Por Rafael Santiago Medina
San Juan, 21 feb (INS).- En opinión de no pocos, recriminar y repudiar las expresiones del designado secretario de Estado, Larry Seilhamer, en cuanto a que Puerto Rico debe salir económicamente de la quiebra para que la incorporación de Puerto Rico a la unión federada de estados de la nación estadounidense sea políticamente aceptable y viable, es fanatismo craso e irracional.
Ciertamente, el consenso entre un gran sector de la opinión pública es que la estadidad para Puerto Rico es un asunto económico y político. No es un asunto de derechos humanos.
La estadidad no es una facultad, una atribución o una opción inherente a los puertorriqueños como seres humanos. Es una mera aspiración política, es lo que un lógico razonamiento del asunto debe concluir.
Un país puede únicamente incorporarse a la unión de estados que conforman la nación estadounidense por prerrogativa de la voluntad de los que integran la unidad gubernativa federada de esa nación a la que ese país quiere incorporarse. Es una determinación de conveniencia política y económica. No es una obligación inmanente a los derechos humanos del pueblo que quiere anexarse.
La libre autodeterminación política de un pueblo es un derecho. La aceptación de la anexión por la metrópolis, no. Incorporar a un país o territorio no incorporado como un estado más de la nación, en este a Estados Unidos, es prerrogativa del que anexa y no del que desea ser anexado.
Lo que concluyen los estudiosos de ciencia política es que Estados Unidos no está obligado a anexar a Puerto Rico. En todo caso, si rechaza un pedido claramente mayoritario de anexión en un plebiscito que cumpla con todos los requisitos del derecho internacional, entonces, si no hay otro arreglo de asociación política y económica razonable y aceptable, entonces tiene que concederle la independencia.
En todo caso, de lo que se trataría en el caso de Puerto Rico es de un cuestionable derecho civil de constitucionalidad de los puertorriqueños como ciudadanos americanos, algo no jurídicamente aceptado hasta este momento de esa manera, tras cumplirse este año 123 años de coloniaje bajo la bandera de Estados Unidos.
El hecho de que los anexionistas puertorriqueños hayan elevado la estadidad subjetivamente a rango de derecho humano no hace que el anexionismo se convierta en tal cosa.
Las declaraciones de Seilhamer en una entrevista con un medio de prensa escrito han suscitado toda una polémica que entraña consideraciones conceptuales de lo que implica la aspiración de conseguir la estadidad para Puerto Rico.
Así que cometen un error al catalogar la estadidad de un derecho humano tanto el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera Cruz, como la comisionada residente de Puerto Rico en Washington, Jenniffer González Colón, el representante del Partido Nuevo Progresista (PNP) José Enrique “Quiquito” Meléndez y el senador de ese mismo partido anexionista, William Villafañe.
Si se une a esas expresiones de rechazo a Seilhamer, el gobernador Pedro R. Pierluisi también caerá en tal error.
Lo cierto, además de la polémica sobre si la estadidad es un derecho humano o no, es que si incorporan a Puerto Rico como estado de la unión del gobierno federal estadounidense, habría que hacer lo mismo con Washington D.C., que para muchos tendría una mayor prioridad en ese sentido, siendo en estos momentos el distrito capitalino de Estados Unidos.
La otra pregunta que hay que hacerse es: ¿estará Estados Unidos preparado para recomponerse como nación en 52 estados federados, con la incorporación de un estado hispano y otro de mayoría negra? INS
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