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San Juan, 4 may (INS).- La Comisión sobre Derechos del Consumidor, Servicios Bancarios e Industria de Seguros de la Cámara, que preside la representante Estrella Martínez Soto, realizó hoy martes una vista pública para investigar la alegada violación a los procedimientos del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) en el aumento del precio del tanque de gas licuado por parte de los importadores.
La audiencia a partir de la Resolución de la Cámara 219, que indaga la venta a sobreprecio en diciembre de 2020 del tanque de gas licuado por parte de los importadores.
Los representantes a la Cámara recibieron ponencias de la Federación de Distribuidores de Gas (Fedigas), representada por Carlos Jurado Roque, y en representación del Departamento de Justicia, Mónica Rivas.
El secretario del DACO, Edan Rivera Rodríguez, no compareció a la vista pública limitándose a enviar un memorial explicativo a pesar de haber sido citado con anterioridad por la Comisión.
“Habíamos citado al secretario del DACO para que depusiera en esta vista pública y, curiosamente, sale a relucir que están visitando los distribuidores y detallistas de gas”, expresó en su turno inicial la representante Martínez Soto.
Consideró que “cuando se está tocando un tema tan importante y le estamos dando seguimiento a esta situación que afecta a sobre 600 mil consumidores y comercios, están en la calle haciendo supuestamente lo que les corresponde: fiscalizar y regular a las industrias”.
En el documento enviado por DACO, se indicó que Puerto Rico, al no producir petróleo, coloca a la agencia en una “situación de vulnerabilidad en lo que respecta a las fluctuaciones en precio de sus derivados, incluido el gas licuado”, y sugirieron a la Comisión que, en vez de dirigir su investigación en torno a la regulación del gas licuado, deberían girar la discusión hacia leyes que fomenten un mercado más “competitivo y equitativo”.
Entre las sugerencias contenidas en el memorial firmado por el secretario del DACO están revisar el historial legislativo de la Ley 3-1978 y realizar un análisis económico que permita determinar si es posible extender los alcances de la legislación; establecer mecanismos que faciliten y promuevan el ingreso en el mercado de nuevas empresas a nivel de mayoristas/importadores; y evaluar la Ley 77-1964 y ponderar la posibilidad de, al amparo de esta, conceder mayores facultades al DACO.
El secretario Rivera Rodríguez explicó en su escrito que la Ley 3, por tratarse de una legislación que no administra la agencia, propusieron que la Oficina de Asuntos Monopolísticos del Departamento de Justicia (OAM), asuma la jurisdicción para velar por sus disposiciones.
De igual manera, estableció que la Ley 77 impide a la dependencia gubernamental investigar o atender toda alegación en torno a posibles prácticas monopolísticas por el hecho de que, en Puerto Rico, solo dos empresas acaparan el mercado: Empire Gas, con el 80%, y Tropigas, con 20%.
De esa forma, el secretario pidió que se le concediera la posibilidad de obtener la jurisdicción compartida con la OAM y, de esa manera, DACO tenga la potestad en ley para investigar y atender las alegaciones sobre presuntas prácticas monopolísticas.
“Confiamos en que el interés y compromiso con que están atendiendo el asunto esta Comisión se traducirá pronto en medidas que beneficien al mercado; y, en consecuencia, mayores ventajas a los consumidores”, concluyó Rivera Rodríguez en su escrito. INS
ndc