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Resumen de noticias para el jueves 11 de febrero de 2021
P. Rico-Pierluisi, sobre acuerdo en principio con acreedores de Bonos de Obligaciones Generales y la AEP: “Se le informó a la JSF que el gobierno no apoyará un plan de ajuste que contenga recortes o ajustes a nuestros pensionados”
San Juan, 11 feb (INS).- El gobernador Pedro Pierluisi afirmó ayer sobre el acuerdo en principio con acreedores de Bonos de Obligaciones Generales y la Autoridad de Edificios Públicos (AEP) que “se le informó a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que el gobierno no apoyará un plan de ajuste que contenga recortes o ajustes a nuestros pensionados”
Sobre el asunto, expresó que “hoy, en cumplimiento con una Orden del Tribunal de Título III, la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico (JSAF) presentó una moción en la cual informó que ha llegado a un acuerdo en principio con un grupo de acreedores de Bonos de Obligaciones Generales de Puerto Rico y la Autoridad de Edificios Públicos. Este acuerdo en principio será la base para un futuro Acuerdo de Apoyo de Plan (PSA por sus siglas en inglés) y un Plan de Ajuste Enmendado (POA por sus siglas en inglés)”.
Agregó que “la JSF también solicitó al Tribunal de Título III una extensión para presentar el Plan de Ajuste Enmendado que se ajuste al acuerdo en principio que ese ente ha alcanzado con un grupo de acreedores”.
Expuso que “aunque los detalles del acuerdo en principio no pueden ser divulgados, ya que las partes continúan inmersas en el proceso de mediación, el gobierno entiende que los términos económicos del acuerdo en principio alcanzado por la JSF y un grupo de acreedores son factibles”.
Sin embargo, advirtió que “se le informó a la JSF que el Gobierno de Puerto Rico no apoyará un plan de ajuste que contenga recortes o ajustes a nuestros pensionados. En ese sentido, exhortamos a la JSF a que presente un plan de ajuste que no contenga recortes a las pensiones y que refleje únicamente los términos económicos del acuerdo en principio. De esta manera, podremos movernos juntos a culminar este proceso de restructuración”.INS
P. Rico-Alerta Santamaría Ots que nueva propuesta del pago de la deuda dejará al país sin dinero en efectivo en ocho años
San Juan, 11 feb (INS).- El analista sénior de Política Pública de la entidad Espacios Abiertos, Daniel Santamaría Ots, alertó que la nueva propuesta de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para el pago de deuda es insostenible porque sus propios datos establecen que, aun si se logran los ahorros proyectados con la implementación de reformas estructurales, Puerto Rico se quedaría sin dinero en efectivo en el año 2029.
El economista indicó que inicialmente la propuesta de la JSF de octubre de 2020 de un pago de deuda de entre $1,050 millones a $1,100 millones y un efectivo inicial de $5,983 millones –aunque insostenible– podría parecer un alivio frente a un panorama en el que Puerto Rico estuviera fuera de un proceso de reestructuración que conllevaba entre $3,000 y $3,500 anuales.
Sin embargo, la situación se agrava porque se destinan desde 2017, $2,300 millones anuales en pensiones PayGo y se suma un pago adicional con propiedades del gobierno como exige la aseguradora Ambac Assurance Corp.
“Esta nueva propuesta, todavía no oficial, conllevaría pagos anuales de entre $1,150-1,300 millones –del gobierno central más el pago de Cofina– durante 20 años (hasta 2041) y pagos anuales de $991 millones (resto de Cofina) entre 2042 y 2058. Con el nuevo pago de $2,300 millones anuales en pensiones (PayGo), se deja al Fondo General en una situación de estrés similar al periodo anterior a la reestructuración”, sostuvo Santamaría Ots.
La nueva propuesta, dijo, significaría un recorte al principal de la deuda que oscilaría entre el 55-58%, muy inferior al propuesto en octubre de 2020 que oscilaba entre el 66-69%.
“Si el escenario base de la propuesta de modificación de ajuste fiscal de la deuda propuesta en octubre de 2020 por la Junta, resultaba en un déficit fiscal primario ajustado acumulado a 10 años: -$3,568 millones (déficit de caja acumulado a 10 años de -1,109 millones iniciando en 2029), hay que preguntarse cómo Puerto Rico va a pagar su deuda con la todavía más complaciente propuesta actual”, expresó el economista.
Recalcó que este escenario se basa en proyecciones optimistas de los ahorros con las reformas estructurales ($8,976 millones en 10 años) y las conservadoras proyecciones de la contracción de la economía debido a las medidas de austeridad que propone la Junta de Supervisión Fiscal.
“La pregunta fundamental aquí es qué va a pasar si esas proyecciones no se cumplen, qué servicios esenciales del presupuesto piensan recortar para pagar una deuda claramente insostenible”, cuestionó Santamaría Ots.
Afirmó que para el año fiscal 2022, ya la JSF propone un recorte de $23.5 millones respecto al presupuesto del Fondo General certificado en el año fiscal 2021. INS
P. Rico-Secretario de Hacienda solicita formalmente al Tesoro Federal que mantenga política pública de la Isla sobre la acreditación de contribuciones pagadas al extranjero
San Juan, 11 feb (INS).- El secretario del Departamento de Hacienda, Francisco Parés Alicea, solicitó al Departamento del Tesoro aclarar si el nuevo reglamento propuesto, sobre la acreditación de las contribuciones pagadas en el extranjero (Foreign Tax Credit) al amparo de las disposiciones del Código de Rentas Internas Federal, altera el alcance de la acreditación, lo que según el funcionario impactaría grandemente los recaudos del país.
El funcionario cumplió con la fecha señalada para someter comentarios a la reglamentación propuesta y en el documento dirigido a la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, y al secretario auxiliar de Política Contributiva, Mark Mazur, el secretario de Hacienda destaca que la Ley 154 de 2010 es la principal fuente de recaudos contributivos de Puerto Rico, representando más del 20% de los ingresos del Fondo General y el 50% del Producto Interno Bruto.
“A nombre del gobernador Pedro Pierluisi, sometimos unas recomendaciones formales al Departamento del Tesoro Federal, estableciendo primeramente que Puerto Rico no debe incluirse en los cambios que se están trabajando porque somos ciudadanos americanos y un territorio de los Estados Unidos”, expresó el secretario.
A tenor con lo anterior, Parés Alicea propuso que se enmiende el reglamento propuesto para incluir una excepción (“carve-out”), respecto a la atribución de ingresos de un residente de Puerto Rico, de manera que cumplan con ciertos requisitos jurisdiccionales propuestos en dicha reglamentación.
Asimismo, solicitó que, de afectarse la acreditación de estas contribuciones a nivel federal, le concedan al Gobierno de Puerto Rico un periodo de transición de tres años, ante el impacto sobre la economía que pueda causar la disminución o eliminación del arbitrio a las corporaciones foráneas, contenido en la Ley 154.
“El periodo de transición que estamos solicitando le permitiría al gobierno local modelar un nuevo impuesto que genere ingresos suficientes para sustituir la Ley 154 y que al mismo tiempo evitemos la inestabilidad que un cambio abrupto pueda generar a la economía, el posible éxodo de compañías y un aumento en el desempleo”, agregó.
En los comentarios sometidos ante el Tesoro Federal, el secretario de Hacienda solicitó que el Aviso 2011-29 del IRS (IRS Notice 2011-29), sobre la acreditación del arbitrio pagado por las corporaciones foráneas en Puerto Rico bajo la Ley 154 continúe vigente hasta el final del tercer año contributivo que comienza a la fecha de emisión del reglamento final.
El gobierno ha buscado alternativas ante los cambios contributivos que podrían producirse.
El secretario de Hacienda ha mantenido conversaciones desde el pasado mes de septiembre con el área de Política Contributiva del Tesoro Federal, destacando las implicaciones a la actividad económica del país. Ese intercambio de información permitió que el gobierno de Puerto Rico pudiese someter recomendaciones antes de que se aprueben los reglamentos propuestos finales.
“Continuamos optimistas en que el trato para Puerto Rico sea el más adecuado. Mientras tanto, también seguimos las conversaciones con los contribuyentes que pudieran afectarse, para buscar soluciones que atiendan todos los intereses involucrados en esta transición”, destacó.INS
P. Rico-Planta Comité Oficial de Retirados a representantes que evalúan Ley de Retiro Digno
San Juan, 11 feb (INS).- Varios legisladores integrantes de la Comisión de Asuntos Laborales y Transformación del Sistema de Pensiones para un Retiro Digno se quedaron ayer esperando, por tercera vez, al licenciado Miguel Fabre y a los miembros del Comité Oficial de Empleados Retirados (COR) citados a vista ejecutiva para contestar interrogantes sobre el proyecto de la Cámara 120 sobre la Ley de Retiro Digno.
Luego de varias citaciones a los miembros del COR para que comparecieran a deponer en vistas públicas y después de que Fabre se comunicara con el presidente de la Cámara, Rafael Hernández Montañez, para comparecer a la vista ejecutiva mediante videollamada, no se conectó ni llamó para excusarse, se indicó.
Tampoco llegó algún otro miembro de este Comité a la reunión ejecutiva sobre la medida de la representante Lourdes Ramos.
“Nuevamente me siento defraudada por la actitud del Comité Oficial de Retirados, que engañaron a esta Legislatura solicitando una vista ejecutiva para no comparecer. ¿Es ese el real compromiso con nuestros pensionados?”, planteó Ramos.
La legisladora del Partido Nuevo Progresista (PNP) advirtió que “sepan que, con ellos, sin ellos o en contra de ellos, vamos a cumplirle a nuestros jubilados estableciendo su derecho a un retiro digno”.
La representante Mariana Nogales Molinelli, del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), dijo que “el COR demuestra, mediante su reiterada incomparecencia ante la Comisión y las mil excusas y recovecos legales presentados, revela su verdadero carácter: que no es un organismo que representa a los retirados, sino que responden a sus propios intereses y, aún peor, que no está sujeto ni dispuesto a rendir cuentas”.
“En un asunto fundamental para la gestión de la defensa de los pensionados, no solo claudican, sino que se esconden. La pregunta obligatoria es, ¿acaso el COR se opone a la aprobación del P de la C 120? Nuestra respuesta es que, con o sin ellos, lo vamos a aprobar”, sostuvo Nogales Molinelli.
De igual manera, el representante por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez Lebrón, indicó que “con la incomparecencia del Comité Oficial de Empleados Retirados (COR) ante la Comisión de Asuntos Laborales y Transformación del Sistema de Pensiones, se confirma una vez más que no representan a los pensionados de Puerto Rico”.
“No tienen el más mínimo respeto a la Cámara de Representantes y a la tan importante discusión del Proyecto 120 para un Retiro Digno. Lo que procede ahora es aprobar la medida para hacer justicia y defender genuinamente a nuestros retirados y a la clase trabajadora del sector público de Puerto Rico”, dijo el portavoz del PIP en la Cámara.
Por su parte, el representante José ‘Cheito’ Rivera Madera dijo que en esta oportunidad “el COR le ha hecho un flaco servicio a los retirados de nuestro país, al no comparecer a una vista ejecutiva que ellos mismos pidieron”.
“Esconderse detrás de las mordazas del tribunal para no presentarse y rendir cuentas, es darle la espalda a nuestros adultos mayores que temen perder sus beneficios en manos de fondos buitres y bonistas. Su ausencia los pone del lado equivocado de la historia”, adujo Rivera Madera.
En tanto, la representante Lydia Méndez Silva enfatizó que “independientemente el COR haya expresado que este asunto se está ventilando en el tribunal federal, ellos debían comparecer a la vista ejecutiva citada por la Comisión de Sistemas de Retiro para entablar un diálogo cordial en el que pudiéramos escuchar sus inquietudes, sin que se trastocara el proceso que se está llevando a cabo a nivel federal”.
La legisladora Lisie J. Burgos, de Proyecto Dignidad, dijo que “nos levanta bandera que el COR, que se supone representa a los más de 167,000 retirados en Puerto Rico, no haya comparecido en las tres ocasiones en que ha sido citado por nuestra Comisión”.
“Si alguien debe estar en primera fila defendiendo a nuestros retirados es el COR, quien asumió voluntariamente la responsabilidad de representarlos ante la Junta de Supervisión Fiscal y los foros pertinentes. Es imperativo que COR le explique, no tan solo a esta Comisión de Asuntos Laborales y Transformación del Sistema de Pensiones para un Retiro Digno, sino también a los miles de retirados que ellos alegan representar, el porqué de su negativa a participar de un proceso que beneficia directamente a sus representados”, advirtió Burgos.
La legisladora de Proyecto Dignidad manifestó que “nuestros retirados merecen respeto y un trato digno y ese es el compromiso de esta Asamblea Legislativa”. INS
P. Rico-Someten proyecto multipartidista para fiscalizar al Ejecutivo en emergencias
San Juan, 11 feb (INS).- El representante del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) José Bernardo Márquez Reyes presentó, con el respaldo de representantes de las diversas delegaciones, el Proyecto de la Cámara 515 para crear la “Ley para la Fiscalización y Rendición de Cuentas en Tiempos de Emergencia”.
La medida establecería deberes y obligaciones del Primer Ejecutivo durante las primeras semanas de una emergencia, a la vez que exigiría requisitos específicos con participación legislativa para extender una emergencia por más de seis meses.
Según expone la medida, corresponde a la Asamblea Legislativa “velar porque los poderes extraordinarios de emergencia se utilicen responsablemente, que un estado de emergencia no se extienda por más tiempo de lo necesario y que la emergencia no justifique medidas irrazonables que atenten contra los derechos políticos, sociales, culturales y económicos de la ciudadanía”.
“Este proyecto reconoce los poderes del Primer Ejecutivo para manejar una emergencia, incluyendo la pandemia actual, pero crea un marco legal más claro y democrático para estas situaciones. De esta forma, la Legislatura ejercería un rol de mayor participación y fiscalización para el uso adecuado de los poderes de emergencia”, explicó.
El representante Márquez Reyes recordó que en los últimos años el país ha enfrentado varios periodos de emergencia, el último prologándose por un año.
El proyecto establecería normas como las siguientes: el deber de divulgación de acciones de la Rama Ejecutiva realizadas al amparo de una declaración de estado de emergencia; el deber del Gobernador o Gobernadora de someter informes cada 15 días a la Asamblea Legislativa si un estado de emergencia se extiende por más de 30 días.
Además, el deber del Gobernador de comparecer a una vista pública ante la Cámara de Representantes si un estado de emergencia se extiende por más de 30 días; el deber del Gobernador o Gobernadora de someter un escrito a la Asamblea Legislativa que justifique la extensión de un estado de emergencia por más de sesenta (60) días.
También, el requisito de una resolución conjunta para extender un estado de emergencia por más de seis (6) meses; y una prohibición a la suspensión de leyes con motivo de un estado de emergencia mientras la Asamblea Legislativa se encuentre en sesión.
“Las situaciones de emergencia, cada vez más frecuentes, no pueden conllevar que cambiemos un sistema de leyes por un sistema de órdenes ejecutivas. Somos y aspiramos a ser una sociedad democrática. Por lo tanto, es necesario que aun en periodos de emergencia, existan mecanismos que garanticen los principios de separación de poderes, sana administración pública y transparencia gubernamental”, añadió Márquez Reyes.
El Proyecto de la Cámara 515 es el tercer proyecto, entre más de 500 presentados en la Cámara de Representantes que tiene como autores a representantes de todos los partidos políticos.
Además de Márquez Reyes, son autores del proyecto la representante Lisie Burgos Muñiz (PD), Héctor Ferrer Santiago (PPD), Denis Márquez Lebrón (PIP), José Enrique ‘Quiquito’ Meléndez Ortiz (PNP) y Mariana Nogales Molinelli (MVC).
Las otras dos medidas con autoría de todos los partidos son el P. de la C. 114 (Retiro Digno) y el P. de la C. 119 (Sistema de Retiro UPR). INS
P. Rico-Coronavirus/Imprecisión en los datos de la vacunación en Puerto Rico crean confusión en la opinión pública
San Juan, 11 feb (INS).- Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), en Puerto Rico se han vacunado cerca de 194,000 personas con la primera dosis y de estas 54,000 con la segunda dosis. Sin embargo, según el Departamento de Salud de Puerto Rico, hasta este pasado lunes se habían administrado 265,000 dosis.
La diferencia entre la cifra de los vacunados en Puerto Rico de los CDC de Estados Unidos y las del Departamento de Salud estatal es de 71,000 inoculaciones hasta principios de esta semana.
El Departamento de Salud no precisa hasta este momento cuántos de su cifra de vacunados han recibido la segunda dosis para una más completa inmunización.
Conforme al estimado hecho por el presidente ejecutivo de la Asociación de Hospitales, Jaime Plá, en Puerto Rico hay 140,000 trabajadores de la salud. El secretario de Salud. Carlos Mellado, aseguró en una conferencia de prensa a su salida de una reunión con el gobernador Pierluisi que hasta el viernes pasado habían sido vacunados 110,000 profesionales de la salud, 50,000 adultos mayores que no están en instituciones, 45,000 primeros respondedores, 16,000 empleados docentes y no docentes de escuelas públicas y privadas, unas 1,900 personas con discapacidad, y cerca de 1,800 encamados.
No queda claro cuántas de estas personas están duplicadas en las estadísticas por pertenecer a dos grupos, por ejemplo un profesional de la salud mayor de 65 años, o porque ya han recibido dos dosis.
Siendo así, es improbable que, a raíz de los datos suministrados de 194,000 inoculaciones en el país por los CDC, que todos puedan estar vacunados al momento, por lo menos con la primera dosis, si se suma a las vacunas administradas a las personas mayores de 65 años de edad y otras personas de los sectores vulnerables.
Habría que ver, por otro lado, de acuerdo a la cifra de 265,000 vacunas suministradas que informa el Departamento de Salud, cuántos de los 140,000trabajadores de la salud han recibido la mitad de la inoculación o si ya todos han recibido la inoculación completa.
Mellado insiste en que hay más vacunados en Puerto Rico de lo que reflejan los datos de los CDC porque, aunque la información que publica la agencia federal proviene del propio Departamento de Salud estatal, hay un retraso entre el envío desde Puerto Rico y el tiempo en que se refleja en el sistema del CDC.
En apenas tres semanas, Puerto Rico pasó de la sexta posición a la decimoséptima entre las jurisdicciones del mundo que mayor cantidad de dosis de las vacunas contra el COVID-19 ha administrado, de acuerdo con un informe por el Financial Times, un periódico especializado en economía y negocios.
El informe, que recoge y analiza datos de diversas fuentes oficiales de información, Puerto Rico es superado por países como Israel -que ocupa la primera posición-, Gibraltar, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido y el propio Estados Unidos continental, del cual es un posesión territorial de ultramar.
Lo que el informe establece es la cantidad de vacunas administradas por cada 100 habitantes. INS
P. Rico-Negociado de Telecomunicaciones alerta sobre llamadas “scams” desde Rusia y África
San Juan, 11 feb (INS).- El Negociado de Telecomunicaciones de la Junta Reglamentadora de Servicio Público (JRSP) solicitó a las compañías de telecomunicaciones que orienten a sus clientes sobre cómo manejar o evitar en sus teléfonos celulares llamadas entrantes desconocidas o no deseadas, y lo peligrosas que estas pueden ser.
Un número indeterminado de personas en la Isla han denunciado a través de las redes sociales y los medios de comunicación que han recibido llamadas extrañas de Liberia y otras partes de África y Rusia. Estas llamadas suelen ser “scams”.
Algunos aluden a llamadas repetidas con el prefijo +231 que, internacionalmente pertenece a Monrovia, capital de Liberia.
“Las personas que han recibido estas llamadas pueden denunciarlas ante sus compañías de telecomunicaciones. Al hacerlo, ayudan a identificar números de dudosa procedencia, para que las compañías investiguen y puedan bloquear esas llamadas”, indicó el presidente del Negociado de Telecomunicaciones, Ian Carlo Serna.
Algunas páginas digitales [spamcalls.net, ComReg) que monitorean y orientan sobre las llamadas indeseadas han informado que en los últimos 90 días estas se han incrementado.
Una de ellas destaca que este 10 de febrero ya había 42 denuncias de llamadas no deseadas procedentes de Liberia.
Llamadas desconocidas o “scams” desde este país o de Chad (+235) han sido confirmadas durante años.
Se orienta a que las personas deben evitar contestar llamadas de números que parezcan sospechosos, como aquellos con prefijos cuya procedencia se desconoce o no son esperadas.
“De haber tomado la llamada, se debe colgar de inmediato o cuando se percate de que no hay una persona al otro lado de la línea. Muchas veces, contesta una voz que le indica que se ha comunicado con una operadora u operador y debe aguardar. Además, no se deben aceptar llamadas del mismo número que sean insistentes y desconocidos, no se debe devolver la llamada y, tampoco, de haber una conexión, proveer información personal sensitiva, como los números de seguro social, cuenta de banco, tarjeta de crédito, de pasaporte, dirección física y otros”, dijo el funcionario.
Alertó que las personas que devuelven una llamada se exponen a cargos de facturación por concepto de larga distancia, según el tarifario de la compañía de telecomunicaciones que le rinda el servicio.
A su vez, indicó que si la persona ha sido víctima del “scam”, debe someter una denuncia ante la Comisión federal de comercio (Federal Trade Commission -FTC) y la Comisión federal de comunicaciones (Federal Communications Commission -FCC).
Igualmente, comentó que si la compañía que le brinda el servicio telefónico le ha impuesto cargos por la llamada realizada, debe resolver el asunto con ellos.INS
P. Rico-OPM adiestra a policías municipales y personal que labora en los cuarteles de ayuntamientos sobre la prevención y manejo de la violencia doméstica
San Juan, 11 feb (INS).- Con el fin de asegurar la adecuada implementación de la Ley 59, la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) continúa los adiestramientos a los agentes del orden público municipal y el personal que labora en los cuarteles de los ayuntamientos.
La Ley 59 (“Ley para la Educación, Prevención y Manejo de la Violencia Doméstica para los Municipios de Puerto Rico”), en el artículo 3 ordena a la OPM a elaborar e impartir un programa de educación y adiestramiento, dirigido a suplir herramientas a los policías municipales y al personal que labora en los cuarteles municipales sobre la prevención y manejo de la violencia doméstica.
“En nuestro rol de oficina fiscalizadora, velaremos por el estricto cumplimiento con lo estipulado en la ley. Del mismo modo y con el único propósito de asegurar que el personal municipal maneje de forma más efectiva todo caso de violencia de género, estamos facultados para imponer multas a aquellos municipios que incumplan con su responsabilidad”, explicó la procuradora de las Mujeres, Lersy Boria Vizcarrondo.
El programa de Educación y Adiestramiento para la Prevención y Manejo de la Violencia Doméstica adscrito a la OPM es un esfuerzo en conjunto con el Negociado de la Policía para lograr un mejor manejo de las instancias de violencia doméstica, agresión sexual, violencia en cita y acecho en Puerto Rico.
Boria Vizcarrondo detalló que “el objetivo principal de estos adiestramientos es lograr que todo el personal a cargo de la intervención de posibles situaciones de violencia doméstica, estén debidamente capacitados y educados para identificar de forma sensible y eficiente los casos de violencia doméstica, que por la naturaleza de sus funciones deberá atender cada día”.
Los talleres le proporcionarán al personal municipal las herramientas necesarias para, entre otras cosas, entender la complejidad de la violencia doméstica, evitar que la víctima sea doblemente castigada por el sistema; fortalecer en ocasiones la debilitada autoestima de las víctimas; apoyar a la víctima de violencia doméstica para que pueda conservar la custodia de sus hijos, ser agentes de prevención, salvando las vidas de nuestras víctimas, y por ende, la estabilidad emocional de cientos de familias.
El programa, ofrecido de forma virtual, consiste en ocho horas de adiestramientos anualmente a policías municipales y personal de apoyo en los cuarteles.
De estas, cuatro horas serán ofrecidas por la OPM en las que se discutirán los temas de aspectos biopsicosociales de la violencia doméstica, protocolos de violencia doméstica y “Burn out”.
Las restantes cuatro horas serán ofrecidas por la Academia de la Policía con los temas de entrevista a víctimas y testigos, estrategias de investigación y manejo de escenas del delito.
Los municipios que recibirán el adiestramiento en el mes de febrero de 2021 son Adjuntas, Añasco, Bayamón, Cabo Rojo, Ceiba, Dorado, Florida, Guánica, Guayanilla, Gurabo, Hatillo, Jayuya, Juana Díaz, Juncos, Las Marías, Las Piedras, Peñuelas, Quebradillas, Rincón, Toa Baja, Utuado, entre otros.
Se informó además que los municipios de Aguadilla, Aguas Buenas, Aibonito, Arroyo, Barceloneta, Barranquitas, Caguas, Camuy, Canóvanas, Carolina, Cataño, Cayey, Ciales, Cidra, Comerío, Fajardo, Guaynabo, Isabela, Lajas, Mayagüez, Moca, Morovis, Ponce, Salinas, San Germán, Santa Isabel, Toa Baja, Trujillo Alto, Vega Baja y Quebradillas ya recibieron el adiestramiento.INS
P. Rico-Ortiz Velázquez advierte: “Es inhumano obligar a las familias a enviar a sus hijos a las escuelas en marzo”
Cayey, 11 feb (INS).- El alcalde de Cayey, Rolando Ortiz Velázquez, intercedió en la polémica relacionada al propuesto inicio de clases presenciales en el sistema público de enseñanza para el miércoles 3 de marzo asegurando que “es inhumano obligar a las familias humildes a enviar a sus hijos a los planteles sin que estén listos”.
“Estamos en una pandemia, la vacunación se ha frenado por la limitación en la producción y los planteles no están listos. Esa es la verdad”, advirtió el expresidente de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico.
Añadió que “si el Departamento de Educación (DE) ha hecho lo que está a su alcance para habilitar escuelas a toda prisa en San Juan, Bayamón o Guaynabo, en el centro del país se vive una penuria. Basta con ver el estado de las escuelas, e invito a la prensa a que haga un recorrido por nuestros pueblos, que hablen con los padres, con los maestros y con el personal escolar”.
Durante varios cuatrienios, el municipio de Cayey ha aplicado el programa Escuelas al Día, en el que el alcalde personalmente dirige varios esfuerzos en conjunto con las autoridades escolares, se organizan brigadas para atender las peticiones y servicios de plomería, electricidad y desyerbo en las instalaciones del DE, en conjunto con la Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas Públicas (OMEP).
“El consenso es que todos queremos que se regrese a la normalidad en las escuelas públicas, pero es un error obligar a dicho regreso si no se ha trabajado un plan claro para cumplir esa meta. Por parte del municipio, identificamos dos espacios de acceso al internet gratuito para viabilizar la educación a distancia: en el estadio Pedro Montañez y el Faro del Saber del barrio Polvorín”, dijo Ortiz Velázquez. INS
ndc