por presunta corrupción administrativa, desfalco y prevaricación por un monto de 21 mil millones de pesos dominicanos (unos 369 millones de dólares).
Se trata de tres importantes miembros del opositor Partido de la Liberación Dominicana (PLD): Gustavo Montalvo, José Ramón Peralta y Donald Guerrero, quienes de manera pública se apresuraron a negar las imputaciones hechas por los empresarios del sector transporte Antonio Marte y Mario Díaz.
Estos acontecimientos, que ocupan la atención de los dominicanos que piden enjuiciar a los responsables, fueron denunciados en la semana que culmina, independientes de otros que ya están apoderados los tribunales, entre estos el caso de los 92 millones de dólares que la constructora brasileña Odebrecht admitió haber distribuido en sobornos a funcionarios, políticos y legisladores dominicanos para obtener privilegios en los contratos de obras estatales.
Además, se agregan los funcionarios, proveedores y testaferros apresados en la Operación Antipulpo y enviados a seis meses de prisión preventiva, como medida de coerción, entre los que figuran Juan Alexis y Carmen Magaly Medina Sánchez, hermanos del exgobernante, tras ser acusados de operar un alegado entramado societario de corrupción contra el Estado dominicano.
Por igual, cabe mencionar la medida de coerción dictada el 10 de mayo por la jueza Kenya Romero Severino, del Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, al mayor general del Ejército Adán Cánceres Silvestre, el exjefe del Cuerpo de Ayudantes Militares de la Presidencia de la República (Cusep); la pastora evangélica Rossy Guzmán; el cabo policial Tanner Flete Guzmán, hijo de la religiosa; el coronel Rafael Núñez de Aza; y el mayor Raúl Alejandro Girón Jiménez.
A este último le impuso una medida consistente en prisión domiciliaria e impedimento de salida del país, solicitada por el Ministerio Público debido a que el imputado se encuentra colaborando con la entidad investigativa. Girón Jiménez reveló cómo funcionaba la supuesta red que se dedicada a la sustracción de recursos de las nóminas públicas.
Sentencias por corrupción
La única sentencia de caso de corrupción en República Dominicana que involucra a militares ocurrió el 16 de noviembre de 1988, cuando el expresidente de la República Salvador Jorge Blanco (hoy fallecido), luego de un juicio de 10 días, fue condenado por el juez Juan María Severino a 20 años de prisión y a una multa de 100 millones de pesos dominicanos (1,759,155 dólares), fallo jurídico que también afectó al entonces secretario de las Fuerzas Armadas, Manuel Antonio Cuervo Gómez.
En esa ocasión, el mandatario fue acusado de desfalco por haber patrocinado supuestas compras irregulares de materiales e insumos para las instituciones castrenses a empresas ligadas a funcionarios de su gobierno.
En el expediente, y por el mismo delito y otras alegadas infracciones, figuraba el empresario Juan Tomás Peña Valentín. Esas operaciones, según la denuncia, envolvía 2.4 millones de pesos (42,219 dólares).
En el 2001, después de 19 años, Jorge Blanco consiguió la anulación de la sentencia de la Corte de Apelación y posteriormente el presidente Hipólito Mejía le retiró las acusaciones, que atribuyó el origen del juicio a persecuciones políticas del presidente de turno, Joaquín Balaguer Balaguer.
Otro escándalo de corrupción que involucra a militares, y que aún está pendiente de juicio penal, es el de la compra a la empresa brasileña Embraer de ocho aviones Súper Tucano, valorados en U$3.5 millones, adquiridos durante el gobierno del presidente Leonel Fernández para la protección de la soberanía nacional, así como la vigilancia aérea y marítima contra el narcotráfico.
Hasta el momento, por el hecho están imputadas seis personas: el exministro de Defensa, Rafael Antonio Peña; el suspendido coronel Carlos Piccini Núñez y los empresarios Daniel Aquino Hernández, Daniel Aquino Méndez, Israel Abreu Rosario y el abogado notario Félix del Orbe Berroa. Se les acusa de recibir sobornos de la compañía carioca.
Desde el año 2012 a la fecha, varios casos importantes de flagelos se destaparon durante los gobiernos del presidente Danilo Medina, vinculados a la extorsión, la falsificación, el soborno, así como a compras y ventas irregulares.
Se recuerda que el tema llevó en noviembre de 2015 al entonces embajador estadounidense en el país, James W. Brewster, a decir que este problema es un cáncer porque afectaba el progreso de la nación e impedía la aplicación de la ley.
Instituciones del gobierno, como la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), el Consejo Estatal del Azúcar (CEA), la ahora disuelta Corporación Dominicana de Empresas Estatales (Corde); el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado (Inapa) y la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (Omsa), se han visto envueltas en escándalos de corrupción.
Esas irregularidades son el presunto desfalco en la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses en la administración del exdirector de la institución Manuel Rivas en el período comprendido entre el 2015 y 2017, denunciado por el jurista Yuniol Ramírez Ferreras, que luego apareció muerto y atado a dos blocks con una cadena en un fondo de un río.
También el suicidio del arquitecto David Rodríguez García, de 42 años, en uno de los baños de la Oisoe, en septiembre de 2015, hecho que sacó a flote un escándalo en la entidad que llevó a Medina a destituir de su cargo a Miguel Pimentel Kareh, quien en ese momento fungía como director de la institución.
Además, el asesinato de los locutores Leónidas Martínez y Luis Manuel Medina en San Pedro de Macorís (región Este) y el suicidio del homicida de esos hombres, quien denunció la doble venta irregular de terrenos por parte del Consejo Estatal del Azúcar (CEA); Operación Anti pulso y Operación Coral. Esos casos aún están pendientes de penalidades.
En la gestión del presente gobierno, el Ministerio Público investiga las denuncias formuladas por el Ministerio de Interior y Policía, el de las indelicadezas administrativas de la Autoridad Portuaria Dominicana, en Puerto Plata, en el que estarían involucrados dos empleados de la nueva gestión del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM) y dos que laboran en la institución desde el pasado gobierno.
En lo que concierne a la Lotería Nacional, la acción dolosa fue denunciada por el administrador Luis Michel Dicent, quien suspendió a varios empleados y los sometió ante la Procuraduría General de la República para que se proceda a realizar una investigación y a penalizar a los responsables. INS
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