Inter News Service Agencia de Noticias
Resumen de noticias para el viernes 7 de mayo de 2021
P. Rico-Designada a Asume revela que 13,748 patronos incumplen a la hora de remitir dinero retenido de sus empleados
San Juan, 7 may (INS).- La designada administradora Terilyn Sastre Fuente no pudo contestar preguntas de los miembros de la Comisión de Nombramientos del Senado, en torno a la Ley Orgánica y Manuales de Procedimiento de la Administración para el Sustento de Menores (Asume), ni sobre las Guías para determinar y modificar las pensiones alimentarias.
La vicepresidenta del Senado, Marially González Huertas, cuestionó a la nominada sobre su falta de respuestas a las preguntas que se le realizaron durante su vista de confirmación.
La senadora preguntó a la nominada ni sabía cada cuánto tiempo se podía solicitar una revisión o modificación de pensión establecida y por cuáles razones.
“Tendría que buscarlo, no estoy al tanto de eso ahora mismo”, contestó Sastre Fuente.
La vicepresidenta de la Comisión, senadora Gretchen Hau, indicó en un aparte con los medios que “me hubiese gustado tener más respuestas a las preguntas”.
“Ciertamente ella hizo una salvedad de que estará tramitando la información, pero eso no debe ser causa para uno ser proactivo en las averiguaciones pertinentes, mucho más cuando tú estás bajo una evaluación del Senado, donde a nosotros nos tiene que poner en posición de poder saber si pueden cumplir con el puesto o no”, expuso.
Entre la información brindada por Sastre Fuente llamó la atención que hay un total de 13,748 patronos que están en incumplimiento con Asume, esto porque aun cuando le retienen a la persona el pago de la pensión no lo remiten.
El senador Juan Zaragoza catalogó de inaceptable esta situación y lo comparó con aquellos establecimientos que le cobran el IVU a sus clientes y no lo pagan al Departamento de Hacienda.
Sastre Fuentes, quien todavía no está en funciones, aseguró al inicio de su ponencia a los miembros de la comisión que como parte de su plan de trabajo está el devolver la confianza en Asume.
“Como parte del plan de trabajo para los próximos años está el devolver la confianza del pueblo en la Asume, algo que es más fácil decir que ejecutar. No obstante, hemos trazado unas estrategias a corto, mediano y largo plazo para que sirvan de guía en este proceso alineados al Plan Estratégico 2019-2025”, mencionó Sastre Fuente.
La nominada indicó que se asegurará que las pensiones alimentarias lleguen lo más ágil posible a los menores que la necesitan.
Para esto, explicó que Asume ya viabiliza el pago de las pensiones alimentarias a través de los cajeros automáticos del Banco Popular de Puerto Rico.
“Con esta alianza, los pagos se pueden realizar de manera rápida, sencilla, a toda hora y sin necesidad de acudir a una sucursal bancaria”, dijo.
De otro lado, el senador por el Distrito de Ponce, Ramón Ruiz Nieves, preguntó a la designada sobre las tablas de las guías de pensión alimentarias.
Sastre Fuente respondió que las tablas que se están utilizando ahora son de 2014.
“Se supone que cada 4 años se revisen esas tablas creo que deberían ser unas más justas para ambas partes”, indicó la nominada.
La designada añadió que actualmente Asume tiene 88 oficinas locales y 10 regionales.
Lamentablemente, indicó, Asume tenía más de 700 empleados y ahora tiene 400 aproximadamente, pues si alguno se retira o se muerte se congela ese puesto.
Los contratos de servicios profesionales no son muchos, dijo, al reconocer que “tendríamos que eliminar algunos contratos y abrir plazas”.
Sastre Fuente añadió que se necesitan abrir plazas, pues desde hace tres años Asume no cuenta con un Director de Finanzas.
También, para la designada la agencia debe enfocarse en agilizar los casos de deudores y deudoras morosos de pensiones; iniciativas tales como planes de pago, referidos ágiles en casos de desacato a los tribunales, y archivo de casos por mayoridad.
En estos últimos casos propone que a esos jóvenes que ya no recibirán asistencia de la Asume por llegar a su mayoría de edad, deben recibir orientación y dirección coordinada con el Departamento de la Familia y la Administración de los Tribunales para que pudieran en el próximo foro judicial continuar con sus reclamos alimentarios de entenderlo así necesario. INS
P. Rico-Dan a conocer identidad de cómplice de Verdejo después de que gran jurado federal emitiera pliego acusatorio del caso: se trata de Luis Antonio Cádiz Martínez
San Juan, 7 may (INS).- Un gran jurado federal emitió un pliego acusatorio en el caso del asesinato de Keishla Rodríguez Ortiz, de 27 años, y en el documento se da a conocer la identidad del cómplice del boxeador Félix Verdejo, acusado de matar a la mujer embarazada y lanzar su cuerpo a la laguna San José de San Juan.
Se trata de Luis Antonio Cádiz Martínez, quien cooperó con el FBI para dar con el paradero del cuerpo de la mujer.
Verdejo afronta cargos por ”carjacking” con resultado de muerte, secuestro (también con resultado de muerte), asesinato de un niño no nacido, así como por el uso y portación de un arma durante la comisión de un delito violento.
En tanto, Cádiz Martínez, quien debía recibir dinero por ayudar a Verdejo a cometer el crimen reportado el pasado 29 de abril, está acusado de los mismos cargos, excepto el último. INS
P. Rico-Denuncia CABE cobardía de legisladores que votaron en contra o se abstuvieron en Comisión del PS184
San Juan, 7 may (INS).- El Comité Amplio para la Búsqueda de la Equidad (CABE) catalogó de cobardes a las senadoras y senadores que votaron en contra o se abstuvieron en la votación del informe positivo de la Comisión de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicción sobre el Proyecto del Senado 184, dirigido a prohibir las llamadas terapias de conversión en el país.
“Si públicamente reconocen que las terapias de conversión son maltrato, si en el pasado incluso votaron a favor de un proyecto similar, si de las vistas quedó claramente establecido que el proyecto estaba bien redactado y era apoyado por más de 78 entidades profesionales y civiles y que no interfiere ni con la libertad de religión ni con el derecho a la crianza de padres y madres, entonces, votar en contra equivale a una de dos cosas: o se es irremediablemente cobarde o se tiene la misma mentalidad homofóbica y maltratante de los grupos de odio que se oponen al proyecto”, dijo Amárilis Pagán Jiménez, portavoz de CABE.
Mientras, Carmen Milagros Vélez, igualmente vocera de la organización, consideró decepcionante ver cómo las senadoras y senadores, que votaron en contra del informe positivo del PS 184, le fallan a la niñez y a la juventud puertorriqueña.
“En vez de proteger del maltrato a nuestras niñas y niños, el mensaje que envían es uno de que no les importa, de que sus testimonios no son suficientes para convencerlos de actuar a favor de ellos y ellas”, aseveró Vélez.
Consideraron que ya existe “un consenso social a favor de la prohibición de las mal llamadas terapias de conversión y que innumerables iglesias se han expresado en contra de las mismas”.
“También resaltaron que las organizaciones profesionales de Puerto Rico, en su totalidad, endosaron la medida”.
Sin embargo, dijeron, Thomas Rivera Schatz, Rubén Soto, Ada García, Joanne Rodríguez Veve, Wanda Soto, Albert Torres, Marissa Jiménez y Ramón Ruiz le votaron en contra; así como se abstuvieron José Luis Dalmau, Marially González y Javier Aponte Dalmau.
“En este momento el país está unido —en una sola voz— en contra del maltrato, de la violencia de género y del abuso. Las senadoras y senadores que votaron en contra de este informe positivo van en contra de esa unión de propósitos, dijo Vélez.
Consideró que “es doloroso, inhumano y cruel ver como por un lado dicen estar en contra de la violencia mientras por otro lado votan para seguir permitiendo el maltrato que son estas torturas de conversión”.
CABE dejó claro que en Puerto Rico ya las terapias de conversión están prohibidas por una orden ejecutiva que sigue vigente, al igual que las organizaciones profesionales de la conducta y la salud mental las han prohibido en sus prácticas, por lo que falta es convertirlo en ley para que tenga más garras y nadie pueda eliminarlo de nuestro estado de derecho.
“Es hora de que en Puerto Rico se prohíban estas mal llamadas terapias de conversión. Tal vez no será hoy, pero eventualmente lo lograremos. Hay que llamar las cosas por su nombre: son maltrato, son tortura, son violencia”, expuso Osvaldo Burgos Pérez, portavoz de CABE.
Agregó que “no vamos a cejar en nuestro empeño por defender a nuestra niñez y a nuestra juventud. Ahora, más que nunca, nuestra lucha arrecia por la dignidad de nuestra gente Lgbttiq+”. INS
P. Rico-Exige SPT la incorporación inmediata de medidas y recursos para combatir la violencia machista
San Juan, 7 may (INS).- El Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores y Trabajadoras (SPT), Local 1996 SEIU, reaccionó consternado ante la ola de violencia contra las mujeres que arropa al país.
De esa manera, el gremio exigió al Estado que implemente de manera inmediata y efectiva la declaración de Estado de Emergencia, decretado hace poco más de tres meses y que incorpore, además, la perspectiva de género al currículo escolar.
“Al igual que todo el país, estamos sumamente consternadas y consternados ante los asesinatos de Keishla (Rodríguez Ortiz) y Andrea (Ruiz Costas), así como con la violencia y la discriminación estructural que enfrentan las mujeres”, indicó Roberto Pagán, presidente del SPT.
Agregó que “el feminicidio, como una manifestación extrema de violencia, es producto de un complejo entramado de estructuras e ideologías que históricamente han puesto a las mujeres en una posición de inferioridad y desventaja”.
“En ese sentido, urge que comencemos por desaprender conductas sociales que discriminan, marginan, invisibilizan, objetivizan y desvalorizan a las mujeres”, añadió Karen De León, vicepresidenta del sindicato.
Expuso que “es imprescindible que el Departamento de Educación incorpore de manera inmediata la perspectiva de género en la educación de manera transversal como un paso en la consecución de un Puerto Rico de paz para las mujeres y niñas”.
Además, el SPT hizo un llamado al Ejecutivo y la Rama Judicial a no sólo destinar más recursos para combatir la violencia machista sino que instó a ambas ramas de gobierno a establecer mecanismos de rendición de cuentas y fiscalizar la gestión de sus funcionarios y funcionarias.
De igual manera, celebró la rectificación al recorte presupuestario y restitución de fondos hecho por la Junta de Control Fiscal a la partida relacionada a erradicar la violencia de género.
“Gracias a la censura masiva a la Junta, ese organismo impuesto tuvo que retractarse de sus intenciones, pues es inaudito que un país donde, hasta ahora, asesinan a una mujer cada siete días, se pretenda recortar los fondos destinados a erradicar la violencia”, recalcó De León. INS
P. Rico-Cámara aprueba medida del Senado que exige que contratos de la AEE con otras compañías deberán ser rectificado por la Asamblea Legislativa
San Juan, 7 may (INS).- La Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público Privadas y Energía, aprobó ayer legislación para disponer que la contratación de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) con compañías, sociedades o corporaciones subsidiarias con fines pecuniarios o no pecuniarios, afiliadas o asociadas para determinados fines, deberá ser ratificada por la Asamblea Legislativa mediante resolución concurrente.
El proyecto del Senado 213, de la autoría de los senadores Javier Aponte Dalmau y Ramón Ruiz Nieves, fue aprobado el pasado 23 de marzo de 2021 y hoy fue avalado unánimemente y presentado sin enmiendas durante una audiencia pública de consideración final.
El estatuto busca enmendar el inciso (u) de la Sección 5 de la Ley 83 de 1941 (“Ley de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico”).
“Esta Asamblea Legislativa nunca ha consentido a delegar en la Autoridad de Energía Eléctrica ni en ninguna agencia, corporación o división de la Rama Ejecutiva el poder para la extinción directa o indirecta de dicha corporación pública. Ante esto, esta Asamblea, mediante la presente ley, retoma sus responsabilidades de salvaguardar el interés público en la toma de decisiones sobre el futuro de los activos y la operación de la Autoridad’’, expresó Aponte Dalmau.
El proyecto requeriría la ratificación de la Asamblea Legislativa para varias facultades de la AEE que ahora solo requieren aprobación del Negociado de Energía (NE) como, por ejemplo, entrar en acuerdos de Alianza Público Privada y dividirse en subsidiarias para las áreas de generación, transmisión y distribución.
En la medida se incluye en la lista de “determinados fines”, otros incisos como el de “desarrollar, financiar, construir y operar proyectos industriales y otras infraestructuras directamente relacionadas con la maximización de la infraestructura eléctrica de la Autoridad (para tener un sistema eléctrico estable, de la más alta tecnología, sostenible, confiable y altamente eficiente)”.
También añaden “adquirir, tener y disponer de valores y participaciones, contratos, bonos u otros intereses en otras compañías, entidades o corporaciones, ejercer todos y cada uno de los poderes o derechos que tal interés le conceda, siempre que, a juicio de la Junta, dicha gestión sea necesaria, apropiada o conveniente para alcanzar los propósitos de la Autoridad o para ejercer sus poderes”.
Asimismo, contiene el “vender, arrendar, ceder o de otra forma traspasar cualquier propiedad de la Autoridad o delegar o transferir cualesquiera de sus derechos, poderes, funciones o deberes, a cualesquiera de dichas compañías, entidades o corporaciones que estén sujetas a su dominio total o parcial, excepto el derecho a instar procedimientos de expropiación”.
De igual modo, el lenguaje actual de la ley orgánica de la AEE, según el senador, “podría llevar a la absurda conclusión de que esa corporación pública tiene el poder para autoliquidar sin el consentimiento de la Asamblea Legislativa y sin mandato de ley mediante diversos negocios jurídicos que la haga inoperante o inexistente”.
La pieza legislativa fue aprobada con diez votos a favor.
Ahora el proyecto pasa a la consideración del pleno cameral en la próxima sesión legislativa.INS
P. Rico-Aprueban proyecto que protege a posibles pacientes en riesgo de adicción de sustancias controladas
San Juan, 7 may (INS).- La Comisión de Salud de la Cámara aprobó legislación que busca establecer la obligación ineludible de las personas autorizadas, mediante esta ley, a que revisen y analicen la información de monitoreo de recetas contenidas dentro del Programa de Vigilancia de Recetas de Medicamentos Controlados.
El proyecto de la Cámara 625, de la autoría de Sol Higgins Cuadrado y el presidente cameral Rafael Hernández Montañez, fue avalado unánimemente y presentado con enmiendas durante la audiencia pública de consideración final en el salón María Luisa Arcelay.
El estatuto busca enmendar el inciso (d) del Artículo 7 de la Ley 70 de 2017, “Ley de Vigilancia de Receta de Medicamentos Controlados”, para que se lea como ”Confidencialidad, Acceso y Uso de la Información de Monitoreo de Receta”.
”Esta Asamblea Legislativa entiende meritorio la aprobación de esta enmienda a la Ley 70 de 2017, con el fin de maximizar la funcionalidad del Programa, protegiendo así a posibles pacientes en riesgo de adicción de narcóticos o sustancias controladas. Además, identificar el desvío mediante recetas fraudulentas hacia el tráfico de drogas y mejoramos la forma en que se prescriben los medicamentos controlados; reduciendo la cantidad de personas que los usan indebidamente, al tiempo que logramos que los pacientes tengan un mejor tratamiento de su condición de salud dentro de la jurisdicción de Puerto Rico”, expresó en su turno inicial la presidenta de la Comisión.
El Programa de Vigilancia de Recetas de Medicamentos Controlados fue establecido al amparo de la Ley 70 de 2017 con el fin de implantar y mantener un sistema de vigilancia electrónica para el monitoreo de recetas de sustancias controladas y medicamentos dispensados en Puerto Rico.
Sin embargo, según dispone la pieza legislativa, ”el programa, aunque actualmente ha resultado muy efectivo en el monitoreo de medicamentos controlados recetados, su efectividad puede ser aumentada, ya que la utilización de este es voluntaria por parte del prescribiente de la receta”.
A su vez, las personas que tendrán la obligación de revisar y analizar la información de monitoreo de recetas cuando hayan cumplido con las disposiciones sobre educación dispuestas en el artículo 7 de esta ley serán el prescribiente o su representante autorizado, a tenor con los criterios dispuestos por la administración, de modo que se provean los cuidados de salud necesarios a un paciente con el cual el prescribiente mantiene una relación bona fide o para examinar su propio historial o actividad prescriptiva.
Higgins Cuadrado indicó que para lograr lo requerido en la ley, “será obligatorio que todo prescribiente se registre en el Programa y, a su vez, consulte dentro del mismo cada vez que vaya a prescribir algún medicamento o sustancia controlada a un paciente”.
La administración tendrá un término no mayor de seis meses a partir de la aprobación de la ley para establecer la reglamentación necesaria, así como los formularios y acuerdos colaborativos debidos para su implementación.
La medida fue aprobada con nueve votos.
Ahora el proyecto pasa a la consideración del pleno cameral en la próxima sesión legislativa.INS
P. Rico-Utier pide colgar el nombramiento de Seilhammer
San Juan, 7 may (INS).- El presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier), Ángel Figueroa Jaramillo, pidió al presidente de la Cámara, Rafael Hernández, y a los representantes colgar el nombramiento de Larry Seilhammer a la Secretaría de Estado, “por ser igual a el gobernador Pedro Pierluisi y la Junta de Control Fiscal, en querer lo peor para el país y apoyar el contrato con Luma Energy”.
“Larry ha demostrado con sus acciones que no responde a los mejores intereses del país y no merece estar en esa silla. El papel desastroso que demostró en la vista pública sobre la investigación del contrato de Luma hace evidente que se requiere más que imagen para la posición. Un secretario de Estado necesita conocimiento y compromiso con los mejores intereses del pueblo”, manifestó.
Añadió que “los legisladores tienen que colgar su nombramiento como secretario de Estado por ser partícipe de las acciones del gobernador y la Junta, y estar detrás de este nefasto contrato. Además, Larry como presidente del comité timón para fiscalizar el contrato de Luma no hizo nada con las enmiendas que se presentaron. Él hizo lo mismo que gobernador, hacerse de oídos sordos y no escuchar las recomendaciones de la Cámara y el Senado para detener este contrato”.
Figueroa Jaramillo sostuvo que la Cámara de Representantes ha hecho un trabajo muy revelador en la investigación que realizó sobre la otorgación del contrato a Luma, que aumentará la tarifa en un 15 por ciento, saca empleados puertorriqueños y nos cuesta más de 125 millones al año.
“Confirmar a Seilhammer luego del trabajo que hizo la Cámara en esta investigación, en la cual el país pudo ver lo malo que es, sería una falta de respeto para los propios legisladores, que sí escucharon al país y pidieron detener el contrato. A Larry hay que colgarlo pues demostró que tiene falta de compromiso y que no está capacitado para el puesto. Puerto Rico no puede tener como Secretario de Estado a una persona que apoya un contrato que es malo para el país”, declaró.INS
P. Rico-Derrotado en el Senado proyecto que buscaba prohibir terapias de conversión en el país
San Juan, 7 may (INS).-La Comisión de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicción del Senado votó hoy en contra del proyecto que buscaba prohibir las terapias de conversión en el país.
El rechazo de los miembros de la Comisión, después de recibir el informe de la pieza legislativa, se dio con ocho votos en contra y siete a favor.
La medida legislativa, presentada por los senadores José Vargas Vidot, Rafael Bernabe y las senadoras Ana Irma Rivera Lassén y María de Lourdes Santiago, proponía enmendar varios artículos de la Ley de Salud Mental de Puerto Rico, así como de la Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores.
En la exposición de motivos del proyecto del Senado 184 se destacaba que “la Asociación Americana de Psiquiatría ha expresado que los riesgos potenciales de la llamada terapia reparativa son inmensos. Pueden incluir depresión, ansiedad y comportamiento autodestructivo, ya que la alineación de la persona que ofrece la terapia con los prejuicios sociales contra la homosexualidad puede reforzar el odio a sí mismo ya experimentado por su paciente”.
Entre las organizaciones que han rechazado las prácticas de conversión, se encuentra la Organización de las Naciones Unidas, la Asociación Americana de Medicina, la Asociación Americana de Psicología, la Academia Americana de Psiquiatría Infantil y Adolescente, el Colegio Americano de Fisiatras, la Asociación Americana de Pediatría, la Asociación Nacional de Trabajadores Sociales, la Asociación Americana de Psiquiatría y la Asociación Americana Psicoanalítica.
Tras conocerse la votación, el activista de derechos humanos Pedro Julio Serrano culpó a la delegación del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado por la derrota del proyecto 184.
“La derrota del informe positivo de esta medida, que pretendía prohibir las mal llamadas terapias de conversión, tiene nombre y apellido: el Partido Popular Democrático. Parece mentira que el Partido Popular haya pasado de ser un supuesto defensor de la justicia social a ser un cómplice de los grupos de odio”, aseveró Serrano.
Opinó que “parece que no aprendieron nada de la derrota de Charlie Delgado a la gobernación por homofóbico y misógino. Van por el mismo camino, pero no se han dado cuenta de que el carril del odio está ocupado por el Proyecto Dignidad y que ahí no pueden pescar votos”.
El portavoz de Puerto Rico Para Tod@s recordó que el cuatrienio pasado, bajo el mando del Partido Nuevo Progresista (PNP), “se logró aprobar una medida similar para prohibir las terapias de conversión”.
“El PPD le ha fallado a nuestra niñez y nuestra juventud al no protegerla del maltrato. Es inconcebible que el PNP, que siempre ha sido el partido más homofóbico, pudo aprobar una medida similar al 184 y el PPD ni siquiera puede sacar este proyecto de comisión. Es vergonzoso a donde ha llegado el Partido Popular”, manifestó Serrano.INS
ndc