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San Juan, 24 ene (INS).- El licenciado Mario Moczó, quien asumió la representación legal del también abogado Jerome Garffer Croly, imputado de violencia de género contra su pareja, aseguró que en su momento se demostrará “que en este caso no es el victimario, sino la víctima”.
“Resulta lamentable el hecho de que el señor Jerome Garffer se ha convertido en víctima de prejuicios causados a base de una situación relacionada con un tema sumamente serio como lo es la violencia contra la mujer”, dijo su representante legal en declaraciones escritas.
Moczó anticipó que “en su momento, y siguiendo los debidos canales, se demostrará la inocencia de Garffer”.
“Bajo el amparo de evidencia, quedará expuesta la verdad, demostrándose así que en este caso no es el victimario, sino la víctima, siendo su persona el único agredido en el suceso”, ratificó el defensor.
Moczó reclamó que “es nuestro deber tener en cuenta todos los aspectos de situaciones como esta para evitar que un tema tan válido como lo es la violencia contra la mujer sea utilizado para otros fines”.
“Nuevamente, reitero que en su momento se va a demostrar que la única víctima en este caso es el señor Garffer”, insistió el abogado.
De otra parte, dos entes públicos con los cuales su compañía The Garffer Group mantenía sendos contratos: la Junta de Retiro del Gobierno y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).
El director ejecutivo de Junta de Retiro del Gobierno, Luis M. Collazo Rodríguez, anunció que el contrato por servicios profesionales Núm. 2021-000026 otorgado el pasado 4 de enero de 2021 a la firma The Garffer Group, quedó cancelado.
El presidente de esa corporación, Jerome Garffer Croly, está en libertad bajo fianza después de haber sido acusado el pasado viernes de violencia doméstica contra su pareja.
“Cónsono con la política pública de esta administración y a raíz de los recientes acontecimientos que involucran al licenciado, hemos rescindido sus servicios con nuestra agencia de manera inmediata”, afirmó Collazo Rodríguez.
Previamente, la presidenta ejecutiva de AAA, Doriel Pagán Crespo, anunció la cancelación del contrato con la firma The Garffer Group, por similares razones.
En una parca declaración, Pagán Crespo dijo que la AAA mantenía un contrato hasta junio de 2021 con la firma The Garffer Group, “únicamente para casos de expropiación”.
La funcionaria reconoció que “ante los recientes sucesos y como política pública de esta administración, estamos rescindiendo los servicios que dicha compañía ofrece a la AAA”.
Garffer Croly fue imputado por maltrato psicológico y físico a su pareja en hechos ocurridos el viernes 22 de enero de 2021, según dio a conocer el Departamento de Justicia en declaraciones escritas.
Los hechos se produjeron en el estacionamiento del negocio Barrio Pizza, en Guaynabo, donde el antiguo director de finanzas del Partido Nuevo Progresista (PNP) empujó a su pareja contra un vehículo y le profirió palabras soeces.
El secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, y la fiscal interina de Distrito de Bayamón, Lizzette Sánchez Vázquez, informaron ese día que se presentaron cargos contra Garffer Croly por maltrato psicológico y físico a su pareja en hechos ocurridos este viernes, 22 de enero de 2021.
La investigación, a cargo de la fiscal Ruth E. González Candelaria, de la Unidad Especializada de Violencia Doméstica, Delitos Sexuales y Maltrato de Menores de la Fiscalía de Bayamón, en conjunto con el agente Adrián Rodríguez Vázquez, adscrito a la División de Violencia Doméstica de Bayamón de la Policía de Puerto Rico.
De la investigación realizada en este caso el imputado Garffer Croly, incurrió en maltrato psicológico y físico contra la víctima donde mediaron insultos y hasta la empujó.
El abogado de profesión, quien fuera vicepresidente de la junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Electrica (AEE), ha incurrido en este tipo de comportamiento en ocasiones anteriores con otras parejas.
A Garffer Croly se le radicó un cargo por violación al Artículo 3.1 Maltrato de la Ley 54 Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica.
La jueza Keila M. Díaz Morales, del Tribunal de Primera Instancia en Bayamón, determinó causa para arresto en el cargo presentado y le impuso una fianza de $50,000 más el uso de un grillete electrónico.
A su vez, la jueza emitió una orden de protección para la víctima.
La vista preliminar del caso quedó señalada para el 11 de febrero de 2021. INS
ndc