Inter News Service Agencia de Noticias
Resumen de noticias para el miércoles 5 de mayo de 2021
P. Rico-Oronoz Rodríguez crea grupo de trabajo que tendrá 45 días para atender “serios” señalamientos sobre casos en que víctimas de feminicidios habían solicitado intervención judicial previo a actos de violencia que terminaron en asesinatos
San Juan, 5 may (INS).- La jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite D. Oronoz Rodríguez, dio a conocer la composición y las responsabilidades de un grupo de trabajo creado para evaluar los procesos operacionales relacionados a los casos de violencia de género para tomar las medidas administrativas que se requieran.
La medida fue tomada ante la “seriedad” de los señalamientos sobre casos donde víctimas de feminicidios habían solicitado la intervención judicial previo a los actos de violencia que terminaron con sus vidas.
“El Poder Judicial ha tomado acciones concretas para atajar el problema de violencia de género y atenderlo con la seriedad y sensibilidad que exige. Sin embargo, estas acciones no son suficientes. Nos enfrentamos a un problema de país con raíces tan profundas y complejas que requieren la unión de esfuerzos comunitarios y gubernamentales para atajarla”, reza la orden administrativa antes de dar paso a la creación del Grupo de Trabajo en Casos de Feminicidios.
El grupo estará compuesto por la licenciada Aleida Varona Méndez, quien lo presidirá; Janette Perea López, jueza superior; William Machado Aldarondo, juez superior; Raiza Cajigas Campbell, jueza municipal; y Juan Vera Rivera, juez municipal.
La función primordial del Grupo de Trabajo será recopilar la información relevante a los casos de violencia de género que culminaron en feminicidios y presentar recomendaciones para procurar el mejor manejo de estos casos.
“Esto sin menoscabo del ámbito de discrecionalidad inherente al trabajo judicial y del principio de independencia judicial”, dijo la jueza presidenta..
El organismo deberá rendir un informe preliminar con recomendaciones para atender y corregir los problemas identificados en un plazo de 45 días.INS
P. Rico-Gobernador declara emergencia ambiental por exceso de neumáticos usados
San Juan, 5 may (INS).- El gobernador Pedro R. Pierluisi decretó un estado de emergencia ambiental ante la aglomeración desmedida de neumáticos desechados en gomeras y otras instalaciones alrededor de Puerto Rico.
El mandatario activó los mecanismos necesarios para el manejo y disposición de los neumáticos y propuso que los materiales de las gomas de vehículos de motor puedan ser utilizados para asfalto y productos finales a base de caucho, entre otros fines.
Asimismo, reiteró la necesidad de uniformar los procesos para la disposición de los desechos provenientes de neumáticos, incluyendo la fiscalización continua del Fondo para el Manejo Adecuado de Neumáticos Desechados que se nutre del dinero recaudado por el cargo de disposición impuesto a los neumáticos importados o hechos en Puerto Rico.
Este Fondo es administrado por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA).
“En aras de evitar el peligro y los riesgos constatables para la salud pública decreté un estado de emergencia ambiental y activé los protocolos necesarios para la disposición de los neumáticos. Ante la problemática con el exceso de neumáticos utilizados estamos trabajando una estrategia integral que incluye la radicación de un proyecto de ley para establecer los estándares mínimos en la instalación de gomas, una Orden Administrativa del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales para trabajar con la exportación de gomas y esta Orden Ejecutiva para permitir el uso de neumáticos como mezcla de asfalto en carreteras”, sostuvo el gobernador.
Añadió que “debemos aprovechar al máximo los materiales residuales de los neumáticos para el bien común y evitar a toda costa el almacenamiento de estos al utilizarlos adecuadamente en proyectos de reconstrucción incentivando la economía verde y cumpliendo con las regulaciones ambientales pertinentes”.
La orden ejecutiva 2021- 030 autoriza y ordena al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) identificar las vías públicas en las cuales sea viable establecer como requisito la utilización de asfalto o cemento gomerizado en sus proyectos de construcción y reconstrucción.
Además, ordena a la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3) a evaluar, en coordinación con el DTOP en un periodo máximo de seis meses, los proyectos de reconstrucción a los que puedan incorporar el requisito de la utilización de asfalto o cemento gomerizado.
A tono con esto, COR 3 deberá asegurarse de que dicho requisito no afecte la elegibilidad y el desembolso de los fondos federales para la reconstrucción de las vías públicas.
Como parte de las funciones delegadas en la orden ejecutiva, el DTOP tomará muestras y analizará continuamente el contenido del componente químico de la mezcla a utilizarse para la construcción o reconstrucción de las vías públicas para asegurar el cumplimiento con el estándar de construcción o repavimentación de estas.
Mientras, el DRNA deberá rendir al gobernador un informe cada dos meses sobre el estado de situación incluyendo monitorias, inspecciones, fiscalización de cumplimiento con requerimientos e intervenciones con almacenadores de neumáticos desechados, importadores y distribuidores.
También deberá incluir en el documento a los exportadores, manufactureros, procesadores, entre otros.
En un periodo máximo de cuatro meses el DRNA tendrá que realizar un estudio tarifario en el que se revise el esquema de pagos a las distintas partidas en la cadena del proceso de manejo de neumáticos en Puerto Rico.
Por otra parte, el Departamento de Desarrollo Económico (DDEC) asistirá al DRNA en estudios de mercado, planes de negocios y/o educación sobre el mercado de reciclaje y/o reúso de neumáticos a todo empresario que desee incursionar en esta industria.
Sobre este tema, el gobernador presentó ayer ante el Senado un proyecto de Administración para crear la “Ley de Estándares de Seguridad de Gomas y Neumáticos”.
Con el proyecto de ley se pretende reglamentar la venta y utilización de neumáticos en Puerto Rico, así como establecer unos estándares mínimos de calidad que deberán tener los neumáticos puestos a la venta.INS
P. Rico-Colectiva Feminista consigue compromiso de secretario de Justicia de eficacia en casos de violencia machista
San Juan, 5 may (INS).- La portavoz de la Colectiva Feminista en Construcción, Shariana Ferrer Núñez, aseguró que el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, se comprometió a atender con eficacia los casos de violencia machista.
La activista conversó con el funcionario durante una protesta de la Colectiva Feminista frente a la sede del Departamento de Justicia, en San Juan, ante la crisis que enfrenta el país con los feminicidios.
La Colectiva Feminista realizó el lunes un masivo plantón frente a La Fortaleza, en el Viejo San Juan, reclamando acción ante los asesinatos de mujeres, siendo los más sonados la semana pasada los de Keishla Rodríguez Ortiz, cuya muerte se imputa al boxeador Félix Verdejo, y el de Andre Ruiz Costas.
Emanuelli aseguró, según la luchadora feminista, a que a partir del lunes habrá un fiscal disponible en los casos de violencia doméstica para que no se repita la tragedia de Ruiz Costas, que una jueza de instancia en Caguas, Ingrid D. Alvarado Rodríguez, no aceptó ver su caso por no estar acompañada de un fiscal.
Esto a pesar de que los ciudadanos pueden recurrir a los tribunales por derecho propio, máxime cuando la de la mujer de 35 años había estaba bajo amenaza de su expareja.
Posteriormente, Ruiz Costas no consiguió que en la jueza emitiera una orden de protección, a pesar de estar acompañada de un agente de la policía.
Según una grabación, la joven mujer natural de Ponce narró cómo la jueza Alvarado Rodríguez se molestó por lo avanzada de la hora, a pesar de que había estado en el tribunal desde las 3:00 de la tarde.
La tortuosa situación que enfrentó hizo que Ruiz Costa desistiera de ir en alzada en busca de una orden de protección que, de ordinario debe emitirse sin mayores pretensiones, y finalmente terminó asesinada y su cuerpo quemado tirado en un área de Cayey.
Miguel Ángel Ocasio, con un expediente abultado de violencia machista, fue acusado del crimen y enviado a prisión con una fianza de 1.1 millones de dólares.
La jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite D. Oronoz Rodríguez, ordenó una investigación de lo ocurrido y relevó a la jueza de atender casos mientras culmina la pesquisa.
La Colectiva Feminista volverá a protestar este miércoles, a las 4:00 de la tarde, frente al Cuartel General de la Policía, en HatoRey. INS
P. Rico-Carece de protocolo Familia para atender casos de población sorda tras trascender suicidio de una madre
San Juan, 5 May (INS).- El Departamento de la Familia aceptó que carece de un protocolo particular para atender las situaciones con la comunidad sorda del país, durante una vista pública conjunta de las Comisiones de Bienestar Social y Asuntos de la Vejez y de Derechos Humanos y Asuntos Laborales del Senado.
La investigación que realizan las comisiones surgió a raíz del caso de suicidio de Janet Viera Grau, una joven sorda cuyos hijos habían sido removidos de su hogar por el Departamento de la Familia el 14 de enero de 2021.
Las medidas que dan paso a esta investigación son las Resoluciones del Senado 68 y 70.
La Resolución del Senado 70, de la autoría de los senadores del Movimiento de Victoria Ciudadana (MVC), Ana Irma Rivera Lassen y Rafael Bernabe, ordena una investigación sobre los procesos, protocolos, deberes y funciones de las agencias con responsabilidades bajo la “Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores”.
Mientras, la Resolución del Senado 68 de la autoría de la senadora de la Mayoría del Partido Popular Democrático (PPD), Elizabeth Rosa Vélez ordena una investigación sobre el cumplimiento de varias leyes que atienden a esta comunidad.
Durante su ponencia, el Departamento de la Familia aseguró que, durante la intervención en este caso, en todo momento hubo un intérprete de señas.
Ante preguntas de la senadora Rivera Lassén, el subsecretario de la Familia, Ramón Burgos Bermúdez, y la Administradora de ADFAN, Glenda Gerena Rivas, reconocieron que, en una ocasión, en que la joven madre amenazó con quitarse la vida, no había un intérprete de señas con la trabajadora social que llegó a atender la emergencia.
“Me llama la atención y es patético que no dieron el servicio cuando ella (Viera Grau) amenazaba con quitarse la vida y ese es el momento en que no le dan el servicio”, condenó Rivera Lassen.
Por su parte, la senadora Elizabeth Rosa, del Partido Popular Democrático (PPD), se mostró insatisfecha con las respuestas de los funcionarios del Departamento de la Familia.
“Una ponencia totalmente contradictoria a lo que ustedes están expresando aquí. No estoy satisfecha con las contestaciones que ustedes han dado”, afirmó Rosa, Trabajadora Social de profesión.
La senadora Rosamar Trujillo Plumey, quien preside la Comisión de Bienestar Social y Asuntos de la Vejez, dijo que “hay una responsabilidad que hay que hacer cumplir, el mismo sistema y la falta de supervisión mató a Janet”.
“Es palpable la insensibilidad y el dolor cuando no se es empático con esta población, Janet pedía a gritos auxilio y no se hizo nada. Que esta situación ayude a sensibilizar y a poner visible, para hacerle justicia a todas las personas con alguna diversidad funcional”, expresó Trujillo Plumey.
Por otro lado, Gabriel Corchado Méndez, de la Defensoría de las Personas con Impedimentos, manifestó que el suceso con la madre sorda demuestra la necesidad de más intérpretes certificados para las personas de esta comunidad.
“El evento que motiva la presente resolución (R. del S. 70) nos demuestra que hace falta más aún la presencia de intérpretes certificados o asistencia tecnológica para comunicarse por medio del lenguaje de señas, y que esta intervención este contenida en los correspondientes protocolos no solo del Departamento de la Familia, sino de las demás agencias de gobierno que brinden servicio directo al ciudadano”, expresó Corchado Méndez.
Entre los deponentes se encontraban: Sociedad para la Asistencia Legal (SAL), Coalición Amplia de Diversidad Funcional (CADF), Negociado de la Policía de Puerto Rico y la Defensoría de las Personas con Impedimentos. INS
P. Rico-Patrón de ventas en los restaurantes cayó súbitamente entre enero y abril 2020 de 157 a 50 millones, concluye estudio, que establece que casi el 20 por ciento de estos negocios podría ir a la quiebra
San Juan, 5 may (INS).- Un estudio realizado por Inteligencia Económica y comisionado por la Asociación de Restaurantes de Puerto Rico (Asore) da a conocer la dramática situación de los dueños y operadores de restaurantes debido a la pandemia, además del impacto de la emergencia en sus operaciones.
La investigación concluyó que el patrón de ventas en los restaurantes cayó súbitamente entre enero y abril 2020, de 157 a 50 millones.
Además, establece que los meses posteriores al cierre, con la flexibilización de las medidas de protección, llevaron a que las ventas de los restaurantes se nivelaran a las de meses anteriores.
Pero, aun así, la industria cerró el 2020 con ventas mensuales promedias de 4% por debajo de los meses del 2019.
Igualmente, el 55.1% de los pequeños negocios encuentran la situación “Mal” a diferencia del 38.9% de los comercios grandes.
A su vez, el 47% de los pequeños negocios reportaron pérdidas de más de 50%.
Reducir horarios y empleados son las alternativas más frecuentes utilizadas por los negocios para mantener operaciones.
Las ventas online, aún en medio de la pandemia, no representan un segmento significativo del negocio, determinó el estudio.
De continuar la situación de la pandemia, las opciones para sobrevivir incluyen: 19.8% indicó que sometería la quiebra, 56.2% señaló que reduciría horarios, el 55.1% aseguró que reduciría su plantilla de empleados y el 31% afirmó que consolidaría operaciones.
Los hallazgos de Proyecciones 2021 se presentaron en una actividad especial como la radiografía de industria más exhaustiva al momento.
El informe se hizo disponible en un momento crítico, en donde la isla experimenta repuntes de contagios y hospitalizaciones que han obligado el regreso de un toque de queda más limitante y mayores restricciones a la actividad comercial, incluyendo los restaurantes.
Este sector de por sí ha sido uno de los más afectados por la pandemia, reportando una cifra récord de quiebras, cierres y despidos.
La situación preocupa, pues los restaurantes son un importante motor de desarrollo económico, empleando a más de 60,000 personas.
“Ante esta situación extraordinaria, era imperativo que conociéramos más de cerca el estado actual de la industria de los restaurantes, que tanto ha sufrido los embates de la pandemia. También fue el momento oportuno para medir la perspectiva de futuro que tienen los comerciantes. Mucho se ha dicho sobre el impacto al sector. Con este informe, se ve claramente dónde estamos y cuáles son las expectativas para el futuro”, dijo José Vázquez, presidente de Asore
El ejecutivo recalcó además que la industria está en una situación cada vez más precaria, aún con las ayudas anunciadas por el gobierno federal.
Según Vázquez, los restaurantes en Puerto Rico aún no han recibido fondos de rescate del Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act (Cares), legislación que contiene una asignación de entre 400 y 500 millones para los sectores comerciales más afectados.
También se anunció un paquete de 28.6 millones del Fondo de Revitalización de Restaurantes de la Administración de Pequeñas Empresas de EEUU. (RRF y SBA, siglas en inglés), pero esta asignación preocupa a la Asore por no abarcar las necesidades de los restaurantes en todas las jurisdicciones de los Estados Unidos y sus territorios.
“Todos los sectores han recibido algún tipo de mecanismo de auxilio menos los restaurantes. El gobierno local ha priorizado otras industrias para desembolsar las ayudas. En Asore estamos comprometidos con aterrizar el esfuerzo a nivel local e invitamos al gobierno a también extenderle una mano amiga a los restaurantes”, comentó Vázquez.
Por su parte, Gustavo Vélez, economista y fundador de Inteligencia Económica, comentó que “los restaurantes son un importante pilar de actividad económica en Puerto Rico. Dada la situación difícil que enfrenta la industria, Asore identificó una necesidad de medir a corto plazo el impacto del cierre de negocios a causa de Covid-19 y cómo afectaría a la industria. El objetivo de este informe fue analizar el sector ya que el mismo no tiene una recurrencia de datos sobre su nivel”.
Tanto Vázquez como Vélez coincidieron en el valor del informe, puesto que la industria de los restaurantes es una que ha estado enfrentando obstáculos desde mucho antes de la pandemia, a raíz de contracción económica, altos costos de energía, permisología inconsistente y altamente burocrática, y otros factores.
Para realizar el estudio, Inteligencia Económica encuestó a 88 participantes, incluyendo dueños, operadores, gerenciales y empleados en el sector, un conjunto que abarca 762 establecimientos.
La muestra es representativa de la industria ya que toma en consideración comercios de todos los tamaños, desde establecimientos únicos con menos de tres empleados, hasta empresas más maduras con múltiples locales y cientos de empleados.
Incluye desde cafeterías y restaurantes de servicio rápido (QSR, en inglés), hasta panaderías y “fine dining”.
Con un nivel de confianza de 95% y el margen de error para esta encuesta fue de ±3.2%.INS
P. Rico-Acusan de inacción al DRNA ante destrucción de reserva natural de Salinas, una de las áreas naturales protegidas más grandes del país, por deforestación, remoción de terreno y uso de “four track” en área
Salinas, 5 may (INS).- La legisladora municipal del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en Salinas, Ada Ramona Miranda Alvarado, acusó la inacción del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) ante la destrucción de la reserva natural Planadas-Yeyesa por la deforestación, remoción de terreno y utilización de vehículos todo terreno en el área.
A mediados de abril, la Comisión de Recursos Naturales, Reciclaje y Ornato de la Legislatura Municipal de Salinas realizó una visita al área de la reserva afectada. En el área se pudieron ver carros y basura/Suministrada
Desde hace varios meses, miembros de la organización Ciudadanos en Defensa del Cerro Planadas y Áreas Adyacentes han denunciado el impacto que sufre el lugar, una de las áreas naturales protegidas más grandes de Puerto Rico y de gran importancia para los acuíferos del sur, las especies y los recursos culturales.
Para Miranda Alvarado es inaudito que la agencia ambiental llamada a proteger las reservas naturales, no detengan la deforestación y construcción ilegal que ocurre en la Yeyesa.
“Esta reserva fue creada mediante la Ley 192 del 13 de diciembre de 2007, para ser preservada ante los impactos causados a muchos lugares de riqueza natural por el mal llamado desarrollo o por el descuido. Sin embargo, este lugar maravilloso, como lo califica la exposición de motivos de la ley, está siendo destruido y el DRNA no está cumpliendo su función de proteger el ambiente y hacer cumplir la ley”, denunció Miranda.
A mediados de abril, la Comisión de Recursos Naturales, Reciclaje y Ornato de la Legislatura Municipal de Salinas realizó una visita al área de la reserva afectada.
“Allí nos reunimos con Luis Torres, director regional del DRNA, con Juan Colón Rivera, biólogo de la agencia, y con Nilda Moyett, oficial también del DRNA. Pudieron ver directamente lo que está ocurriendo en la Yeyesa. Aquí se sometieron querellas desde septiembre del año pasado y el DRNA lleva varios meses sin presentar un informe sobre las mismas. Todo el mundo va a solicitar el informe al Cuerpo de Vigilantes, pero nadie sabe dónde está”, explicó la legisladora del PIP.
Incluso, dijo que se le solicitó a la agencia que declarara un cese y desista, basado en la ley, “pero al día de hoy no se ha tomado acción. La destrucción de la reserva continúa”.
Miranda Alvarado también informó la presentación de la resolución del Senado 192, presentada por la senadora María de Lourdes Santiago Negrón, la cual ordena a la Comisión de Agricultura y Recursos Naturales investigar las denuncias realizadas por la comunidad sobre las acciones ilegales en la Reserva Natural Planadas-Yeyesa.INS
P. Rico-Organizaciones favorecen eliminar el DSP debido a burocracia y pérdida de recursos económicos
San Juan, 5 May (INS).- Las organizaciones de trabajadores de los distintos componentes del Departamento de Seguridad Pública (DSP) endosaron la medida dirigida a su eliminación por entender que su creación, bajo la Ley 20-2017, provocó un nivel más alto de burocracia y una pérdida en los recursos económicos necesarios para el funcionamiento de los seis negociados.
El Frente Unido de Policías Organizados (FUPO) favoreció durante el segundo día de vista pública de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Representantes sobre el Proyecto de la Cámara 295, al asegurar que esto permitirá que los negociados recobren los recursos, brinden a los empleados mejores condiciones laborales y recuperen sus poderes de origen establecidos en sus respectivas leyes orgánicas.
La Ley 20 fue aprobada con el propósito de reducir los gastos administrativos y lograr una respuesta operacional ágil al unir bajo una sola agencia la Policía de Puerto Rico; el Cuerpo de Bomberos; el Cuerpo de Emergencias Médicas; la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres; el Sistema de Emergencias 9-1-1; el Instituto de Ciencias Forenses y el Negociado de Investigaciones Especiales.
Sin embargo, el pasado año la Legislatura aprobó la Ley 135-2020, la cual separó al Negociado de Ciencias Forenses del componente del DSP y restituyó su autonomía como instituto.
“El logro proyectado (del DSP) no ocurrió, resultando en un descalabro administrativo y fiscal, y afectó el servicio de seguridad a la ciudadanía”, afirmó el FUPO en una ponencia firmada por su presidente Diego Figueroa Torres.
Entre sus reclamos principales, destacó que al comisionado de la Policía se le restó la autoridad del puesto ante el secretario del DSP.
La unión de policías también declaró que ha surgido una merma sustancial en las investigaciones y esclarecimientos de casos como resultado de la Ley 20.
Según estadísticas sobre el desempeño de la Policía bajo la sombrilla del DSP, el esclarecimiento de casos disminuyó de un 57% en 2016 a un 21% en 2020.
“Esta disminución en su eficiencia operacional obedece en gran medida a que bajo el DSP se carece de las herramientas, recursos económicos, adiestramientos adecuados y trabajo en equipo entre los componentes del sistema criminal, causando una debacle administrativa. Ha habido un decrecimiento funcional y operacional en los servicios que se esperaban, y en el desempeño de estos negociados”, manifestó el FUPO
A las expresiones de los policías se unió el Sindicato de Bomberos, que también considera que la eliminación del DSP y el restablecimiento de la Ley del Cuerpo de Bomberos representa un mejor servicio público para los ciudadanos.
“No hay nadie en el país que diga que el Departamento de Seguridad Pública vino a traer beneficios a nuestro pueblo. Todo lo contrario, su ineficiencia ha sido palpable en las crisis que ha tenido que enfrentar el pueblo, como ha sido el huracán María, los terremotos, la pandemia de Covid-19, entre otras”, aseveró el presidente José Tirado García, quien presentó un listado con 900 firmas de bomberos en respaldo a la pieza legislativa.
Tirado García propuso consolidar al Cuerpo de Bomberos y el Cuerpo de Emergencias Médicas por concepto de un mejor manejo de las finanzas de ambos componentes y extensión de los servicios.
El representante Ramón Luis Cruz Burgos, presidente de la comisión cameral, adelantó que radicará un proyecto por petición para atender la propuesta.
“No creo en la sombrilla. Nosotros como comisión y como Legislatura vamos a impulsar hasta donde podamos lo que merecen nuestras agencias, que es que tengan su autonomía e independencia”, argumentó el legislador.
Enfatizó que los negociados tienen la capacidad de operar y ejecutar “sin necesidad de tener a nadie sobre ellos”.
Mientras, la Unión de Trabajadores de las Comunicaciones de Puerto Rico, que representa a los empleados del Negociado de Sistema de Emergencias 9-1-1, afirmó que es “imperativo” que se apruebe el proyecto de ley tras acentuar una crisis administrativa y un déficit presupuestario dentro de la agencia al operar con fondos propios.
“El 9-1-1 nunca había pasado por una situación donde las obligaciones excedan los ingresos hasta que entró a ser parte de la sombrilla. Como modo de ejemplo, el 9-1-1 dejó de pagar la remesa a los municipios integrados, creando así una crisis en el tiempo de respuesta”, dijo el presidente Aramis Cruz Domínguez.
El tiempo de respuestas a emergencias en la isla aumentó de 30 a 40 minutos durante el pasado cuatrienio, según la información que surgió en la vista.
“No existe argumento alguno para que el 9-1-1 permanezca dentro del DSP. Tampoco existe justificación para que permanezca vigente dicho Departamento”, sostuvo Cruz Domínguez.
Cuando el presidente de la comisión preguntó a los líderes sindicales qué ha aportado el DSP desde su implementación, los tres respondieron “nada”.
“El DSP acabó siendo un gasto, quebrando a los que eran autosuficiente; añadiendo más burocracia; desmotivando a los empleados de las diferentes agencias; atrasando el tiempo de respuesta; bajando el esclarecimiento de casos; perdiendo fondos federales porque no se han establecido y realizado tareas que se debieron hacer”, denunció Cruz Burgos.
La comisión cameral igualmente atendió la Resolución de la Cámara 232, que investiga al mismo tiempo el funcionamiento del DSP. Aunque el FUPO no mostró reparos, el Sindicato de Bomberos se opuso a la medida por entender que en los pasados años la agencia sombrilla ha demostrado que no ha cumplido con su rol. INS
ndc