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Santo Domingo, 8 may (INS).- El Ministerio de Defensa (Mide) y el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas dominicanas advirtieron anoche que los miembros que se aparten de su juramento de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes o incurran en actos delictivos, no encontrarán cobijo en las filas militares y tendrán que responder ante la Justicia por sus acciones.
El Mide explica en una declaración enviada a los medios que la persecución del delito y el juicio de los hechos que se consideren punibles corresponde al sistema de justicia y que los cuerpos armados y la jurisdicción militar “solo tienen competencia para actuar y conocer de las infracciones militares previstas en el régimen disciplinario militar”.
En el comunicado garantizó al pueblo dominicano que las instituciones castrenses son un cuerpo social “fundamentalmente sano” y comprometido con la misión que le corresponde.
El escrito se emite cuando varios miembros de esa institución están acusados de estafar al Estado con más de 3,000 millones de pesos dominicanos (52,6 millones de dólares) con una supuesta red que nombraba compañeros en el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), los cuales no ejercían ninguna función, pero tenían que entregar el mayor porcentaje del salario a los miembros del grupo criminal.
El máximo órgano militar se pronunció acerca de la Operación Coral, una jornada que consistió en 27 allanamientos en el Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo, San Pedro de Macorís, Monte Plata y Samaná y que fue coordinada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), organismo que investiga a varios oficiales de alto rango por casos de presunta corrupción.
Entre los sindicados figuran un general, un coronel, un mayor, un sargento y un cabo, todos puestos bajo arresto.
Los implicados en la trama son el jefe de seguridad del expresidente Danilo Medina, mayor general Adán Cáceres Silvestre, señalado como el cabecilla; coronel Rafael Núñez de Aza, la pastora evangélica Rossy Guzmán y su hijo, el cabo Tenner Flete, el sargento de la Armada, Alejandro José Montero Cruz, y el mayor Raúl Girón. Este último colaboró con el Ministerio Público y dijo cómo operaba la presunta red.
Al grupo le imputan los delitos de asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos provenientes de actos de corrupción y porte y tenencia ilegal de armas.
Contra esas personas el Ministerio Público solicitó medida de coerción consistente en 18 meses de prisión preventiva, al declarar el caso complejo, decisión que será anunciada el próximo lunes por la jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Kenya Romero Severino, después de tres días de juicio.
El Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas publicó un comunicado lamentando los comentarios negativos que han surgido durante el conocimiento del proceso legal, sobre las instituciones castrenses y afirmó que estas cumplen con la misión para las que fueron ideadas. INS
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