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Soldados estadounidenses con bazookas y lanzagranadas revisan a un ciudadano dominicano durante la guerra de 1965. / Inter News Service
Por Manuel Vólquez
Santo Domingo, 24 abr (INS).- La Nación dominicana conmemora hoy los 56 años de la Guerra de Abril, un histórico acontecimiento que motivó a hombres y mujeres a tomar las armas en la búsqueda del retorno de la democracia, tras el derrocamiento del entonces presidente Juan Bosch, en 1963 y que apenas gobernó durante siete meses.
Unas elecciones libres legitimaron al gobierno liberal democrático de Bosch, quien expresó su preocupación por el bienestar de todos los dominicanos, especialmente los de estratos modestos, aquellos cuyas voces nunca antes habían sido realmente escuchadas desde la cúpula del Palacio Nacional.
El golpe de Estado provocó que el líder político José Francisco Peña Gómez, hoy fallecido, anunciara a través del programa de radio “Tribuna Democrática” que se había iniciado una revuelta militar. Fue la alerta para que la población se lanzara a la calle a defender al primer mandatario democrático luego de 32 años de una férrea dictadura.
La madrugada del 25 de abril estallaron las luchas al Este de la capital, cuando los revolucionarios capturaron el único puente entre Santo Domingo y la base de la Fuerza Aérea en San Isidro: el Juan Pablo Duarte.
Dos días más tarde, miembros de la Fuerza Aérea bombardeaban los lugares ocupados por la población armada, mientras que un grupo cívico-militar respondía con tanques y armas de guerra.
La gesta, también conocida como la Revolución del 65, que se extendió hasta el 3 de septiembre de 1965, comenzó cuando seguidores civiles y militares respaldaron al derrocado gobernante y los golpistas lo sustituyeron por el empresario Donald Reid Cabral.
El golpe de estado llevó al general Elías Wessin y Wessin a organizar militares leales al presidente Reid Cabral, empezando una campaña contra aquellos luchadores revolucionarios, que los golpistas llamaban “rebeldes constitucionalistas”.
Alegaciones de apoyo extranjero a los revolucionarios por parte de derrocadores de Bosch y la incapacidad de estos de controlar la crisis política, conllevó a una intervención en el conflicto en la que participaron tropas estadounidenses.
El 28 de abril, Estados Unidos intervino el país activando la “Operación Power Pack”. El presidente Lyndon B. Johnson envió una fuerza de 42 mil soldados con el argumento de “garantizar la seguridad en Santo Domingo y para restablecer el orden”.
Johnson había actuado con la firme creencia de que los constitucionalistas estaban compuestos por comunistas y que, por lo tanto, no se podía permitir que llegaran al poder.
La ocupación fue concedida, en cierta medida, debido a una aprobación hemisférica con la creación de una Fuerza Interamericana de Paz (FIP) auspiciada por la Organización de Estados Americanos (OEA), la que complementó la presencia castrense norteamericana en la nación caribeña.
Un inicial gobierno provisional fue dirigido por el general Antonio Imbert Barrera, uno de los participantes en la muerte del dictador Rafael Leónidas Trujillo, en 1961. Más tarde, Héctor García Godoy asumió la presidencia provisional el 3 de septiembre de 1965 mediante un acuerdo entre las partes.
Algunos enfrentamientos violentos entre legitimistas y constitucionalistas continuaron de forma esporádica ya que, una vez más, las elecciones fueron organizadas.
Los historiadores dominicanos han calculados el número de muertos durante la Revolución de Abril en unos cinco mil, incluyendo civiles y militares, pero no existe una estadística exacta y creíble de las personas que perdieron la vida o desaparecieron en la contienda civil, ya que los organismos oficiales no pudieron determinar el paradero de cientos de extraviados.
Además, porque muchos civiles fueron asesinados, sus cuerpos desaparecidos y los familiares, posiblemente por miedo, no reclamaron sus cadáveres ni indagaron sobre sus paraderos. En los días posteriores a la revolución se habló de enterramientos en fosas comunes en la zona de Yamasa y La Victoria, así como en otros lugares en la periferia de Santo Domingo, pero eso nunca pudo ser confirmado.
Los actos jurídicos
El abogado Julio César Castaños Guzmán, expresidente de la Junta Central Electoral (JCE), cita en un análisis publicado en un medio local los actos jurídicos que pusieron fin a la contienda cívica.
Explica que las elecciones generales, en un plazo no menor de seis meses ni mayor de nueve y un presidente provisional con capacidad para legislar, era parte del contenido de un Acto Institucional, documento que estuvo a su vez precedido por el Acta de Reconciliación Dominicana.
Expresa que estos instrumentos jurídicos, que resultaron fundamentales para el retorno a la institucionalidad democrática de República Dominicana, permitieron poner fin a la guerra y al restablecimiento de la soberanía nacional.
Afirma que ambos textos “constituyen una obra notable de ingenio jurídico y neo contractualismo, con toda la relevancia para formar parte de Los Documentos Básicos de la Historia Dominicana, tal y como sobresalen y destaca Wenceslao Vega B. en la obra de su autoría que lleva ese título”.
“El Acta de Reconciliación, suscrita el 31 de agosto de 1965, fue el resultado de las arduas negociaciones impulsadas por la OEA a través de la Comisión Ad-Hoc de la Décima Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, y las partes beligerantes, era en la especie mucho más que un armisticio para suspender las hostilidades de una contienda civil que enfrentaba a los dominicanos”, explica.
“Fue suscrita por los representantes del gobierno constitucionalista de Francisco A. Caamaño y el gobierno provisional de la República Dominicana presidido por Héctor García Godoy, y suscrita además, por la propia Comisión Ad-Hoc de la OEA, cuyo contenido destaca una amnistía general, para aquellas personas que habían participado en la contienda, a ser decretada por el gobierno provisional la desmilitarización, el desarme de la población civil, lo concerniente a la salida de las tropas de la Fuerza Interamericana de Paz (FIP) y la aceptación del Acto Institucional como instrumento constitucional”, afirma Castaños Guzmán.
Agrega el jurista que si bien el gobierno de Reconstrucción Nacional, que previamente había renunciado, no firmó el documento del Acta de Reconciliación Dominicana, “sí hizo una declaración formal, a través de sus jefes militares, más no de su presidente, general Antonio Imbert, expresando que cedía el paso al Gobierno Provisional, con la finalidad de que el país pudiera comenzar en paz relativa, el gran período de reconstrucción que merece”.
Y manifestaba, además, su apoyo al Acta de Reconciliación Dominicana, al Acto Institucional y al presidente, del gobierno provisional, doctor Héctor García Godoy.
Según afirma Castaños Guzmán, el Acto Institucional, cuyo primer borrador elaborado por el secretario ejecutivo del Instituto Interamericano de Estudios Jurídicos, apenas contaba inicialmente de 10 artículos, “fue notablemente enriquecido y ampliado por el trabajo de la comisión negociadora del gobierno constitucionalista y distinguidos juristas dominicanos”.
El documento fue rubricado, finalmente, el 3 de septiembre de ese año, tanto por el coronel constitucionalista Francisco Alberto Caamaño como por Héctor García Godoy, y si bien integraba las atribuciones del poder ejecutivo y legislativo en la persona del presidente provisional, y excepcionalmente, de éste con la aprobación de las dos terceras partes del gabinete para determinados temas.
Por ejemplo, las “modificaciones al régimen de moneda y la banca”, pero mantenía las jurisdicciones judiciales sin afectar la soberanía e imperio de las mismas, confiriendo incluso a la Suprema Corte de Justicia, cuyos jueces eran inamovibles, el poder de hacer las designaciones de los jueces de los demás tribunales. INS
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