P. Rico-Inter News Service-Resumen de noticias para radio y televisión

Resumen de noticias para el martes 23 de marzo de 2021

P. Rico-Contrato de Luma Energy podría poner en riesgo el sistema energético y los fondos de recuperación a los que tiene acceso el país

San Juan, 23 mar (INS).- El presidente de la Comisión de Proyectos Estratégicos y Energía del Senado, Javier Aponte Dalmau, advirtió que si el gobierno de Puerto Rico, mínimamente, no enmienda el contrato otorgado a la empresa LUMA Energy pondrá en riesgo el sistema energético del país con sus acciones de privatización del activo principal que tiene la isla.

“Estamos seguro que en el transcurso de estas vistas presentaremos evidencia, como sucedió hoy (ayer), de que este contrato, como mínimo, requiere enmendarse y que de hacer lo contrario el gobernador, Pedro Pierluisi, estará poniendo en riesgo el sistema energético del país por querer privatizarlo de forma atropellada”, sostuvo Aponte Dalmau, luego del primer día de vistas públicas para atender la Resolución del Senado 1, que busca investigar exhaustivamente el contrato otorgado a Luma Energy para la transmisión y distribución de energía en la isla.

El también portavoz de la mayoría popular en la Cámara Alta, afirmó que existen en el contrato alrededor de cinco cláusulas “sumamente riesgosas” que podrían tener el efecto de que la transacción culmine en la transferencia de un monopolio público, como lo es la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) a un monopolio privado en manos de Luma Holdings, empresa matriz de Luma Energy. Una de esas claúsulas es la “Share Service Agreement”, que permite que la compañía matriz pueda contratar a sus subsidiarias y hacerse del control de áreas como el despacho energético. De esto suceder, Luma podría hacerse con el control absoluto de los costos y tarifas energéticas en la isla.

Aponte Dalmau expresó, también, tener una preocupación genuina sobre la posibilidad de que se pongan en peligro sobre $10 mil millones de fondos de reconstrucción que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) podría asignar a Puerto Rico. “Estos fondos van destinados a entidades públicas y no existe, al menos que sepamos ninguna opinión legal, estudio o confirmación de FEMA que nos diga con certeza de que en el esquema actual con Luma se podrá tener acceso a estos fondos para la restructuración de nuestro sistema energético”, manifestó el legislador.

De igual forma, dijo inquietarle el potencial conflicto de interés que se dio desde la fase pre contractual hasta la adjudicación del Request For Proposal (RFP), donde salió favorecida Luma. “Como es posible que los actuales directores de la Oficina Central de Recuperación y Reconstrucción (COR3), la Autoridad de Alianzas Público-Privadas, el Negociado de Energía y la AEE fueran los mismos que propusieron el modelo diseñado para el RFP y ahora sean a quienes les tocará fiscalizar este contrato”, destacó.

El senador, además, estableció que ni el director ejecutivo de la AEE, Efrán Paredes Maisonet ni el presidente de la Junta de Gobierno de la corporación pública, Ralph Kreil Rivera, quienes depusieron en las vistas públicas, pudieron probar que este contrato traiga un beneficio económico para Puerto Rico.

Tampoco precisaron que esta transacción tenga como efecto una disminución o conlleve ajustes en la tarifa de energía eléctrica. Aponte Dalmau criticó que los funcionarios fueran evasivos antes “las preguntas claras y precisas” que le fueron hechas dejando muchas dudas respecto a lo que supondrá esta contratación para el país.

“Por el contrario, nosotros presentamos evidencia de que el gobierno tendrá que desembolsar, antes del 1 de junio, para poner en vigor este contrato, unos $894 millones, que aún se desconoce cómo serán sufragados. Además, tendrá que hacer otros gastos adicionales que podrían ascender a más de $800 millones”, expresó Aponte Dalmau.

A preguntas de la prensa sobre en manos de quien recaería el enmendar este contrato, Aponte Dalmau, dejo entrever que el gobernador podría mover la fecha de inicio del mismo o enmendarlo. “El gobernador Pierluisi tiene ahora mismo un comité, del que casualmente el director ejecutivo de la AEE es parte y aquí, en esta vista, se ha vertido la información de que ellos no tienen interés o no ven ninguna razón existente para enmendar el contrato”, puntualizó.

Estas vistas públicas continúan el próximo viernes, 26 de marzo. INS

 

P. Rico-Autoridades federales determinan que terminal de gas natural en el puerto de San Juan se construyó sin su autorización y por tanto compañía New Fortress Energy opera ilegalmente

San Juan, 23 mar (INS).- La Comisión Reglamentadora de Energía Federal (FERC) determinó que la terminal de gas Natural licuado (GNL) de la compañía New Fortress Energy en el puerto de San Juan se construyó y opera sin cumplir con la Ley Federal de Gas Natural, informaron las organizaciones de la Alianza de Energía Renovable Ahora (AERA).

Por lo tanto, la agencia federal asumirá jurisdicción y requerirá a New Fortress someter una solicitud para determinar si procede o no autorizar la operación de la terminal.

La decisión de FERC responde a múltiples reclamos y gestiones de las comunidades cercanas a la terminal no autorizada de New Fortress, así como grupos religiosos, ambientales y civiles puertorriqueños.

Las organizaciones que componen a AERA y otras entidades advirtieron al ente federal sobre la peligrosidad que representa la terminal de GNL de New Fortress altamente explosiva y contaminante.

New Fortress comenzó la construcción y operación de la terminal en el puerto de San Juan para suplir gas metano a las unidades 5 y 6 de la central eléctrica en Puerto Nuevo y a empresas privadas.

Además, New Fortress construyó la terminal sin cumplir con el requisito de preparar una consulta de ubicación y sin oportunidad para que las comunidades cercanas y los grupos afectados participaran de vistas públicas.

“Sentimos algo de alivio al saber que al fin se va a comenzar a intervenir con esta situación que nos preocupa porque no queremos que ocurra otro accidente como Capeco o como Humberto Vidal. No se puede esperar que ocurra una tragedia para entonces tomar acción. Todas las vidas valen y las personas merecen sentirse seguras donde residen”, aseveró Sary Rosario, residente de Puerto Nuevo Norte.

La volatilidad del gas metano expone a comunidades vulnerables a riesgos de accidente por explosión, ya que las residencias más cercanas al terminal de New Fortress se encuentran aproximadamente a 400 metros de distancia de esta facilidad.

De igual manera, la quema de gas metano causa problemas respiratorios, incluyendo asma, entre otros efectos adversos a la salud de los residentes, lo cual es especialmente peligroso en tiempos de la pandemia de Covid-19, aseguró Rosario.

Las organizaciones de la AERA y diferentes sectores del país han alzado sus voces de alerta ante los riesgos de seguridad y salud que esta operación representa, especialmente para las comunidades de Sabana, Amelia y Vietnam de Guaynabo, y para la Barriada Borinquen y Puerto Nuevo Norte de San Juan.

“Las personas que viven cerca de este terminal tienen preocupaciones legítimas concernientes a su vida y salud. Este es un asunto de eco-justicia para las comunidades y también de justicia climática, ya que la quema de combustibles fósiles como lo es el gas metano contribuye a las nefastas consecuencias de la crisis climática”, dijo el portavoz.

Las organizaciones que componen a AERA y la Hermandad Pastoral de Puerto Nuevo, que incluye a pastores de iglesias en estas comunidades, solicitaron la intervención de FERC en este caso.

Felipe Lozada Montañez, obispo emérito de la Iglesia Evangélica Luterana en Puerto Rico, indicó que “defender la vida es lo principal y una parte fundamental es defender el ambiente, que es parte de la creación”.

New Fortress también se encuentra bajo investigación legislativa por las irregularidades bajo las cuales construyó y está operando la terminal.

AERA promueve la propuesta de Queremos Sol (queremossolpr.com) que reclama a la AEE la instalación de sistemas solares en los techos de las propiedades de las y los abonados como principal alternativa de generación de energía eléctrica en Puerto Rico.INS

 

P. Rico-Aboga por enmiendas vicepresidenta del PPD sobre la medida de Velázquez y Ocasio-Cortez

Morovis, 23 mar (INS).- La vicepresidenta del Partido Popular Democrático (PPD) y alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado González, consideró que el proyecto de estatus, HR-2070, de las congresistas Nydia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez, es una buena iniciativa y que lo endosaría si se enmendara para incluir las diversas alternativas, incluyendo el actual Estado Libre Asociado (ELA).

“Lo primero que debo señalar es mi agradecimiento a ambas legisladoras puertorriqueñas, porque han puesto por escrito lo que se ha hablado por décadas, que es promover una discusión amplia e inclusiva sobre el estatus de Puerto Rico. Ellas conocen muy bien la situación que vivimos y han sido altamente solidarias con Puerto Rico y todos debemos agradecer esta iniciativa”, aseguró Maldonado González.

La alcaldesa de Morovis señaló que en lo que a ella respecta, “en cualquier consulta que se haga deben estar todas las opciones de status disponibles, incluyendo la actual, porque sería incongruente promover un proceso que aspire a ser democrático y se inicie el mismo descartando alguna opción”.

“Por ejemplo, razonablemente yo no puedo proponer una medida de estatus donde se elimine la estadidad o la independencia, simplemente porque yo no apoyo ninguna de las dos. La medida debe permitir que los estadolibristas diseñemos con plena libertad la alternativa de estatus que favorecemos, que proteja nuestra ciudadanía e identidad puertorriqueña y luego poderla someter al Congreso para discusión mutua”, expuso a pesar de que la opción del ELA ha sido descartada por el gobierno de Estados Unidos.

La legislación presentada la semana pasada en Washington por Velázquez y Ocasio-Cortez no menciona particularmente ninguna alternativa de estatus, pero ya Velázquez ha indicado que pueden ser la estadidad, la libre asociación, la independencia y “cualquier otra alternativa” siempre que esté fuera de la cláusula para territorios de la Constitución de Estados Unidos.

En el pasado el gobierno federal ha expresado que las alternativas fuera de la cláusula de territorios no incluirán la ciudadanía de los Estados Unidos para los puertorriqueños.

La vicepresidenta del PPD confirmó que asistirá a la reunión de la Junta de Gobierno de la colectividad, que se celebrará este miércoles a las 5:00 de la tarde en la sede en Puerta de Tierra, y que espera haya una discusión amplia, donde se discutan todos los puntos de vista.

“Tenemos ante nosotros una medida que puede ser enmendable, y mejorarla para incluir a los estadolibristas. Eso contrasta con la injusta propuesta del congresista Darren Soto y la comisionada residente Jenniffer González, que pretende imponer la estadidad, como han hecho con las consultas anteriores. El gobernador (Pedro R.) Pierluisi no puede esconderse detrás de los estadolibristas para excusar el fracaso de su proyecto de estadidad en Washington”, culminó Maldonado González. INS

 

P. Rico-Cámara de Representantes falla su deber constitucional de investigar elección en Distrito 3, reclama Prados Rodríguez
San Juan, 23 mar (INS).- La Cámara de Representantes derrotó con 21 votos favor, 20 en contra y 4 abstenciones en la sesión de ayer la Resolución de la Cámara 322 para crear la Comisión Especial que pase juicio sobre la validez de la elección y certificación de Juan Oscar Morales Rodríguez como representante del Distrito Representativo Núm. 3.

La medida requería 26 votos para su aprobación.

“La Cámara de Representantes, por primera vez en su historia, no cumplió con su deber constitucional y moral de proteger la pureza de los procesos electorales en Puerto Rico. En más de una docena de casos de impugnación de elección atendidos por la Asamblea Legislativa, según sus propias actas de sesiones, nunca se había dejado de aprobar una Comisión Especial para que investigara y atendiera una petición de impugnación de elección válidamente presentada”, expresó Eva Prados Rodríguez, quien fuera candidata por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC).

La licenciada Prados Rodríguez aseguró a los electores del Precinto 3, que “mi equipo y yo no nos rendiremos”.

“Siento mucha decepción ante la falta de urgencia e impunidad que actualmente existe en las instituciones que deberían proteger nuestro valor más supremo, que es la democracia. Pero no perdemos la esperanza de llegar a la verdad y, en la búsqueda de esa verdad, no claudicaremos nunca. Siempre optaré por la transparencia y, en el caso electoral, no será la excepción. Si todo está bien, por qué temen a investigar y, si saben que está mal, por qué siguen posponiéndolo. Nunca debemos posponer la justicia”, dijo la letrada.

La excandidata a representante por el Distrito representativo 3 de San Juan se sostuvo en que nunca se debió certificar a Juan Oscar Morales como el ganador de la elección, como concurrieron también los comisionados del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y Partido Popular Democrático (PPD).

“Hasta hoy, tampoco en el tribunal, Morales ha contestado ninguna de las nueve razones para impugnar la elección. Es un día triste para la transparencia y la confianza en los procesos electorales en Puerto Rico”, declaró.

Prados Rodríguez agradeció a la delegación del MVC, del PIP y a la mayoría de la delegación del PPD que le votaron a favor a la RC 322.

“Los residentes del Distrito 3 de San Juan exigen tener certeza sobre el resultado de la pasada elección para el cargo de representante de distrito y es deber de la Cámara de Representantes proteger el valor máximo de una democracia que es la confianza en el proceso electoral”, estableció la letrada. INS

 

P. Rico-Senado evalúa medida que garantiza derechos de migrantes víctimas de delito

San Juan, 23 mar (INS).- En busca de proveer mayor protección y asistencia a todas las víctimas y testigos de delito, en específico a las personas migrantes residentes en Puerto Rico, la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Laborales, presidida por la senadora, Ana Irma Rivera Lassén evaluó el proyecto del Senado 11, que busca enmendar la Ley para establecer la Carta de Derechos de las Víctimas y Testigos de Delito.

“Este es uno de los temas que más afecta los derechos humanos en Puerto Rico, en lo relacionado a víctimas y testigos de delito, es confrontar posibles discriminaciones”, manifestó la senadora Rivera Lassén, senadora del Movimiento Victoria Ciudadan (MVC).

La medida, de la autoría del presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, busca enmendar la Ley para establecer la Carta de Derechos de las Víctimas y Testigos de Delito, para aclarar la Política Pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de proveer protección y asistencia a todas las víctimas y testigos de delito, sin importar su edad, raza, color, sexo, condición física o mental, afiliación política, o ideas políticas o religiosas, orientación sexual, identidad de género, condición social, origen social, origen nacional, ciudadanía o estatus migratorio.

También pretende establecer que los funcionarios y funcionarias del orden público no podrán indagar sobre la nacionalidad o estatus migratorio de las víctimas y testigos de delito.

Respecto de la medida, el presidente del Comité Dominicano de Derechos Humanos en Puerto Rico, José Rodríguez Pérez, destacó ya la importancia de que se apruebe la medida: “Hemos tenido casos de obreros de la construcción y empleadas domésticas que luego del patrón ponerlos a trabajar, se niegan a pagarles sus honorarios y cuando acuden a radicar alguna querella, no se les toma dicha querella por los motivos antes mencionados, el carecer de un estatus migratorio definido”.

Asimismo, enfatizó en que muchos de los migrantes residentes en Puerto Rico han sido testigos de crímenes y no se atreven declarar por miedo a que se les entregue al Departamento de Inmigración, esto a pesar de la implementación de la Reforma de la Policía que evitaría este tipo de discrimen.

El Departamento de Seguridad Pública (DSP) reconoció en una ponencia que “el Negociado de la Policía cuenta con la orden general 600, ‘Intervención con Personas Extranjeras’, en la que se establecen las normas y los procedimientos a seguirse por parte de los miembros de la Policía al momento de intervenir con personas extranjeras, por diversas circunstancias”.

Sin embargo, los licenciados Estrella Mar Vega y José Vázquez en representación del secretario del DSP Alexis Torres Ríos, expresaron que la agencia favorece la medida ya que es cónsona con la política institucional del departamento.INS

ndc