P. Rico-Codepola gana demanda contra la Policía: Tribunal ordena extender licencia de arma a los miembros de la Guardia Nacional

San Juan, 18 nov (INS).- El juez superior Anthony Cuevas Ramos determinó “no ha lugar” al reclamo del gobierno de Puerto Rico de que se desestimara el pleito para ordenar al Negociado de la Policía de Puerto Rico que cumpla con la disposición de la ley de armas de 2020, que establece una excepción del pago de comprobantes a todo miembro de la Guardia Nacional que gestione su licencia de armas.

Ariel Torres Meléndez, presidente de la Corporación para la Defensa del Poseedor de Licencia de Armas de Puerto Rico (Codepola), quien junto a miembros de la Guardia Nacional sometieron un interdicto preliminar, se manifestó satisfecho “porque se hizo justicia y una vez más quedó evidenciado que la pPolicía está para hacer cumplir con la ley y no para interpretarla”.

La demanda exigía al gobierno “hacer valer los derechos y beneficios adquiridos con las licencias armas expedidas por la Policía de Puerto Rico, de sus miembros de la Guardia Nacional, quienes han sido afectados de forma caprichosa y arbitraria por quienes se supone que hagan cumplir la ley. El Negociado se ha negado a aceptar la solicitud sin el pago de un comprobante de 200 dólares”.

En su sentencia, el juez del Tribunal de Primera Instancia Sala Superior de San Juan ordenó a la Oficina de Licencias de Armas de la Policía “a tramitar las solicitudes de los miembros de la Guardia Nacional que estén activos utilizando el procedimiento expedito que establece el artículo 2.03 y a extenderle la exención del pago de derechos que establece el artículo 2.06 de la ley de armas”.

Torres Meléndez expresó que “esta determinación judicial advierte que quien viene obligado a interpretar las leyes es la rama judicial y no la agencia estatal, en este caso la Policía. Y es que la propia ley establece que, como funcionarios del orden público y por razón de sus funciones, están obligados a portar armas y que pueden obtener su licencia de armas libre de costos”.

Aunque la determinación no es final y la Policía puede recurrir al Tribunal Apelativo, Torres Meléndez comentó que “este caso es tan claro que prevaleceremos en cualquier foro judicial”. INS

aa