San Juan, 10 may (INS).- La Asociación de Periodistas de Puerto Rico (Asppro) y el Overseas Press Club (OPC) se comprometieron, en una declaración conjunta, a seguir adelante con su fiscalización de la Rama Judicial, al igual que lo hacen con el Ejecutivo.
Las organizaciones asumieron la postura, a raíz de las determinaciones del Tribunal Supremo de Puerto Rico, de negarse a divulgar los audios de la audiencia vinculada a la solicitud de una protección al amparo de la Ley 54 de Violencia Doméstica por Andrea Ruiz Costas ante la jueza de instancia Ingrid Alvarado Rodríguez, quien se la denegó.
Casi un mes después, Ruiz Costas fue asesinada por el hombre de que quería resguardarse, su expareja Miguel Ocasio Santiago.
“El pueblo de Puerto Rico puede estar convencido de que sus periodistas no claudicarán en su responsabilidad de fiscalizar las funciones tanto del Poder Judicial como el Ejecutivo para exigir de ellos el mayor grado de transparencia y rendición de cuentas, establecieron la Asppro y el OPC.
Con relación a las recientes sentencias del máximo foro judicial que prohíben la divulgación de las regrabaciones públicas en la que testificó Andrea Ruiz Costas en contra de su expareja, quien ahora enfrenta cargos criminales tras confesar su vil asesinato, reiteramos que no existen razones para restringir el acceso del pueblo a esos documentos públicos, sostuvieron las organizaciones presididas por los periodistas Damaris Suárez Lugo y Luis Guardiola.
Las juntas de directores de ambas organizaciones profesionales “tomarán en los próximos días las determinaciones que correspondan y por conducto de sus abogados trazarán el curso a seguir en esta lucha”.
En este sentido, la Asppro y el OPC recordaron que tienen “como único norte colocar en manos del país la información necesaria para evaluar las ejecutorias de su sistema de justicia”. INS
ndc
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