Inter News Service Agencia de Noticias
Resumen de noticias para el martes 23 de febrero de 2021
P. Rico-Gobernador firma orden ejecutiva que autoriza apertura parcial de escuelas y las clases presenciales a partir del 1 de marzo y afirma que “no está pensando bien” quien diga que las clases se deben comenzar en agosto (ampliación)
San Juan, 23 feb (INS).- El gobernador Pedro R. Pierluisi firmó ayer una orden ejecutiva que autoriza la apertura parcial de escuelas a partir del 1 de marzo.
La orden ejecutiva también permitirá el comienzo de las clases presenciales en escuelas públicas y colegios privados, las que se vieron afectadas por la pandemia desde el año pasado.
Según Pierluisi, “la asistencia presencial será voluntaria para los estudiantes que vayan, pero la recomendamos”, al tiempo que aseguró que “está probado que los niños no son buenos transmisores del virus”.
“Ahora mismo no hay clases presenciales, cero, esta orden permite que se puedan dar”, aunque admitió que “no se puede obligar a los padres que envíen a sus hijos a la escuela en medio de la pandemia, pero los expertos lo recomiendan”.
La apertura de los planteles está sujeta a varios términos y condiciones, entre ellos el cumplimiento de los protocolos del Departamento de Salud.
“Se tiene que certificar que la escuela esté en buenas condiciones. Aquí ha habido un proceso. Lo importante aquí es que no nos paralicemos”, dijo.
Agregó que “no está pensando bien quien piense que debemos esperar hasta agosto”.
Para el mandatario, “esto es un proceso gradual”.
Educación ha identificado que las escuelas que podrían abrir son un total de 172, que según Pierluisi “no tienen daños estructurales”.
El primer ejecutivo indicó que “sobre la marcha irán abriendo más planteles escolares, que se irán identificando. Las plantas físicas deben estar en buenas condiciones y cumplir con los protocolo de Salud para que puedan abrir”.
Sobre los colegios privados, sostuvo que “vamos a ver cuántas colegios abren” y adelantó que los que comiencen a funcionar “Salud los va a inspeccionar”.
“Pueden ofrecer clases en todos los grados, pero deben cumplir con el protocolo del Departamento de Salud”, acotó.
En cuanto a los maestros, informó que “la mayoría están inmunizados” y le estamos pidiendo que brinden educación a sus estudiantes “en esta primera fase de apertura de las escuelas. Ya se ha evidenciado que las escuelas no son focos de transmisión”.
“Reconozco que los maestros, padres y estudiantes han dado la milla extra por casi un año que la educación ha sido virtual, pero aunque el esfuerzo ha sido titánico, la educación presencial es necesaria, especialmente cuando muchos de nuestros niños no cuentan con acceso a Internet o computadoras. Esta orden ejecutiva cambia el estado de derecho actual, y permite una reapertura gradual y parcial desde el 1 de marzo. Esto significa que aquellas escuelas del sistema público o privado que estén listas para abrir, en cumplimiento con el protocolo de Salud, lo podrán hacer y aquellas que no, abrirán solo cuando estén listas”, sostuvo el gobernador.
El pasado viernes el Departamento de Salud publicó el protocolo que regirá la parte salubrista en cuanto a la reapertura de escuelas y se indicó que funcionarios de la agencias harán inspecciones en las escuelas para asegurar el cumplimiento con los protocolos establecidos.
De entender que la escuela está en incumplimiento, se le ordenará que corrija, pero de no hacerlo se ordenará el cierre total o parcial del plantel escolar.
El gobierno ha establecido que la política pública del gobierno de encaminar la reapertura de las escuelas es cónsona con lo establecido por la administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, así como de la Academia Americana de Pediatría (AAP) y los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) que publicó unas guías para la reapertura de escuelas.
La AAP ha indicado que la información científica disponible establece que el reabrir las escuelas no representa un aumento significativo en el riesgo de transmisión comunitaria del Covid-19 siempre y cuando se sigan ciertas medidas de salud, como las que se establecen en la Orden Ejecutiva.
A esto se une que el pasado 12 de febrero el CDC indicó que cuenta con prueba concreta de que las clases en persona pueden realizarse con seguridad, sujeto a que se sigan las medidas recomendadas.
El gobernador explicó que el Departamento de Salud emitió los protocolos que establecieron las guías necesarias para la reapertura de las escuelas “salvaguardando la salud de nuestros estudiantes, personal docente y no docente”.
Los protocolos se prepararon utilizando como base las guías publicadas por el CDC a nivel de EEUU e incluyen las medidas que deberán seguir los estudiantes, padres, maestros y todo el personal que labore en las escuelas.
También, contiene las siguientes guías: instrucciones específicas para los padres, estudiantes, maestros y empleados escolares, a implementación y uso del BioPortal y el Sistema de Vigilancia de Covid-19, indicadores sobre la toma de decisiones en las comunidades escolares, estrategias de mitigación de Covid-19 en las escuelas para evitar la propagación del virus, estrategias de rastreo de contactos para la identificación inmediata de casos positivos y un proceso de certificación de cumplimiento de las escuelas.
Las escuelas deberán registrarse en el BioPortal del Departamento de Salud y cumplir con los protocolos que emitió la agencia.
Previo a la reapertura de los planteles públicos y privados, los directores de las escuelas certificarán que han cumplido con todos los requisitos establecidos por el Departamento de Salud que habilitará un enlace en Internet para que las escuelas reciban su certificación preliminar de cumplimiento.
Una vez los directores presenten dicha certificación, podrán reabrir las escuelas e iniciar las clases presencialmente.
No obstante, el gobernador aclaró que este inicio estará sujeto a una inspección posterior del Departamento de Salud, quien emitirá una certificación de cumplimiento con los protocolos y en el caso de que no sea favorable, la escuela permanecerá cerrada hasta que Salud certifique que está en condiciones para reabrir.
Por otra parte, Pierluisi explicó que el Departamento de Salud hará disponibles pruebas de antígeno para los estudiantes y todo el personal escolar.
Se ordenó al Departamento de Educación incluir como parte de sus protocolos para la reapertura de las escuelas, las medidas que aplicarán en los casos de estudiantes que continuarán recibiendo su educación de forma remota, ya sea por decisión de los padres o por medidas de distanciamiento social y ocupación máxima. Será decisión de los padres determinar si permitirán que sus hijos asistan presencialmente a la escuela. Asimismo, se informó que estos deberán evaluar si sus hijos tienen alguna condición preexistente que los coloque en alto riesgo.INS
P. Rico-Acude el CPI al tribunal para que el municipio de San Juan haga públicos los salarios de sus empleados
San Juan, 23 feb (INS).- El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) solicitó este lunes, mediante una petición de mandamus contra el alcalde Miguel Romero Lugo los datos de los salarios de los empleados y empleadas del municipio de San Juan, desde 2009 al presente.
Las gestiones del CPI para obtener la información comenzaron el 11 de noviembre pasado, cuando Carmen Yulín Cruz Soto era alcaldesa de la capital.
La petición de mandamus establece que ni Cruz Soto ni Romero Lugo, o sus portavoces de Prensa, entregaron la información solicitada, a pesar de múltiples gestiones para obtenerla.
“Ninguno de los dos alcaldes de San Juan parecieron entender la importancia de esta petición de información en un contexto en el que la ciudadanía pide rendición de cuentas y transparencia. El trabajo de fiscalización de la Prensa, que es fundamental en cualquier país que aspira a ser democrático, se obstaculiza cuando no se da acceso oportuno a los datos y documentos públicos. Han pasado casi cuatro meses desde que comenzamos a solicitar estos datos, y no los tenemos. Sin remedio, volvemos al tribunal”, dijo Carla Minet, directora ejecutiva del CPI.
La petición del CPI surgió luego de que un tribunal ordenara en octubre del pasado año que se hicieran públicos los salarios de los empleados de la Legislatura, lo que puso al descubierto múltiples casos de contratación de familiares y personas allegadas a los legisladores, en ocasiones sin las cualificaciones mínimas para ejercer los puestos, con sueldos escandalosos.
La organización solicita los nombres, salarios y fechas de nombramiento y terminación de los empleados del municipio.
“La parte contra la cual se dirige el presente recurso tiene el deber ministerial de entregar la información solicitada”, indicaron en la demanda los representantes legales del CPI, Luis José Torres Asencio y Steven Lausell Recurt, de la Clínica de Asistencia Legal de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico.
Recordaron que en el caso Irizarry Pabón v. Municipio Autónomo de Ponce, del año 2016, “un panel del Tribunal de Apelaciones resolvió una controversia idéntica a la de autos, ordenando la entrega de la misma información solicitada en el presente caso en virtud del derecho constitucional de acceso a la información”.
“Así lo hizo también este Tribunal en Prados Rodríguez v. Rivera Schatz (de octubre de 2020), en la que se ordenó la publicación del nombre, puesto, fecha de comienzo, terminación y salario de los empleados del Senado de Puerto Rico”, agregaron.
El acceso a la información ha sido reconocido en Puerto Rico como un derecho humano y constitucional de rango fundamental, que emana de los derechos de libertad de expresión, prensa y asociación expresados en la Carta de Derechos de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, señaló Carla Minet al dar a conocer la petición presentada este lunes ante la Sala Superior de San Juan del Tribunal de Primera Instancia. INS
P. Rico-Aprobada medida de Márquez Lebrón para investigar la falta de empleados públicos
San Juan, 23 feb (INS).- El portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez Lebrón, anunció la aprobación en la Cámara de Representantes de una resolución de su autoría (198) para investigar la relación de la cantidad de empleados públicos actuales y plazas vacantes, disponibles o congeladas.
“A raíz de los despidos bajo la Ley 7 de 2009 y las llamadas ventanas de retiro, se redujo drásticamente la cantidad de empleados públicos en el Gobierno. Ello redujo enormemente la capacidad del Gobierno en la prestación de servicios lo que ha impactado adversamente a la ciudadanía y ha puesto en peligro, también, el relevo generacional entre las agencias”, expresó Márquez Lebrón.
El legislador independentista sostuvo que la aprobación de esta medida “es un paso fundamental para demostrar que el llamado gigantismo gubernamental es un mito y de que sí existe la necesidad de más empleados públicos”.
Abundó que las propias estadísticas y la información que se recibe del Gobierno demuestran la necesidad de contratar más empleados al tiempo que hizo referencia a expresiones públicas de los designados secretarios de Estado, Justicia y Hacienda, quienes han manifestado públicamente que hacen falta más empleados en sus respectivas agencias.
Por otro lado, Márquez Lebrón precisó que la referida resolución busca investigar, además, el Plan de Clasificación y Retribución Uniforme ordenado bajo la Ley de “Empleador Único” aprobada en el cuatrienio anterior.
“La pasada administración aprobó la Ley 8 del 2017 que estableció el concepto de Empleador Único en las agencia —bajo el supuesto de que haría del Gobierno uno más eficiente y fiscalmente responsable— y una de las tareas asignadas fue la preparación de un Plan de Clasificación y de Retribución Uniforme dentro de un término de un año y medio a partir de la vigencia la Ley y pretendemos conocer en detalle el estatus de dicho plan y el impacto que pueda tener sobre los empleados públicos”, explicó.
Por su parte, el representante Jesús Manuel Ortiz, coautor de la medida y presidente de la Comisión de Gobierno que realizará la investigación, expresó que “la ausencia de tecnología efectiva entre agencias impide a la OATRH conocer la cantidad de empleados que actualmente trabaja remoto o que se reporta a trabajar a las agencias y corporaciones públicas”.
“Para mí es importante establecer de manera concreta el estado del plan de clasificación ordenado por la ley del empleador único, (ya que) es de vital importancia para una administración eficiente de los recursos humanos del gobierno. Esto a su vez debe ir de la mano con una digitalización de los sistemas gubernamentales para viabilizar, de una vez y por todas, un gobierno ágil que responda a las necesidades del pueblo”,expuso Ortiz, del Partido Popular Democrático (PPD). INS
P. Rico-Alcanza la Heend importante victoria en la negociación del convenio colectivo con la UPR
San Juan, 23 feb (INS).- La Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (Heend) logró una importante victoria al reafirmar su convenio colectivo con la administración de la Universidad de Puerto Rico (UPR), tras obtenerse la autorización de la Junta de Control Fiscal, por lo que solo resta la aprobación final de la junta de Gobierno de la institución educativa.
La presidenta de la Heend, Jannell M. Santana Andino, se mostró confiada en que —contrario a dos ocasiones anteriores en el proceso de negociación— la junta de Gobierno apruebe el convenio dado que representa un ahorro de casi $20 millones a la UPR al tiempo que salvaguarda los beneficios de cerca de 4 mil unionados, que son extensivos a los demás empleados de la comunidad universitaria.
“Esta es la tercera vez en cuatro años que luchamos por este convenio colectivo con un presidente universitario, por lo que esperamos que a la tercera sea la vencida. Ha sido un proceso extenso que ha demostrado que la Heend siempre ha estado dispuesta al diálogo y a llegar a acuerdos que beneficien a nuestra matrícula y a la Universidad”, manifestó la dirigente sindical.
En dos ocasiones anteriores la junta de Gobierno de la UPR rechazó los acuerdos convenidos entre la matrícula y el presidente de la institución, de manera que hubo que volver a negociar.
En esta oportunidad, solicitaron enviar el convenio para aprobación de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), proceso que finalizó el viernes.
Recordó que la negociación ha conllevado la mediación del Negociado de Conciliación y Arbitraje y diversos secretarios del Departamento del Trabajo.
Esta vez se tuvo que recurrir a la intervención de La Fortaleza y de legisladores para que la administración universitaria llegara a acuerdos.
La Heend incluso tuvo que establecer un campamento de protesta durante 13 días frente a los portones de la Mansión Ejecutiva para que sus reclamos fueran atendidos.
“Francamente, los empleados universitarios merecen recibir ya la aprobación final del convenio colectivo, máxime cuando logramos ser lo suficientemente abiertos en el proceso para no afectar las finanzas de la institución. Emplazamos a la junta de Gobierno de la UPR a no buscar más excusas que pongan en riesgo la paz laboral y la acreditación”, aseveró Santana Andino. INS
P. Rico-Investigará el Senado la Ley del Programa de Retiro Incentivado y conocer planes proyectados por el Gobierno para cumplir con la Ley 80
San Juan, 23 feb (INS).- El Senado de Puerto Rico aprobó ayer la RS32 para investigar cuáles serán las alternativas y los planes del Gobierno para cumplir con la Ley 80-2020, llamada “Ley del Programa de Retiro Incentivado y de Justicia para Nuestros Servidores Públicos”.
“Esto es una medida que llega por la petición de los servidores públicos. No se trata de legislar para las gradas, es una legislación para hacerle justicia a los servidores públicos. Lo que pretende (esta) resolución es conocer los planes del Gobierno y si existen las guías para darle paso (a esta Ley). Que podamos evaluar si hay las herramientas para un retiro digno”, expresó el senador Ramón Ruiz Nieves, autor de la medida.
Según se establece en la exposición de motivos de la RS32, que será atendida en la Comisión de Gobierno del Senado, “la Ley 80-2020 garantizaría una pensión de 50% del salario del empleado, así como beneficios marginales, partidas que serían cubiertas directamente por el presupuesto del Gobierno central y los municipios, dentro de sus gastos de nómina mensualmente”.
Sin embargo, se estima que unos 17,000 empleados públicos del Gobierno central, municipios y corporaciones cobijados por la Ley 447 de 1951 y la Ley 1 de 1990 podrían ser elegibles para acogerse al retiro incentivado, pero al momento se desconoce el dato específico de cuántos tendrían la intención de participar de la ventana, cuáles son empleados esenciales, el costo para sustituirlos, de ser necesario, así como los servicios afectados.
Es por ello, que la Asamblea Legislativa hace imperativo dicha investigación ya que parte de su responsabilidad consitucional de evaluar la implementación de las leyes aprobadas para el funcionamiento del Estado Libre Asociado, tiene la obligación de fiscalizar el marco legal en ánimo de colaborar para buscar alternativas y aprobar legislación para cumplir con los empleados que esperan por la implementación de la Ley 80-2020.
Otra medida aprobada, durante la sesión ordinaria, fue la Resolución del Senado 15 que busca realizar una investigación exhaustiva sobre el porqué distintas comunidades en los municipios de Aibonito, Arroyo, Barranquitas, Cayey, Cidra, Coamo, Comerío, Corozal, Guayama, Juana Díaz, Naranjito, Orocovis, Salinas, Santa Isabel y Villalba experimenten intermitencia, escasez, baja presión o interrupciones prolongadas en el servicio de agua potable de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).
“Hoy tenemos una oportunidad valiosa de aprobar la Resolución del Senado 15 y aspiro a que esta resolución nos permita tener puentes de diálogo y canalización ante este problema”, argumentó la senadora Gretchen Hau, autora de la medida.
Asimismo, la Cámara Alta avaló la Resolución del Senado 68 que expone realizar una investigación para velar por el cumplimiento de las Leyes 136-1996, 80-2002, 181-2014, 78-2018, 173-2018, 174-2018 y 266-2018, por parte de todas las agencias públicas del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; investigar si el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, de conformidad con su ley habilitadora, Ley 209-2003, recopila y analiza datos relacionados a la cantidad de personas en Puerto Rico que están adiestrados en lenguaje de señas.
“La sociedad ignora la mayoría de las personas con discapacidades auditivas por tratarse de una discapacidad invisible. Como profesional de la conducta humana y como defensora de los derechos humanos, invito a los compañeros legisladores a que se amarren en el cumplimiento de las leyes de la comunidad sorda en Puerto Rico”, acotó la senadora Elizabeth Rosa, del Distrito de Arecibo y autora de la medida.
El Senado aprobó también la Resolución del Senado 72 para investigar los problemas que enfrentan las personas declaradas no procesables conforme a la Regla 240 de Procedimiento Criminal; auscultar posibles soluciones a la dilación en la admisión de esta población en los hospitales del Estado; indagar sobre las gestiones realizadas por la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (Assmca) así como del Departamento de Corrección y Rehabilitación.
El Senado recesó sus trabajos hasta el próximo jueves, 25 de febrero a la 11:00 am. INS
P. Rico-Senado investigará situación de las escuelas públicas en municipios
San Juan, 23 feb (INS).- Con el propósito de investigar la situación de las escuelas públicas cara al próximo inicio de clases presenciales en los municipios que comprenden el distrito senatorial de Ponce, la Comisión de Desarrollo de la Región Sur Central, que preside el senador Ramón Ruíz Nieves, llevará a cabo una audiencia pública mañana para identificar medidas y acciones a seguir.
“Todas las comunidades de Puerto Rico están a la espera de información clara y precisa sobre el propuesto inicio de clases presenciales en las escuelas públicas. Particularmente en la zona sur, que es el distrito al que represento como senador, es de vital importancia que tengamos toda la información. Con esta vista pública de mañana martes, esperamos adelantar en ese sentido”, destacó Ruíz Nieves, quien también es autor de la resolución del Senado 43, que promueve dicha vista pública y que se centrará mañana en el tema de educación.
A la audiencia pública, que comenzará a la 1:00 de la tarde en el salón María Martínez, están invitados a deponer el Departamento de Educación, la Autoridad de Edificios Públicos y la Oficina de Mejoramiento para las Escuelas Públicas (OMEP).
“El Senado considera de vital importancia atender la situación en estos municipios, y en especial los de la Región Sur Central. Esta investigación, brindará las herramientas necesarias ante la nueva realidad en Puerto Rico y la responsabilidad, si alguna, de las entidades gubernamentales pertinentes en la debida atención de estas necesidades para el debido desarrollo y progreso de este Distrito”, indica la medida en su exposición de motivos.
La investigación legislativa se centrará particularmente en las áreas de infraestructura, vías públicas, transportación, desarrollo del sector turístico, vivienda, facilidades de salud, empleo, educación, instalaciones deportivas y recreativas, seguridad y los servicios esenciales, entre otros asuntos.INS
P. Rico-Representante Martínez Soto: “Seilhamer tiene razón sobre la imposibilidad de la estadidad”
San Juan, 23 feb (INS).- La representante Estrella Martínez Soto reaccionó a la polémica relacionada al tema del estatus, concretamente a las declaraciones del designado secretario del Departamento de Estado, Larry Seilhamer, quien dejó entrever que no hay manera de que Estados Unidos apoye la propuesta estadidad para la Isla mientras la situación fiscal y económica no presente una mejoría significativa.
“Lo que expresó el exsenador en un medio de prensa es una realidad que todo el mundo conoce, pero que algunos no quieren admitir. Lo más importante ahora es desarrollar las estrategias para que Puerto Rico salga de la quiebra, que nuestra economía prospere, esa debe ser la prioridad y no estar perdiendo el tiempo en ilusiones de estadidad”, aseguró Martínez Soto.
Seilhamer ha expresado además que su prioridad es reconstruir y cambiar la percepción de Puerto Rico en el exterior.
Sobre las declaraciones, la legisladora comentó que “quien conoce mínimamente cómo funciona la capital federal, sabe que no hay ambiente alguno para la estadidad. Lo ha dicho el senador republicano Marco Rubio y el demócrata por New Jersey Cory Booker, tan reciente como el mes pasado”.
“Con relación a este tema del estatus político puertorriqueño, lo más contundente es lo expresado por el senador Charles Schumer, líder de la mayoría demócrata en el Senado el miércoles pasado, quien declaró que no respaldará un proyecto pro estadidad para Puerto Rico. Mi llamado es a que no hay nada más importante que aportar a la reconstrucción del país y promover el desarrollo económico, esa es la prioridad. Eso es lo que pide el pueblo”, afirmó la representante.INS
ndc