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Representantes del FADEP y de la FMPR se reunieron con funcionarios de La Fortaleza. Inter News Service
San Juan, 3 mar (INS).- El Frente Amplio en Defensa de la Educación Pública (Fadep) y la Mesa Social se reunieron hoy con el asesor laboral del gobernador Yamil J. Ayala Cruz, y el secretario Auxiliar de Asuntos Estatales, Carlos Yamín Rivera, para discutir asuntos pertinentes al magisterio y la educación, entre estos un reclamo de justicia salarial para los docentes.
Los maestros y maestras no reciben aumentos al salario base desde 2008, por lo que presentaron la necesidad de aumentarlo a $4,000 mensuales en sintonía con educadores en Estados Unidos, quienes promedian esa cifra.
“Tocamos la necesidad de no extender la Ley 3 de 2017 que mantiene congelado el pago de la carrera magisterial, los pasos por mérito y diferencial por la obtención de grado a los educadores”, dijo la presidenta de la Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR), Mercedes Martínez Padilla.
La dirigente gremial indicó que el reclamo de justicia salarial incluye al personal transitorio, donde exigen que se pague a estos el aumento de $125 mensuales retroactivo a agosto de 2018, como ordenó el tribunal.
Se discutió, además, la urgencia de dar paso a los proyectos de la cámara 119 y 120 que garantizan las pensiones a los empleados del gobierno central, educación y la legislatura.
Esta medida prohíbe cualquier recorte a las pensiones que se mantendrán con un beneficio definido a todos los jubilados y jubiladas, al igual que garantiza los beneficios definidos actuales de trabajadores activos al momento de su jubilación.
Los representantes de la FMPR y la Mesa Social plantearon que la Ley 85 de reforma educativa no recoge los reclamos de las comunidades escolares, por lo que es urgente que se diseñe un nuevo estatuto que garantice la autonomía escolar, un currículo integral que permita la formación plena de los estudiantes y la autonomía docente.
La Ley 85 vigente fue diseñada para el cierre de escuelas y la privatización, alegaron, por lo que presentaron la necesidad de canalizar los fondos asignados por FEMA para rehabilitar las escuelas dañadas por el huracán María y los terremotos.
“Esto debe incluir rehabilitar y reabrir las escuelas cerradas por (la exsecretaria de Educación Julia) Keleher para que sirvan a sus comunidades”, indicaron.
Sobre el reinicio escolar, “sostuvimos que las escuelas deben abrirse a las clases presenciales solo cuando sea seguro. Discutimos los diversos protocolos de seguridad, logística y la atención a los estudiantes con diversidad funcional. Destacamos la situación y necesidades de apoyo emocional que necesitan los niños y jóvenes y otros componentes de la comunidad escolar”.
Además, presentaron recomendaciones para enmendar el protocolo de salud al considerar que no es seguro abrir las escuelas cuando existe un nivel de positividad mayor al 5%, aparte de que la mayoría de los municipios del país superan esta tasa.
“No es el momento de abrir escuelas. Ahora es el momento de acondicionar, equipar y reparar los planteles, especialmente en el sur que fue afectado por los eventos sísmicos del pasado año”, subrayaron junto a la necesidad de contratar maestros sustitutos que puedan suplir cuando ocurran ausencias y personal docente adicional para ofrecer las clases virtuales para los niños cuyos padres opten por no enviarlos a las clases presenciales.
El gobierno debe emitir un protocolo para el teletrabajo para garantizar que todo trabajador, que tenga condiciones de salud apremiantes vulnerables al Covid, pueda mantenerse a distancia sin riesgo para sus vidas y salud.
Los asesores de Fortaleza se comprometieron a llevar los puntos discutidos al gobernador Pedro R. Pierluisi, por lo que “daremos seguimiento para conocer la respuesta del primer mandatario a nuestras demandas”.
La Mesa Social y el FADEP continuarán presentando propuestas al gobierno y al país, pues somos parte de la solución de los asuntos que afectan la educación. INS
ndc
