Inter News Service Agencia de Noticias
Resumen de noticias para el martes 9 de febrero de 2021
P. Rico-Educación ofrece detalles del plan para el regreso a las clases presenciales: primera fase será de estudiantes de kínder a tercer grado, además de los de duodécimo, y los padres no podrán ingresar a los planteles
San Juan, 9 feb (INS).- La secretaria designada del Departamento de Educación, Elba Aponte Santos, dio a conocer detalles del plan para el regreso a las clases presenciales, con una primera fase que incluirá estudiantes de kínder a tercer grado, además de los de duodécimo y alumnos de Educación Especial.
Además, como parte de las medidas, los padres no podrán ingresar a los planteles.
De acuerdo con lo proyectado por Educación, las clases presenciales comenzarán el 3 de marzo.
Aponte Santos, en una transmisión en vivo a través de una red social, reiteró que la agencia podría abrir más de 170 establecimientos educacionales.
Las escuelas deberán contar con personal de enfermería para detectar síntomas del Covid-19 y los comedores escolares elaborarán los alimentos solo para llevar.
Los salones tendrán grupos pequeños como parte de las medidas de distanciamiento físico y el horario de clases será acotado.
Según la funcionaria, “la gran mayoría concurre que ya es momento de que nuestros estudiantes, niños y jóvenes, puedan ir teniendo contacto con sus maestros y compañeros y que tengan un espacio y herramientas para ir desarrollando su parte social, emocional y desempeño académico”.INS
P. Rico-Reclaman justicia para madre de dos niños con autismo
San Juan, 9 feb (INS).- La justicia llegó para Juana Concepción cuando la jueza de menores Alfrida Tomei, de la sala 708 del Tribunal de Instancia en San Juan, decidió no emitir una orden de protección a favor del Departamento de Educación de Puerto Rico, que acudió a imputarle negligencia a esta madre con dos niños con autismo, estudiantes de educación especial.
Linda Ramos, portavoz de la Coalición de Advocates y Familias de Estudiantes con Impedimentos de Puerto Rico (Cafeipr), reveló además que Thaisha Cordero Aponte, trabajadora social de la escuela Luis Llorens Torres, donde estudian los niños, solicitó al tribunal una orden de protección contra la madre de los menores, alegando que los niños tenían ausentismo injustificado durante el año escolar 2020-2021.
“¿Ausentismo de qué escuela? Todas están cerradas por orden del gobierno desde marzo de 2020 por la pandemia Covid-19”, planteó Ramos.
La trabajadora social también alegó que Concepción es responsable de que sus hijos se mantengan en un salón de niños entre 3 a 5 años de edad, a pesar de estar sobre la edad, ignorando el derecho de “stay put” acordado con el abogado de Educación hace varios meses en una querella que puso la madre.
El acuerdo agencia-madre estuvo alineado al mandato de ley federal de educación especial que indica que los estudiantes deben permanecer en la ubicación donde están, mientras se dilucida una controversia por ubicación escolar, como en efecto ocurre en este caso, precisó Ramos, que consideró frívola la querella.
De otra parte, Juana Concepción ha informado que “la agencia ha querido crear condiciones con las que ellos saben que yo no puedo cumplir”, y puso como ejemplo que reciba módulos (cuadernos) “para darle clase a mis tres hijos, ir a fotocopiar a otro lado donde la fotocopiadora por Covid-19 no puede usarse, aceptar clases virtuales cuando no tenía computadora”.
“Ahora tenego computadora y prescribió el tiempo para acogerme al vale de internet. ¿Y yo soy la negligente? Mis hijos llevan cuatro años en la misma escuela en grupos Montessori que ellos escogieron y no se sustenta en evaluaciones esa ubicación escolar y una vez evaluados, ahora la agencia se niega a cumplir con las recomendaciones de los especialistas. Por eso tenemos controversia”, dijo la madre.
La intercesora de padres aseguró que “el único pecado de esta madre ha sido defender la educación que a sus hijos les corresponde por derecho de la ley federal de educación especial (IDEA 2004)”.
Ramos puntualizó que Juana Concepción representa a la Rosa Lydia Vélez de hoy día (mujer ícono de esta lucha y de la sentencia de un pleito de clase de padres de estudiantes de educación especial que lleva su nombre).
A punto de cumplirse 19 años de esa sentencia, “cada vez las violaciones del gobierno contra los padres ha llegado hasta el punto de crearle las condiciones de coacción y si no aceptan lo que ellos quieren, amedrentarlos con el tribunal para quitarle a sus hijos”.
La intercesora, quien pidió el respaldo de la comunidad para esta madre, dijo que “Educación se ha preparado para criminalizar en masa la lucha de nuestras familias por sus hijos, una clase oprimida, que espera justicia hace cuatro décadas y no ve la luz al final de este túnel”. INS
P. Rico-Caapr asume defensa de joven que espera juicio por participar en protesta en oficinas centrales de la UPR y a quien Comisión de Reputación para el Ejercicio de la Abogacía rechazó emitir una certificación positiva para que pudiese juramentar como abogado
San Juan, 9 feb (INS).- El Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (Caapr) y el Cuerpo de Procuradores de la institución, por conducto de los licenciados Donald Milán Guindín, Raúl Rodríguez Quiles y Daisy Calcaño López, presidenta del Colegio, asumieron la defensa del joven Francisco Santiago Cintrón ante la Comisión de Reputación para el Ejercicio de la Abogacía.
Los hechos se remontan al 27 de abril de 2017, cuando un grupo de manifestantes interrumpió una reunión de la junta de gobierno de la Universidad de Puerto Rico (UPR) en la que aprobarían un aumento a los costos de matrícula en medio de una huelga.
La Comisión decidió el 27 de enero de 2021 no emitir una certificación positiva para que el joven Francisco, aspirante al ejercicio de la abogacía, pudiese juramentar el pasado 6 de febrero.
El Cuerpo de Procuradores -mediante moción- le solicitó a la Comisión la celebración de una vista formal y un término para informar la lista de testigos se proponen presentar.
Según, Milán Guindín “la determinación actual de la Comisión va en contra de la presunción de inocencia del joven Francisco, contra quien el Estado lleva un proceso criminal en su contra que inició en mayo de 2017 y a la fecha no ha sido celebrado el juicio en sus méritos. Es decir, se le está penalizando al aspirante ante la presentación de cargos criminales y no por el hecho de que se hubiese probado conducta criminal alguna”.
“No podemos olvidar los casos de los manifestantes en contra del depósito de cenizas tóxicas en Peñuelas, donde el Estado acusó a cientos de personas incluyendo al líder comunitario Jimmy Borrero y a Alberto de Jesús Mercado (‘Tito Kayak’) todos esos casos terminaron en determinaciones de no causa o determinaciones de no culpabilidad. Tampoco, olvidemos el caso de Miguel Hudo Ricci. Han sido muchos los casos injustos en los tribunales del país”, agregó.
El portavoz no albergó duda alguna “de que el joven Santiago Cintrón honrará la profesión legal y será abogado de las causas nobles, de los marginados y de los más necesitados en nuestro país, que tanta falta nos hace”.INS
P. Rico-Coronavirus/Pandemia dejó a setenta mil personas sin empleo en el país durante 2020, según el Departamento del Trabajo
San Juan, 9 feb (INS).- Setenta mil personas se quedaron sin empleo en el 2020 debido a la pandemia y a las medidas preventivas para contener las olas de contagios de Covid-19 en Puerto Rico durante el año, según información suministrada por el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH).
La disminución de 70,400 empleos asalariados en Puerto Rico, siendo el sector más afectado el de los hoteles y restaurantes con una pérdida de 18,400 empleos.
Seguido el clasificado por el DTRH como Comercio, Transportación y Utilidades, con una pérdida de 16,500 puestos de trabajo. En este caso la baja mayor se reportó en el comercio al detal con 15,000 plazas menos que el mismo mes de 2019.
Los otros sectores que reportaron bajas en sus empleos fueron Servicios Profesionales y Comerciales (13,700); Servicios Educativos y de Salud (10,500); Minería, Tala y Construcción (6,000); Gobierno (2,500); Otros Servicios (1,400); Información (1,200) y Finanzas (1,200).
Críticos de la proyectada elección especial de cabilderos pro estadidad que se elegirían para hacer funciones políticas en Washington, que es en la restitución de los empleos y en la reactivación económica donde la administración del gobernador Pedro R. Pierluisi debe destinar los $8.9 millones que costarían tales comicios extraordinarios a celebrarse en Puerto Rico el próximo 16 de mayo. INS
P. Rico-AAA anuncia proyectos y mejoras millonarias para sistemas de agua y alcantarillados en el este del país
Caguas, 8 feb (INS).- La presidenta ejecutiva de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Doriel Pagán Crespo, anunció la reconstrucción del Laboratorio Central de Caguas a un costo aproximado de 40 millones.
El proyecto consta de la construcción de una estructura diseñada bajo los nuevos códigos establecidos para terremotos y sistemas atmosféricos.
De igual forma, informó que durante el último trimestre del 2021 comenzarán las mejoras al sistema de transmisión entre Guaynabo y Caguas a un costo de 1.5 millones.
Así lo dejó saber en una reunión con alcaldes y legisladores que representan los pueblos comprendidos entre Gurabo y Aibonito sobre los proyectos operacionales realizados, y las mejoras a la infraestructura a subastarse durante el año 2021, y el segundo trimestre del 2022.
“Estos encuentros son muy productivos, ya que tanto los alcaldes como los legisladores tienen información de primera mano sobre las necesidades de los ciudadanos. Comenzamos el año realizando estos encuentros que continuarán alrededor de la Isla”, sentenció Pagán Crespo durante la presentación realizada en el Centro Criollo de Ciencias y Tecnología del Caribe (C3Tec) en Caguas .
De paso, la presidenta de la AAA, informó a los legisladores y alcaldes de los planes de la Autoridad en sus municipios incluyendo la construcción troncal para el sistema ente Aguas Buenas y Caguas, a un costo de 8.5 millones de una fuente de ingresos del Programa de Fondos Rotatorios de Agua Limpia (CWSRF, siglas en inglés).
También anunció la subasta e instalación de generadores de electricidad en todas las instalaciones críticas de la AAA como son las plantas de filtración de agua potable y las sanitarias a un costo de 7.9 millones. Esta inversión se destaca en los municipios de Caguas, Aguas Buenas, San Lorenzo, Gurabo, Cayey, Cidra, Aibonito, Comerío y Barranquitas.
De igual manera, dio a conocer la inversión de 859 mil dólares en proyectos de mejoras de la Planta de Alcantarillado Sanitario (PAS) Borinquen en Caguas.
El proyecto se encuentra en proceso de subasta con una fuente de financiamiento de fondos de la AAA.INS
P. Rico-Organizaciones ambientales y comunitarias critican posiciones “contradictorias” del presidente del Senado, a quien acusan de defender la quema de carbón en la Isla
San Juan, 9 feb (INS).- Activistas ambientales y comunitarios criticaron la postura del presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, de “defender firmemente la quema de carbón en Puerto Rico y obviar el efecto negativo en la salud que ha ocasionado las instalaciones de la empresa AES en Guayama”.
El pasado 1 de febrero, el senador Dalmau Santiago fue entrevistado en el programa Informando desde La Esquina, que es transmitido por Facebook live por el periódico La Esquina.
Durante la entrevista, el senador fue enfático al defender la quema de carbón para producir energía.
“Yo no estoy en contra de que se use el carbón, estoy en contra de su disposición…Yo he sido consistente criticando el que, no que se use el carbón para producir energía, sino, que los desperdicios sean depositados aquí. Porque cuando ese contrato se firmó por primera vez, se disponía que las cenizas iban a ser llevadas fuera de Puerto Rico”, afirmó el senador.
También aseguró que, si se cierra la planta de carbón, el 20% del país se quedaría sin energía.
Sin embargo, el pasado 29 de enero, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) radicó un informe ante el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR), donde se establece que la isla cuenta con más del doble de la capacidad eléctrica disponible, comparado con la demanda energética máxima.
Según el informe, la capacidad máxima del sistema eléctrico actualmente es de 3,361 MW y sólo se usan 1,960 MW, lo que supone un exceso de capacidad generatriz de 1,401 MW.
Si no se contara con la generación de la planta de carbón de AES, que genera 448MW, aun así, se mantiene un exceso de 953MW.
“La propia información de la AEE contradice lo argumentado por Dalmau Santiago, ya que el cierre de la instalación carbonera, no conlleva dejar sin servicio eléctrico a hogares o comercios en el país”, manifestó José Díaz Pérez, portavoz del Campamento contra cenizas en Peñuelas.
Agregó que “es escandaloso que, a estas alturas, exista un senador defendiendo con tanta vehemencia la quema de carbón en Puerto Rico y apoyando a una empresa criminal como lo es AES. Eso es pisotear a las comunidades y familias víctimas de la carbonera, que tienen que luchar a diario con las distintas enfermedades y condiciones desarrolladas por la quema de carbón”.
El presidente del Senado también minimizó el efecto en la salud de la quema de carbón, ante el señalamiento que la quema de carbón produce daño al ambiente y a la salud de las personas.
“Yo soy biólogo. Así que yo estoy en contra de que se atropelle el ambiente y haya daño. Si hay algo que causa daño al ambiente en Puerto Rico, es la producción de energía con diésel. Que emite azufre en la central de Aguirre por su chimenea y su disposiciones de gases. ¡Azufre! A por ciento que normalmente está en violación de la JCA”, dijo el legislador, obviando contestar la pregunta sobre el efecto en la salud de la quema de carbón.
Ruth Santiago, asesora legal del Comité Diálogo Ambiental de Salinas, comentó que el argumento del senador sobre el uso del diésel en Aguirre no es muy claro: “El complejo generatriz Aguirre opera principalmente quemando petróleo residual #6. Las unidades de ciclo combinado dentro del complejo, que operan a base de diésel, se supone que no excedan el ocho por ciento de capacidad, porque están designadas como de uso limitado”.
Sobre la quema de carbón, el Inventario de Emisiones Tóxicas (TRI por sus siglas en inglés) presentado por la EPA, revela que la planta de carbón de AES liberó 8,560,412.19 libras de sustancias tóxicas entre 2002 y 2019. El 63% de esa contaminación emitida fue liberada al aire.
Entre las sustancias tóxicas liberadas diariamente al aire, se encuentran arsénico, mercurio, amonia, bario, cromo, vanadio, y ácido sulfúrico.
Para Alberto Colón del Valle, líder comunitario de la comunidad Miramar en Guayama, las expresiones del senador Dalmau Santiago son indignantes.
“Está olvidando algo que es mucho más importante y es la salud de todo un pueblo. Llevamos años en esta lucha y venir a decir que lo único que le importa es donde se depositen las cenizas es totalmente indignante. Una persona que nunca ha visitado la comunidad ni se ha reunido con el grupo comunitario, es claro que lo único que le va a preocupar es el depósito y no la salud del pueblo, porque solo se reúne con los grandes intereses”, dijo Colón del Valle.
El portavoz hizo referencia a lo revelado por el presidente del Senado en el sentido de que sostuvo una reunión con la empresa AES, aunque no indicó cuándo fue el encuentro.
“Yo tuve una reunión con los de AES, que es la que queda en Guayama, que es en carbón, para que los camiones no fueran transportando las cenizas al área de Humacao”, explicó Dalmau Santiago.
Para Díaz Pérez, “es una total falta de solidaridad con el país aceptar que llevaran las cenizas tóxicas a los otros 77 municipios, menos a Humacao. En Peñuelas luchamos para que no tiraran esa basura tóxica en nuestro pueblo, pero también luchamos para que no fuera depositada en ningún lugar en Puerto Rico. Sería interesante ver que otras consideraciones hubo en esa negociación entre José Luis Dalmau y la carbonera AES”. INS
P. Rico-UPR intensifica estrategias contra la violencia de género en apoyo a declaración de emergencia emitida por el gobierno
San Juan, 9 feb (INS).- La administración de la Universidad de Puerto Rico (UPR) activó a las organizaciones que manejan programas contra la violencia de género en el sistema universitario para que, con el conocimiento y experiencia de sus profesionales, apoyen la implementación de la orden ejecutiva 2021-013, emitida por el gobernador Pedro R. Pierluisi, que declara un estado de emergencia contra la violencia de género en la isla.
A los fines de fortalecer los mecanismos que promuevan el cumplimiento de esta orden, el presidente de la institución, Jorge Haddock, encomendó a los 11 recintos que convoquen a los comités de trabajo, a los procuradores de estudiantes y a los coordinadores de Título IX, encargados de velar que se cumpla con la ley federal que prohíbe el discrimen por género en la educación.
De igual forma, Haddock encomendó a la monitora de Seguridad para Estudiantes y Empleados, Carolyn Mercado Rosado, supervisar las iniciativas exitosas que se desarrollan en los recintos y unidades para, las que considere efectivas, establecerlas a través de todo el sistema universitario.
Además, la funcionaria será la encargada de expandir los programas de capacitación y adiestramiento a estudiantes y empleados.
“La violencia tiene múltiples matices y repercusiones sociales. Estudios de la conducta humana reflejan la importancia que tiene la educación como herramienta para prevenir y cambiar la conducta agresiva. Por lo que, como primer centro docente de la isla, asumimos nuestra responsabilidad social para erradicar este mal en beneficio de nuestra comunidad universitaria y el pueblo puertorriqueño. Para mi administración es una prioridad eliminar la violencia de género en todas sus manifestaciones. Continuaremos atendiendo este asunto con firmeza y tomando acciones concretas”, expresó el presidente, quien también espera contar con el apoyo de otros grupos universitarios que han luchado para erradicar este problema, como Siempre Vivas.
La administración universitaria desarrollará una campaña institucional para educar e informar sobre la prevención y atención a la violencia de género en todas sus manifestaciones, incluyendo el hostigamiento sexual.
Cada unidad será responsable de mantener un informe semestral sobre el cumplimiento de la orden ejecutiva.
Por la experiencia de sus recursos en temas de violencia, Haddock ofreció al Comité de Prevención, Apoyo, Rescate y Educación de la Violencia de Género (PARE) del gobierno central los servicios de la Clínica de Asistencia Legal de la Escuela de Derecho del Recinto de Río Piedras.
Su decana, Vivian Neptune Rivera, favoreció la orden ejecutiva, pues articula esfuerzos para detener la violencia contra la mujer.
“Reiteramos nuestro compromiso inquebrantable con apoyar las víctimas desde nuestras Clínicas de Asistencia Legal y desde el Centro Integral de Apoyo a Víctimas (CIAV), así como promover opciones reales de educación a la profesión legal al brindar, todos los años, el curso de Litigación de casos de violencia doméstica: remedios civiles y criminales; también cursos de perspectiva de género en el derecho. A su vez, contamos con el Pro Bono Vivid, cuya misión es brindar apoyo y orientación a víctimas en casos de violencia doméstica. Desde este proyecto, los estudiantes, bajo la supervisión de su mentora, trabajan voluntariamente en la fase educativa de prevención y colaboran con oficinas gubernamentales, casas hogares y otras entidades de derechos humanos y de la mujer que unen esfuerzos para combatir este problema social”, indicó.
Desde el 2017, el CIAV presta servicios gratuitos de orientación, representación legal y acompañamiento a personas de edad avanzada, víctimas de trata humana y víctimas de violencia doméstica.
Durante las emergencias de los huracanes Irma y María, los temblores del año pasado y el Covid-19, el personal del CIAV se mantuvo activo prestando los servicios a través de todo Puerto Rico, incluyendo a Vieques y Culebra.
Desde el último trimestre del año 2019 al 30 de noviembre de 2020, el CIAV ha brindado cerca de 5,700 servicios.
Para orientaciones y servicios, pueden comunicarse a los teléfonos del CIAV: 787 999-9545 y 787 999-9546; o escribir al correo electrónico: ciav.derecho@upr.edu. INS
ndc