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San Juan, 19 mar (INS).- El exsenador Abel Nazario Quiñones, quien también fuera alcalde del municipio de Yauco, fue sentenciado hoy por el juez del Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Puerto Rico, Joseph N. Laplante, a cumplir 18 meses de prisión, anunció el fiscal federal W. Stephen Muldrow.
Después de un juicio por jurado que se prolongó 12 días, Nazario-Quiñones fue declarado culpable de 23 cargos de declaraciones falsas y 5 cargos de fraude electrónico el 22 de marzo de 2020.
La Oficina del Inspector General (OIG) del Departamento de Trabajo de Estados Unidos y el FBI (Negociado Federal de Investigaciones) estuvieron a cargo de la pesquisa.
“La sentencia de prisión impuesta a Abel Nazario Quiñones debería hacer que otros funcionarios públicos se lo piensen dos veces antes de eludir las leyes que promueven la transparencia en nuestro gobierno”, dijo el fiscal federal Muldrow. “Estoy inmensamente orgulloso de nuestro equipo de acusación y nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley por este resultado exitoso”.
El agente especial a cargo de la Región de Nueva York, Michael C. Mikulka, del Departamento de Trabajo de Estados Unidos, Oficina del Inspector General, expresó que “la sentencia afirma el compromiso de la Oficina del Inspector General del Departamento de Trabajo de EE. UU., de garantizar que los trabajadores reciban los salarios que legítimamente han ganado y de investigar a quienes obstruyen los esfuerzos para garantizar la integridad de sus programas”.
“Abel Nazario-Quiñones, el exalcalde de Yauco, Puerto Rico, traicionó la confianza del público cuando se involucró en un plan para privar a los empleados municipales de Yauco de sus salarios y luego hizo declaraciones falsas a la División de Horas y Salarios para continuar con el fraude. Esta oficina está comprometida a trabajar con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley para combatir este tipo de actividad delictiva”, dijo Mikulka.
“El mal de la corrupción es la base de algunos de los problemas más urgentes que enfrenta nuestra sociedad hoy”, opinó Rafael Riviere Vázquez, agente especial a cargo del FBI. “Cuando los líderes de nuestro gobierno se comportan de una manera que socava las instituciones a las que están destinados a servir, la gente pierde todo respeto por el estado de derecho. Por lo tanto, todo acto de corrupción, debe ser castigado, de lo contrario, este mal continúa extendiéndose por el tejido mismo de nuestra sociedad. Este caso es un ejemplo de los frutos de esta misión, que está lejos de terminar y sigue siendo nuestra máxima prioridad ”.
El 1 de febrero de 2019, el senador Nazario Quiñones fue imputado en un pliego formal sustitutiva de 37 cargos por hacer declaraciones falsas y fraude electrónico.
Según el auto de procesamiento sustitutivo, en mayo de 2013, durante una auditoría de rutina de los registros del municipio de Yauco, la Contraloría de Puerto Rico descubrió que los empleados municipales debían trabajar dos horas voluntarias por día.
Este problema se remitió a la División de Horas y Salarios (WHD) del Departamento delTrabajo federal, que determinó que este requisito de labor voluntaria era una violación de la Ley de Normas Laborales Justas.
En febrero de 2015, Nazario-Quiñones firmó un Acuerdo de Pago de Cumplimiento de Salarios Atrasados con la División de Horas y Salarios en el cual acordó pagar salarios atrasados por un total de $588,961.43 a 177 empleados municipales por el período del 1 de agosto de 2012 al 31 de julio de 2014, de acuerdo con un cronograma predeterminado que enumera a cada empleado a quien se le debe salario, la cantidad que se le adeuda y la fecha en la que se debe pagar a cada empleado.
El Acuerdo permitió a la Municipalidad hasta febrero de 2018 completar todos los pagos.
En agosto de 2016, durante su próxima auditoría de rutina de los registros del municipio de Yauco, la Contraloría de Puerto Rico se enteró de que, aunque los empleados habían estado recibiendo pagos de suma global de acuerdo con los términos del Acuerdo, el ayuntamiento comenzó unilateralmente a retener los salarios regulares de los empleados sin el conocimiento o consentimiento del Departamento del Trabajo. Este asunto fue remitido en noviembre de 2016 a la Oficina del Inspector General (OIG).
Finalmente se identificó a 30 empleados municipales contratados que, al final de su mandato de alcalde en 2016, Nazario Quiñones había certificado que se les había pagado sus salarios atrasados de conformidad con el acuerdo.
También se determinó que a esos 30 empleados municipales contratados, luego de recibir los salarios a los que tenían derecho en virtud del acuerdo, se les retuvo su salario regular por ciertos períodos, mientras Nazario Quiñones brindó diversas explicaciones a los empleados sobre por qué estaban recibiendo estos cheques de suma global.
Durante el juicio, el gobierno pudo demostrar que Nazario Quiñones certificó falsamente al Departamento de Trabajo federal que no tomaría represalias contra los empleados por aceptar el pago, cuando de hecho ordenó al departamento de nómina que retuviera los ingresos de estos empleados por diferentes períodos, a pesar de su trabajo continuado para el municipio.
El caso fue procesado por los fiscales federales adjuntos Scott Anderson y Myriam Fernández, e investigado por la agente especial Frances Agenjo, del DOL-OIG, con la asistencia del agente especial David Torres, del FBI, y Virgilio Pabón, de la Contraloría de Puerto Rico. INS
ndc