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El exviceministro de Interior y Policía, Victor Polanco, fue señalado de acciones venales. Inter News Service
Santo Domingo, 23 dic (INS).- El destituido viceministro de control y regulación de armas del Ministerio de Interior y Policía, Víctor Polanco, aseguró que en esa dependencia estatal opera una “estructura mafiosa” que, según sus declaraciones, provocó su desvinculación de la institución.
Polanco fue cancelado por disposición del presidente dominicano Luis Abinader por la supuesta comisión de acciones venales, versión que este ha negado reiteradamente.
Acudió este miércoles ante la Procuraduría General de la República (PGR) para solicitar ser investigado “y así desmentir que cometiera algún acto de corrupción en el desempeño de sus funciones”.
“Estamos aquí dando la cara, porque no hemos cometido ningún acto pecaminoso”, expresó Polanco, al tiempo que señaló que desde que asumió el cargo alertó sobre la existencia de la “mafia” y una “corrupción inmensa” que realiza las ventas de armas de fuego.
Así mismo, desmintió que haya asignado un fusil M-16 y precisó que en sus poco más de cuatro meses de función, asignó solo tres armas de fuego por indicaciones directas del ministro Jesús Vásquez Martínez, que fueron para una gobernadora y un exlegislador, quien habría recibido “dos de las tres armas” que, según Polanco, le correspondían por ley.
El exviceministro puntualizó que el pasado 2 de diciembre se reunió con la directora de Ética Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, para solicitar que se le investigara, pero no ha recibido ninguna llamada de su parte.
Precisó que también ha enviado varias comunicaciones al presidente Abinader “con la realidad de lo que ocurre dentro del departamento de control y regulación de armas del MIP”.
El abogado Cándido Simón, que acompañó a Polanco, dijo que las autoridades deben profundizar en la alegada mafia que opera desde el organismo ya que, de acuerdo a lo planteado por el jurista, “no se puede ser tan ligero y que se resuelva con la destitución de un viceministro”.
Los medios locales han hecho varias reseñas respecto a irregularidades atribuidas a funcionarios del anterior y actual gobierno, hechos que son investigados por la Procuraduría General de la República.
El 9 de octubre pasado, el presidente Abinader declaró que “no voy a tolerar ningún acto de corrupción en mi Gobierno”, al tiempo que defendió su administración al frente del Estado, asegurando que la misma “es honrada, honesta y transparente”.
El jefe del Estado advirtió que despedirá a cualquier funcionario que se compruebe se involucre en la trama de corrupción administrativa. INS
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