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Santo Domingo, 7 dic (INS).- El juez del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional José Alejandro Vargas aplazó hasta las 2:00 de la tarde de hoy la audiencia de solicitud de medida de coerción contra los 11 exfuncionarios y proveedores del Estado acusados de presuntos actos de corrupción administrativa, entre ellos dos hermanos del expresidente Danilo Medina.
Vargas retrasó el juicio, después de más de 12 horas de prolongados debates, debido a las condiciones físicas que presentaban dos de los imputados: Francisco Pagán Rodríguez, quien fue director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), y Fernando Aquilino Rosa, expresidente del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper).
“Estoy mirando desde hace un momento a los señores Pagán y Rosa… No todo el mundo tiene la misma capacidad de resistencia, por lo que por un asunto de humanidad y sensibilidad tendremos que aplazar la audiencia atendiendo a ese imperativo”, expresó el magistrado.
Otros de los imputados detenidos mediante en la denominada Operación Antipulpo son los hermanos del expresidente de la República, Juan Alexis Medina Sánchez y Carmen Magalys Medina Sánchez, fundador y director del movimiento Tornado, Fuerzas Vivas con Danilo y exvicepresidenta del Fonper, respectivamente.
A los 11 detenidos se les acusa de encabezar un entramado delictivo que les permitió beneficiarse con sumas millonarias, a través de una relación comercial con el Estado sustentada en sus vínculos con el poder político.
En la solicitud de medida de coerción que presentó el Ministro Público en contra del grupo, se acusa a los imputados Fernando de la Rosa y Magalys Medina, de utilizar el Fonper como un patrimonio particular para beneficiar a la expresidenta de la Cámara de Diputados, Lucía Medina Sánchez, a favor de quien habrían transferido fondos por más de RD$78 millones de pesos (1,335,952 dólares) entre 2016 y 2018.
Señalan además la construcción de unas 390 viviendas en San Juan de la Maguana en el año 2018, las que, según la Procuraduría Especializada de Persecución Anticorrupción (Pepca), eran entregadas en proselitismo político por Lucía Medina cuando aspiró a la senaduría en las elecciones generales y legislativas el pasado 5 de julio, evento que culminó con la salida del poder del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
En el caso de Alexis Medina, el órgano acusador señala las licitaciones supuestamente irregulares con que se habría beneficiado este personaje a través de sus compañías, acumulando más 4,800 millones de pesos (unos 82 millones de dólares) como proveedor en diversas instituciones del Estado.
La Procuraduría solicitó el cierre de varias de esas empresas, entre ellas Domedical Supply SRL, Suim Suplidores Institucionales Méndez SRL, General Medical Solution A.M. SRL, United Suppliers Corporations SRL, Kyanred Supply SRL, General Supply Corporations, Wattmax Dominciana SRL y Fuel American Inc. Dominicana SRL. INS
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