Inter News Service Agencia de Noticias
Resumen de noticias para el lunes 22 de febrero de 2021
P. Rico-Presidente del Senado anuncia creación de una comisión especial de estatus y dice que el PNP debe pagarles a cabilderos que vayan a Washington
San Juan, 22 feb (INS).- Presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, anunció ayer una ofensiva legislativa sobre tema del estatus político, que incluye exigir respuestas al Congreso federal sobre la validez de la votación, el impacto de las contribuciones federales en la economía y la creación de una comisión especial de estatus.
Asimismo, Dalmau Santiago requerirá a la Junta de Supervisión Fiscal un análisis sobre el efecto en la reestructuración de la deuda en caso de un cambio de estatus; eliminará el uso de fondos públicos para pagar salarios de emisarios estadistas, y solicitará a la comisionada residente la entrega del plan de transición a la estadidad que se supone haya hecho público hace dos meses.
El plan de acción de Dalmau Santiago incluye el establecimiento del 3 de noviembre de 2021 como fecha de vencimiento del acta de admisión prometida por la pasada administración y otra resolución para la creación de una comisión especial sobre estatus político, la que tendrá a su cargo examinar todos los posibles mecanismos procesales, el contenido y alcance de las propuestas y los modelos de transición de cada una de las fórmulas de estatus.
“Si bien los estadistas merecen una respuesta sobre sus votos, el resto del país también merece información certera sobre las serias consecuencias de una decisión tan trascendental como un cambio de estatus”, advirtió el político del Partido Popular Democrático.
Añadió que “de hecho, el informe de la Oficina de Contabilidad General del gobierno federal ha expresado que la estadidad tendría un costo de sobre seis mil millones de dólares en aumento de contribuciones y la reducción de ingresos propios del gobierno de Puerto Rico”.
“Ese cambio trastocaría todos los planes fiscales futuros y el plan de ajuste de deuda, porque los fondos federales que llegarían no se pueden utilizar para el pago de la deuda. Nadie ha dado explicaciones sobre esto”, expresó el político a través de un mensaje especial difundido por varios medios de comunicación.
“Trastocar las relaciones de Puerto Rico y los Estados Unidos es un asunto serio y no un juego político. Por esa razón, se hace impostergable que se le hable al país con la verdad y con absoluta transparencia. Este tema no puede tomarse a la ligera ni verse desde la óptica partidista para complacer a las gradas. Por eso, ante la ausencia de datos y de respuestas, les anuncio que, como presidente del Senado, estaré tomando acciones concretas sobre el asunto”, adelantó.
En su mensaje, Dalmau explicó que el artículo 4.2 de la ley que viabilizó la consulta, establece que de ganar el “sí” -como en efecto ocurrió- se supone que se haya iniciado un proceso de transición para la admisión de Puerto Rico como estado de la Unión, con la radicación de un plan de transición que, se supone, radicara la comisionada residente hace dos meses.
Más aún, el presidente senatorial explicó que la ley aprobada por el Partido Nuevo Progresista (PNP) dispuso una fecha de vencimiento para la aprobación de un acta de admisión. El referido artículo dispone que el resultado de la votación “deberá implementarse en el menor tiempo posible y no más tarde de un año a partir del 3 de noviembre de 2021”.
“Es decir, según la propia ley que aprobó dicha consulta, el mandato del sí está sujeto a una respuesta del Congreso en un año, de los cuales -por si no lo sabían- ya solo les restan ocho meses y una semana. Como fiel creyente en la democracia, aún sin coincidir con ese resultado, tengo el firme convencimiento de que esa votación debe recibir una respuesta honesta y directa del Congreso de los Estados Unidos”, sostuvo Dalmau Santiago.
El presidente senatorial advirtió que “de conformidad a la ley habilitadora, el término de un año que impuso la administración pasada al Congreso será -para los efectos de esta asamblea legislativa- un término fatal de legitimidad de esa votación; por lo que la inacción del Congreso o la no-aprobación final de una medida a esos efectos, será interpretada por esta asamblea legislativa como una negativa inequívoca del Congreso al objetivo de esa votación”.
Asimismo, sostuvo que el uso de fondos públicos para enviar seis emisarios de la estadidad al Congreso y pagarles sus salarios, nunca fue consultado en la papeleta de votación, por lo que al carecer del mandato del pueblo y ser totalmente injustificable, se ordenará la reducción de 1,250,000 del presupuesto destinado para el próximo año fiscal a la Oficina de Puerto Rico en Washington.
“Si el señor gobernador desea enviar a seis cabilderos a la capital federal para hacer el trabajo que se supone haga su comisionada residente, deberá pagarlo de los fondos de su partido político”, señaló el presidente del Senado.
Sobre las medidas legislativas, Dalmau Santiago radicará una resolución concurrente para reclamarle al Congreso de Estados Unidos que se exprese claramente y responda cinco preguntas específicas sobre el proceso de transición hacia la estadidad.
Estas son: el impacto de las contribuciones federales en la economía; si el resultado tiene el aval del Departamento de Justicia federal; además, si un 52% es un mandato suficiente para anexarnos; si se le requerirá a Puerto Rico el pago de contribuciones sin representación como ocurrió con Alaska y Hawaii antes de su admisión; y cuál será el efecto de anexar a una nación latinoamericana que es distinta a los Estados Unidos.
A la Junta de Supervisión Fiscal se le requerirá un memorando formal para saber si en el diseño de los planes fiscales y de ajuste de deuda -que comprometen recursos por cuatro décadas – se contempló un cambio de estatus que reducirá los ingresos al fondo general, que resulta ser la fuente de financiamiento del pago de la nómina, los sistemas de retiros y los acuerdos de pago de deuda. INS
EEUU-Comisionada residente aboga por compensaciones económicas para los residentes de Vieques afectados por los ejercicios militares que se efectuaron en la isla
Washington, 22 feb (INS).- La comisionada residente, Jenniffer González Colón, radicó el Proyecto de Ley de Recuperación y Redesarrollo de Vieques, propuesta bipartidista que busca otorgar compensaciones a residentes en Vieques con condiciones de salud que pudieran estar relacionadas a los ejercicios militares que se efectuaron en la isla.
Los reclamos de las personas o sus sobrevivientes tendrían que documentarse en cuanto a la naturaleza de la lesión o enfermedad, los gastos incurridos y la residencia de la persona en Vieques. Estas compensaciones estarían entre 10 mil y 110 mil dólares, dependiendo del tipo y la gravedad del caso.
No se contabilizarían como ingresos contra los otros beneficios sociales que reciba la persona.
La medida procuraría, además, crear las condiciones para el desarrollo de un centro de salud completo y una red independiente de energía.
La congresista había presentado la medida en el Congreso pasado, con coauspicio bipartita y en esta ocasión nuevamente los coauspiciadores originales son el representante demócrata de Florida Darren Soto y el representante republicano de Mississippi, Trent Kelly.
Hacia el final del Congreso pasado contó además con el respaldo del entonces líder republicano en el Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes, Rob Bishop, y el congresista de Nueva York Lee Zeldin, miembro del Comité de Asuntos Financieros, para que se incorporara al proyecto presupuestario aprobado en diciembre, pero no pudo hacerse por decidirse que se aprobarían sólo enmiendas apremiantes.
“La Ley de Recuperación delinearía la ruta para que el gobierno federal continúe con su compromiso no solo con la limpieza de tierras y agua, sino priorizando la salud de los residentes y sentando las bases para su desarrollo económico. La medida establece un proceso de reclamo y cobro de una indemnización por las condiciones de salud en Vieques y proporcionar la prestación de servicios de salud adecuados a los residentes”, explicó González Colón.
El proyecto de ley prevé el nombramiento de un comisionado especial por el secretario de Justicia federal, que será responsable de evaluar las reclamaciones con respecto a su naturaleza y validez, y proporcionar un proceso para la resolución de las reclamaciones a través de una compensación que provendría del Fondo de Sentencias creado bajo la sección 1304 del título 31 del Código de Leyes de los Estados Unidos para resolver pleitos.
Por lo tanto, no requeriría nuevas asignaciones de fondos. El proyecto surge tras previamente los tribunales haber determinado que no procedía un pleito judicial por las reclamaciones de los viequenses y haber sugerido que fuera el Congreso el que ofreciera una compensación.
Como parte del acuerdo, se propone que el paquete de compensación para la comunidad incluya apoyo para la mejora de los servicios de salud en Vieques, incluida la puesta a disposición de pruebas para la atención de enfermedades crónicas, así como para servicios pediátricos y para adultos en el centro médico; y para cubrir los costos de transporte médico y servicios de telemedicina hasta que estos servicios estén disponibles.
Finalmente, el comisionado especial queda facultado para explorar con socios académicos la realización de estudios para determinar las alternativas para la mejora ambiental y para desarrollar una red de energía resiliente en Vieques.
La comisionada aseguró incluir en el informe de la Ley de Autorización de Defensa Nacional, lenguaje donde se ordena a la Oficina de Contraloría General (GAO) que complete un estudio y presente un informe a los comités de defensa del Congreso sobre el estado del proceso federal de limpieza y descontaminación en los municipios de Vieques y Culebra, a más tardar 180 días después de aprobada la ley.
En enero, GAO informó que el borrador preliminar está siendo trabajado internamente con el Departamento de Defensa, la Agencia de Protección Ambiental (EPA), la Administración Oceánica y Atmosférica Nacional (NOAA), el Departamento del Interior y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de Puerto Rico.
Esto, con el objetivo de que hagan el acopio de insumos y comentarios para poder expedir el informe final antes de que termine marzo. INS
P. Rico-Gobernador nombra a secretario de Hacienda como Principal Oficial de Finanzas
San Juan, 22 feb (INS).- El gobernador Pedro R. Pierluisi anunció ayer el nombramiento del secretario de Hacienda, Francisco Parés Alicea, como Principal Oficial de Finanzas Públicas (CFO, siglas en inglés) del gobierno de Puerto Rico, al tiempo que conminó a culminar con urgencia los estados financieros auditados.
“El secretario de Hacienda es un excelente recurso en este gobierno y sus logros están probados. Como CFO del gobierno, le he encomendado como prioridad atender y actualizar los estados financieros auditados. Es necesario tener un mapa certero de nuestras finanzas y así poder establecer responsablemente las soluciones fiscales que necesitamos”, sostuvo el gobernador.
Agregó que “para salir de la Junta tenemos que terminar y publicar los estados financieros actualizados, mantener un presupuesto balanceado y ajustar responsablemente la deuda pública”.
Parés Alicea cuenta con una vasta experiencia como contador público autorizado (CPA). Como secretario de Hacienda lideró la digitalización del Área de Rentas Internas a través del proyecto SURI, lo que ha simplificado los procesos en esa agencia.
También logró alcanzar cifras récords e históricas en los recaudos de contribuciones al fondo general y, por al menos en cinco años y en plena pandemia, Hacienda logró la radicación de más de un millón de planillas de individuos para un solo año contributivo.
Asimismo, encabezó los esfuerzos para procesar mediante mecanismos electrónicos más de 2.9 millones de planillas o solicitudes de ayudas económicas y así distribuir más de 4,247 millones de dólares directamente a contribuyentes y participantes de los distintos programas de ayudas para paliar la crisis económica de Covid-19 en la isla.
Recientemente, el gobernador le encomendó que, junto al secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), estableciera un programa de asistencia económica de emergencia para pequeños comerciantes, para el que ya se han desembolsado cerca de 12 millones de dólares a 2,124 comerciantes.
El nombramiento de Parés Alicea como CFO del gobierno es efectivo de manera inmediata y es acorde con el boletín administrativo OE-2013-007, según enmendado por el boletín administrativo OE-2018-034. INS
P. Rico-Senador Rafael Bernabe hace llamado al gobernador para que deje sin efecto el plan de regreso a clases presenciales este semestre
San Juan, 22 feb (INS).- El senador Rafael Bernabe, del Movimiento Victoria Ciudadana, indicó ayer que el protocolo publicado por el Departamento de Salud relacionado con el regreso a clases presenciales demuestra que no se pueden reabrir las escuelas en marzo, como insiste el gobernador, por lo que le hizo un llamado a que se postergue la decisión este semestre.
El protocolo establece las condiciones indispensables para abrir las escuelas responsablemente. Según Bernabe, si se estudia el Listado de Cotejo para Certificación de Apertura Escolar (anejo B. Forma O1, pp. 49-53) “se verá que es imposible que las escuelas vayan a cumplir con estas condiciones en pocas semanas”.
“Esto confirma lo revelado en las vistas que celebró la Comisión Especial del Senado para la Monitoría del Programa de Educación Especial. Allí organizaciones magisteriales, uniones de trabajadores no docentes, el Comité Timón de padres de estudiantes de Educación Especial y otros grupos relacionados con el sistema de educación pública señalaron unánimemente que el sistema no está listo y que no es aconsejable reanudar clases presenciales en este momento, y que lo más sensato es prepararse para agosto”, añadió.
Bernabe planteó que “el hecho de que el gobernador tuvo que declarar un estado de emergencia para tratar de abrir las escuelas en marzo es la mejor demostración de que los preparativos, incluso para un número limitado de escuelas, están atrasados. Es indicación de que se está haciendo de manera atropellada lo que debe hacerse con el mayor cuidado y cautela”.
Añadió que “al darse cuenta del atraso, no se debió declarar un estado de emergencia, sino aplazar una reapertura para la cual no se está preparado”.
“El gobernador se comprometió prematuramente a reabrir escuelas en marzo. Esto fue un error. Quizás piensa que aplazar la apertura lo hará quedar mal. Pero ese no puede ser el criterio para una decisión tan crucial. Si rectifica, seremos los primeros en reconocerlo. Pero tiene que rectificar”, afirmó Bernabe.
A su entender, “esto no se trata de nuestra voz únicamente. Todo indica que la gran mayoría de los padres y madres, aún con todos los inconvenientes de las clases virtuales, temen o tienen serias dudas sobre un regreso a clases presenciales en este momento. Obligarlos a ese regreso ahora tan solo aumentaría su angustia y preocupación”.
“El año, con todas las irregularidades, tampoco se ha ‘perdido’, gracias al esfuerzo heroico de miles de maestros y maestras. Esta apertura promete añadir un elemento de desorden a las prácticas y rutinas de emergencia que se han ido adoptando”, abundó el legislador.
Bernabe hizo “un llamado al gobernador, ahora a la luz del protocolo publicado por el Departamento de Salud, a que rectifique y deje sin efecto el plan de regreso a las clases presenciales durante este semestre”. INS
P. Rico-Cámara citará a vistas públicas a funcionarios a cargo de manejar fondos federales para que rindan cuentas
San Juan, 22 feb (INS).- Un grupo de legisladores de la Cámara de Representantes informó ayer que citará a vistas públicas a varios directivos de las agencias del gobierno encargadas de manejar fondos federales, para dar seguimiento al uso y manejo de recursos, programas y fondos federales por parte de las agencias y corporaciones.
Se anunció que las vistas públicas darán inicio en las primeras semanas de marzo y estarán a cargo de los representantes Ángel “Tito” Fourquet Cordero, quien preside la Comisión de Fiscalización de Fondos Públicos; Luis “Narmito” Ortiz Lugo, quien preside la Comisión para la Preparación, Reconstrucción y Reorganización ante una Emergencia; y José Aníbal Díaz Collazo, quien preside la Comisión de Transportación, Infraestructura y Obras Públicas.
Los primeros funcionarios citados serán Manuel Laboy, director ejecutivo de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia de Puerto Rico (COR3), Andrés Rivera, director ejecutivo de la Autoridad de Edificios Públicos, Miguel Colón, director de la Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas Públicas (OMEP), la encargada de dirigir el programa de fondos federales de la AEE, Mari Carmen Rivera Santos, y Mirella Rodríguez, a cargo de los contratos y las subastas de esa corporación pública.
“La intención es que la Autoridad de Energía Eléctrica tenga la oportunidad ante el pueblo de presentar el plan de mejoras al sistema de generación y distribución de energía que han debido estar trabajando en los pasados años para Puerto Rico, Vieques y Culebra”, sostuvo Fourquet.
Agregó que “el anuncio del líder de la mayoría en el Senado federal, Charles E. Schumer, y la congresista Nydia M. Velázquez sobre que la ratificación de la asignación de 9.46 billones de dólares puede ser utilizada para diseñar y construir un sistema más resiliente y que proteja el ambiente, nos brinda una oportunidad única para promover, mediante un esfuerzo coordinado, el desarrollo económico y social de nuestra isla”.
“Como parte de la jurisdicción de nuestras comisiones tenemos la responsabilidad de fiscalizar el buen uso de los fondos públicos en Puerto Rico. Además, de que la reconstrucción de nuestro país se haga de una manera ordenada y atendiendo las necesidades de nuestra gente”, añadió Fourquet.
Mientras, Díaz Collazo hizo hincapié en la importancia de velar porque todos esos fondos federales sean bien utilizados: “Ya ha trascendido públicamente luchas de poder por posiciones que tendrán inherencia sobre el manejo de fondos federales. Estas pugnas en el Departamento de Educación nos hacen levantar bandera y es nuestra responsabilidad en la Cámara velar por el buen uso de esos fondos”.
En tanto, Ortiz Lugo manifestó que el anuncio de Schumer y Velázquez “es otra gran oportunidad que no podemos permitir que se vaya por la borda por señalamientos de corrupción. No podemos desaprovechar esta oportunidad para encaminar la fase de reconstrucción bien planificada de Puerto Rico. La Cámara quiere asumir un rol activo, ayudando en la reconstrucción de Puerto Rico”. INS
P. Rico-Asociación de Maestros afirma que protocolo de Salud no está atemperado a la realidad de las escuelas
San Juan, 22 feb (INS).- Tras un análisis exhaustivo del protocolo del Departamento de Salud para el proceso de reapertura de las escuelas, el presidente de la Asociación de Maestros (AMPR), Víctor Bonilla Sánchez y la secretaria general de la Local Sindical indicaron ayer que aunque les parece muy completo, el protocolo no se ajusta a la realidad de las comunidades escolares.
“Reconocemos que el protocolo es completo y atiende los diversos asuntos y escenarios para la apertura de las escuelas, pero una cosa es plasmarlo en un documento y otra implementarlo tomando en cuenta la realidad de nuestras escuelas. Ciertamente el protocolo te deja con muchas dudas, porque sabemos que cada comunidad escolar es un mundo y estamos a pocos días de la fecha de apertura. Reiteramos que la fecha debe ser en agosto y de forma paulatina”, explicó Bonilla Sánchez.
Mientras, Grichelle Toledo Correa, secretaria de la Local Sindical de la AMPR, sostuvo que el protocolo levanta muchas preocupaciones relacionadas a la salud y seguridad de los maestros y, por consiguiente, de los estudiantes dentro del plantel.
“El documento presentado contiene las áreas a tomar en cuenta a la hora de reabrir las escuelas. Sin embargo, dentro de las recomendaciones presentadas en el protocolo hay muchas que levantan preocupación porque conocemos como trabaja el DE. Una cosa es lo que está escrito y es recomendado y otra muy diferente lo que hará Educación”, afirmó.
Añadió que “la Unión no está de acuerdo en que se presente a trabajar un maestro que no tenga ambas dosis de la vacuna y haya pasado el tiempo de 10 días para cumplir con la inmunización. Por otro lado, se estipulan talleres para maestros, pero ¿cuándo serán? ¿Antes del reinicio de clases? Solicitamos se nos permita acceso a esos talleres”.
“Además, se menciona de una entrada y salida escalonada, tanto para los maestros y otro personal, como para los estudiantes. ¿Quién garantizará que lleguen y cumplan con los horarios escalonados? La verdad es que son muchos procesos para implementarlos en tan poco tiempo”, concluyó.
Toledo Correa agregó que “se hablan de los acrílicos o barreras físicas, pero el DE no tiene contemplado colocar acrílicos en los pupitres ni en ningún lugar en el plantel. También se menciona el uso de lavamanos externos en las escuelas, pero no tenemos conocimiento de que el DE haya informado la instalación de estos, así que solo contarán con los de los baños”.
“Cabe preguntarse, ¿quién estará a cargo de controlar las entradas y salidas en los baños? ¿Habrá personal asignado todo el tiempo para realizar esa tarea? Eso no lo contempla el protocolo. Son muchas las preocupaciones y las dudas que al momento no han sido aclaradas. Esto es un asunto que afecta la vida de los componentes de las comunidades escolares. Hay que ser responsables”, finalizó Toledo Correa. INS
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