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San Juan, 21 feb (INS).- Presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, anunció hoy una ofensiva legislativa sobre tema del estatus político, que incluye exigir respuestas al Congreso federal sobre la validez de la votación, el impacto de las contribuciones federales en la economía y la creación de una comisión especial de estatus.
Asimismo, Dalmau Santiago requerirá a la Junta de Supervisión Fiscal un análisis sobre el efecto en la reestructuración de la deuda en caso de un cambio de estatus; eliminará el uso de fondos públicos para pagar salarios de emisarios estadistas, y solicitará a la comisionada residente la entrega del plan de transición a la estadidad que se supone haya hecho público hace dos meses.
El plan de acción de Dalmau Santiago incluye el establecimiento del 3 de noviembre de 2021 como fecha de vencimiento del acta de admisión prometida por la pasada administración y otra resolución para la creación de una comisión especial sobre estatus político, la que tendrá a su cargo examinar todos los posibles mecanismos procesales, el contenido y alcance de las propuestas y los modelos de transición de cada una de las fórmulas de estatus.
“Si bien los estadistas merecen una respuesta sobre sus votos, el resto del país también merece información certera sobre las serias consecuencias de una decisión tan trascendental como un cambio de estatus”, advirtió el político del Partido Popular Democrático.
Añadió que “de hecho, el informe de la Oficina de Contabilidad General del gobierno federal ha expresado que la estadidad tendría un costo de sobre seis mil millones de dólares en aumento de contribuciones y la reducción de ingresos propios del gobierno de Puerto Rico”.
“Ese cambio trastocaría todos los planes fiscales futuros y el plan de ajuste de deuda, porque los fondos federales que llegarían no se pueden utilizar para el pago de la deuda. Nadie ha dado explicaciones sobre esto”, expresó el político a través de un mensaje especial difundido por varios medios de comunicación.
“Trastocar las relaciones de Puerto Rico y los Estados Unidos es un asunto serio y no un juego político. Por esa razón, se hace impostergable que se le hable al país con la verdad y con absoluta transparencia. Este tema no puede tomarse a la ligera ni verse desde la óptica partidista para complacer a las gradas. Por eso, ante la ausencia de datos y de respuestas, hoy les anuncio que, como presidente del Senado, estaré tomando acciones concretas sobre el asunto”, adelantó.
En su mensaje, Dalmau explicó que el artículo 4.2 de la ley que viabilizó la consulta, establece que de ganar el “sí” -como en efecto ocurrió- se supone que se haya iniciado un proceso de transición para la admisión de Puerto Rico como estado de la Unión, con la radicación de un plan de transición que, se supone, radicara la comisionada residente hace dos meses.
Más aún, el presidente senatorial explicó que la ley aprobada por el Partido Nuevo Progresista (PNP) dispuso una fecha de vencimiento para la aprobación de un acta de admisión. El referido artículo dispone que el resultado de la votación “deberá implementarse en el menor tiempo posible y no más tarde de un año a partir del 3 de noviembre de 2021”.
“Es decir, según la propia ley que aprobó dicha consulta, el mandato del sí está sujeto a una respuesta del Congreso en un año, de los cuales -por si no lo sabían- ya solo les restan ocho meses y una semana. Como fiel creyente en la democracia, aún sin coincidir con ese resultado, tengo el firme convencimiento de que esa votación debe recibir una respuesta honesta y directa del Congreso de los Estados Unidos”, sostuvo Dalmau Santiago.
El presidente senatorial advirtió que “de conformidad a la ley habilitadora, el término de un año que impuso la administración pasada al Congreso será -para los efectos de esta asamblea legislativa- un término fatal de legitimidad de esa votación; por lo que la inacción del Congreso o la no-aprobación final de una medida a esos efectos, será interpretada por esta asamblea legislativa como una negativa inequívoca del Congreso al objetivo de esa votación”.
Asimismo, sostuvo que el uso de fondos públicos para enviar seis emisarios de la estadidad al Congreso y pagarles sus salarios, nunca fue consultado en la papeleta de votación, por lo que al carecer del mandato del pueblo y ser totalmente injustificable, se ordenará la reducción de 1,250,000 del presupuesto destinado para el próximo año fiscal a la Oficina de Puerto Rico en Washington.
“Si el señor gobernador desea enviar a seis cabilderos a la capital federal para hacer el trabajo que se supone haga su comisionada residente, deberá pagarlo de los fondos de su partido político”, señaló el presidente del Senado.
Sobre las medidas legislativas, Dalmau Santiago radicará una resolución concurrente para reclamarle al Congreso de Estados Unidos que se exprese claramente y responda cinco preguntas específicas sobre el proceso de transición hacia la estadidad.
Estas son: el impacto de las contribuciones federales en la economía; si el resultado tiene el aval del Departamento de Justicia federal; además, si un 52% es un mandato suficiente para anexarnos; si se le requerirá a Puerto Rico el pago de contribuciones sin representación como ocurrió con Alaska y Hawaii antes de su admisión; y cuál será el efecto de anexar a una nación latinoamericana que es distinta a los Estados Unidos.
A la Junta de Supervisión Fiscal se le requerirá un memorando formal para saber si en el diseño de los planes fiscales y de ajuste de deuda -que comprometen recursos por cuatro décadas – se contempló un cambio de estatus que reducirá los ingresos al fondo general, que resulta ser la fuente de financiamiento del pago de la nómina, los sistemas de retiros y los acuerdos de pago de deuda. INS
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