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La representante Estrella Martínez Soto persigue esclarecer si los terrenos donde ubica la estructura pertenecen al municipio de Santa Isabel. Inter News Service/Tammy Olivencia
San Juan, 5 abr (INS).- La Comisión para el Desarrollo y Fiscalización de Fondos Públicos de la Región Sur de la Cámara de Representantes atendió este lunes la Resolución de la Cámara 260, que investiga una polémica relacionada con la titularidad de la rampa para embarcaciones de pescadores en el barrio Playa, en Santa Isabel.
El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) informó, durante la primera vista pública para discutir la medida que, hasta tanto no se resuelva la controversia, las facilidades no podrán recibir los fondos otorgados por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, siglas en inglés) para la recuperación de las pesquerías luego de los huracanes de septiembre de 2017.
La pieza legislativa, de la autoría de la representante Estrella Martínez Soto, busca esclarecer si los terrenos donde ubica la estructura pertenecen al municipio de Santa Isabel o al exalcalde Enrique Questell Alvarado.
El ex ejecutivo municipal fundó en 1984 la corporación Aquamak, compañía que desde ese año adquirió los predios del muelle.
“Nuestra querida gente de Santa Isabel se merece ese respeto; se merece que se aclare de una vez por todas su acceso (al muelle), y que este sea de uso y disfrute”, expresó Martínez Soto, quien además preside la Comisión.
La legisladora por el Distrito 27 aludió al cierre de la rampa efectuado en enero de 2019 por la corporación, como resultado de una petición del entonces alcalde ante alegados problemas de seguridad. Tras los pescadores del área reclamar que el terreno pertenece a la administración municipal, Questell Alvarado presentó un informe de auditoría del Centro de Recaudaciones de Impuestos Municipales (CRIM) que determina que la rampa localiza en terrenos de Aquamak.
Aunque el muelle fue reabierto este año por el actual alcalde Rafael “Billy” Burgos, el pescador Alfonso Alfonso Cintrón enfatizó en su turno como deponente, que aún se dilucida en los tribunales la titularidad de estos predios.
El portavoz comunitario sostuvo que el caso está referido en la División de Asuntos Legales del DRNA hace cerca de una década.
“Este caso nosotros lo tenemos en Recursos Naturales hace muchos años. No estamos hablando del cierre de la rampa. Desde el 2012, se está bregando con lo que es (la titularidad de) la rampa y el área de la zona marítimo terrestre; la zona de dominio público”, afirmó el obrero del mar.
Por su parte, el secretario del DRNA, Rafael Machargo Maldonado, señaló que en marzo de 2013 Questell Alvarado presentó una solicitud de concesión como proponente privado de Aquamak para el área de la rampa objeto de la controversia.
Según el titular, esta solicitud ha quedado pendiente de la disposición final del caso administrativo (16-097-ZMT) que, hasta el momento, se encuentra ante la consideración de la agencia.
La querella del DRNA fue radicada en 2016 contra el entonces alcalde de Santa Isabel por construir una marina personal en la zona marítimo terrestre sin autorización de esa agencia.
Machargo Maldonado indicó que este caso tiene una vista administrativa programada para el próximo 13 de mayo, lo que provocó el desagrado de los representantes ante la retrasada solución a la polémica.
A preguntas del representante Orlando Aponte Rosario sobre el desenlace de la estructura si el DRNA resuelve que la marina está construida ilegalmente, el secretario explicó que deberá ser demolida.
“Si es una edificación para uso personal, que no cabe bajo el reglamento, se tiene que ordenar el derribo de esa estructura. Si es una estructura que es susceptible a ser legalizada, se le da oportunidad para que se legalice”, declaró Machargo Maldonado. INS
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