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El juez José Alejandro Vargas al anunciar el veredicto a los imputados por corrupción. / Inter News Service
Por Manuel Vólquez
Santo Domingo, 9 dic (INS).- El juez coordinador de los Juzgados de Atención Permanente del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas, dictó anoche medida de coerción contra los exfuncionarios, proveedores y testaferros apresados en la Operación Antipulpo, acusados de participar en un entramado societario que estafó al Estado dominicano con más de 4,800 millones de pesos (unos 82 millones de dólares).
La decisión afecta a los imputados Alexis Medina Sánchez, principal cabecilla de la estructura societaria, y Carmen Magalys Medina Sánchez, ambos hermanos del expresidente Danilo Medina.
También, a Francisco Pagán Rodríguez, exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe); el exministro de Salud Pública, Lorenzo Wilfredo Hidalgo Núñez; el excontralor Rafael Antonio Germosén Andujar; Fernando A. Rosa Rosa, expresidente del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper); Aquiles Alejandro Christopher Sánchez, Domingo Antonio Santiago Muñoz, Julián Esteban Suriel Suazo, José Dolores Santana Carmona y Wacal Vernavel Méndez Pineda.
El magistrado ordenó tres meses de prisión preventiva, revisable el 1 de marzo de 2021, contra Alexis Medina Sánchez, Francisco Pagán Rodríguez, Fernando A. Rosa Rosa, Julián Esteban Suriel Suazo, penalidad que deberá cumplirse en el Centro Carcelario de Rehabilitación (CCR) ubicado en la ciudad San Cristóbal, región sur del país.
Mientras, José Dolores Santana Carmona, Aquiles Alejandro Christopher Sánchez y Wacal Vernavel Méndez Pineda fueron enviados por igual período a la Cárcel Modelo de San Pedro de Macorís (zona Este).
Respecto a Carmen Magalys Medina Sánchez, exvicepresidenta de Fonper, y el exministro de Salud Pública, Lorenzo Wilfredo Hidalgo Núñez, el juez ordenó prisión domiciliaria, una garantía económica por 10 millones de pesos (171,673 dólares) mediante la modalidad de contrato, impedimento de salida y el uso de brazalete electrónico de vigilancia.
En lo que concierne a Carmen Magalys Medina Sánchez, el juez explicó que tomó esa decisión por la consideración que siempre ha tenido con las mujeres, y en cuanto a Julián Esteban Suriel Suazo, un millonario de apenas 37 años, porque en los allanamientos a un apartamento suyo las autoridades encontraron armas de fuego, entre estas un fusil, sin ser militar.
Para Rafael Antonio Germosén Andujar, arresto domiciliario, brazalete y vigilancia presencial; Domingo Antonio Santiago Muñoz, libertad pura y simple, con presentación periódica ante el Ministerio Público.
Los abogados de los imputados se declararon inconformes con la medida de coerción y adelantaron que estudiarán la sentencia para tomar una decisión procesal.
Mientras, el Ministerio Público mostró satisfacción con el veredicto al tiempo que informó que continuarán las investigaciones para dar con otros implicados en la trama fraudulenta.
Ponderaciones del juez
Antes de dar a conocer la decisión, el magistrado José Alejandro Vargas declaró “muy complejo” el expediente acusatorio, tras considerar que Alexis Medina Sánchez hizo negocios y ejerció el tráfico de influencias valiéndose de su condición de hermano del entonces presidente Danilo Medina. Dijo que el imputado era “la niña linda” del exmandatario.
Vargas defendió que Medina siempre fue cuidadoso con relación a su hermano mientras fue gobernante del país. “Yo fui testigo y mantuvo a Alexis a distancia. Lo mantuvo a distancia”, dijo el juez.
“Esto no lo veo como un asunto político. Esto yo lo veo como un mal pago familiar que nunca debió haber sido… a veces uno teniendo razón tiene que dejar pasar cosas”, señaló el magistrado previo a dar su veredicto sobre la coerción.
En su motivación, explicó que el exministro de Salud Pública, Lorenzo Wilfredo Hidalgo Núñez, a quien describió como un excelente profesional, fue tomado como “un tonto útil” y se prestó a seguir el juego en ese entramado delictivo.
En el proceso, el Ministerio Público solicitó prisión preventiva de un año contra diez de los acusados. Exceptuó de esa medida a Germosén Andujar para quien recomendó confinamiento domiciliario e impedimento de salida del país debido a que en la audiencia cautelar ofreció “importantes informaciones” para beneficio de los investigadores de la Pepca.
Los fiscales, encabezados por la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, llevaron al tribunal un expediente de 267 páginas en el que figuran las investigaciones levantadas para ejecutar la Operación Antipulpo.
Los delitos atribuidos a los imputados son Lavado de activo, robo en contra del patrimonio del Estado, asociación de malhechores, complicidad, falsificación, fraude contra los fondos públicos, versión que los abogados de la defensa negaron por lo que solicitaron al juez decretar la libertad pura y simple de sus clientes.
Durante el juicio de 26 horas, caracterizada por intensos debates de réplicas y contra réplicas, el magistrado Wilson Camacho aseguró que se han presentado más de 400 elementos de prueba para concluir que los imputados son parte de un conjurado societario para cometer hechos delictivos contra el gobierno dominicano.
“Además, hemos demostrado en ese tribunal que varios de los imputados han intentado destruir pruebas, amenazar a testigos y esas son razones suficientes para que el tribunal, por la tutela del propio proceso, dicte prisión preventiva”, añadió. INS
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