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San Juan, 28 ene (INS).- La senadora Elizabeth Rosa sometió la resolución 68, que ordena a las comisiones de Bienestar Social y Asuntos de la Vejez, y de Educación, Turismo y Cultura a realizar una investigación exhaustiva sobre el cumplimiento de las leyes existentes que cobijan a la comunidad sorda en Puerto Rico.
“Lamentable, la historia de Janet Viera Grau (la joven sorda que se suicidó luego de que le fueran removidos sus hijos por parte del Departamento de la Familia) nos demuestra que, a pesar de los grandes avances médicos, audiológicos, técnicos y educativos, muchos niños sordos dejan la escuela sin contar con las herramientas necesarias para una vida social y comunitaria”, señaló la legisladora del Partido Popular Democrático (PPD).
Agregó que “la comunicación para participar en la sociedad, ya sea mediante la enseñanza del lenguaje de señas u oral, es necesaria para permitir una integración y participación más efectiva en su entorno. Por esto se hace meritorio que esta asamblea legislativa investigue y conozca el cumplimiento de todas las leyes y reglamentos que existen en el gobierno para garantizar el acceso de esta comunidad a los servicios públicos”.
Se estima que la población sorda de la Isla es de aproximadamente 218 mil personas, lo que equivale a un 6.83% de la población de la isla.
La también trabajadora social clínica añadió que “a través de los años, la comunidad sorda en Puerto Rico ha tenido dificultad con el acceso a los servicios públicos. Desde principios de la década de los ’90 se han adoptado una serie de iniciativas legislativas que, aunque no resultan del todo suficientes, sirven para levantar cierta conciencia. Sin embargo, el problema parece estar en el cumplimiento de esas leyes por parte de las propias agencias del gobierno”.
Rosa Vélez precisó que “ha llegado el momento de reflexionar si la legislación se está cumpliendo y si realmente protege los derechos de la comunidad sorda en general”. INS
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