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Alexis Jiménez, Servio Tulio Castaños Guzmán, Alfredo Pacheco, feministas exigiendo las tres causales y los diputados sesionando. Inter News Service
Por Manuel Vólquez
Santo Domingo, 30 abr (INS).- La Cámara de Diputados aprobó el nuevo Código Penal dominicano en el que solo incluyó la despenalización del aborto en el caso de riesgo para la vida de la madre, dejando fuera de la agenda las otras dos causales de interrumpir el embarazo cuando es producto de una violación o del incesto y cuando el feto es incompatible con la vida extrauterina.
La primera causal que hacen referencia quienes reclaman la inclusión de las tres excepciones del desembarazo en el Código Penal, es “cuando la vida de la madre está en peligro”, con lo que dejan fuera el enunciado “no es punible de demandas, si con antelación, para salvar las vidas de la madre y del feto en peligro, se agotan todos medios científicos y técnicos disponibles hasta donde sea posible”.
La decisión causó la inmediata protesta de grupos feministas y de los legisladores del opositor Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que reclaman la despenalización del aborto en tres causales, y no en solo una.
Esa última postura también cuenta con el consentimiento del presidente de la República, Luis Abinader, y del anterior gobernante Danilo Medina Sánchez.
La prohibición del aborto en la República Dominicana y el rechazo a las causales es apoyada por la Iglesia católica y otras organizaciones religiosas que abogan por la preservación de la vida del feto.
El controvertido proyecto fue aprobado con 146 votos a favor y 14 en contra, pero para entrar en vigor como ley requerirá de una nueva revisión de parte de los diputados y su posterior análisis en el Senado.
Ya convertido en ley, el documento pasará al Poder Ejecutivo que tiene la opción de promulgarlo mediante un decreto o devolverlo con sus observaciones al Congreso Nacional.
En su turno de ponencia y previo al proyecto ser sometido a la consideración del hemiciclo para proceder a la votación, el presidente de la Cámara de Diputados y principal proponente de la iniciativa, Alfredo Pacheco, justificó la aprobación, al tiempo de recordar que cuando asumió la presidencia por primer vez en 2003, conversó con la Comisión de Justicia sobre la necesidad de que se aprobara el Código Penal.
En tanto que la vicepresidenta del bufete directivo de ese hemiciclo, Olfanny Yuverka Méndez Matos, del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), destacó la importancia del nuevo código y los 69 tipos penales. Dijo que definir el aborto como solución es un nuevo trauma que se le pone a la mujer, “porque no dejan de ser madres porque hayan abortado, solo que son madres de hijos que están en el cielo”.
El informe favorable con modificaciones al proyecto del Código Penal, presentado en marzo pasado, establece que se exime de condenas cuando el aborto es practicado luego de agotar todos los procesos científicos y técnicos.
El artículo 112 del documento aprobado dice que “la interrupción del embarazo practicado por personal médico especializado en establecimientos de salud, públicos o privados, no es punible si, con antelación, para salvar las vidas de la madre y del feto en peligro, se agotan todos los medios científicos y técnicos disponibles hasta donde sea posible. En esas circunstancias, las conductas se consideraran como propias del hecho justificable del estado de necesidad”.
Otro tema controversial que figura en esa legislación es la penalidad consensuada contra las personas involucradas en entramado societario de corrupción administrativa en perjuicio del Estado dominicano.
En este aspecto, el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, refirió que el artículo 303 del proyecto de ley dispone penas de 2 a 3 años para los delitos de corrupción, por lo que pidió a la Comisión de Justicia que estudia esta pieza reconsiderar este punto.
El jurista ya advirtió que esas penas benignas “incentivan a cometer más actos de corrupción en el país” y premiar a los autores del latrocinio del erario.
“Mientras nosotros estamos enfocados en el tema de las causales (por el aborto), a nosotros nos ha sorprendido que se aprobara y estamos en la semana de la ética, una cosa que va en contra de todos los tratados internacionales, que va a incentivar la corrupción en este país”, declaró.
Castaños Guzmán se refirió a la necesidad de aprobar una ley de extinción de dominio que permita expropiar a los funcionarios gubernamentales los bienes producto de actividades ilícitas.
Cabe destacar que la Finjus venía haciendo, desde hace tiempo, observaciones al proyecto de Código Penal orientadas esencialmente “en la actualización de la pieza legislativa como instrumento indispensable para la consecución de una política criminal verdaderamente efectiva al momento de enfrentar las novedosas formas y esquemas delincuenciales”.
Sus propuestas de modificación a esa normativa jurídica, dijo en su ocasión, “ponen de manifiesto las valoraciones jurídico-sociales, los vacíos, las contradicciones y las deficiencias de las disposiciones legales de nuestro actual Código Penal”.
Esas observaciones, agregó, afinan “aspectos para el entramado jurídico penal como son, la responsabilidad penal de las personas jurídicas y el cúmulo de penas como respuesta al crimen organizado nacional y transnacional”.
La aclaración de diputados
Son varios los artículos que contiene el Código Penal Dominicano en lo referente a las sanciones contra los implicados en casos de corrupción administrativa, incluyendo el cúmulo de penas de hasta 60 años.
Así lo explica el presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, Alexis Jiménez, aclaratoria que surge luego de ver la reacción del vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia.
“En el tema de la corrupción, el que cometa un ilícito penal va a tener en el menor de los casos 21 años de prisión, en el mayor de los casos va a estar entre 53 a 60 años, porque hay cúmulo de penas, son infracciones reales y dentro de ese capítulo, para haber corrupción tiene que haber la concusión y cuando se da concusión se da malversación de fondos, enriquecimiento ilícito y el cohecho activo”, explicó el congresista.
Jiménez resaltó que el artículo 303, que habla sobre la corrupción, no se configura solo y enfatizó que para haber corrupción tiene que haber un cohecho activo o un tráfico de influencia, enriquecimiento ilícito o malversaciones de fondos.
En ese sentido, destacó que cada uno de esos ilícitos, conllevan sanciones que van de cuatro a diez años de prisión. También puso como ejemplo el caso del robo, aclarando que este delito empieza con sanciones leves y luego continúa con castigos más fuertes.
“En el caso del robo, el primero es el robo normal, el segundo es el robo agravado, el tercero es el robo con violencia y asesinato y eso es así, eso pasa en todos los artículos del Código”, precisó.
Además, Jiménez resaltó que se dio aquiescencia a la Comisión de Justicia para que hiciera algunas modificaciones, las cuales no se pudieron realizar el mismo día de la aprobación por el ambiente existente en el hemiciclo.
La población dominicana tiene ahora la mira puesta sobre el Senado de la República, que deberá revisar la pieza legislativa puesta en su cancha y tener en cuenta los reclamos de las organizaciones feministas, de los congresistas del PLD, la observación de la Finjus y la postura de las entidades religiosas respecto al aborto. INS
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