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El representante Orlando Aponte Rosario, presidente de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara. Inter News Service/Tammy Olivencia
San Juan, 17 mar (INS).- La Comisión de lo Jurídico, presidida por el representante Orlando Aponte Rosario, inició hoy la primera audiencia pública sobre la Resolución Conjunta de la Cámara 36, la cual no recibió el aval de diversos sectores y organismos públicos.
La medida presentada por el legislador Carlos Johnny Mendez, del Partido Nuevo Progresista (PNP), persigue añadir un nuevo artículo a la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica y disposiciones sobre las Órdenes de Protección Asistidas.
Como parte de los deponentes que participaron de la vista se presentaron, Deborah Santiago Román, Zaida Moran Ramírez y el licenciado Francisco Méndez Rivera en representación de la secretaria designada del Departamento de Corrección y Rehabilitación, Ana Escobar, además el licenciado Víctor Casiano Cosme en representación de la Oficina de la Procuradora de la Mujer y la licenciada Giselle Rosa González, por la Oficina de Administración de Tribunales.
Igualmente, el subsecretario del Departamento de la Familia, Ramon Burgos Bermúdez; la fiscal Elba Cruz, en representación del secretario de Justicia; la letrada Yahaira Colon Rodríguez por la Sociedad para la Asistencia Legal y Enid Pérez, en representación del Proyecto Matria.
El Departamento de Corrección y Rehabilitación, la Oficina de la Procuradora de la Mujer, la Oficina de Administración de Tribunales, el Departamento de la Familia y el Proyecto Matria no avalaron la medida, mientras que el Departamento de Justicia fue el único que se mostró a favor de la intención de la medida.
La razón que dio la fiscal Elba Cruz, en representación del Departamento de Justicia, fue que “lo que se dice en el proyecto ya está básicamente cubierto la Ley 448. Para seguir con la intención del proyecto sería añadir a los fiscales en el Artículo 2.3 de la Ley 54’’, expresó Cruz.
De igual manera, la razón que dieron la mayoría de los departamentos para abstenerse fue que el proyecto indica que “un peticionario tendría que pasar seis meses en reclusión preventiva, o sea, encarcelan a una persona sin un debido proceso de ley”.
El proyecto presenta que cuando una mujer realice una orden de protección asistida, la persona será procesada sin que pueda defenderse y, por tanto, estar seis meses encarcelado.
La Oficina de Administración de Tribunales informó que cuentan con un mecanismo que permite atender situaciones por videoconferencia que no requiere que vaya el peticionario físicamente a los tribunales.
“Nuestro interés de hacer este proyecto es para proveer un espacio más seguro a la víctima y que no tenga que acudir a un Tribunal y tener que enfrentar a la persona agresora”, puntualizó la licenciada Rosa González.
La representante Mariana Nogales Molinelli preguntó a la abogada si contaban con alguna estadística de cuántas órdenes de protección son expedidas por terceros, pero Rosa González no tenía la cantidad disponible.
A estos fines, el presidente de la Comisión concedió un término de 10 días laborales para brindar un informe sobre las órdenes de protección. INS
ndc
