Inter News Service Agencia de Noticias
Resumen de noticias para el miércoles 21 de abril de 2021
P. Rico-Rechaza Senado designación de González Cruz como secretario interino de Educación
San Juan, 21 abr (INS).- Con la aprobación de la Resolución del Senado 167, de la autoría del presidente de la Cámara alta, José Luis Dalmau Santiago, rechazó ayer a la designación de Jesús González Cruz, como secretario interino del Departamento de Educación.
“No escuché a ningún compañero que votara en contra de la resolución, hablar de las grandezas y experiencias del designado a secretario interino de educación. Yo quisiera que lejos de tomar decisiones echándonos culpas, tomemos decisiones de forma proactiva”, destacó el senador Dalmau Santiago en su turno sobre la resolución.
Agregó que el gobernador Pedro R. Pierluisi no ha identificado un solo recurso que cumpla con lo que reclama la comunidad escolar del país.
“Yo hubiese esperado de un interinato rápido de una persona con capacidad y conocimiento dentro del Departamento de Educación”, argumentó el presidente del Senado.
La medida indica que “en vista de que el nominado a dirigir el Departamento de Educación no tiene en su hoja de vida acciones ni proyectos encaminados u orientados a la educación del país, el Senado de Puerto Rico recomienda el rechazo del licenciado Jesús González Cruz”.
Además, la RS 167 menciona que “a pesar de que el nombramiento realizado es uno de forma interina y el Gobernador pondera continuar con el proceso de evaluación para una designación en propiedad, este Senado no puede obviar que el designado interino no cumple con los criterios que hemos esbozado y si se confirmara, técnicamente estaría ejerciendo el cargo hasta tanto culmine la presente sesión ordinaria o hasta tanto el Gobernador envíe para consejo y consentimiento un nombramiento en propiedad y este sea avalado con el consejo y consentimiento de este Senado”.
La vicepresidenta del Senado, Marially González Huertas, indicó en su turno a favor sobre la medida que el trabajo en el Departamento de Educación “no debe detenerse, pero tampoco depende única y exclusivamente de poner a alguien de manera interina”.
“Basta de improvisación; este designado no tiene ninguna experiencia en el Departamento de Educación. Es hora de tomar con seriedad uno de los quehaceres más importantes del ser humano, que es la educación”, dijo González Huertas.
En la misma línea, el portavoz de la mayoría, Javier Aponte Dalmau manifestó que “es un excelente momento para llevarle un mensaje claro al gobernador que el pueblo esta harto de la politiquería”.
“Utilizar la educación en esta situación vulnerable. Aquí no se puede tomar el control a la fuerza. Le exigimos al gobernador que envíe un nombramiento probado en educación y libre de ataduras políticas”, reclamó Aponte Dalmau.
La senadora independentista María de Lourdes Santiago se expresó a favor de la resolución indicando que “el nombramiento de la anterior designada al Departamento de Educación estaba condenado al fin que tuvo desde hace muchísimo tiempo”.
“A mi me parece el colmo de la irresponsabilidad que el señor Gobernador lo único que tenga que ofrecerle al país es un interinato que como mucho se extiende hasta el final de esta sesión legislativa hasta el 30 de junio”, afirmó Santiago.
También votó a favor la senadora Ana Irma Rivera Lassén, del Movimiento Victoria Ciudadana, manifestó que “lo que no es interino es el derecho a la educación”.
“En el perfil del designado no se destaca el área de educación. La persona debería cumplir mínimamente con algunos requisitos para el puesto. No sabemos qué compromiso tenga con currículos inclusivos. Parecería estar cerca de estructuras paralelas partidistas”, puntualizó Rivera Lassén.
Igualmente, el senador independiente José A. Vargas Vidot favoreció la medida y expresó que “no podemos ceder a un interinato que no ofrece absolutamente nada. Este senado aprobando esta medida estamos mandando un mensaje al país que estamos genuinamente interesados en la educación”.
El Senado recesó sus labores hasta el próximo jueves, 22 de abril de 2021 a la 1:00 de la tarde. INS
P. Rico-Utier presenta demanda en foro federal en la que pide anular el contrato de Luma
San Juan, 21 abr (INS).- La Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier) presentó hoy una demanda ante la corte de Título III de Promesa para que se declare nulo el contrato entre la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y Luma Energy, por ser contrario a la ley y al orden público.
Además, solicita una orden de interdicto para que se paralice la implantación del contrato y para que Luma Energy devuelva a la AEE los más de cien millones que ha facturado.
“Hemos radicado esta demanda a nivel federal para que se declare nulo este contrato por ser ilegal, leonino y por violar las leyes de Puerto Rico y de Estados Unidos. Bien hemos visto, y ha salido a la luz pública en las investigaciones realizadas en la Legislatura, que la contratación de Luma Energy es perjudicial para el pueblo de Puerto Rico”, expresó Ángel Figueroa Jaramillo, presidente de la Utier.
La demanda fue presentada en contra del gobernador Pedro R. Pierluisi; el CEO de Luma Energy, Wayne Stensby; el presidente de la junta de gobierno de la AEE, Ralph Kreil Rivera; el presidente ejecutivo de la AEE, Efrán Paredes Maysonet; la Autoridad de Alianzas Público Privadas y su director ejecutivo, Fermín Fontánez Gómez; el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Omar Marrero Díaz; y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).
En el documento se alega que el contrato de la AEE con Luma Energy es nulo porque solo beneficia a la empresa y por violar las leyes 120 de 2018, 29 de 2009, 17 de 2019, 83 de 1941 y la ley federal Erisa.
“El contrato con LumaEnergy viola cuatro leyes locales y una disposición federal. Viola la ley 120 de 2018, por no respetar los derechos adquiridos de los empleados de la AEE bajo los convenios colectivos y por crear un monopolio privado vertical, hecho que está expresamente prohibido por Ley. La Ley 29 de 2009 se viola porque el contrato establece que la AEE será la parte que financiará en su totalidad los gastos de Luma por operar y manejar el sistema eléctrico del país, si aportación alguna por Luma, contrario a lo establecido en la Ley 29”, precisó el licenciado Rolando Emmanuelli Jiménez, representación legal de la Utier.
Emmanuelli Jiménez explicó también que el contrato viola la Ley 17 de 2019, por no obligar a Luma a invertir en el sistema de transmisión y distribución de energía a pesar de que será la entidad responsable de operar y manejar dicho sistema.
Además, por no ser transparente en cuanto a los asuntos que conciernen al sistema eléctrico de Puerto Rico, ya que Luma estará a cargo de formular la política pública del sistema sin transparencia ni participación pública.
“El contrato con Luma Energy viola además la Ley 83-194. Esta ley requiere que el Centro de Control Energético se mantenga independiente y autónomo. No obstante, este contrato transfiere la operación del Centro de Control Energético a Luma Energy, lo que evidentemente resultará en que no se mantendrá independiente ni autónomo lo que creará un monopolio vertical privado en la AEE”, añadió.
Según detalló el abogado, el contrato viola también la ley federal Erisa, pues Luma expuso que la Ley 29 obliga a la creación de dos sistemas de retiro híbridos que no tendrán uniformidad conforme a las disposiciones de dicha normativa federal.
De igual forma, la Utier establece en su demanda que dicho contrato viola la cláusula que protege los contratos de la Constitución Federal, pues Luma, acusan, menoscabó el convenio colectivo de Utier, ya que explícitamente establece que no lo respetará.
“Es inconstitucional menoscabar el convenio colectivo de la Utier para que Luma pueda operar y manejar el sistema eléctrico, pues no hay una relación racional entre el menoscabo y el fin del contrato de Luma, y las partes suscribientes tenían otras alternativas menos onerosas”, dijo el licenciado.
Del mismo modo, la Utier pidió en la demanda que se declare inconstitucional la Ley 29 de 2009, la ley orgánica de la Autoridad de Alianzas Público Privadas, por violar la separación de poderes bajo la Constitución de Puerto Rico, pues el proceso que establece dicha ley para nombrar a dos de los miembros de su Junta es inconstitucional por no proveer que sean nombrados por el gobernador, con el consejo y consentimiento del Senado.
En virtud de ello, Utier reclama que como los nombramientos de la junta de gobierno de la Autoridad de Alianzas Público Privada son inconstitucionales, todas sus acciones, como la firma del contrato de Luma Energy, son igualmente inválidas y deben ser declaradas nulas.INS
P. Rico-Entrega alcalde de San Juan vales de viviendas ascendentes a $246,156 mil anuales a 36 familias
San Juan, 21 abr (INS).- El alcalde Miguel Romero Lugo realizó ayer, en el marco de sus primeros 100 días de mandato, una segunda entrega de vales de vivienda ascendentes a $246,156 mil anuales a 36 residentes de San Juan en peligro de desahucio.
“Desde que asumí la encomienda de dirigir los destinos de nuestra Ciudad Capital, continuamos buscando las alternativas que ayuden a nuestros ciudadanos, en este caso a familias que por diversas razones, se encuentran en peligro de desahucio”, manifestó el alcalde al otorgar la asistencia como parte del Programa de Vales de Sección 8 del Housing Choice Voucher Program (HCVP, siglas en inglés).
Destacó que con esta segunda entrega se han beneficiado 90 personas en sus primeros 100 días al frente de la Capital, ya que “nuestro mayor compromiso es velar por la seguridad y bienestar de todos los sanjuaneros”.
“Hemos logrado acceder a todos y cada uno de los fondos disponibles para beneficiar a nuestros ciudadanos, además (de continuar) fortaleciendo las relaciones con las agencias gubernamentales para agilizar los procesos y otorgar los beneficios con prontitud”, sostuvo Romero Lugo.
Según informó, con esta ayuda, ascendente a $246,156 anuales, se están subsidiando 17 viviendas de una habitación con un costo de $477.00 mensuales; 9 de dos habitaciones a un costo de $556.00 y 10 viviendas de tres habitaciones para un costo de $740.00 mensuales.
Romero Lugo explicó que el programa de Sección 8, adscrito al Departamento de Vivienda Municipal le sirve a la población de San Juan y se asegura que las familias cumplen con los requerimientos de elegibilidad, mantiene la lista de espera, revisa los ingresos anualmente y realiza inspecciones de calidad de vivienda.
“Estos fondos nos ayudan a brindarle un hogar seguro a familias que han perdido su empleo o han sufrido una considerable reducción en sus ingresos y se ven impedidas de sufragar los gastos de vivienda. También se benefician de esta ayuda envejecientes y personas que por algún impedimento no pueden trabajar”, detalló el alcalde.
El director del Departamento de Vivienda Municipal, José Javier Hernández, precisó por su parte que el programa de Sección 8 toma como base un precio de renta en el mercado que cumplan con los requerimientos.
La aportación familiar usualmente es igual al 30 por ciento de su ingreso mensual ajustado, aunque de acuerdo con la ley federal de 1998, puede ser hasta un 40 por ciento dependiendo de la composición familiar y sus necesidades.
Indicó que la aportación de renta de la familia se determinará en base de los siguientes ingresos: salario por empleo de todos los adultos no estudiantes, ingresos de negocio propio, compensación por desempleo, pensiones del gobierno o entidades privadas, intereses devengados de activos, pensiones alimentarias, pagos hechos en beneficio de menores fuera de la composición familiar. Esto incluye pago de matrícula, libros, pagos de mensualidad, etc.
“Un techo seguro es la prioridad de cualquier persona y es por esto que nuestro compromiso es con lograr agilizar los procesos para asegurar una vivienda digna a todas estas personas que llevan años esperando”, expresó Romero Lugo al destacar que esta es solo una de tantas iniciativas que se trabajan para mejorar la calidad de vida de los sanjuaneros en coordinación con agencias estatales que distribuyen estos fondos. INS
P. Rico-Presidente de la Cámara presenta demanda contra gobernador y la JSF ante la sala de la jueza Taylor Swain por asignación de fondos para elección especial de cabilderos por la estadidad
San Juan, 21 abr (INS).- El presidente de la Cámara de Representante, Rafael Hernández Montañez, presentó una demanda ante la sala de la jueza federal Laura Taylor Swain en contra del gobernador Pedro R. Pierluisi y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF)
“Este reclamo es un planteamiento estrictamente de política pública fiscal, separación de poderes y diseño de presupuesto. Antes de hablar del tema de status, la controversia es sobre cómo se rigen los procesos del manejo de presupuesto futuro y vigente, y las modificaciones a este solicitadas por el Ejecutivo, asunto que el gobernador está incumpliendo y que la Junta se está contradiciendo”, expresó Hernández Montañez.
Hernández Montañez dijo que “la Cámara de Representantes ha sido consistente en rechazar la autorización de los 1.8 millones de dólares requeridos para la celebración de la consulta, basado en que esta pretensión violenta la Ley Promesa, menoscaba la Constitución de Puerto Rico, compromete los limitados recursos del Estado para adelantar la agenda ideológica de un solo sector del gobierno y es contraria a los propósitos del plan fiscal”.
Sobre la asignación de fondos para elección especial de cabilderos por la estadidad, el 1 de febrero pasado la Cámara de Representantes votó a favor de derogar las Leyes 165 y 167 de 2020 que autorizaba esta consulta.
El 8 de febrero, la JSF certificó que ante ese organismo existía una solicitud del gobierno de Puerto Rico para reprogramar 1.8 millones de dólares en fondos públicos para sufragar esta consulta, “una solicitud sobre la cual esta Asamblea Legislativa nunca fue notificada”, dijo Hernández Montañez.
Recordó que el 5 de marzo “remitimos una comunicación a la JSF para oponernos a la reasignación de estos fondos por violentar la Ley Promesa y el 8 de marzo de 2021, la Junta de Supervisión Fiscal acogió nuestra solicitud, por lo que determinó que el gobierno de Puerto Rico no tenía autoridad para autorizar la reasignación de fondos sin la autorización de la Asamblea Legislativa”.
Sin embargo, el gobierno de Puerto Rico objetó esta determinación ante la JSF por conducto de la Aafaf. El 15 de marzo, el presidente de la Junta, David Skeel, remitió una comunicación donde se reafirmó en la negativa del ente fiscal de autorizar la reasignación de estos fondos y rechazó que esta determinación representara una intervención indebida sobre el proceso de libre autodeterminación que cobija a los puertorriqueños.
No obstante, el gobernador hizo una nueva solicitud a través de Aafaf “y en esa solicitud estaba incluida un borrador de resolución a nombre del PNP asignando a 1.8 millones de dólares, reconociendo la intervención de la Asamblea Legislativa”, sostuvo el legislador.
“La Junta determinó 4 a 3 que se le diera paso a la solicitud y que la Asamblea Legislativa actuara. Por lo tanto, envió la solicitud a la Cámara. El 7 de abril los integrantes de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes derrotamos en una sesión de ‘markup’ la resolución conjunta de la Cámara 100 para viabilizar la reasignación de estos fondos. Así se le notificó al ente fiscal. El 14 de abril de 2021, la JSF se reafirmó en que, conforme con el rechazo de la Cámara de Representantes esta partida presupuestaria no podía ser utilizada”.
Un día después, el 15 de abril, el presidente de la Cámara remitió una comunicación a la Oficina de Gerencia y Presupuesto, al Departamento de Hacienda y Aafaf para que certificaran la fuente de procedencia de estos fondos, la cantidad reasignada, los gastos incurridos y la autoridad legal utilizada para comprometer los limitados recursos del Estado, sin la intervención de la Asamblea Legislativa.
“El pasado viernes, el gobierno solicitó una prórroga que venció hoy a las 10:00 de la mañana. Si asignaron los fondos tan rápido, por qué necesitaban dos días adicionales para divulgar de donde surgieron los fondos. Nuestro reclamo es que aquí se violentó la sección 204(c) de la ley federal Promesa, actuación que incide directamente en el plan fiscal al ser contrario a sus propósitos legales”, manifestó Hernández Montañez.
Agregó que “aunque la Junta se escude mediante el subterfugio de que no tiene autoridad para intervenir en esta controversia, su actitud es contradictoria, pues el propio ente, por voz de su presidente, rechazó que la sección 402 de Promesa fuese de aplicación a esta situación”, explicó Tatito Hernández.
Según el político, “ahora, en su más reciente acción, la Junta se esconde tras un lenguaje estatutario que, tal y como reconoció en otro momento, no le prohíbe intervenir. Por estas razones, estamos acudiendo al foro federal para que dirima esta controversia en protección de las facultades de esta Asamblea Legislativa, así como los mejores intereses del pueblo puertorriqueño”.INS
P. Rico-Ingresos netos al fondo general acumulados a febrero superan en 122 millones los recaudos del pasado año fiscal
San Juan, 21 abr (INS).- El secretario del Departamento de Hacienda (DH), Francisco Parés Alicea, informó que los ingresos netos al fondo general durante febrero, octavo mes del periodo fiscal, totalizaron 714.8 millones.
El funcionario agregó que los recaudos acumulados a febrero totalizaron 6,747.8 millones o 122.5 millones más, comparado con el mismo periodo en el año fiscal 2020, cuando los recaudos alcanzaron los 6,625.4 millones.
Esto representa un aumento de 1.8 por ciento entre ambos periodos.
“Seguimos observando desde el pasado mes de noviembre y de forma consistente, cómo los recaudos de este año fiscal continúan superando mes a mes los números del año fiscal 2020”, destacó el secretario.
En cuanto a la previsión fiscal, los recaudos de febrero sobrepasaron la misma en 110.4 millones o cinco por ciento.
“En lo que se refiere al periodo fiscal acumulado de julio a febrero, los recaudos se encuentran 1,082.3 millones sobre el estimado fiscal o 21.2 por ciento. Dicho esto, debemos mencionar que, tanto la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) como la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), se encuentran en el proceso de revisión de su plan fiscal. La Junta de Supervisión Fiscal, específicamente, presentará el 23 de abril su revisado, lo que representará cambios a la proyección del presente periodo fiscal y las proyecciones a corto y mediano plazo”, dijo Parés Alicea.
Los ingresos netos de febrero alcanzaron la cifra de 714.8 millones, mientras que los recaudos durante el mismo periodo en 2020 totalizaron 670.8 millones.
Los principales renglones contributivos responsables de este incremento han sido impuestos que gravan el consumo, como el Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU), arbitrios de vehículos, devolución federal sobre arbitrios sobre embarques del ron y arbitrios de bebidas alcohólicas.
“Respecto de la contribución sobre ingresos, los recaudos en febrero muestran señales mixtas. Los sectores de corporaciones y sociedades superaron los recaudos de febrero del 2020 en 4.6 millones y 4.8 millones, respectivamente”, dijo el secretario.
Explicó que los ingresos de individuos, que desde noviembre habían presentado un comportamiento en alzada respecto al pasado año, no alcanzaron las cifras de febrero del 2020.
No obstante, dijo que al evaluar el desempeño de los recaudos de individuos para el periodo acumulado, estos superan en 68.7 millones lo recaudado durante el mismo periodo en el 2020 o en 5.3 por ciento.
En el renglón tributario de ingresos corporativos en febrero, se exceden por segunda ocasión en el año, los recaudos respecto al periodo fiscal previo en 4.6 millones.
Durante el periodo acumulado a febrero, los recaudos del año fiscal 2020 superaron en 606.5 millones o 33.3 por ciento los del presente año.
Del total de 1,212.6 millones acumulados a febrero en el fiscal 2021, 211 millones pertenecen a pagos diferidos por la pandemia pertenecientes al año fiscal 2020.
Mientras que durante el periodo acumulado del 2020 existen 488 millones de ingresos no recurrentes.
Al realizar los ajustes correspondientes a lo recaudado a febrero en este año fiscal se encuentra 329.5 millones por debajo respecto al año fiscal 2020 o 24.8 por ciento menos.
En lo que se refiere a los principales renglones de arbitrios, que son las bebidas alcohólicas, cigarrillos, vehículos de motor y otros arbitrios, durante el periodo acumulado de julio a febrero arrojaron saldos positivos y crecimiento respecto al mismo periodo del año anterior, de 2.1 por ciento, 22.9 por ciento, 27.2 por ciento y 56.3 3 por ciento, respectivamente.
Entre éstos destacan “otros arbitrios” y los arbitrios de vehículos, que consistentemente ha superado los recaudos mensuales del año fiscal previo, lo que a febrero representó 83.9 millones más.
El total de unidades sujetas al arbitrio de vehículos ascendió a 98,159, lo que en comparación al mismo periodo de 8 meses en el año fiscal 2020, representó 34 por ciento adicional.
Fue durante el mes de diciembre cuando se informó la mayor cantidad de unidades, un total de 19,014.
Otro renglón contributivo que reflejó un incremento importante respecto al año fiscal 2020 es el de “Otros ingresos del Fondo General”, que comprende sub categorías de ingresos entre los que se encuentran, intereses, dividendos, contribución sobre la propiedad, licencias, rentas misceláneas, sociedades y otros arbitrios.
De éstas sub categorías se destacan los recaudos de otros arbitrios y de sociedades.
Este último excedió en 230.6 millones lo recaudado durante el periodo fiscal acumulado a febrero 2020. El incremento en este renglón está asociado a cambios en ley que otorgaron la opción alterna de contribución a estas entidades.
De esta forma la sociedad asume la responsabilidad que de otro modo recaería en los miembros socios de la entidad.
Sobre el ítem “otros arbitrios”, la cantidad recaudada durante este periodo fiscal acumulado a febrero, superó los recaudos para el mismo periodo en 91 millones o 59 por ciento más.
“En cuanto al arbitrio de entidades foráneas bajo la Ley 154 de 2010, lo recaudado en febrero excedió la cantidad recaudada el pasado año fiscal en 4.1 millones. Este sector refleja un rezago respecto al comportamiento del año fiscal 2020 de 81 millones o menos 8.0 por ciento. Como destacamos previamente, hemos visto cómo la brecha inicial que existía en julio, de 161 millones entre ambos períodos fiscales, se ha reducido, observándose a partir de septiembre cómo los ingresos mensuales en este año fiscal han superado consistentemente lo recaudos mensuales del año fiscal 2020”, dijo el secretario.
Por otro lado, en febrero los recaudos del IVU excedieron los ingresos de febrero de 2020 en 53.5 millones o 30.8 por ciento.
En lo que va del año el desempeño de este impuesto ha representado 308.4 millones más al fondo general que lo recibido en el año fiscal 2020 o 26.7 por ciento más.
Los recaudos del IVU han recibido el impulso de las transferencias de fondos a individuos y comercios, que igualmente se asocia al crecimiento experimentado por los demás renglones que tributan el consumo.
Según el titular de Hacienda, el efecto de la pandemia y la restricción en la operación de comercios no fue neutral entre los diferentes segmentos de comercios que componen el universo de comerciantes del IVU.
Parés Alicea destacó que durante el periodo del inicio de octubre a diciembre la tasa reducida del siete por ciento para negocios cualificados de servicio de alimentos, el promedio de ventas fue de 277 millones mensuales.
Este se redujo a 119 millones mensuales en promedio durante el periodo de enero a junio de 2020, lo que representó una reducción de 57.1 por ciento.
“Al comparar el promedio inicial de 277 millones, cuando se implementa la reducción en la tasa, con el promedio de 250 millones mensuales que representan las ventas durante los meses de julio a febrero, se observa cómo este sector se ha ido recuperando gradualmente, representando una reducción de 9.7 por ciento respecto al periodo inicial de octubre a diciembre de 2020”, comentó.
El titular de Hacienda y también Principal Oficial de Finanzas Públicas (CFO, por sus siglas en inglés), señaló estar enfocado en varias metas, como la orientación a los contribuyentes sobre beneficios adicionales en la planilla de este ciclo contributivo 2020, entre los que se encuentran, un tres por ciento adicional en las tasas contributivas, la oportunidad de reclamar los incentivos federales de 1,200 y 600 dólares, el crédito de la Oportunidad Americana, autorizada para reclamación retroactiva desde 2018 hasta el 2020 y el Crédito por Trabajo.INS
P. Rico-Gobernador Pierluisi mantiene a González Cruz como secretario de Educación en desafío al Senado
San Juan, 21 abr (INS).- Luego que el Senado de Puerto Rico decidió hoy no dar paso a la designación del licenciado Jesús González Cruz como secretario interino del Departamento de Educación, el gobernador Pedro R. Pierluisi ratificó que lo mantendrá en el cargo hasta tanto nombre a un titular en propiedad.
“Reconozco el derecho del Senado de Puerto Rico de expresar su sentir en cuanto a la designación del licenciado Jesús González como secretario interino del Departamento de Educación”, dijo el mandatario al reclamar que como parte de su responsabilidad constitucional no puede dejar acéfala la agencia.
Pierluisi apuntó que, “ahora bien, debido a que mi responsabilidad constitucional es asegurarme de que el Departamento tenga dirección en todo momento, le he solicitado al licenciado González que se mantenga al mando del Departamento de forma interina hasta que nombre al Secretario o Secretaria en propiedad y el Senado le brinde su consentimiento”.
“Mi compromiso con el pueblo de Puerto Rico, particularmente con los estudiantes de nuestro sistema público de enseñanza, es hacer ese nombramiento con la mayor premura”, aseguró Pierluisi.
El gobernador Pedro Pierluisi designó a González Cruz tras la Comisión de Nombramientos del Senado presentar un informe negativo sobre la secretaria de Educación, Elba Aponte Santos, luego de un cuestionado desempeño. INS
P. Rico-Informes de la Policía que registran uso de fuerza de agentes contra ciudadanos son documentos públicos y el Negociado tiene que entregarlos a entidad Kilómetro Cero, sentencia el Supremo
San Juan, 21 abr (INS).- Los informes de la Policía que registran el uso de fuerza de los agentes contra los ciudadanos son documentos públicos y el Negociado tiene que entregarlos a la organización Kilómetro Cero, sentenció el Tribunal Supremo.
El máximo foro judicial del país emitió hoy la decisión en una resolución que tuvo seis votos a favor y dos disidentes.
A la organización ciudadana que monitorea el uso de fuerza del Estado en Puerto Rico, la representaron los licenciados Luis José Torres Asencio y Steven Lausell, de la Clínica de Acceso a la Información de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico.
“La sentencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico vindica el derecho fundamental al acceso a la información que tenemos todos en nuestro país. Los informes que dan cuenta de cómo el Estado ejerce la fuerza contra la ciudadanía son nuestros, son del pueblo de Puerto Rico. En una democracia, no se supone que haya que temerle a la Policía. Lo que hay es que supervisarla, exigirle cuentas y transformarla para beneficio del País pues ese es el cuerpo que ejerce la fuerza y, por tanto, un enorme poder sobre la gente. Se supone que sea la ciudadanía la que controle sus instituciones. No a la inversa. A nombre de todas las personas que han perdido la vida a manos del Estado, de sus familiares, y de quienes han sido afectados por el uso injustificado de fuerza de la Policía, nos comprometemos a ejercer una labor de análisis y búsqueda de la verdad aún más rigurosa con estos nuevos documentos a los que tendremos acceso”, dijo Mari Mari Narváez, directora ejecutiva de Kilómetro Cero.
Agregó que “la Sentencia es un paso de avance para el fortalecimiento del derecho fundamental de acceso a la información pública en nuestra jurisdicción y, más importante aún, para el derecho del pueblo a participar activamente y fiscalizar el quehacer gubernamental. Al ordenar la divulgación de los Informes de Uso de Fuerza que preparan los agentes del Negociado de la Policía, el Tribunal advierte al Estado que su gestión debe estar sometida al más estricto escrutinio público, sólo limitado por intereses apremiantes de confidencialidad y no por la conveniencia, el capricho y el deseo de no divulgar información que afecte su imagen pública”.
El Tribunal Supremo estableció en su sentencia que “es una paradoja invocar el interés de promover que los miembros de la Policía sean más honestos reportando los incidentes de uso de la fuerza condicionando tal deber a que sea ejercido bajo un manto de secretismo. Esa pretensión no constituye un interés apremiante, sino un interés preocupante y contrario a la Reforma de la Policía”.
“Por los fundamentos antes expresados, se modifica la sentencia del Tribunal de Apelaciones. Por consiguiente, se ordena a la parte recurrida a entregar la documentación solicitada, según los parámetros aquí establecidos. Es decir, a entregar los informes o documentos relacionados con investigaciones ya concluidas y protegiendo la divulgación de información personal de las víctimas, testigos y menores de edad. En consecuencia, se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para los procedimientos ulteriores dirigidos a cumplir con lo aquí dictaminado y se dispone que tal foro ejercerá todos los mecanismos disponibles para garantizar que la parte recurrida cumpla con lo aquí ordenado”, sostiene el dictamen.
Mari Narváez cmentó que “aquí hay siete años de un trabajo bien intenso de requerimientos de información, análisis, búsquedas, cuestionamientos. Esta situación nos recuerda que es menester establecer por fin un mecanismo de acceso a la información para que cualquier grupo, persona o periodista en Puerto Rico pueda ejercer su derecho sin tener que ir a los tribunales, que es un ejercicio oneroso al cual no todos tienen acceso. Quisiéramos que la Legislatura y los funcionarios electos demuestren por fin voluntad política para crear una verdadera ley de acceso a la información, digna del siglo XXI en un país con aspiraciones democráticas”.INS
P. Rico-Coronavirus/Prhta, ante medias adoptadas por el gobierno: “Nuevamente se toman decisiones de relevancia para el turismo sin tomar en consideración opiniones de representantes del sector”
San Juan, 21 abr (INS).- El presidente de la junta de directores de la Asociación de Hoteles y Turismo de Puerto Rico (Prhta, siglas en inglés), Joaquín Bolívar, dijo que “nuevamente se toman decisiones de relevancia para el turismo sin tomar en consideración las opiniones de representantes del sector”, en referencia a las medidas adoptadas por el gobierno para frenar la pandemia.
“Nuevamente se toman decisiones de relevancia para el turismo en la Isla, sin tomar en consideración las opiniones y experiencias de los representantes del sector. or dicha razón hoy sometemos estas recomendaciones con el fin de crear armonía, en el manejo de todo turista desde antes de abordar el avión, el proceso en el aeropuerto, así como su estadía en la Isla”, dijo el presidente.
Añadió que “es necesario implementar de la forma más rápida posible una serie de ajustes en los procesos para garantizar un resultado más seguro, con más control y donde todos como parte de la actividad turística, colaboremos en la prevención y manejo de la pandemia”.
Aseguró que se debe “establecer modelo de comunicación para los turistas en coordinación con las líneas aéreas, incluyendo los sistemas de reservaciones, divulgando desde el inicio los requisitos para poder visitar a Puerto Rico”, así como “activar 24/7 la presencia de laboratorios en los aeropuertos, para hacer las pruebas de PCR de Covid-19, antes de salir del aeropuerto, para aquellos pasajeros que no trajeron un resultado negativo de prueba dentro de las 72 horas antes de su llegada, así como mejorar el tiempo de espera para que los pasajeros obtengan sus resultados, a no más de 24 horas”.
También pidió “reforzar el monitoreo de posibles casos en las hospederías, con el fin de evitar colocar a los empleados de los hoteles a realizar funciones de seguridad pública que podrían desencadenar en situaciones de enfrentamiento con los huéspedes. Privar a un ciudadano de su libertad de movimiento le corresponde a las agencias de seguridad del País y no a las empresas privadas”.
“Estas medidas de control en los aeropuertos necesitan complementarse con la supervisión frecuente de todos los alojamientos alternativos independientes que se mercadean a través de plataformas digitales, junto a las casas y apartamentos de renta a corto plazo, quienes, a diferencia de los hoteles, no tienen personal físico que supervise la llegada y estadía de sus clientes. Aquellos lugares que no cumplan con tener supervisión de sus clientes estarían expuestos a sanciones, como el cierre de la operación o multas para los dueños y operadores por cada día de violación a las reglas que se establezcan”, aseveró.
Pidió, además, ante el aumento de casos, “en su mayoría vinculados al contagio comunitario, establecer bloqueos de tránsito en las zonas de mayor movimiento, una vez haya comenzado el toque de queda”, además de “reforzar los equipos de fiscalización y supervisión para la inspección consistente en los comercios y las áreas públicas de la comunidad y poner en vigor los requisitos de la orden ejecutiva, con las consecuencias de multas y cierre, dispuestas en las medidas”.
“Nuevamente nos ponemos a la disposición de sostener una reunión lo antes posible entre el sector privado y gobierno, y de esta forma poner a la disposición de las agencias de gobierno, nuestros conocimientos y experiencia en la parte operacional y de esta forma asegurar el éxito de las iniciativas. Entendemos que, de ponerse en práctica, estas recomendaciones, puntuales, pero de fácil ejecución, estaríamos logrando trabajar de forma segura y eficaz con las diferentes situaciones que hemos estado viendo en los pasados meses’, expresó el hotelero.
La PRHTA cuenta con sobre 400 socios corporativos a los que representa que incluyen hoteles (grandes, medianos y pequeños), casinos, restaurantes, y socios aliados; que son: líneas aéreas, compañías de transporte, atracciones, villas, operadores de excursiones, proveedores de bienes y servicios a la industria de la hospitalidad, líneas de cruceros e instituciones educativas, entre otros.INS
P. Rico-Demandan a exgobernadora Vázquez Garced por daños y perjuicios: Laureano, consultor político y contratista vinculado a caso de compra irregular de pruebas de Covid-19, pide cinco millones de dólares
San Juan, 21 abr (INS).- El consultor político y contratista gubernamental Eduardo Laureano demandó a la exgobernadora Wanda Vázquez Garced por daños y perjuicios.
Laureano pide cinco millones de dólares y una rectificación de la exmandataria.
En el recurso judicial, el consultor político señala que la exprimera ejecutiva del país le causó graves daños al vincularlo con la empresa Apex, que protagonizó una compra irregular, a sobreprecio y fallida de pruebas para detectar el Covid-19.
El 16 de abril de 2020, durante una conferencia de prensa, Vázquez Garced declaró que había ordenado cancelar los contratos que tuviera Laureano con el gobierno al relacionarlo al escándalo del caso Apex.
Sin embargo, Laureano asegura en la demanda que la única relación con el caso fue entregar el número del teléfono de Segundo Rodríguez Quilichini al abogado de Apex, Juan Maldonado.
Laureano acusa a Vázquez Garced de expresiones son “falsas y calumniosas”.
De acuerdo con la demanda, las declaraciones de la exgobernadora fueron “realizadas sin el cuidado debido con toda la intención de dañar la reputación del demandante, sin el mínimo de investigación y con el fin de desprestigiar y lacerar la dignidad del demandante”.
“Las situaciones vividas a partir del 16 de abril de 2020 han marcado la vida del demandante para siempre, causándole grave daño a su imagen, nombre y reputación, tanto en el desarrollo de sus negocios y el diario desenvolvimiento de su vida. Tan es así que desde dicha fecha se percibe marcado con el escándalo que Vázquez Garced lo relacionó”, sostiene la demanda, cuyos extractos fueron publicados por un diario nacional (El Nuevo Día).INS
P. Rico-Empresa puertorriqueña lanza aplicación que evita que la persona haga fila en farmacia y procesa recetas
San Juan, 21 abr (INS).- Tu Farmacia Móvil Corporation lanzó la aplicación “Tu farmacia móvil App”, en donde se integran los servicios de una farmacia de la comunidad, tecnología y entregas para el beneficio de los puertorriqueños de forma gratuita.
La App permite procesar recetas de una manera fácil, rápida y segura a través de cualquier dispositivo móvil.
La aplicación cuenta con las certificaciones de las distintas agencias gubernamentales, estatales y federales (la aplicación cumple con los requisitos de la Ley Hippa).
Tu Farmacia Móvil Corp. es una empresa puertorriqueña que llevaba desde 2018 trabajando en esta aplicación ante la carencia de servicios diseñados para llevar a la mano de los pacientes lo necesario en cuanto a farmacia.
La compañía ha considerado desde infraestructuras de telecomunicaciones móviles, logística y la adquisición equipos para que el personal pueda trabajar directamente con el récord del paciente de forma encriptada fuera del recetario, hasta una flota de vehículos diseñada para el transporte de medicamentos y un profesional de Farmacia que diversifique sus roles a beneficio del paciente esté donde esté.
“Esta nueva herramienta le permite al consumidor maximizar su tiempo. A su vez evita las largas horas de espera o varias visitas a la farmacia, previene la exposición en momentos en los que el distanciamiento social es sumamente importante. Trabajamos con lo último en software de Farmacia y bajo los más altos estándares de servicios para garantizar la experiencia de Tu Farmacia en Tus Manos. Queríamos
brindarle al paciente una alternativa diferente para procesar y recibir sus recetas”, expreso Carlos Elyd Cólon, vicepresidente de la compañía.
Por medio de Tu Farmacia Móvil App el consumidor tendrá acceso a todos los servicios de una farmacia de la comunidad.
No obstante, el servicio no se limita a la aplicación ya que si por alguna razón no puede subir su receta al sistema la empresa provee variedad de alternativas en las que el paciente podrá procesarlas sin tener que acudir presencialmente
“Llevamos más de 3 años trabajando este proyecto, en el cual hemos aplicado nuestros 20 años de experiencia en el campo de la ingeniería y telecomunicaciones para el desarrollo de Tu Farmacia Móvil. En el proceso se realizaron diferentes estudios y encontramos que había una gran necesidad a la hora de procesar las recetas una vez llegaban a la mano de los pacientes y a su vez falta de adherencia a los tratamientos por lo complejo de no contar con servicios que lleguen directamente a la población que necesita el mismo, por lo cual para nosotros era primordial que fueran entregados por un profesional de farmacia y que este tuviera un vehículo que garantiza el manejo y traslado correcto de los medicamentos una vez se despachan en el recetario y a la mano un dispositivo que logra
el cumplimiento de honrar la privacidad de nuestros pacientes autentificando directamente desde su récord electrónico en cada entrega”, comentó Pedro Rivera, presidente de la compañía.
Para asegurar la rapidez y calidad del servicio el grupo cuenta con alianzas y localidades estratégicas que facilitan el cumplimiento de las entregas.
Las áreas de servicio actualmente son Cayey, Cidra, Aguas Buenas, Caguas, Gurabo, San Lorenzo, Juncos, Las Piedras, Trujillo Alto, Carolina, San Juan, Guaynabo, Cataño, Bayamón, Toa Baja y Dorado.
Se espera que para mediados de este año se sumen municipios adicionales en los cuales se provea el servicio.
La aplicación se puede descargar de forma gratuita en el app store y está disponible para IOS y Androide.INS
ndc