Inter News Service Agencia de Noticias
San Juan, 29 dic (INS).- Servidores Públicos Unidos (SPU) reaccionó hoy en contra de la determinación del Tribunal de Quiebras de acceder a la petición de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que exige al gobierno puertorriqueño no poner en vigor varias leyes, entre estas la Ley 176 de 2019, que devuelve a los empleados públicos sus 30 días de vacaciones anuales.
Para el sindicato de los empleados públicos de Puerto Rico, afiliado al Concilio 95 Afscme, tal acción es “injusta, insensible e indignante”.
La unión señaló que este derecho, que fue arrebatado por los mismos legisladores que esperaron a la campaña electoral para enmendar su acción, no hace que la fuerza laboral del ELA (Estado Libre Asociado) sea menos eficiente ni impide la reducción del aparato gubernamental —que ya se encuentra en un nivel paupérrimo— como estableció la JSF ante el tribunal, sino todo lo contrario.
“Un empleado reconocido y valorado por sus funciones, en cualquier ambiente público o privado tiene un mayor rendimiento, de eso no hay ninguna duda, establecer lo contrario y seguir privando a un trabajador de sus derechos adquiridos, eso si es hacer que la fuerza laboral se sienta menospreciada y poco eficiente”, afirmó Benjamin Borges, síndico administrador y portavoz principal de Servidores Públicos Unidos de Puerto Rico.
Borges recordó que “nuestra unión luchó fuertemente para evitar que este derecho fuera arrebatado al comienzo del cuatrienio, (por lo que) le advertimos a los legisladores que sería más difícil recuperar el mismo luego de que lo eliminaran, sin embargo, ellos sucumbieron a las presiones de la Junta para conservar el presupuesto de los cuerpos legislativos en el plan fiscal y no es hasta los meses de campaña electoral que deciden tomar acción para las gradas”.
Señaló que como representante exclusivo de los trabajadores, “entendemos que la Junta de Supervisión Fiscal no comprende la realidad del empleado público en nuestra Isla, que se encuentra mal pagado y que sus beneficios son el elemento que balancea un poco la ecuación para retener personal idóneo”.
“Entendemos que el Gobierno de Puerto Rico y la Legislatura no han manejado adecuadamente su responsabilidad al emitir leyes, justificar y defender sus posturas con la data necesaria para que la Junta no tenga la posibilidad real de revertir estas leyes”, dijo Borges.
Consideró que la devolución de los 30 días de vacaciones terminó afectada por otras cuatro leyes que impactaban directamente los recaudos del gobierno o afectaban el dinero disponible para nómina.
“Este tipo de legislación no puede tratar de manejarse al margen de los representantes de los trabajadores, somos nosotros los que estamos en posición de señalar el camino correcto y dar dirección a cualquier negociación necesaria para evitar que los políticos continúen traicionando a los trabajadores en cada campaña electoral”, reclamó el portavoz de SPU.
El sindicalista también afirmó que reconoce la importancia de que las partes se sienten a dialogar sobre este tipo de situaciones.
“Nuestra unión llegó a un acuerdo con la Junta de Supervisión Fiscal que incluye beneficios y logros para nuestros unionados e incluso favorece a otros empleados públicos, y lo logramos basándonos en análisis, data concreta y experiencia”, reveló.
Según Borges, “nuestro acuerdo incluso no impide que se puedan seguir mejorando las condiciones actuales de los empleados públicos cuando estas mejoras se concedan legalmente y este acuerdo entrará en vigor una vez la jueza (Taylor Swain) apruebe el Plan de Ajuste”.
“Los beneficios de dicho acuerdo no se ven afectados por la reciente decisión de Swain, tampoco la resolución que ordena levantar la paralización en nuestros casos de arbitraje. Por eso, el rol del Gobierno y la legislatura es tan importante en la defensa de las leyes que se realizan en justicia hacia el pueblo trabajador. Nuestra unión siempre ha estado dispuesta a defender y a poner nuestro peritaje en la defensa de todo aquello que conlleve justicia para el trabajador”, indicó.
El sindicato entiende, además, que el problema fiscal de Puerto Rico no se debe a su plantilla de trabajadores, sino a la corrupción, a los favores políticos, que incluyen salarios exorbitantes, a los amigos del alma y a los contratos millonarios y nebulosos que cada vez son más.
En estos momentos, SPU analiza esta determinación del Tribunal de Quiebras con la división legal internacional para ver cuáles son sus opciones reales ante tal acción que afecta a gran parte de su matrícula. INS
ndc