San Juan, 12 abr (INS).- Diálogo por Puerto Rico dio a conocer el documento “Apoyo al Estado Libre Asociado de Puerto Rico y Propuesta de Enmienda al H.R. 2070”, que expresa los fundamentos en que se basa para enmendar el proyecto de ley que presentaron las congresistas Nydia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez.
El Comité Ejecutivo de la entidad, que integran José R. Varela Fernández, Carlos R. Ríos Gautier, Manuel Martínez Maldonado, Margarita Ostolaza Bey, Anibelle Sloan y Rubén Pagán Olmeda, sometió el documento a la consideración del presidente del Partido Popular Democrático (PPD), José Luis Dalmau.
Además, envió cartas al congresista Raúl Grijalva y las congresistas Velázquez y Ocasio-Cortez que explican detalladamente las razones de la propuesta de enmienda.
El documento afirma que históricamente el Partido Popular Democrático (PPD) “ha defendido una relación digna y equitativa entre Puerto Rico y EE.UU. a partir del Estado Libre Asociado (ELA). Además, desde su fundación en 1952, ha sostenido que el ELA no esté sujeto a los poderes plenarios de la cláusula territorial”.
Indica que se ha malinterpretado esa posición para indebidamente promover que la intención es estar excluido de la cláusula territorial, por lo que el comité sostiene que revisar el acuerdo bilateral de gobierno propio es enteramente posible.
Además, cita la opinión del profesor de derecho constitucional Samuel Issacharoff, sobre la legalidad del pacto entre Puerto Rico y EEUU y el significado de la alternativa del Estado Libre Asociado mejorado.
En la opinión se indica la relación establecida a través del pacto y los derechos de gobierno propio del pueblo de Puerto Rico como ciudadanos de Estados Unidos, soberanía en materias no reglamentadas por la Constitución estadounidense y obligados por ambas constituciones, las leyes 600 y 447 de 1952 y la ley de relaciones federales de Puerto Rico.
El Comité indicó que el objetivo del ELA mejorado consiste de medidas urgentes para la creación de empleos, recuperación y crecimiento económico, ampliar el gobierno propio y autonomía en asuntos económicos y un mejor uso equitativo y efectivo de los programas federales.
Hizo referencia a la discusión sobre los proyectos de estatus en 1975 y en el periodo de 1989-1992 sobre lograr un mayor desarrollo autonómico dentro del marco constitucional de los Estados Unidos por medio del vínculo indisoluble de la ciudadanía americana.
El documento resalta que “como ciudadanos norteamericanos compartimos el mismo territorio y derechos dentro de los pilares del ELA que, con la ciudadanía, provee estabilidad, seguridad, defensa, mercado y moneda común. Esas características del ELA permiten a los puertorriqueños a movilizarse a cualquier lugar en los EEUU libremente y ejercer plenamente sus derechos en igualdad de condiciones a los conciudadanos del norte”.
Además, la ciudadanía provee un poder político invaluable a los cinco millones de puertorriqueños que residen en Estados Unidos.
El Comité señaló que el PPD ha rechazado consistentemente la libre asociación y la independencia que son las opciones políticas de estatus de Puerto Rico fuera de la cláusula territorial que establece el proyecto de ley radicado por las congresistas Velázquez y Ocasio-Cortez.
Igualmente, que esas dos fórmulas no son aceptables para una súper mayoría del electorado puertorriqueño y que en el “Report by the President’s Task Force on Puerto Rico’s Status” de marzo de 2011 indica que la libre asociación es un tipo de independencia.
En el escrito el Comité apoyó el ELA indicando que bajo la cláusula territorial es posible concertar un nuevo pacto con EEUU para obtener mayores poderes políticos que sean de conveniencia para ambos pueblos.
Al citar la opinión concurrente de la jueza Sonia Sotomayor, del Tribunal Supremo de Estados UNidos, en el caso de Aurelius reconociendo ante el mundo la aprobación de las Naciones Unidas del ELA, enfatizó la vigencia y la importancia de esa forma de gobierno.
Uno que, con el consentimiento mutuo acordado entre las dos naciones al ser oficializado en 1952, y validado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a solicitud de las partes en 1953, todavía vigente.
La ONU señaló que Puerto Rico dejó de ser colonia cuando se convirtió en “Commonwealth” o, en español, Estado Libre Asociado y está oficialmente fuera de la lista y el mapa de los países denominados colonia, argumentaron.
El documento señala que se ha intentado desmerecer al ELA mediante la ley Promesa que, según algunos muestra que el ELA es un estado colonial y que, a tenor con los poderes plenarios del Congreso sobre Puerto Rico fue impuesta en contra de nuestra voluntad, violando así el pacto existente.
Sin embargo, apunta el escrito, la realidad es que fueron el entonces gobernador Alejandro García Padilla y el comisionado residente Pedro Pierluisi quienes solicitaron ese remedio extraordinario para una situación particular, para así evitar la paralización de los servicios públicos del país que ocasionarían las demandas judiciales en cobro de las deudas billonarias contraídas irresponsablemente por algunos de los gobernantes de Puerto Rico.
“Es obvio que esa acción no borra la realidad de que se trata de una circunstancia extraordinaria auto infligida, que provocó un remedio también extraordinario que aún no se ha podido resolver.
Argumenta también el documento que el potencial de crecimiento del ELA aventaja a las demás opciones y que mientras figure democráticamente en la papeleta electoral, será la seleccionada por la mayoría del pueblo de Puerto Rico.
El Comité instó a persuadir, primero aquí y luego allá, que una relación digna, equitativa, de respeto y cumplimiento entre Puerto Rico y la nación norteña es posible fuera de la estadidad y la independencia.
El Comité propone que el H.R. 2070 debe enmendarse a los fines de excluir la disposición que establece que estará fuera de la Cláusula Territorial de la Constitución de los Estados Unidos, sugiriendo que de este modo se elimina el conflicto con la política pública, que apoyar un plebiscito en tensión con esa normativa, según se indica en la carta del Departamento de Justicia federal de 29 de julio de 2020. INS
ndc
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