San Juan, 18 feb (INS).- La Comisión Ciudadana para la Auditoría Integral del Crédito Público expresó su rechazo a la Resolución de la Cámara 63, que busca delegar en la Oficina de la Contralora la auditoría de la deuda pública.
“La Oficina del Contralor no cuenta con las herramientas para hacer una auditoría forense de la deuda como se necesita, porque su experiencia ha sido con auditorías de cumplimiento. Además, la actual contralora, Yesmín Valdivieso, se ha expresado en contra y rehusado constantemente a realizar una auditoría de la deuda por más de cinco años”, dijo José González Taboada, integrante de la Comisión.
Mientras Nylca Muñoz, abogada y profesora de derecho, añadió que “existe conflicto de interés con el Departamento de Justicia, al que la medida le asigna tareas de apoyo técnico en la auditoría. Varias de las emisiones de bonos cuentan con una opinión del secretario de Justicia certificando su legalidad y muchas de estas emisiones fueron emitidas en violación de la Constitución, como ha sido señalado en pre-auditorías y por la propia Junta de Control Fiscal”.
Añadió que “para nuestra Comisión, la auditoría de la deuda significa asignar responsabilidad y dar respuestas a todas las acciones y omisiones que nos llevaron a la peor crisis fiscal en la isla y la quiebra más grande bajo la jurisdicción del gobierno de los Estados Unidos”.
González Taboada dijo que “aunque en la medida se mandata referidos al Departamento de Justicia ante hallazgos de deuda ilegal, nos preocupa que la pretensión de promover la cancelación de deuda ilegal mediante este mecanismo se torne académica, particularmente dado que mientras se anuncia este proyecto, La Fortaleza y Aafaf apoyan que la Junta de Control Fiscal someta un nuevo plan de ajuste de la deuda ante el Tribunal Federal”.
Los integrantes de la Comisión también cuestionaron que la medida no incluya lenguaje que clasifique como pública toda la información relacionada a esta auditoría, y que no cuente con mecanismos de transparencia y participación ciudadana en el proceso.
Otra deficiencia del proyecto de Resolución “es el escaso presupuesto que se asigna para auditar 70 años de deuda con solo un millón de dólares, cuando la Comisión creada por ley tenía un presupuesto de cinco millones en gastos y la Junta le pagó a Kobre & Kim 16 millones por estudiar apenas un puñado de emisiones”, fustigaron.
“Recibimos positivamente cualquier propuesta que adelante una auditoría independiente de la deuda pública. Sin embargo, ésta no puede ser un ejercicio simbólico o fútil sino una auditoría integral, independiente, transparente y con amplia participación ciudadana para que tenga credibilidad ante el pueblo”, señalaron los portavoces. INS
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