P. Rico-Inter News Service-Resumen de noticias para radio y televisión

Resumen de noticias para el sábado 24 de abril de 2021

P. Rico-Jueza Swain emite orden de trámite de emergencia a demanda de presidente de la Cámara contra gobernador y la JSF por asignación de fondos para elección especial de cabilderos por la estadidad

San Juan, 24 abr (INS).- La jueza Laura Taylor Swain emitió una orden de trámite de emergencia e incluye evaluar el interdicto preliminar en la vista pautada para el 29 de abril sobre el caso de la demanda de presidente de la Cámara, Rafael Hernández Montañez, contra gobernador Pedro R. Pierluisi y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) por la asignación de fondos para la elección especial de cabilderos por la estadidad.

Según Hernández Montañez, quien dio a conocer la medida de la jueza, con la acción tomada por Swain la magistrada “ha evidentemente reconocido la importancia de los asuntos que hemos traído ante su consideración”.

El presidente de la Cámara de Representante, Rafael Hernández Montañez, presentó la demanda ante la sala de la jueza federal el pasado 20 de abril.

“Este reclamo es un planteamiento estrictamente de política pública fiscal, separación de poderes y diseño de presupuesto. Antes de hablar del tema de status, la controversia es sobre cómo se rigen los procesos del manejo de presupuesto futuro y vigente, y las modificaciones a este solicitadas por el Ejecutivo, asunto que el gobernador está incumpliendo y que la Junta se está contradiciendo”, expresó Hernández Montañez ese día.

Hernández Montañez dijo que “la Cámara de Representantes ha sido consistente en rechazar la autorización de los 1.8 millones de dólares requeridos para la celebración de la consulta, basado en que esta pretensión violenta la Ley Promesa, menoscaba la Constitución de Puerto Rico, compromete los limitados recursos del Estado para adelantar la agenda ideológica de un solo sector del gobierno y es contraria a los propósitos del plan fiscal”.

Sobre la asignación de fondos para elección especial de cabilderos por la estadidad, el 1 de febrero pasado la Cámara de Representantes votó a favor de derogar las Leyes 165 y 167 de 2020 que autorizaba esta consulta.

El 8 de febrero, la JSF certificó que ante ese organismo existía una solicitud del gobierno de Puerto Rico para reprogramar 1.8 millones de dólares en fondos públicos para sufragar esta consulta, una solicitud sobre la cual esta Asamblea Legislativa “nunca fue notificada”, dijo Hernández Montañez.

Recordó que el 5 de marzo “remitimos una comunicación a la JSF para oponernos a la reasignación de estos fondos por violentar la Ley Promesa y el 8 de marzo de 2021, la Junta de Supervisión Fiscal acogió nuestra solicitud, por lo que determinó que el gobierno de Puerto Rico no tenía autoridad para autorizar la reasignación de fondos sin la autorización de la Asamblea Legislativa”.

Sin embargo, el gobierno de Puerto Rico objetó esta determinación ante la JSF por conducto de la Aafaf. El 15 de marzo, el presidente de la Junta, David Skeel, remitió una comunicación donde se reafirmó en la negativa del ente fiscal de autorizar la reasignación de estos fondos y rechazó que esta determinación representara una intervención indebida sobre el proceso de libre autodeterminación que cobija a los puertorriqueños.

No obstante, el gobernador hizo una nueva solicitud a través de Aafaf “y en esa solicitud estaba incluida un borrador de resolución a nombre del PNP asignando a 1.8 millones de dólares, reconociendo la intervención de la Asamblea Legislativa”, sostuvo el legislador.

“La Junta determinó 4 a 3 que se le diera paso a la solicitud y que la Asamblea Legislativa actuara. Por lo tanto, envió la solicitud a la Cámara. El 7 de abril los integrantes de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes derrotamos en una sesión de ‘markup’ la resolución conjunta de la Cámara 100 para viabilizar la reasignación de estos fondos. Así se le notificó al ente fiscal. El 14 de abril de 2021, la JSF se reafirmó en que, conforme con el rechazo de la Cámara de Representantes esta partida presupuestaria no podía ser utilizada”, señaló el legislador.

Un día después, el 15 de abril, el presidente de la Cámara remitió una comunicación a la Oficina de Gerencia y Presupuesto, al Departamento de Hacienda y Aafaf para que certificaran la fuente de procedencia de estos fondos, la cantidad reasignada, los gastos incurridos y la autoridad legal utilizada para comprometer los limitados recursos del Estado, sin la intervención de la Asamblea Legislativa.

“El pasado viernes, el gobierno solicitó una prórroga que venció hoy a las 10:00 de la mañana. Si asignaron los fondos tan rápido, por qué necesitaban dos días adicionales para divulgar de donde surgieron los fondos. Nuestro reclamo es que aquí se violentó la sección 204(c) de la ley federal Promesa, actuación que incide directamente en el plan fiscal al ser contrario a sus propósitos legales”, manifestó Hernández Montañez.

Agregó que “aunque la Junta se escude mediante el subterfugio de que no tiene autoridad para intervenir en esta controversia, su actitud es contradictoria, pues el propio ente, por voz de su presidente, rechazó que la sección 402 de Promesa fuese de aplicación a esta situación”, explicó.

Según el político, “ahora, en su más reciente acción, la Junta se esconde tras un lenguaje estatutario que, tal y como reconoció en otro momento, no le prohíbe intervenir. Por estas razones, acudimos al foro federal para que dirima esta controversia en protección de las facultades de esta Asamblea Legislativa, así como los mejores intereses del pueblo puertorriqueño”.INS

 

P. Rico-JSF certifica plan fiscal que contempla 800 millones para una reforma del servicio público entre los años fiscales 2022 y 2051

San Juan, 24 abr (INS).- La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) certificó ayer el plan fiscal del gobierno, que incluye reformas y cambios estructurales que buscan dar más de una década de estabilidad presupuestaria.

Además, el plan fiscal considera los 120,000 millones asignados por el gobierno de EEUU a la Isla: fondos para afrontar la pandemia y para la reconstrucción tras el huracán María de 2017 y el terremoto de 2020.

La JSF certificó el plan fiscal en su vigésimo séptima reunión pública.

El plan fiscal contempla 800 millones para una reforma del servicio público entre los años fiscales 2022 y 2051.

Igualmente, incluye 787 millones para afrontar el coronavirus, 950 millones para mejorar la infraestructura y servicios hospitalarios,$640 millones para educación, 880 millones para seguridad pública, 550 millones para optimizar funcionamiento de las agencias, 400 millones para banda ancha y 50 millones para un fondo de tecnología y negocios.

La directora ejecutiva del organismo que maneja las finanzas del gobierno de Puerto Rico, Natalie Jaresko, comentó que con el plan fiscal se “brindan las condiciones necesarias para fomentar el crecimiento económico y expandir las oportunidades para la gente”.

Según la portavoz de la Junta, la Isla registrará un superávit total de 15,200 millones entre 2022 y 2035, mayor a los 5,800 millones que proyectaba el pasado plan fiscal entre 2022 y 2031.

Estimó, además, que al tomar en consideración el efecto de la asistencia federal por la pandemia, la caída económica registrada en 2020 será de 1.1% y se registrará un crecimiento económico de 3.8% este año. La recuperación seguirá en 2022, pero será más lenta y de 1.5%.

Para Jaresko, “los estímulos federales y el dinero federal para la reconstrucción le dan a la Isla una fuerza significativa para su recuperación económica, pero también necesitan hacer las reformas necesarias para convertir esa recuperación en crecimiento a largo plazo”.

Advirtió que “la economía de Puerto Rico no está suficientemente fuerte como para asegurar su sustentabilidad a largo plazo a menos que existan incrementos en la asignación de fondos federales y se implementen reformas estructurales. Si hay cambios en los fondos federales entonces cambiaríamos esa proyección”.INS

 

P. Rico-Asegura junta de Gobierno de la UPR que no implementar recortes adicionales en el centro docente

San Juan, 24 abr (INS).- La junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico (UPR) aseguró hoy que, cónsono con la posición expresada al gobernador Pedro R. Pierluisi, continuará defendiendo que no experimente recortes adicionales que gravarían de modo significativo la viabilidad de la casa de altos estudios.

El presidente de la junta de Gobierno, Emilio Colón, señaló que la UPR había detallado en su Plan Fiscal Revisado las partidas en las que proponía designar $94 millones para un fondo de resiliencia fiscal.

Colón reafirmó que “había el compromiso de que dichos fondos no se utilizarían para cubrir deficiencias ni como amparo para no implementar las medidas fiscales dispuestas en el Plan Certificado”.

“El plan revisado que se sometió en marzo toma en consideración las medidas fiscales del Plan Certificado y además toma en cuenta la realidad financiera de la Universidad”, indicó.

El presidente de la Junta de Gobierno abundó que “lo propuesto con relación a la asignación de los $94 millones busca asegurar la operación al tiempo que viabiliza las distintas reformas apremiantes que quedan pendientes”.

Colón enfatizó que durante los pasados años, la UPR ha atravesado por recortes significativos en las aportaciones que recibe del gobierno central que han supuesto un impacto total a esta fecha de $333 millones, lo que representa un 40% en reducción.

“La junta de Gobierno está comprometida con lograr eficiencias en la Universidad que garanticen su sostenibilidad. No obstante, también comparte la política pública del Ejecutivo de no dar paso a más recortes que pondrían en peligro el nivel de competitividad en su categoría como principal centro de docencia en la isla”, dijo.

Para Colón, “los dineros asignados a la UPR son una inversión directa en el desarrollo y futuro económico de Puerto Rico, perder esto de perspectiva sería tener una mirada muy miope sobre el rol del más importante proyecto universitario de la isla”.

El presidente de la junta de Gobierno manifestó su agradecimiento al gobernador Pierluisi “por su apoyo y compromiso genuino en lo concerniente a este asunto”.

Por su parte, el presidente de la UPR, Jorge Haddock, reiteró su oposición a más recortes a la institución.

“La Universidad de Puerto Rico ha tenido recortes significativos en poco tiempo, sin embargo, ha continuado ofreciendo la educación de excelencia que la distingue como principal centro docente y científico de la Isla, sin despedir empleados o cerrar recintos. La UPR no aguanta más recortes. A la misma vez, continuaremos haciendo las gestiones para allegar más ingresos”, señaló Haddock.

La UPR ha propuesto que esta partida en cuestión fuera repartida en una lista de inversiones e iniciativas estratégicas específicas y restrictas que van dirigidas a atender la mayor parte de los retos, inmediatos y a largo plazo que el centro docente ha identificado.

Los $94 millones, que elevarían la asignación a la UPR en $501 millones, serían repartidos de la siguiente manera:

· $40 millones como aportación adicional destinada a capitalizar el Sistema de Retiro. Esta cifra se sumaría a la asignación regular proyectada de $120 millones, lo que elevaría la asignación para este propósito a $160 millones anuales y eliminaría la apertura a una reducción de beneficios a pensionados.

· $10 millones para el Recinto de Ciencias Médicas como mitigación del impacto de la pandemia del Covid-19 (para el año fiscal 2022)

· $20 millones para el pareo de fondos federales (para el año fiscal 2022)

· $20 millones para solventar la liquidez de la institución mediante un fondo de reserva para emergencias. Este fondo ha decrecido $170 millones desde 2018 debido a las contribuciones adicionales al Sistema de Retiro, a los pagos del servicio de la deuda y gastos por la pandemia, entre otras necesidades que han debido ser cubiertas con este fondo.

· $4 millones como asignación inicial para el proceso de revisión del plan de clasificación y retribución de empleados no docentes. El total estimado de esta inversión es de entre $25 a $35 millones anuales. Una partida de $30 millones adicionales se asignaría a partir del año 2023, cuando esté listo el plan de clasificación.

Desde el año fiscal 2018 hasta el 2026, la Universidad habrá ejecutado y acumulado medidas que tendrán un impacto total de $1,900 millones.

Al finalizar el año fiscal 2021, la entidad alcanzaría el 73% de esa cifra. INS

 

 

P. Rico-Prosigue la Cámara investigación de contrato a Luma Energy a solo 39 días de que entre en vigor

San Juan, 24 abr (INS).- El presidente de la Comisión Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público Privadas y Energía de la Cámara, representante Luis Raúl Torres Cruz, prosiguió ayer las audiencias públicas en torno los alcances del contrato de LUMA Energy como parte de la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

El director ejecutivo de la AEE, Efrán Paredes, reiteró en su segunda citación que la empresa está preparada para tomar el control de la corporación pública, pese a la limitada cantidad de empleados con ofertas.

El funcionario indicó que, hasta la fecha, un aproximado de 1,500 empleados de la AEE han sido entrevistados por LUMA Energy, de los cuales solo 505 han aceptado trabajar con la empresa.

“Viendo los números que están fluyendo de las entrevistas, y las ofertas que están aceptando las personas, yo entiendo que ellos (LUMA) van a poder tomar el control el 1 de junio”, dijo Paredes.

Torres Cruz cuestionó la afirmación del director ejecutivo de la AEE al mencionar que el presidente de LUMA Energy, Wayne Stensby, adelantó durante su comparecencia a las vistas públicas, que su empresa necesitará al menos 3,800 empleados para manejar el sistema de energía eléctrica.

Actualmente, la AEE cuenta con 4,200 trabajadores para la transmisión y distribución, según ha informado la corporación.

“El llamado nuestro es a que los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica den el paso y se entrevisten para que pasen a ser parte de LUMA”, aseguró el presidente de la Junta de Gobierno de la AEE, Ralph Kreil Rivera, citado por segunda ocasión.

Afirmó que su preocupación mayor son los empleados, pues LUMA se va a encargar de estar listos el 1 de junio.

Kreil Rivera confirmó, por otro lado, que el plan de desmantelamiento de la AEE aún no ha sido evaluado por la Junta de Gobierno, por lo que no ha sido aprobado.

Sin embargo, el director ejecutivo afirmó que un borrador fue entregado a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

“El plan está bastante adelantado”, dijo Paredes. “El plan no está final. Está sometido como un borrador a la Junta de Control Fiscal para comentarios. La Junta de Gobierno lo va a ver la semana que viene cuando lo terminemos de cuadrar”, afirmó.

A preguntas del presidente de la Comisión sobre cuándo estará finalizado, el funcionario informó que el “el plan lo debemos tener ya final la semana que viene no, la otra”.

“Yo le voy a solicitar que para el 15 de mayo usted someta ese plan, autorizado por la Junta de Supervisión Fiscal y la Junta de Gobierno de la Autoridad, a esta comisión. Le estoy dando hasta el 15 de mayo para que después no digan que no había tiempo”, requirió el legislador.

Torres Cruz informó que el jueves el Senado actuó por mecanismo legislativo para bajar la Resolución de la Cámara 88 que ordena a varias agencias del Estado no realizar gestiones para la transición a LUMA, para que se pueda dar un espacio hasta enero 2022, en el que el gobernador Pedro R. Pierluisi y las agencias puedan ver las enmiendas; aseguren el bienestar del pueblo de Puerto Rico y protejan a los empleados que laboran en la AEE.

La medida fue aprobada hace un mes en la Cámara de Representantes y este jueves en el Senado de Puerto Rico, por lo que la pieza legislativa está siendo entregada ahora a La Fortaleza y está a la espera de la firma del gobernador.

La decimoséptima vista pública, se celebró de manera presencial, en el Salón de Audiencias 1, donde depuso la directora de Recursos Humanos de la Autoridad Energía Eléctrica (AEE), Nydza Irizarry Algarín; la directora de Transformación y Administración de Recursos Humanos del Estado Libre Asociado (OTARH), Zahira Maldonado Molina, y Juan Carlos Blanco Urrutia, director de la oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP).

Al comienzo, el presidente de la Comisión mencionó que no certifica que hayan recibido los documentos solicitados de los deponentes, ya que los citados enviaron los documentos en la tarde/noche del jueves.

La directora de Recursos Humanos de la corporación pública afirmó que actualmente LUMA Energy ha entrevistado a 1,469 empleados de la AEE y 505 de estos han aceptado la oferta. Además, añadió que estos empleados, por LUMA Energy ser una entidad privada, tendrán que renunciar a la AEE. Hasta el momento 103 empleados han renunciado y 4,214 irán para otras agencias del gobierno.

A su vez, mencionó que la directora de Recursos Humanos de LUMA Energy, Ashley Miller, le proveyó la información de la cantidad de empleados de la AEE que han sido entrevistados por LUMA Energy, y de igual forma, la cantidad de empleados que han aceptado la oferta de trabajo.

“Los empleados que pasarán a LUMA irán con los mismos beneficios respecto al salario y retiro que tenían antes en AEE. Serán igual o mejor con LUMA Energy”, añadió Irizarry Algarín.

En relación a cuántos empleados han pedido movilidad voluntaria, la directora de OTARH indicó que 170 empleados han pedido la transición.

No obstante, la funcionaria dijo que se está manteniendo equivalencia de puestos, a la vez que puntualizó que la realidad es que mover la cantidad de 4,214 empleados a otras agencias, implica que los empleados tendrían que pasar por un periodo probatorio.

‘’Aún no se sabe si existe el presupuesto para cubrir los salarios de estos funcionarios públicos, confirmar si existen los puestos y a dónde van a moverlos, me parece algo muy preocupante’’, expresó Torres Cruz.

Por otra parte, el director de la OGP destacó que el presupuesto destinado para poder atender el salario de estos empleados es de $200 millones subordinado a la aprobación de la JSF.

En este sentido, el representante Jorge Alfredo Rivera Segarra cuestionó cuál sería el plan de contingencia si la JSF no aprueba los $200 millones para poder atender el salario de los empleados.

A esto, Blanco Urrutia aseguró que la JSF “se encuentra a favor de aprobar la transacción, en caso de no hacerlo, seguirán usando el presupuesto actual que tiene la agencia”.

‘’Yo no puedo pensar que tantos expertos y colegiados que han pasado por estas vistas públicas, la 18 y que yo no me he perdido ninguna, una corporación pública que ha costado sangre, vidas y esfuerzo, todo el panel ha expresado que esto es un contrato leonino, por lo que me cuesta y me da coraje ver que cada día el gobernador diga que no hay ninguna razón para realizar enmiendas a este contrato’’, sostuvo el representante Rivera Segarra.

Argumentó que “aquí hay mucha desinformación y no quiero pensar que toda la gente que se ha sentado aquí esté equivocada”. INS

 

 

P. Rico-Aprueban medida que busca establecer el término de vigencia de Permiso Único a los pequeños y medianos negocios

San Juan, 24 abr (INS).- La Comisión de Pequeños y Medianos Negocios y Permisología, presidida por el representante Jessie Cortés Ramos, aprobó el proyecto de la Cámara 626, que busca enmendar la Ley 161 de 2009 (“Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico”), a los fines de establecer que el término de vigencia de dicho Permiso Único comience a contar a partir de su expedición, por el término que disponga la ley.

“Los permisos de uso son sin duda alguna, uno de los retos que más relevancia tienen en el quehacer económico y social de PR. Poder hacer un balance real entre el desarrollo social, ambiental, comercial y económico, más que un reto, es una responsabilidad indelegable ante un pueblo que exige mayor diligencia y eficiencia por parte de los cuerpos gubernamentales”, expresó Cortés Ramos.

El 1 de diciembre 2009 se creó la Ley de Reforma del Proceso de Permisos, y consecuentemente, el Sistema Integrado de Permisos (SIP) como un esfuerzo realizado por el Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico en conjunto con la Administración de Reglamentos y Permisos para crear un sistema unificado que resolviera las tardanzas en la radicación y obtención de permisos.

La Ley 161 sufrió enmiendas significativas en 2013 y 2017, con las que se pretendían hacer del proceso de permisos uno más acelerado.

Sin embargo, según expresa la medida, a pesar de que con la implementación del Permiso Único se lograron cambios significativos para la transformación de este sistema, los adelantos tecnológicos no pudieron ir a la par con el proceso de adaptación de la población. Esta situación de por sí, ha sido la causante, en parte, de la dilación en los procesos de permisos.

Actualmente, a partir de la solicitud inicial del permiso hasta su renovación, el término de dicho permiso es de un año contado desde su solicitud. Por lo que, si la persona solicita su permiso y completa todos los documentos en el tercer mes, su permiso será expedido, pero solo tendrá nueve meses antes de comenzar a tramitar nuevamente el permiso.

Durante la audiencia pública, el director de la Comisión indicó que no hubo ninguna enmienda en el proyecto de ley.

La pieza legislativa fue aprobada con siete votos a favor.INS

 

P. Rico-Presidente de la Comisión de Transportación de la Cámara emplaza al gobernador a hacerle frente a la Junta y defender a la gente ante el aumento de la tarifa de los peajes

San Juan, 24 abr (INS).- El presidente de la Comisión de Transportación e Infraestructura de la Cámara, José Aníbal Díaz Collazo, emplazó ayer al gobernador Pedro R. Pierluisi a salir en defensa de la ciudadanía ante el anuncio que hizo la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) sobre el aumento de la tarifa de los peajes.

“El país está cansado de pagar las malas decisiones administrativas que se han tomado en el pasado. Por eso, le hago un llamado al señor Gobernador para que no permita que continúen golpeando el bolsillo de nuestra gente y juntos busquemos las alternativas para evitar a toda costa este nuevo aumento en los peajes”, expresó Díaz Collazo.

Según el legislador, el pasado 14 de abril de 2021, el gobierno de Puerto Rico envió a la JSF un plan fiscal en el que se contemplan aumentos en los peajes para enero de 2022.

Este aumento corresponde a la necesidad del gobierno central de pagar la deuda de 6,000 millones que tiene la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT).

“El plan de aumentos debe ser certificado por la JSF antes del 28 de mayo de este año y el documento enviado por el gobernador Pedro Pierluisi dispone un aumento en los peajes de forma escalonada por los próximos años. Dada a esta realidad, la invitación es a sentarnos a trabajar en equipo para auscultar otras alternativas que sean imponer más cargas a nuestra gente”, añadió el representante.

De acuerdo con el político, “de de una forma u otra, todos tenemos que utilizar las carreteras en nuestro quehacer diario. El gobernador debe renegociar con la JSF alternativas que no afecten servicios esenciales del pueblo de Puerto Rico. Un aumento en los peajes trastocaría de una forma negativa el bolsillo y el estilo de vida de todos los puertorriqueños, ya que luego de dos huracanes, sismos y una pandemia se afectaría aún más nuestra forma de vida. Un aumento en los peajes sería un golpe duro a la calidad de vida del pueblo de Puerto Rico”.INS

 

P. Rico-Serrano censura expresiones de Rivera Schatz sobre los niños trans en las escuelas

San Juan, 23 abr (INS).- El activista de derechos humanos Pedro Julio Serrano censuró “el odio de siempre” de Thomas Rivera Schatz, tras unos comentarios del senador sobre los niños trans en las escuelas.

“Rivera Schatz, el inconsecuente, pretende ganar atención a través de sus declaraciones destempladas, malcriadas y necias de siempre. Su transfobia siempre ha estado en evidencia y ahora trae por los pelos el asunto de los niños y niñas trans para tratar de echar sombra al proceso natural de educación que permite que puedan ir a la escuela de acuerdo a su identidad de género”, aseveró Serrano.

El portavoz de la organización Puerto Rico Para Tod@s recordó que Rivera Schatz “tiene una obsesión con quitarle derechos a las personas trans. Cuando era presidente senatorial, eliminó mediante una orden el que empleadas y empleados trans puedan utilizar los baños y que vistan de acuerdo a su identidad de género”.

“En aquel entonces gritamos en la rotonda del Capitolio: Rivera Schatz, macharrán, no te metas con las trans. Hoy lo repetimos, con más fuerza, aunque ya él es inconsecuente. Solo sale a escupir su transfobia y a tratar de insultar, como siempre. No tiene nada que aportar. Que se dedique a legislar por el bien de todos los puertorriqueños en vez de seguir obsesionado con una comunidad que solo busca lograr la equidad”, manifestó Serrano.INS

 

 

P. Rico-Para 2022 habrá que cerrar el 67% de los 29 vertederos que están en operación en la Isla

San Juan, 24 abr (INS).- Para el año 2022 habrá que cerrar el 67% de los 29 vertederos que están en operación en la Isla, 11 de los cuales se consideran que están cumpliendo con la ley que los reglamenta, que exige control ambiental.

Además, solamente nueve de ellos tienen capacidad de expansión, mediante la construcción de celdas nuevas.

Así se dio a conocer durante una audiencia pública de la Comisión de Autonomía Municipal, Descentralización y Regionalización de la Cámara de Representantes, presidirá por el representante Juan José Santiago Nieves, que evalúa la resolución de la Cámara 6, presentada por la delegación del Partido Popular Democrático (PPD), a los fines de atender la situación del manejo de los desperdicios sólidos y su impacto en las finanzas municipales, así como las posibles alternativas para atender estas situaciones.

La medida señala que tanto la Ley de Municipios Autónomos de 1991 y su sucesora, el Código Municipal de 2020, reconocen la importancia de los gobiernos municipales en la implementación de la política pública.

“Ha sido un rudo golpe a los municipios la eliminación de 375 millones en subsidios por parte del gobierno estatal durante el pasado cuatrienio, y la intención de la Junta de Control Fiscal en incrementar los recortes”, aseguró Santiago Nieves.

Se estima que en Puerto Rico se producen cerca de 10,000 toneladas de desperdicios sólidos al día, lo que representa más de cinco libras diarias de basura por individuo.

Desafortunadamente las iniciativas dirigidas al reciclaje se han quedado muy cortas y crean un enorme problema en la disposición de desperdicios.

Según estimados de la Agencia Federal de Protección Ambiental (EPA), el 75% de esas 10,000 toneladas diarias pueden recuperarse, pero actualmente no se llega ni al 1%.

“Ahí hay una pérdida de 500 millones”, afirmó el legislador.

El alcalde de Juncos, Alfredo Alejandro Carrión, señaló en la audiencia pública de ayer que el gobierno central ha fracasado en el manejo de la situación y presentó como ejemplo la Planta de Composta de Toa Baja, donde se invirtió cerca de 18 millones y nunca llegó a operar, así como las llamadas estaciones de transbordo, junto con el equipo para operar.

“Para el 2008, la Autoridad de Desperdicios Sólidos (ADS, ahora integrada al DRNA) aprobó un plan de proyectos de infraestructura que conllevaba, entre otras cosas, la construcción de dos plantas ‘waste to energy, lo que no se logró. Eso nos lleva a la realidad de hoy, donde la inmensa cantidad de escombros y basura generada por el paso de los huracanes Irma y María resultaron en la reducción de vida útil de los vertederos en unos tres años. Alejandro Carrión propuso la autorización de expansión de los Sistemas de Relleno Sanitario para que puedan cumplir con las disposiciones estatales y federales, lo que permitiría planificar el manejo de los desperdicios sólidos”.

El veterano alcalde señaló que para el 2022 habrá que cerrar el 67% de los 29 vertederos que están en operación.

Alejandro Carrión también propuso identificar fondos relacionados al manejo ambiental para asistir a los Municipios en dichas labores y realizar las expansiones laterales, así como incentivar la creación de empresas de reciclaje.

Con relación al aspecto financiero, el alcalde de Juncos solicitó que el gobierno central devuelva el Fondo de Equiparación despojado en el cuatrienio pasado, ya que con esos fondos los municipios atendían los costos del manejo de desperdicios sólidos.

Por parte del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), el secretario Rafael Machargo, destacó que en la actualidad existen en Puerto Rico 29 Sistemas de Relleno Sanitario, 11 de los cuales se consideran que están cumpliendo con la Ley que los reglamenta, que exige control ambiental.

Solamente nueve de ellos tienen capacidad de expansión, mediante la construcción de celdas nuevas. Estas son las instalaciones de Cabo Rojo, Carolina, Fajardo, Humacao, Juncos, Lajas, Peñuelas Ecosystem, Peñuelas Landfill y Yauco.

De todas estas instalaciones, la que mayor capacidad tiene de vida útil (según establecido en el 2018), son Carolina con 23 años y Fajardo y Hormigueros con seis años cada uno.

Los vertederos que no están en cumplimiento ambiental y son considerados vertederos abiertos, ya 11 tienen orden de cierre por parte de la EPA: Arecibo, Arroyo, Cayey, Florida, Isabela, Lajas, Moca, Toa Alta, Toa Baja y Vega Baja.

Machargo mencionó en su ponencia que su agencia desarrolló nueva reglamentación para el manejo y uso comercial de los residuos de combustión de carbón producto de la generación de electricidad, así como de los sistemas de relleno sanitario.

De igual manera, se aprobaron nuevas áreas de disposición (celdas) en los siguientes sistemas de relleno sanitario, todos hasta 2025: Toa Baja, Vega Baja, Fajardo y Yauco.INS

ndc