Chile-Resumen/Se abre una puerta de esperanza para cambiar el futuro de la nación

Por Andrés Alburquerque Fuschini

Santiago de Chile, 31 dic (INS).- Con la aprobación del cambio de la Constitución instaurada en 1980 durante la dictadura del tirano Augusto Pinochet Ugarte, la sociedad chilena dio una muestra de madurez y valentía que es un claro reflejo del poderoso estallido social que movilizó a millones de personas a partir del 18 de octubre (18-O) de 2019.

En el plebiscito del 25 de octubre pasado se impusieron por aplastante mayoría las opciones del apruebo al cambio de Constitución y que el organismo encargado de su redacción sea una asamblea constituyente, precisamente las dos opciones que el gobierno quería evitar.

Así, el cambio en la estructura política y económica del país debe comenzar a verificarse cuando en 2021 se elija a los integrantes de la asamblea, que tendrá dos años para entregar el borrador final de la nueva Constitución, que promete dejar atrás un profundo abismo de desigualdades económicas (además de sueldos, acceso a la salud y a educación de calidad) y de libertad individual.

El estallido social espontáneo del año pasado hizo tambalear al gobierno de Sebastián Piñera, quien termina el 2020 con un escuálido 7,0% de aprobación —el nivel más bajo desde el retorno a la democracia, en 1990—, y que a lo largo del año ha cometido errores tan reiterados y de grueso calibre que hasta sus propios correligionarios le han dado la espalda en reiteradas ocasiones.

VIRUS “BUENO”

Esto trajo consigo un aumento en el descrédito del gobernante, inestabilidad y “traiciones” en la Cámara y el Senado y varios cambios sucesivos de gabinete, especialmente en los cargos políticos (ministro y subsecretario del Interior).

Los principales dardos apuntan al mal manejo de la pandemia de Covid-19, que incluyó ocultamiento en la cifra de muertos y contagiados, medidas de confinamiento tardías y erróneas —como decretar cuarentena preventiva, pero dejar abiertas las fronteras aéreas— y pésimo trabajo comunicacional, que terminó con la salida del secretario de Salud, Jaime Mañalich, cuestionado incluso desde el Colegio Médico, del que fue expulsado en 2015.

Mañalich se hizo famoso también por cantinflescas declaraciones, como cuando dijo: “¿Qué pasa si este virus muta hacia una forma más benigna? ¿Qué pasa si muta y se pone buena persona?”…

Fue reemplazado por Enrique Paris, quien al menos cultiva el bajo perfil, pero no ha estado exento de polémicas, como cuando aseguró que este mes llegarían 40 mil dosis de la vacuna de Pfizer, pero sólo llegaron 10 mil.

En el plano económico, los reveses para el gobierno llegaron desde la legislatura, con las aprobaciones de dos retiros de un 10 por ciento de ahorros previsionales para más de 9.5 millones de chilenos cotizantes de las AFPs (Administradoras de Fondos de Pensiones).

El mecanismo, instaurado también en la época de Pinochet, se caracteriza por financiar a grandes capitalistas, pero entrega pensiones muy por debajo de lo esperado: el promedio en Chile es de 288,308 pesos (unos 415 dólares), bajo el sueldo mínimo, y luego de años en los que se ha debatido sin éxito una reforma al sistema.

Las AFPs manejan unos 200 mil millones de dólares acumulados, equivalentes al 75% del Producto Interno Bruto (PIB) de Chile, y este año se vieron obligadas por ley a entregar un monto estimado en unos 20 mil millones de dólares.

Fue un alivio para millones de chilenos afectados fuertemente por la pandemia, incluidas pérdidas de empleo y rebajas salariales.

CAMBIOS PROFUNDOS

El alivio que se espera para los próximos años, empero, es de mayor impacto: un cambio al sistema, que permita entregar pensiones dignas, un cambio constitucional que garantice la igualdad de oportunidades, un modelo de desarrollo sustentable con énfasis en lo social y no apegado a un neoliberalismo a ultranza, como el de Chile, donde hasta el agua está en manos privadas.

Además de refundación de instituciones, como Carabineros (la policía militarizada del país), acusada sistemáticamente por abusos de fuerza, mutilaciones, vejámenes y violaciones desde el estallido social.

Según datos de entidades asociadas a Derechos Humanos, desde 18-O unas 480 personas han perdido la visión de al menos un ojo debido a disparos represivos.

Cara a la nueva Constitución, el director del centro de estudios DemoData, doctor en Ciencia Política Sergio Toro, considera que la clase política “tiene la responsabilidad de mantener un proceso que sea transparente y participativo. Tienen que tratar de romper con las prácticas comunes previas al estallido y comenzar a desarrollar una política mucho más virtuosa. Ese es el objetivo”.

Agrega que “el descontento social que estalló el 18-O se dio por un cansancio hacia prácticas que ahora se debiesen eliminar de raíz. La gente abrió una puerta importante para generar un cambio. Y la gente puede ser clave en la reconstrucción del sistema político. Por tanto, la participación de las personas en los procesos se hace muy importante”.

A su juicio es primordial “recuperar la necesidad y legitimidad del rol de representación, para refrescar la política y elaborar a la medida de las necesidades un nuevo pacto social, que es quizás, lo más importante”.

El desafío es inmenso, pero la ciudadanía sigue confiando en tener de su lado la fuerza necesaria para generar los cambios que se anhelan. La puerta está abierta… INS

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