R. Dominicana-Comisión propone auditar a la Policía Nacional respecto a gestión y procedimientos de su control interno

La comisión de trabajo de reforma policial mientras era juramentada por el presidente Luis Abinader. / Inter News Service

Santo Domingo, 18 abr (INS).- El grupo de trabajo conformado por el Poder Ejecutivo para la “Trasformación y Profesionalización de la Policía Nacional”, consideró pertinente que el Ministro de Interior y Policía le solicite practicar una auditoría externa de la uniformada en lo que respecta la gestión y procedimientos de su control interno.

La finalidad de esta auditoría es servir de base en la elaboración de un diagnóstico más integral “que contemple los procedimientos de control interno de la gestión y procesos de la Policía Nacional”, señala una comunicación oficial, firmada por el coordinador del grupo, abogado Servio Tulio Castaños Guzmán.

La decisión fue tomada en una reunión, el pasado viernes, por el grupo conformado también por Radhamés García, Juan Ramírez, Bautista López García, Rosalía Sosa, Pedro Brache, Celso Juan Marranzini, José Luis Mendoza, Osvaldo Santana, monseñor Francisco Ozoria, Fidel Lorenzo, Mu Kien Sang, Héctor Guerrero Heredia, Carlos Manuel Estrella, Jorge Antonio López Hidalgo, Fausto Mejía, José Francisco Torres, Carolina Santana, Elena Viyella, Ricardo Nieves y Manuel María Mercedes.

En ese primer encuentro, pasaron balance a todas las responsabilidades derivadas del decreto 211-21 del Poder Ejecutivo que ordena la integración del grupo de trabajo y emprendió la labor de organizar el proceso de recolección de información para elaborar una agenda completa de trabajo, con sus prioridades, recursos, mecanismos de diálogo e intercambio con las autoridades estatales y gubernamentales correspondientes y con las organizaciones sociales, académicas, territoriales, empresariales, eclesiales y sectoriales en todo el país.

Además, le solicitaron al Ministerio de Interior y Policía los borradores de los 22 reglamentos de la Policía Nacional pendientes de aprobación; los diagnósticos e informes relevantes sobre la situación actual de la institución elaborados internamente o por expertos externos; el documento “Estrategia Integral de Seguridad Ciudadana Mi País Seguro”.

También, los protocolos que actualmente se implementan en la entidad e información  sobre el nivel de los que están en proceso de redacción y el estatus de los procesos sancionatorios ante el Consejo Superior Policial.

“Estas informaciones contribuirán a la elaboración de recomendaciones estratégicas sustanciales, que permitirán la reestructuración de las prácticas institucionales, coherentes con los nuevos marcos normativos y ajustes en los aspectos organizativos y procedimentales”, estableció el documento.

El próximo miércoles 21 de abril, la comisión definirá su organización interna para la realización de su labor, y se procederá a la conformación de subgrupos, estructurado en función de las tareas que dispone la ordenanza presidencial. Asimismo, se procederá a identificar los asesores y/o consultores que se requieren.

“Avanzaremos con paso firme, decidido y prudente para ser un instrumento eficaz que contribuya a que nuestra Policía Nacional incremente la confianza social, la competencia profesional, y la eficiencia en sus acciones de forma que, con el apoyo de todos los sectores, realice eficazmente sus atribuciones constitucionales y legales”, expresa el comunicado.

Las evaluaciones a la institución del orden público surgieron después de que seis agentes policiales dispararon sobre el vehículo en el que se transportaba la pareja de esposos evangélicos Joel Díaz y Elisa Muñoz, quienes resultaron muertos. El asesinato ocurrió el 31 de marzo en la comunidad Villa Altagracia, provincia San Cristóbal, región sur dominicana.

Por el crimen están detenidos el segundo teniente Reyes Navarro, el sargento Domingo Perdomo Reyes, los cabos Norkys Rodríguez Jiménez y Ángel de los Santos, así como también los rasos Anthony Castro Pérez y Juan Manuel Ogando Solis.

El pasado miércoles, el tribunal de Atención Permanente de Villa Altagracia dictó contra el grupo un año de prisión preventiva como medida de coerción, a solicitud del Ministerio Público, luego de declarar complejo el hecho sangriento. INS

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