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Algunos de los agentes policiales que participan en la Operación Antipulpo. / Inter News Service
Santo Domingo, 5 dic (INS).- La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) arrestó anoche, como parte de la Operación Antipulpo, a Wacal Vernavel Méndez Pineda, uno de los ejecutivos de las empresas utilizadas por Juan Alexis Medina Sánchez en el entramado delictivo que le permitió beneficiarse con sumas millonarias, a través de una relación comercial con el Estado sustentada en sus vínculos con el poder político.
La detención se produjo en el sector Villa Carmen, en el municipio Santo Domingo Este. Méndez Pineda llegó a fungir como propietario casi absoluto, aunque luego cedió las acciones a dos hijos, de la empresa Fuel American Inc. Dominicana SRL, que luego traspasó a Medina Sánchez, hermano del expresidente Danilo Medina.
La compañía hizo negocios con el Estado a través del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper) y la Policía Nacional, según informó el Ministerio Público en un comunicado.
Dijo que en esos apresamientos prevalece siempre el interés de seguir manteniendo informada a toda la ciudadanía, pero respetando los procedimientos legales y, sobre todo, el derecho de los imputados.
La Operación Antipulpo abre paso a un expediente de corrupción que comienza a conocerse en los tribunales a partir de mañana, cuando la Pepca y la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, encabezadas por los magistrados Wilson Camacho y Yeni Berenice Reynoso, soliciten prisión preventiva contra Juan Alexis Medina Sánchez, quien forma parte de un primer grupo de 10 detenidos.
Junto a Medina Sánchez, en el expediente figura su hermana, Carmen Magalys Medina Sánchez, exvicepresidenta del Fonper, entidad que fue utilizada para transferir fondos públicos a las empresas del primero y 78 millones de pesos (1,339,628 dólares) a una fundación propiedad de Lucía Medina Sánchez, expresidenta de la Cámara de Diputados, quien también es investigada.
De acuerdo con la acusación, los fiscales investigadores determinaron que Juan Alexis Medina Sánchez acumuló más de cinco mil millones de pesos (85,8 millones de dólares) participando en licitaciones privilegiadas y como proveedor del Estado dominicano en su condición de hermano del expresidente de la República.
Los dos hermanos son acusados por el Ministerio Público por corrupción y lavado de activos y otros delitos, junto a los imputados Francisco Pagán Rodríguez, director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe); el exministro de Salud Pública, Lorenzo Wilfredo Hidalgo Núñez; Rafael Antonio Germosén Andujar, Fernando A. Rosa Rosa, Aquiles Alejandro Christopher Sánchez, Domingo Antonio Santiago Muñoz, Julián Esteban Suriel Suazo y José Dolores Santana Carmona.
Aparte, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa interrogó ayer a dos funcionarias del pasado gobierno en relación con presuntos actos de irregularidades y corrupción administrativa.
Se trata de la exdirectora del Plan Social de la Presidencia, Iris Guaba, y Yocasta Guzmán, quien administró el Departamento de Compras y Contrataciones Públicas.
Ambas comparecieron en el marco de las investigaciones que realiza Pepca y que han dado como resultado el apresamiento de exservidores estatales y testaferros al servicio de estos.
En el caso de Iris Guaba, se le investiga sobre denuncias de anomalías relacionadas con procesos de compras de electrodomésticos y otras utilidades distribuidas durante la campaña que antecedieron a las elecciones generales y legislativas del 5 de julio, que culminó con la derrota del candidato del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo.
Además, se le incrimina por llevarse los discos duros de las computadoras, luego de ser sustituidas por el Poder Ejecutivo, con la supuesta intención de desaparecer posibles evidencias en el manejo de los fondos del Estado dominicano, acción que la mujer niega.
Antes de entrar al interrogatorio, Guaba dijo que “vengo para dar la cara”, pero además expresó que confía en el Ministerio Público.
Mientras, Guzmán fue citada para declarar acerca de hechos punibles vinculados al proceso de licitaciones y compras en Instituto Nacional para la Primera Infancia (Inaipi), en la gestión de Berlinesa Franco, cuyos ejecutivos fueron destituidos por el presidente Luis Abinader cuando estalló el escándalo de corrupción.
El pasado octubre, el director de Compras y Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, depositó tres expedientes ante la Pepca para que sean investigados algunos procesos de compras irregulares que habrían sido realizados por las dos instituciones públicas.
De acuerdo con las informaciones aportadas por Pimentel, desde 2019 “ha sido identificada una recurrencia sospechosa en los procesos de compras del Plan Social de la Presidencia, que otorgaba adjudicaciones millonarias a compañías que fungían como intermediarias”.
Supuestamente esas acciones se traducían en un mayor gasto para la entidad contratante en términos de precios, y que la única explicación para ello es la existencia de vínculos entre funcionarios y proveedores del Estado, establece un escrito.
Mientras que los dos expedientes del Inaipi, uno refiere que en el 2016 esa institución incurrió en violación a los procedimientos de la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones, al realizar procedimientos de urgencias de los cuales no se tiene ninguna evidencia y que le costaron al Estado RD$208.05 millones (3,6 millones de dólares). INS
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