Inter News Service Agencia de Noticias
Resumen de noticias para el miércoles 3 de marzo de 2021
EEUU-Con la presencia de Pierluisi se presenta en la Cámara de Representantes proyecto para incluir a Puerto Rico como estado y mandatario afirma que “el Congreso tiene el deber moral y político de actuar”
Washington, 3 mar (INS).- Un proyecto para incluir a Puerto Rico como estado de EEUU fue presentado ayer en la Cámara de Representantes en presencia del gobernador Pedro R. Pierluisi.
El mandatario puertorriqueño llegó hoy hasta el lado este del Capitolio para, en una conferencia de prensa, apoyar la presentación del proyecto para admitir a la Isa como el estado 51 de EEUU.
La medida (4901), del congresista Darren Soto y la comisionada residente en Washington, Jenniffer González Colón, establece sumar a Puerto Rico como estado luego de un nuevo plebiscito de “Estadidad Sí o No” y que el presidente de EEUU declare a la Isla como estado en un plazo máximo de un año.
Cerca de 50 congresistas estadounidenses respaldan la iniciativa, en un día en que se celebra el aniversario 104 de la aprobación de una norma (La Ley Jones de 1917), que permitió a quienes nacieran en Puerto Rico ser ciudadanos estadounidenses.
El 3 de noviembre pasado, en un referendo, la opción por la estadidad obtuvo el 52.5% de los votos.
Sobre el proyecto, Pierluisi dijo que “el Congreso tiene el deber moral y político de actuar sobre nuestro mensaje claro y democrático. El próximo paso es que Puerto Rico se exprese en un referéndum promovido por el Congreso ofreciendo la estadidad a nuestra Isla. Cuando Puerto Rico reafirme su deseo de igualdad de derechos, la admisión se llevará a cabo, elegiremos a nuestra delegación del Congreso, y votaremos”.
Recordó que “primero en 2012, una clara mayoría de más del 54% de los votantes rechazaron el estatus territorial actual de Puerto Rico, y ahora una clara mayoría nuevamente, casi el 53%, eligió la estadidad para Puerto Rico. Es responsabilidad del Congreso responder a esa votación y ofrecer la estadidad”.
Además, el primer ejecutivo dijo respetar “a aquellos que abogan por otras opciones de estatus, pero el pueblo puertorriqueño tomó una decisión clara y democrática expresando que la estadidad es su opción preferida hacia el futuro. Hoy no cabe duda de cuál es el deseo de los ciudadanos americanos de Puerto Rico”.
En cuanto a la medida, opinó que “es la respuesta que nuestro pueblo merece. Establece el proceso para que Puerto Rico se convierta en un estado de la unión”.
“La legislación de la comisionada González buscó vincular una consulta de estatus en Puerto Rico que utilizara el lenguaje de una ley federal de 2014 con un proceso de admisión de la isla como estado 51. El gobierno de Puerto Rico nunca esperó, sin embargo, porque el Departamento de Justicia de Estados Unidos avalara el plebiscito de junio de 2017, en el que en medio de un boicot de la oposición y una histórica baja participación, la estadidad obtuvo el 97% de los votos. No avanzó. Hemos sido ciudadanos americanos orgullosos por más de cien años, nuestros soldados han luchado valientemente en las guerras de EEUU y nuestro pueblo ha contribuido a la nación, pero no podemos votar por nuestro comandante en jefe y carecemos de representación plena en el Congreso”.
Insistió en que “el pasado 3 de noviembre, en un proceso incuestionable, una clara mayoría de los puertorriqueños declaró, sin rodeos, que quieren la igualdad y que ya no consienten a ser ciudadanos de segunda clase”.
En el Senado de EEUU, el legislador Martin Heinrich lidera la iniciativa que se presentará próximamente.
González Colón opinó que “la única forma de tener una ciudadanía de primera para el pueblo de Puerto Rico es mediante la admisión del territorio como estado de la Unión. Aunque Puerto Rico está completamente integrado en el sistema económico de la nación, no obstante, es extranjero para propósitos de impuestos, no está incorporado para propósitos de aranceles y se le trata de manera desigual cuando se trata de los fondos para los programas de Medicaid y Medicare, entre otros programas federales. Solo hay una forma de cambiar todo esto, y es a través de la admisión de Puerto Rico como estado de la unión y precisamente esta medida busca eso, la transición hacia la estadidad tal y como ha reclamado el pueblo de Puerto Rico en las urnas por tres veces consecutivas”.
Para la comisionada residente, “la estadidad es la dirección correcta para atender los mejores intereses de Puerto Rico y de la nación. La estadidad fortalecerá a Puerto Rico y hará de Estados Unidos una “unión más perfecta. Nunca un territorio de los Estados Unidos ha tenido que esperar más que Puerto Rico antes de que se le otorgue la independencia o se le admita como estado. Los puertorriqueños han votado tres veces en los últimos 8 años para convertirse en un miembro pleno e igualitario de la familia estadounidense. Nos hemos ganado el derecho a ser escuchados y a convertirnos en ciudadanos de primera clase y nosotros en el Congreso, bueno, al menos aquellos de ustedes que pueden votar, ya que no tengo permiso para hacerlo, deberíamos actuar rápidamente para implementar nuestra aspiración expresada democráticamente”.
A su vez, retó “a los colegas del Congreso, a estar en el lado correcto de la historia y estar a la altura de los tiempos, a diferencia de los Congresos anteriores, resolviendo, de una vez por todas, este asunto inconcluso de la democracia americana. El futuro de más de tres millones de ciudadanos americanos está en sus manos”.
El proyecto de acta de admisión establece que el presidente de los Estados Unidos deberá notificar al gobernador de Puerto Rico que ha sido convertido en ley.
Luego el gobernador deberá llamar a unas elecciones en donde los electores ratificarán su deseo de que Puerto Rico sea admitido como un estado.
En el referendo se hará la siguiente pregunta: “¿Debe Puerto Rico ser admitido inmediatamente a la Unión como un estado, de acuerdo con los términos prescritos en la Ley del Congreso aprobada (fecha de aprobación de la ley)? Sí ____ No ____”.
Este es el mismo proceso que se usó en Hawaii y Alaska cuando fueron admitidos como los últimos dos estados en 1959.
De ganar el “Sí”, el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) de Puerto Rico deberá de certificar los resultados y enviarlos al gobernador, quien tendrá un término de diez días para comunicar los resultados al presidente de los Estados Unidos, presidente de la Cámara de Representantes y del Senado federal.
El presidente de los Estados Unidos tendrá que emitir una proclama declarando la certificación de los resultados y la fecha en que Puerto Rico deberá ser admitido como estado, esta última no puede ocurrir a más de 12 meses luego de la certificación de los resultados por parte de la CEE.
De prevalecer el “No” en el referendo, la Ley para la Admisión de Puerto Rico como estado dejará de ser efectiva, porque la Isla habría rechazado la admisión según lo dispone la ley.
Puerto Rico es un Estado Libre Asociado de los Estados Unidos desde 1898, como resultado de la Guerra Hispanoamericana.
Actualmente, 3.2 millones de ciudadanos estadounidenses residen en Puerto Rico sin tener plenos derechos democráticos, beneficios ni igualdad en acceso a programas en EEUU que combaten la pobreza y promueven el desarrollo económico.
Tampoco tienen representación plena en el Congreso ni pueden votar por el presidente.INS
P. Rico-Comisión de lo Jurídico de la Cámara atiende proyecto que persigue aclarar beneficios de exgobernantes
San Juan, 3 mar (INS).- La Comisión de lo Jurídico de la Cámara, presidida por el representante Orlando Aponte Rosario, atendió el martes en vista pública una medida que busca aclarar los derechos o beneficios que ostentaría un exgobernante.
De ser aprobado, el Proyecto de la Cámara 19, enmendará el artículo 6 de la Ley 2 de 26 de marzo de 1965, conocida como “Ley para Conceder una Anualidad Vitalicia y otras Facilidades a Ex-Gobernadores” y el artículo 2.16 de la Ley 20-2017.
La medida presentada por los representantes Rafael Hernández Montañez, Orlando Aponte Rosario y la delegación del Partido Popular Democrático (PPD), persigue establecer que los exgobernantes no disfrutarán de los beneficios si deciden renunciar al cargo y eliminar la discreción del Comisionado de la Policía para proveer escoltas a un exfuncionario.
El representante Aponte Rosario mencionó que la Comisión de lo Jurídico solicitó la opinión sobre el Proyecto de la Cámara a los exgobernadores Luis F. Fortuño, Carlos Romero Barceló, Wanda Vázquez Garced, Sila María Calderón y Aníbal Acevedo Vilá, mas únicamente recibieron respuestas de Calderón y Acevedo.
“La criminalidad y la falta de oficiales de la Policía continúan; no me parece procedente que se invirtieran fondos públicos en una protección que yo no necesitaba”, explicó en un memorial escrito la exgobernadora Calderón, quien renunció a su escolta el pasado 21 de octubre de 2009.
Por su parte, Acevedo Vilá expresó estar “plenamente convencido de que las escoltas policiacas son un privilegio que los exgobernadores no necesitamos y por el cual el país no debería tener que pagar ni un centavo”.
Sostuvo en un escrito explicativo que “aún menos si se trata de un privilegio que se le podrá extender a un exgobernador que renunció al cargo”.
La sesión pública contó con la opinión de representantes del Departamento de Seguridad Pública, Departamento de Justicia, Oficina de Gerencia y Presupuesto y el Departamento de Hacienda.
“La posición del Departamento de Justicia es que las limitaciones propuestas en el Proyecto de la Cámara 19 deben tener carácter prospectivo para que sea compatible con las normas vigentes en nuestro ordenamiento”, expresó el licenciado Iván Soto Vegués, representante de Justicia.
Añadió que “la intención legislativa de aminorar los gastos del erario para fortalecer la salud fiscal del Gobierno de Puerto Rico es legítima, y persigue el mismo fin que otras legislaciones y órdenes ejecutivas aprobadas en pasados años”.
Por otro lado, la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) expresó a través de una comunicación firmada por su director, Juan Carlos Blanco Urrutia, que el asunto atendido (en el proyecto) es de gran relevancia y representa un esfuerzo legítimo por parte de la Legislatura.
“Sin embargo, habiendo evaluado la medida, entendemos que su aprobación no tendría un impacto adverso sobre los presupuestos, ni presenta asuntos de índole programáticos y de gerencia administrativa, así como de gerencia municipal en el gobierno. Por el contrario, propone mecanismos dirigidos a generar nuevos ingresos al Fondo General”, indicó en la misiva.
La discusión contó con la portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) en la Cámara, Mariana Nogales Molinelli, quien se refirió a las querellas por agresiones sexuales que no han sido atendidas por falta de policías.
“Aquí no necesitamos un policía guiando a un exgobernador. Necesitamos que ese dinero vaya, por ejemplo, a conseguir más trabajadores sociales para el Departamento de la Familia”, dijo representante por Victoria Ciudadana.
Nogales Molinelli consideró que “este proyecto de ley debería ir más allá y eliminar prospectivamente las escoltas en su totalidad; este proyecto nos debe mover a una reflexión en un momento donde hay tantas políticas de austeridad”.
“¿Ha habido alguna querella que atente contra la seguridad de los exgobernadores que actualmente tienen escoltas?”, cuestionó Aponte Rosario al Negociado de la Policía. “No, hasta el momento”, respondió el teniente Jaime Corea Negrón de la Policía.
Por otro lado, Nogales Molinelli preguntó al Negociado de la Policía si algún miembro de la Junta de Control Fiscal tiene al momento alguna escolta asignada. “No, al momento no”, aseguró Estrella del Mar Vega, representante de Seguridad Pública.
Al reclamo de Nogales Molinelli, de priorizar los servicios, se le unió la portavoz del Proyecto Dignidad, Lisie J. Burgos Muñiz, al cuestionar “¿cuántos policías actualmente hay en Puerto Rico?”
La respuesta de la Policía fue que existen aproximadamente 12,000 oficiales.
“Debe ser política pública el reducir las escoltas, con el fin de ayudar a garantizar los fondos para los servicios esenciales”, explicó la representante de Proyecto Dignidad.
Los representantes de los distintos partidos realizaron múltiples solicitudes de información a Seguridad Pública y Hacienda sobre los gastos actuales del Gobierno de Puerto Rico en asuntos relacionados a escoltas de exgobernadores y funcionarios públicos.
“Queremos conocer cuánto le cuestan las escoltas al País”, explicó Aponte Rosario. INS
Sorprenden en Washington al gobernador con aviso de página completa en el New York Times en apoyo a la descolonización
San Juan, 3 mar (INS).- Salió publicado un anuncio a página completa en la edición de Washington del martes del diario The New York Times en el que se da cuenta de la disputa anexionista del Partido Nuevo Progresista (PNP) sobre el resultado del plebiscito estadidad sí o no, y se llama a conocer y apoyar el proyecto de ley para la autodeterminación de Puerto Rico.
El anuncio coincide con la visita a Washington del gobernador Pedro R. Pierluisi.
Organizaciones de la isla y la diáspora publicaron un anuncio en The New York Times expresando su apoyo al proyecto de autodeterminación de Puerto Rico de las congresistas Nydia Velázquez (D-NY) y Alexandria Ocasio-Cortez (D-NY) “por ser la herramienta más democrática, transparente y justa para poner fin a los más de 120 años de colonialismo estadounidense sobre Puerto Rico”.
Las organizaciones que pautaron el anuncio, Vamos Puerto Rico, Boricuas Unidos en la Diáspora (Budpr), Diáspora en Resistencia y Our Revolution Puerto Rico, están instando a todos los boricuas tanto en el archipiélago como en la diáspora, al igual que al pueblo estadounidense, a que se unan a la campaña por la descolonización de Puerto Rico visitando el sitio web www.letsendcolonialismtogether.com .
Allí el público puede contactar a sus representantes electos y a los miembros del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes para dejarles saber que la Asamblea Constitucional de Estatus que contempla el proyecto de las congresistas Velázquez y Ocasio-Cortez es la mejor manera de resolver el colonialismo en Puerto Rico.
El llamado a la acción en www.letsendcolonialismtogether.com le ofrece al público la capacidad para enviar tuits al liderazgo del Comité de Recursos Naturales, a los miembros demócratas y republicanos del mismo, a alumnos de los pasados auspiciadores de proyectos pro estadidad, y un ejemplo de correo electrónico que se podrá usar para escribirle a sus representantes y senadores.
“El PNP ha creado una gran farsa alrededor del plebiscito estadidad sí o no. Hacen esto porque desprecian al pueblo de Puerto Rico entendiendo que nos pueden coger de ‘tontos’, como expresó su pasado presidente, Ricardo Rosselló. Crearon un plebiscito amañado, trataron de evitar la participación en la campaña por el no”, dijo Justo Méndez Arámburu, coordinador general de Vamos Puerto Rico.
Agregó que “mienten sobre una falsa mayoría de 52% en los votos por el sí, e inflaron por miles esos votos. Sólo en el precinto 3 del municipio de San Juan hay más de 700 papeletas votadas por encima del número de electores. Ahora llevan su agenda de engaño al Congreso de Estados Unidos”.
Mientras María J. Torres-López, fundadora y presidenta de Diáspora en Resistencia, apuntó que “el pueblo puertorriqueño tiene el derecho a la autodeterminación en un proceso aceptado y respetado de antemano por el gobierno que nos mantiene como colonia. Desde Diáspora en Resistencia nuestro apoyo siempre será con el pueblo trabajador, que siempre carga con las consecuencias negativas de las malas decisiones de nuestros gobernantes”.
“La lucha por la descolonización de la nación puertorriqueña nos compete a todos los boricuas, no importa donde estemos. En esta campaña titulada ‘Let’s End Colonialism Together!’ buscamos en el pueblo estadounidense un aliado natural para que juntos podamos ponerle fin al colonialismo sobre Puerto Rico, que a fin de cuentas es un crimen contra la humanidad” dijo Luis Ponce Ruiz, uno de los cofundadores de Boricuas Unidos en la Diáspora. INS
P. Rico-Cámara investigará cumplimiento de leyes de transparencia
San Juan, 3 mar (INS).- La Cámara de Representantes aprobó ayer por unanimidad la Resolución de la Cámara 199, para investigar la implementación y cumplimiento de la Ley de Datos Abiertos y la Ley de Transparencia.
La medida, de la autoría de los representantes José Bernardo Márquez, del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), y Jesús Manuel Ortiz González, del Partido Popular Democrático (PPD), busca fortalecer el derecho de acceso a información pública y atender las críticas que estas leyes han recibido desde su aprobación.
“Uno de los reclamos constantes de la ciudadanía es que las leyes, además de aprobarse, se cumplan. Desde esa perspectiva, y para robustecer la transparencia gubernamental y el acceso a información publica, nos parece que lo mejor es evaluar cuáles han sido los resultados prácticos de las Leyes 122 y 141 hasta el momento”, sostuvo Márquez, Portavoz Alterno del MVC en la Cámara.
La resolución ordena a la Comisión de Gobierno, presidida por Ortiz González, investigar las labores del Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS) en la implementación de la política pública de datos abiertos (Ley 122-2019).
Esto incluye la designación de oficiales de datos en los organismos gubernamentales, así como la digitalización y acceso electrónico a diversas categorías de información pública, como son presupuestos, salarios, gastos de viajes, contratos, subastas, entre otros datos.
La resolución también ordena investigar la implementación del procedimiento expedito de acceso a información pública (Ley 141-2019), que permite a la ciudadanía solicitar información en las entidades gubernamentales y tener acceso a ella en un periodo de 10 días.
De acuerdo a la Ley 141-2019, las agencias gubernamentales tenían seis meses para tomar las medidas administrativas necesarias y poner en vigor el procedimiento expedito de transparencia.
“Con esta medida vamos a evaluar la efectividad de la legislación aprobada recientemente en materia de acceso a información pública. Nos permitirá además conocer los pasos adecuados para implementar las herramientas de digitalización gubernamental que hacen más fácil dicho acceso a datos e información pública”, comentó Ortiz González.
El representante por Acumulación y presidente de la Comisión a cargo de la investigación subrayó que “es momento de usar la tecnología para garantizar la transparencia en la información que produce y utiliza el gobierno”.
“De esta manera combatimos la corrupción y garantizamos un gobierno de apertura”, ratificó el legislador del PPD. INS
P. Rico-Aprueban ley dirigida a implementar Alerta Ashanti en el país
San Juan, 3 mar (INS).- La Cámara de Representantes de Puerto Rico aprobó unánimemente el Proyecto de la Cámara 399, a los fines de establecer el plan de Alerta Ashanti, un mecanismo que facilitaría la búsqueda y recuperación de las personas desaparecidas entre las edades de 18 y 64 años.
La medida, aprobada con las enmiendas recomendadas por la Comisión de Bienestar Social, Personas con Discapacidad y Adultos Mayores, establecería la “Ley habilitadora para implementar el Plan de Alerta Ashanti”.
El proyecto, igualmente, propone establecer las facultades y deberes de las entidades gubernamentales; añadir un inciso (i) al Artículo 2.03 y enmendar el inciso (i) del Artículo 2.04 de la Ley 20-2017, conocida como “Ley del Departamento de Seguridad Pública”, para atemperarla con lo dispuesto en el plan de alerta.
Durante su turno a favor, el representante Edgardo Feliciano Sánchez, autor principal de la medida, utilizó el caso de la joven Rosimar Rodríguez Gómez como referencia a la necesidad de implementar la Alerta Ashanti en el país.
“Si hubiera estado disponible esta alerta, quizás Rosimar estuviera con nosotros”, expresó el legislador, mientras sostenía una pancarta con las fotos de una decena de personas desaparecidas en Puerto Rico en los pasados años.
Rodríguez Gómez, de 20 años, fue secuestrada frente a su residencia en el barrio Sabana Seca en Toa Baja el 17 de septiembre de 2020 y posteriormente asesinada.
La investigación del caso fue tratada como una desaparición, aunque fue denunciado como un secuestro al indicarse que por medio de fuerza fue introducida en un vehículo.
“Aquí están las caras de quienes ya hubiesen aparecido de tener un sistema de alerta funcional. Detrás de estas caras hay familias que sufren la desaparición de sus seres queridos. Detrás de estas caras está la desesperación de una madre, un hijo, un hermano”, señaló el representante.
La Ley de Alerta Ashanti fue establecida en los Estados Unidos el 31 de diciembre de 2018 en nombre de Ashanti Billie, una mujer que desapareció en Virginia en septiembre de 2017.
Aunque en un principio se sospechaba que la joven había sido secuestrada, a los 19 años Ashanti era una adulta, por lo que no se podía publicar un aviso o notificación de Alerta Amber, y demasiado joven para recibir una Alerta Plateada (Silver Alert).
“Con esta medida atendemos todas esas personas que no están cubiertas por otras alertas, pero lo hacemos de forma rigurosa”, manifestó Feliciano Sánchez.
Por su parte, la representante Mariana Nogales Molinelli destacó que para la implementación efectiva del proyecto es preciso que se asignen fondos presupuestarios para el personal necesario.
“Este proyecto tiene que venir acompañado, además de la asignación de recursos presupuestarios y de personal, de capacitación; de talleres de sensibilización”, apuntó la legisladora del Movimiento Victoria Ciudadana en su turno a favor. “Que cuando cualquier persona desaparezca, en la Policía se hagan las gestiones con la diligencia pertinente”.
Por otro lado, durante los trabajos de la Sesión Ordinaria se discutió la Resolución Concurrente de la Cámara 1, para emplazar y exigir al Congreso de los Estados Unidos que se exprese clara y contundentemente sobre las alternativas que está dispuesto a considerar para atender la relación política entre Puerto Rico y los Estados Unidos de América.
“Le exigimos al Congreso, que tiene varias iniciativas adelantadas… que el análisis, las iniciativas que se están manejando en el Congreso, les tienen que permitir a las diversas voces del país expresarse en el proceso legislativo… Tienen que escuchar a los populares. Tienen que escuchar a los independentistas. Tienen que escuchar a las personas que creen en la libre asociación”, expresó el presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández Montañez.
La medida fue aprobada con 28 votos a favor, entre los que se encuentran la delegación del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) y el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP). Mientras, la resolución contó con 11 votos en contra y 1 abstenido. INS
P. Rico-Aprueba en Cámara resolución para denunciar el menoscabo de los derechos democráticos de los puertorriqueños
San Juan, 3 mar (INS).- Con una votación de 28 a favor y 11 en contra, la Cámara de Representantes aprobó la resolución concurrente número 1, presentada por la Delegación del Partido Popular Democrático (PPD), para denunciar ante el Congreso de Estados Unidos y el mundo, el menoscabo de los derechos democráticos de los puertorriqueños.
La resolución, que recibió el voto a favor de las delegaciones del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), también denuncia la violación de las disposiciones de la Ley 600 y la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
“Exigimos y emplazamos al Congreso de los Estados Unidos de América que se exprese clara y contundentemente, sobre las alternativas que está dispuesto a considerar para atender la relación política entre Puerto Rico y los Estados Unidos de América”, sostuvo el presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández.
Agregó que “es imperativo que, en su expresión, promueva y designe un proceso vinculante, participativo e inclusivo de todos los sectores que respaldan las distintas fórmulas de estatus”.
Los líderes del PPD enfatizaron que “las opciones de estatus deben incluir el ELA en un nuevo modelo de asociación política, basado en la voluntad del pueblo, según expresada a través del voto, y cuya relación futura sea claramente no colonial y no esté sujeta a los poderes plenarios del Congreso bajo la cláusula territorial. Asimismo, debe considerarse la opción del ingreso de Puerto Rico como estado de la nación americana; la libre asociación soberana; y la independencia”.
“La voluntad del pueblo es resolver el asunto de la relación política de Puerto Rico con los EE.UU. Esta Asamblea Legislativa está comprometida con promover la resolución de la relación política o estatus de Puerto Rico siempre que el proceso sea participativo, inclusivo y, sobre todo, vinculante”, añadieron los legisladores del PPD.
Consideraron que cualquier fórmula de estatus debe estar respaldada por el Congreso de Estados Unidos, y aquella seleccionada por el pueblo puertorriqueño debe brotar de un proceso justo que incluya y represente a los distintos sectores del país y a una verdadera mayoría.
Los legisladores populares informaron que se enviará copia de la Resolución Concurrente aprobada al Congreso de EE. UU., a su Presidente, y al Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). INS
P. Rico-Atiende el Senado reclamos de profesionales de la salud que no recibieron incentivo por Covid-19
San Juan, 2 mar (INS).- Durante una vista pública de la Comisión de Cumplimiento y Reestructuración, que preside la vicepresidenta del Senado, Marially González Huertas, varios grupos que cobijan a los profesionales de la salud, reclamaron ayer el pago del incentivo aprobado por el gobierno durante la pandemia de Covid-19.
“Nosotros tenemos que destacar el compromiso que tiene la Comisión de Cumplimiento y Reestructuración para fiscalizar… Esta resolución fue aprobada por unanimidad, lo que significa que la pluralidad del Senado de Puerto Rico está comprometida en buscar soluciones para los profesionales de la salud”, enfatizó González Huertas.
En la audiencia pública, la Asociación de Cuidado Respiratorio, la Sección de Tecnólogos en Medicina Nuclear e Imagen Molecular de Puerto Rico, y la Federación de Tecnólogos Radiológicos de Puerto Rico coincidieron en la necesidad de que el gobierno otorgue el incentivo prometido a estos profesionales de la salud.
Según el presidente de la Sección de Tecnólogos en Medicina Nuclear e Imagen Molecular de Puerto Rico, David Ramos Medina, “los tecnólogos en medicina nuclear fueron algunos de los profesionales de la salud que no recibieron el incentivo económico”.
“Ellos son una pieza angular dentro del campo de la salud para identificar y tratar condiciones cardiovasculares, oncológicas, respiratorias, entre otras. En este contexto, nos surge la interrogante del por qué desde marzo 2020 no hemos recibido el incentivo económico aprobado”, cuestionó.
Asimismo, Jesús Pérez Toledo, presidente de la Federación de Tecnólogos Radiológicos de Puerto Rico, defendió la labor realizada por estos profesionales solicitando se atiendan sus reclamos.
“Le solicito muy respetuosamente de manera justa y humanitaria atienda el reclamo de estos profesionales que trabajan 24 horas los siete días de la semana arriesgando sus vidas por nuestra ciudadanía puertorriqueña, dejando a sus familias y atendiendo con gran vocación lo que los llevó a estudiar esta disciplina”, insistió.
El líder de la Federación de Tecnólogos Radiológicos aseguró que “ya hemos tenido tecnólogos fuera de sus trabajos, en cuarentena, por haber estado expuestos a pacientes de Covid-19”.
El senador independiente José Vargas Vidot enfatizó que “hay un sentir entre la mayoría de los senadores y senadoras de este nuevo Senado de asumirse responsables por responder al pueblo
“El riesgo es en ustedes —los profesionales de la salud—, yo no asumo el incentivo como un premio al riesgo, yo asumo el incentivo como un reconocimiento a una invisibilidad irresponsable que han tenido las administraciones”, planteó Vargas Vidot.
Mientras, el Departamento de Hacienda pasó el asunto a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), alegando que, en una carta enviada a la entonces gobernadora, Wanda Vázquez Garced, señaló que la asignación no cumplía con la Sección 204 (c) (2) de la Ley Promesa.
“Por lo tanto, la JSF no autorizó el cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución Conjunta 65-2020. Cónsono con lo anterior, el Departamento se vio impedido de continuar efectuando las distribuciones de los incentivos aprobados”, aseguró el licenciado José Francisco Chávez Ortiz, de la División de Asuntos Legales de Hacienda.
Ante este argumento, la presidenta de la Comisión le salió al paso asegurando que “no podemos hacer pasar la papa caliente para cumplir con un incentivo económico que se les prometió a estos profesionales de la salud”.
A la vista fueron citados a deponer la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), el Departamento de Seguridad Pública, el Departamento de Hacienda, el Departamento de Salud, la Asociación de Hospitales, la Federación de Tecnólogos Radiológicos, la Asociación de Tecnólogos de Medicina Nuclear, la Asociación de Cuidado Respiratorio, entre otros. INS
P. Rico-SPU reacciona indignado ante expresiones de la secretaria de la Gobernación, quien dijo que se acabó el “relajito” para empleados públicos, ya que tienen que regresar a trabajar presencial
San Juan, 3 mar (INS).- Servidores Públicos Unidos de Puerto Rico reaccionó indignado ante las expresiones de la secretaria Gobernación, Noelia García, quien indicó en una entrevista dijo que se acabó el “relajito” para los empleados públicos, ya que tienen que regresar a trabajar presencialmente.
“Las expresiones fueron negligentes y demuestran una falta de conocimiento de lo que está aconteciendo en los centros de trabajo del gobierno. Le hacemos una exhortación a la secretaria de la Gobernación a que nos acompañe a los centros de trabajo que nosotros representamos y vea donde está el ‘relajito’ de los miles de empleados públicos que llevan meses trabajando presencialmente, donde ya ha habido bajas de compañeros por Covid, donde laboran sin contar con todas las herramientas de protección necesarias, donde hay brotes de Covid como en el complejo correccional de Ponce y que, de una vez, nos ayude a regresar a los compañeros vigilantes y civiles del DRNA que llevan más de 13 días varados en Isla de Mona trabajando 24-7 y sin relevo”, sentenció Benjamín Borges, portavoz y síndico de Servidores Públicos Unidos de Puerto Rico, Concilio 95 AFSCME.
Borges indicó que la gran mayoría de los empleados públicos de las diez agencias que la unión representa llevan meses laborando presencialmente y los que están virtuales tampoco tienen un “relajito” debido a que “trabajan y cumplen con las tareas asignadas documentando sus labores y en la mayoría de los casos más allá de sus horas laborales”.
“Lo cierto es que la mayoría de los empleados públicos están en sus centros de trabajo, enfrentando situaciones difíciles en medio de la pandemia, como la falta de equipos y materiales de protección, falta de personal, en muchos casos sin el espacio para el distanciamiento social necesario, o con escaso apoyo del personal gerencial y hasta han vivido la muerte de compañeros se trabajo por la misma pandemia”, expresó.
El sindicalista solicitó además a la secretaria que cuando se exprese no lo haga de forma general, pues eso genera grandes malestares y hable con los datos precisos de cuales son las agencias a las que se refiere. “Los compañeros del Departamento de Corrección, en su gran mayoría nunca dejó de trabajar presencialmente exponiendo su vida desde el día uno, la gran mayoría de los empleados del Departamento de Familia llevan meses laborando presencialmente y hasta realizan visitas a centros y a familias para darles servicios y todavía ni siquiera los han vacunado, los compañeros del DTOP están presenciales y han sufrido la situación de tener que cerrar varios centros por infección de Covid. En el Negociado de Ciencias Forenses también laboran presencial desde hace meses. Y así en todas nuestras agencias”, apuntó.
Añadió que “afortunadamente son trabajadores que cuentan con representación sindical y hemos podido negociar acuerdos de protocolos para proteger sus derechos laborales y sociales en esta situación de crisis pandémica, al igual que lo hicimos durante los temblores a principios del 2020 y cuando el huracán María en el 2017. Servidores Públicos siempre ha estado, está y estará en alerta y defensa activa de sus representados(as). Levantando la voz contra el discrimen, el acoso, la injusticia laboral”.INS
ndc