R. Dominicana-Ministerio Público pide variar la medida de coerción otorgada a la pareja de César el Abusador por violar la prisión domiciliaria

Marisol Franco, en foto de archivo, pareja de César Emilio Peralta, alias El Abusador. Inter News Service

Santo Domingo, 8 may (INS).- La Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo solicitó al Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, de la capital dominicana, variar la medida de coerción que fue otorgada a Marisol Franco, pareja del narcotraficante César Emilio Peralta, alias El Abusador.

En un documento enviado ante el tribunal, el Ministerio Público explica que la señora Franco violó los protocolos que sustentan la prisión domiciliaria, medida que le fue otorgada en febrero del año 2020, atendiendo una petición de las partes y sin oposición del órgano persecutor, debido a una condición médica posparto.

Además de del confinamiento domiciliario, el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dictaminó impedimento de salida del país contra la encartada.

La Procuraduría dijo que la dama desacató un mandato judicial que le impuso el arresto hogareño, al igual que el voto de confianza otorgado, “al salir de su domicilio sin ningún tipo de autorización emitida por la autoridad judicial competente ni informar al Ministerio Público”.

Según un reporte del Modelo de Gestión Penitenciaria, Franco no se encontraba en la casa asignada al momento de una visita de supervisión y cuando fue localizada vía telefónica dijo que se encontraba en el consultorio médico con sus hijos.

Sin embargo, agrega la nota, ella no presentó pruebas que sustenten su salida sin autorización de las autoridades.

“El órgano persecutor presentó pruebas documentales y testimoniales que fundamentan la solicitud y muestran que la imputada infringió la medida de coerción impuesta”, expresa el documento.

El Ministerio Público le atribuye a Marisol Franco el delito de lavado de activos provenientes del tráfico de drogas ilícitas cometido por un grupo del crimen organizado, tipificado en los artículos 2, 3.3 y 9.1 de la Ley 155-17, contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.

El 9 de septiembre del 2019, el entonces Juez del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas, le impuso tres meses de prisión preventiva como medida de coerción, tras el Ministerio Público acusarla de estar implicada en la supuesta red de narcotráfico de su esposo César Emilio Peralta.

La decisión fue impuesta tras el juez entender que más que la vinculación con presunta red, es por el riesgo que la dama puede correr estando en libertad.

El 28 de enero del 2029, la jueza del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Solange Vásquez, dejo sin efecto el conocimiento de la revisión de la ordenanza judicial solicitada por la encartada a través de sus abogados.

La magistrada adoptó su decisión de declarar desierta la solicitud de revisión, debido a que la Corte de Apelación del Distrito Nacional la conoció y falló rechazando variar la prisión impuesta a la imputada.

Por el caso fueron enviadas a juicio once personas, entre estos los cabecillas de la organización criminal Baltazar Mena, José Jesús Tapia Pérez y Sergio Gómez Díaz, quienes junto a Jeifry del Rosario Gautier fueron presentados ante la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia para el conocimiento del trámite de extradición solicitado por las autoridades de los Estados Unidos.

El pasado 29 de abril, el juicio preliminar por la red de narcotráfico y lavado de activos quedó aplazado para el próximo 20 de mayo, debido a la ausencia de uno de los implicados y a petición de la defensa de otros en la audiencia.

La pareja sentimental de Franco, el narcotraficante César Emilio Peralta, fue apresado el 2 de diciembre de 2019 en Cartagena de Indias, Colombia, y aún está en proceso de trámite de extradición pasiva desde ese país sudamericano hacia Estados Unidos, país que lo estaba requiriendo desde abril de 2019 por el Distrito Judicial del Sur de Florida.

El proceso se prolongó debido a que el Ministerio de Justicia y del Derecho de Colombia prorrogó todos los trámites de este tipo ante la incidencia del coronavirus Covid-19. INS

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