Inter News Service Agencia de Noticias
Resumen de noticias para el viernes 23 de octubre de 2020
P. Rico-Sale a relucir en vista judicial supuesta fiesta organizada por la gobernadora Wanda Vázquez Garced en pleno auge de la pandemia
San Juan, 23 oct (INS).- En pleno auge de la pandemia y mientras el gobierno de Puerto Rico imponía restricciones al gregarismo de la ciudadanía, salió a relucir en la vista judicial contra el dueño de la finca Los Tres Mangoes, en Morovis, que la gobernadora Wanda Vázquez Garced realizó una fiesta en la casa de playa de los gobernadores en Fajardo.
La presunta fiesta salió a relucir como evidencia por la defensa en este caso de que existe el “procesamiento selectivo” contra violadores de las órdenes ejecutivas que se han establecido para evitar el contagio de Covid-19
La finca tomó notoriedad porque fue el lugar donde se celebró una actividad que se convirtió en viral por la conglomeración de personas que hubo sin mascarillas. Por ese motivo enfrenta acusaciones penales Edgardo Negrón Marrero, propietario de la finca, así como Lizardo Tavárez Pérez, organizador del evento, y Nancy Aguilera, quien alquiló la finca, en la sala de la jueza Ethel Ruiz Fernández, en el Tribunal Municipal de Manatí.
El Departamento de Justicia, representando por el fiscal Ramón Ayende, se opuso a que La Fortaleza tenga que entregar el registro de entrada de personas a la casa de playa de los gobernadores entre las fechas del 4 al 7 de septiembre. Fue durante ese mismo fin de semana que se realizó el evento que culminó con la radicación de cargos menos graves contra los imputados mencionados.
La supuesta fiesta organizada por la gobernadora Vázquez Garced fue calificada por el abogados del caso de la finca “Los Mangoes” como “una actividad multitudinaria”.
Otra actividad que usará como prueba para el “procesamiento selectivo” es un evento promovido por el Departamento de la Familia en el que supuestamente se conglomeraron unas 250 personas. INS
P. Rico-Unión, ante cierre ocurrido en centro de recepción de llamadas del 9-1-1, afirma que lleva meses exigiendo un plan frente al Covid-19 y el cumplimiento de la Ley 32 de 2020 para proteger el sistema y los fondos
San Juan, 23 oct (INS).- La Unión de Trabajadores de las Comunicaciones de Puerto Rico, organización que representa a los trabajadores y trabajadoras del Negociado del Sistema de Emergencia 9-1-1, lamentó la situación sin precedentes que enfrenta el 9-1-1 debido al cierre de los centros de recepción de llamadas, pero responsabilizó al Departamento de Seguridad Pública (DSP) y a la comisionada del 9-1-1, Yazmín González, por la negligencia en preparar un plan adecuado para atender esta pandemia.
También, responsabilizó a la gobernadora Wanda Vázquez Garced y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) por bloquear la Ley 32 de 2020, que busca proteger los fondos 9-1-1 y el sistema de emergencias.
“El 9-1-1 recibe cerca de 10,000 llamadas diarias. El personal para atender las mismas es uno certificado y adiestrado para el mismo. Desde marzo de 2020 nuestra organización presentó un plan comprensivo para responder a la pandemia Covid-19, a la administración del 9-1-1. El mismo incluía el acuartelamiento de empleados en las facilidades del 9-1-1 con turnos de 12 horas y pruebas rutinarias de Covid-19 para el respectivo relevo; también sugerimos crear un plan de trabajo remoto con celulares y de compartir con la ciudadanía teléfonos alternos. La comisionada González tomó estas sugerencias y las ignoró por completo. Ella, es la primera responsable por el desastre en el 9-1-1”, sostuvo Aramis Cruz Domínguez, presidente del sindicato.
La unión también insistió que esta crisis sin precedentes ocurre en las semanas finales de la temporada de huracanes, también ocurre cuando en Puerto Rico existe una ola de violencia sin precedentes, sobre todo hacia la mujer puertorriqueña.
Cruz Domínguez informó que “muchos desconocen que el 9-1-1 es la línea que activa todo un andamiaje de seguridad y en muchos casos incluye agencias que no son parte del componente de seguridad pública como la Oficina de la Procuradora de las Mujeres. Los telecomunicadores están también adiestrados para manejar crisis y canalizar las emergencias. Los demás componentes de seguridad no lo están, lo que pone en riesgo la atención de emergencias en el país”.
Por otro lado, recordó que llevan semanas en manifestaciones pacíficas en contra de la administración del 9-1-1 pues la gobernadora Wanda Vázquez le solicitó a la JSF bloquear la Ley 32 de 2020, “que entre otras cosas buscaba devolverle al 9-1-1 las herramientas que necesita y proteger los fondos del 9-1-1 ya que no se pueden usar para pagar la deuda ni ser transferidos al fondo general como ha ocurrido en los pasados años. Esta ley fue presentada en conjunto por los senadores Henry Neumann y José Vargas Vidot y fue aprobada por unanimidad en ambos cuerpos legislativos”.
“Es hora de que se acabe esta mala administración del Sistema de Emergencias. Nuestra organización ya se encuentra realizando los debidos referidos a la Federal Communications Commission sobre este asunto pero, exigimos que se le de paso tanto a la Ley 32 de 2020 como al plan comprensivo que diseñamos. También exigimos que permitan al personal administrativo del 9-1-1 volver a sus funciones regulares ya que muchos son indispensables para que funcione la agencia. Finalmente, hay que remover al 9-1-1 del Departamento de Seguridad Pública tal como se hizo con el Negociado de Ciencias Forenses”, puntualizó el vocero.INS
P. Rico-Sindicatos impugnarán acuerdo de Educación que despoja a Autoridad de Edificios Públicos de la construcción y mantenimiento de escuelas
San Juan, 23 oct (INS).- El liderazgo de dos sindicatos de empleados de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP) se propone impugnar en el tribunal federal un acuerdo con el Departamento de Educación que los despoja del mantenimiento y construcción de escuelas con fondos asignados por FEMA (Agencia Federal para el Manejo de Emergencias) debido a que viola la ley.
De acuerdo con los sindicalistas junto a transgredir la ley orgánica de la Autoridad de Edificios Públicos y el procedimiento judicial que existe en el Tribunal de Quiebras por el Título III de la Ley Promesa, impuesta por Washington ante la bancarrota fiscal de Puerto Rico, en los próximos días someterán un recurso de impugnación del entendimiento.
La Unión de Empleados de Oficina y Profesionales y la Unión Independiente de Empleados de la Autoridad de Edificios Públicos se amparan en que son acreedores de la AEP y lo hacen en interés de los derechos de los trabajadores, de la ciudadanía y de la propia agencia.
El recurso se basa en que el acuerdo entre AEP y Educación viola la ley habilitadora de la Autoridad de Edificios Públicos, que no le permite transferir o delegar en personas o agencias del gobierno central que no sean corporaciones públicas su deber de construir, reparar y brindar mantenimiento a sus propiedades, de lo cual depende la deuda pública, actualmente impugnada en el tribunal federal.
Además, habiendo un proceso judicial de Título III de la Ley Promesa, ninguna de las dos partes –la AEP ni el gobierno de Puerto Rico, al que pertenece Educación– han solicitado el permiso del Tribunal de Quiebras ni con la adecuada notificación a los acreedores y partes interesadas para decidir los méritos de esta transacción.
“La transacción entre la Autoridad y Educación va contra los mejores intereses del país y pone en peligro el trabajo de decenas de empleados de la Autoridad al violar sus derechos bajo los convenios colectivos vigentes”, declaró Luis A. Reyes Rivera, presidente de la Unión Independiente de Empleados de la Autoridad de Edificios Públicos.
Por su parte, Freddie Rodríguez Rohena, presidente de Unión de Empleados de Oficina y Profesionales de la AEP, sostuvo que “transferir esas responsabilidades y el dinero a una agencia del gobierno de Puerto Rico que no tiene ni la responsabilidad legal ni constitucional de tener a su cargo las propiedades que le alquila a la AEP, pone en precario esos bienes públicos que, además, sirven de garantía a los bonistas”.
Ambos líderes sindicales, quienes solicitaron la renuncia del presidente de la junta de Directores de la AEP, Luis Nazario, y de la directora ejecutiva Melitza López Pimentel, recordaron que la pasada secretaria de Educación Julia Keleher está esperando juicio en el tribunal federal por unas serias acusaciones de corrupción y el Departamento tiene un pobre récord de administración, además de la falta de peritaje para hacerse cargo de obras de construcción.
Ambos líderes sindicales solicitaron la renuncia del Lcdo. Luis Nazario presidente de la Junta de Directores de la AEP y de Melitza López Pimentel, directora ejecutiva de la Autoridad.
El abogado Roberto Maldonado asesor legal de ambas uniones y quien llevará el caso ante el tribunal, explicó que, en violación a su propia ley y sus deberes ministeriales, estatutarios y fiduciarios, la Autoridad ha delegado en el Departamento de Educación algo para lo cual carece del personal técnico, depende para su operación del alquiler de propiedades, y no tiene la facultad legal para construir, reparar y dar mantenimiento a propiedades para las cuales no tiene título propietario alguno.
Tal situación ocurrió al FEMA aprobar fondos para la reparación y reconstrucción de propiedades de AEP dañadas por los huracanes Irma y María, en septiembre de 2017, y por los sismos de principios de 2020.
Así mismo autorizó fondos para el Departamento de Educación, pero la ley dispone que la AEP tiene la responsabilidad de reparar y reconstruir las escuelas bajo su jurisdicción, y no puede delegarla en otra agencia de gobierno.
“Esa falta de responsabilidad legal y de peritaje obliga al Departamento de Educación a subcontratar todas las labores de las obras, sin ni siquiera contar con el personal necesario para supervisarlas, y que no solo lo tiene la Autoridad de Edificios Públicos, sino que además cuenta con la experiencia de más de 50 años de existencia”, señaló Rodríguez Rohena.
La AEP, que cuenta con más de 950 empleados, incluyendo ingenieros, arquitectos y técnicos en diferentes ramas de la construcción, reparación y mantenimiento de edificaciones y de mantenimiento, se creó por ley en 1958 como responsable de la construcción y mantenimiento de los edificios del gobierno, que incluyen hoy 425 escuelas, 53 centros gubernamentales, 107 cuarteles de la policía, 14 parques de bomba y 30 centros judiciales, entre otros, donde se proveen servicios esenciales al pueblo.
Para la construcción de los edificios de su propiedad, la AEP puede emitir bonos garantizados con las propias estructuras y con el compromiso del fondo general. INS
P. Rico-Atribuyen candidatos del PPD a empleada del legislador Urayoán Hernández incurrir en fraude electoral en las primarias
San Juan, 23 oct (INS).- Los candidatos a la Cámara Yaramary Torres, Robert Zayas y Deborah Soto, del Partido Popular Democrático (PPD), sometieron hoy una querella en la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) contra Zuleyka Zayas González, adscrita a la oficina del representante Urayoán Hernández, del Partido Nuevo Progresista (PNP), por presunto fraude electoral en las primarias efectuadas en agosto pasado.
“Atentar contra su pureza y realizar transferencias electorales fraudulentas, no solo es un delito, sino también un acto cobarde que debe ser penalizado por los foros administrativos y judiciales pertinentes”, expresó Yaramary Torres.
La candidata del PPD a la Cámara por Acumulación relató que Zayas González acudió el último día de cierre de registros electorales a la Junta de Inscripción Permanente (JIP) en Orocovis para realizar una transferencia de domicilio, a sabiendas de que ella reside en Guaynabo, tal como se evidenció en un programa televisivo.
“Según se detalla en la transacción, registró su dirección con ubicación en la carretera PR-749, Km 4 Hm 2, Sector Quebrada Grande en Barranquitas, de manera que pudiera estar habilitada para votar por su jefe en las primarias”, añadió Torres.
Agregó que “las acciones de esta funcionaria del PNP configuran una violación a las disposiciones establecidas en la Constitución y el Código Electoral. La señora Zayas todavía tiene la oportunidad de ir al Departamento de Justicia e indicar si fue coaccionada por el representante Urayoán Hernández para cometer este delito y evitar ser acusada y procesada en un Tribunal de Justicia”.
Por su parte, Deborah Soto explicó que Zayas González pudo haber violentado el Artículo VI, Sección 4 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, al igual que los Artículos 5.3, 5.4 y 12.5 del Código Electoral de Puerto Rico 2020 por realizar una transferencia en el Registro General de Electores basada en hechos falsos.
“No podemos permitir que el fraude electoral sea institucionalizado. Nuestro llamado al presidente de la CEE es que los procesos sean transparentes y le devuelvan al pueblo de Puerto Rico la seguridad y la confianza en las instituciones democráticas con una sana administración pública y la aplicación justa del derecho electoral”, manifestó la candidata del PPD por el Distrito 10.
En este sentido, Roberto Zayas indicó que “el caso de la empleada del portavoz alterno del Partido Nuevo Progresista reitera el patrón de corrupción que se ha dado en la Cámara”.
“Del mismo modo, evidencia que la aprobación del mal llamado Código Electoral es una transgresión a la democracia puertorriqueña. Las nefastas acciones del saliente presidente de la CEE, Juan Ernesto Dávila, dieron paso al fraude electoral en múltiples facetas y hoy lo podemos constatar con ejemplos como este”, indicó.
Zayas, candidato del PPD al Distrito 5, solicitó al presidente de la CEE que declare ha lugar esta querella, resuelva sus méritos antes del evento electoral que se llevará a cabo en los próximos 12 días y refiera al Departamento de Justicia su determinación sobre los hechos que denunciados”. INS
P. Rico-Anuncia Lúgaro aplicación móvil con programa de gobierno de Victoria Ciudadana
San Juan, 23 oct (INS).- La candidata a la gobernación Alexandra Lúgaro anuncia el lanzamiento de una aplicación móvil cuyo propósito es hacer accesible los datos de las diversas candidaturas por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC).
“Desde los comienzos de Victoria Ciudadana, hemos apostado a la accesibilidad. Es por eso que decidimos crear una aplicación gratuita donde, de manera eficiente, el país pueda acceder a los datos de todas nuestras candidaturas, así como al plan de gobierno de nuestro Movimiento con miras a que los electores lleguen a las urnas este próximo 3 de noviembre con las herramientas adecuadas para emitir un voto informado”, explicó la aspirante a la gobernación.
Indicó que la aplicación “Lúgaro 2020” será la primera de varias aplicaciones móviles que estrenará el Victoria Ciudadana, ya que “nuestro gobierno será uno que le abrirá paso a los avances tecnológicos necesarios, no solo en la rama ejecutiva; sino también en las agencias gubernamentales con el propósito de facilitarle la vida cotidiana a la ciudadanía”.
Su directora de Campaña, Vangie Portela, abundó que la aplicación “Lúgaro 2020” es una de fácil uso, donde las personas pueden escoger cualquier municipio de Puerto Rico para ver quiénes serán los candidatos y candidatas que encontrarán en su papeleta.
“Los usuarios podrán ver una foto de él o la aspirante junto a su biografía y plan de trabajo. La aplicación también le permitirá al usuario acceder al programa de gobierno del MVC, a la Agenda Urgente y a los Principios Éticos. Además, el usuario podrá registrarse como funcionario de colegio o llevar a cabo una donación”, precisó Portela.
Además, se mostró agradecida con este esfuerzo de parte de “nuestros voluntarios y voluntarias del equipo creativo de la campaña”.
“Las capacidades tecnológicas de nuestra gente una vez más nos confirman el potencial de desarrollar este tipo de herramienta bajo nuestro gobierno. Desafortunadamente, sabemos que hay personas que no tienen acceso a un teléfono inteligente para poder descargar la aplicación”, dijo.
La información estará disponible en el portal electrónico alexandralugaro2020.com, mientras aclaró que la aplicación se encuentra disponible para usuarios de iPhones y de Androids. INS
P. Rico-Presidente del Centro Unido de Detallistas alza su voz en contra de la violencia de género
San Juan, 23 oct (INS).- Ante la ascendente cifra de mujeres asesinadas en Puerto Rico, el presidente del Centro Unido de Detallistas (CUD), Jesús Vázquez, anunció que el gremio estará uniéndose a la campaña “No Calles”, en repudio a la violencia de género en la isla.
Vázquez anunció su decisión de formar parte de la campaña impulsada por el Hogar Nueva Mujer, a través de la cual se busca crear conciencia entre la ciudadanía, a la vez que se levantan fondos para ayudar a víctimas de violencia de género.
“Conscientes del alza reciente en el número de víctimas por violencia de género en Puerto Rico y reiterando el compromiso social del Centro Unido de Detallistas, decidimos unirnos a la campaña ‘No Calles’, promovida anualmente por el Hogar Nueva Mujer. Nuestro deber como parte de esta sociedad muchas veces trasciende los parámetros institucionales y en este caso, consideramos que es importante apoyar la gestión que realiza el Hogar Nueva Mujer a favor de las mujeres en Puerto Rico”, afirmó Vázquez.
En lo que va de año, más de 30 mujeres han sido asesinadas en manos de hombres.
La campaña “No Calles” consiste en la realización de una serie de actividades a través de las redes sociales en las que se busca orientar acerca de este mal social y las alternativas para combatirlo.
Además se venderá material educativo y camisetas alusivas a la campaña a través de la página web: www.nocallespr.com.
La iniciativa tendrá su evento cumbre mañana con una participación masiva en los medios sociales, en la que los participantes publicarán sus fotografías vistiendo las camisetas con el hashtag #NoCalles.
A estos fines el Centro Unido desarrolló un poderoso mensaje en video para contribuir a la campaña educativa contra la violencia.INS
P. Rico-Mujeres de Vivienda Pública se apoderan de las redes sociales con la frase “Nosotras podemos”, campaña encabezada por cinco emprendedoras que desarrollaron negocios desde un residencial público y a la que se han unido decenas de artistas
San Juan, 23 oct (INS).- Las historias de cinco empresarias de residenciales públicos encabezan la campaña “Nosotras podemos”, una iniciativa de la Administración de Vivienda Pública (AVP) junto a INprende que potenció los proyectos empresariales de estas emprendedoras y ahora busca inspirar a otras mujeres bajo la consigna de que las emprendedoras están en todos lados.
Aishamary Muñoz, Ivelisse Inirio, Brenda Montalvo, Marilyn Ramos y Vimarie Torres son las cinco protagonistas de esta iniciativa que busca demostrar que el éxito se alcanza desde cualquier lugar.
Las emprendedoras esperan con su ejemplo inspirar a otras mujeres a convertir sus pasiones y habilidades en exitosas ideas de negocio.
El administrador de AVP, William Rodríguez Rodríguez, destacó que “desde que comenzamos nuestra gestión, ofrecer alternativas de desarrollo para cada residente ha sido una prioridad. Hoy evidenciamos que dar acceso a las herramientas necesarias y canalizar todos los esfuerzos para mejorar la calidad de vida en todos los aspectos, da resultado y lo vemos al conocer las historias de cada una de estas cinco mujeres, lo que nos llena de mucha ilusión”.
Rodríguez Rodríguez añadió que “agradecemos el esfuerzo que ha realizado INprende para continuar visibilizando el trabajo de estas emprendedoras que llevan el mensaje de que, desde nuestros residenciales, con esfuerzo y dedicación, se logra desarrollar empresas e impactar positivamente nuestra la Isla”.
Por su parte, la fundadora de INprende, Alessandra Correa, agradeció a Vivienda Pública “por confiar en INprende y permitirnos trabajar esta iniciativa. Esta campaña tiene un efecto multiplicador, a través de ella podemos ver cómo cinco mujeres que recibieron las herramientas adecuadas para emprender de manera accesible y gratuita hoy son inspiración para otras cientos en Puerto Rico que quizás se sienten limitadas por el lugar en donde viven o por el simple hecho de ser mujeres. Las emprendedoras están en todas partes, y nos toca seguir trabajando fuerte para empoderarlas y visibilizarlas”.
Muñoz confecciona joyería minimalista junto a sus hijos mediante su empresa Jireh Bijoux desde el residencial Las Camelias Apartments en San Juan, mientras que Ivelisse patentizó a sus 69 años un patrón de almohadas que eventualmente convirtió en su empresa Inirio desde el residencial Las Rosas 2 en el mismo municipio.
De igual forma, Montalvo desarrolló el proyecto empresarial Lillita’s Essence, dedicado a producir jabones y lociones artesanales para mujeres trabajadoras, desde el residencial Luis Lloréns Torres. Mientras que Ramos convirtió el tradicional coquito que preparaba en navidad en un producto comercial para todo el año con Mary’s Coquito desde el residencial Jardines de Campo Rico en San Juan.
Por su parte, Torres convirtió su pasión por el arte en la empresa familiar Foam Xpressions, dedicada a la creación de artes en foam y la pintura de canvas en el residencial Zenón Díaz Valcárcel en Guaynabo.
Como parte de la campaña, que se lanzó en el mes del residencial público, las emprendedoras enviaron sus productos a reconocidas mujeres de Puerto Rico con el fin de potenciar el mensaje de la iniciativa y el éxito de sus respectivas empresas.
Algunas de las que recibieron los obsequios y se unieron al llamado fueron las animadoras Yizette Cifredo, Alexandra Malagón, Alexandra Fuentes, Norwill Fragoso, Karla Monroig y Nicole Chacón.
De igual forma, la ex voleibolista Vilmarie Mojica, las periodistas Celimar Adames y Tatiana Ortiz, así como las influencers Magda Oficial, Larissa Dones y Ashley Carrasquillo.
La creadora de Jireh Bijoux manifestó que “la campaña Nosotras Podemos para mí representa un escalón en la travesía del emprendimiento. Me siento sumamente agradecida con la oportunidad de pertenecer a la misma y poder ser ejemplo para otras mujeres que quieren dar el paso y no se han atrevido. Espero que a través de mi historia muchas se identifiquen y decidan tomar el control de sus vidas y luchar por sus sueños”.
Asimismo, las cinco madres empresarias potenciaron su modelo de negocio al recibir educación empresarial libre de costo, como el desarrollo de la imagen de marca de sus empresas y su presencia digital, mediante la iniciativa gestionada por AVP junto a INprende.INS
P. Rico-Vicepresidenta de la Cámara exige a la JSF proteger la vida de jubilados y renegociar acuerdos de deuda con bonistas
San Juan, 22 oct (INS).- La vicepresidenta de la Cámara de Representantes, Lourdes Ramos, insistió en que no hay margen para reducir las pensiones de los jubilados del gobierno, por lo que demandó la renegociación de todos los acuerdos de deuda con los bonistas.
Reafirmó que, como legisladora, “ni ahora ni nunca” dará paso a ninguna legislación o acuerdo de la Asamblea Legislativa para aprobar los planes de pago de deuda de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que impongan una reducción en el monto de las pensiones.
“Jamás tendrán mi voto para hacerle daño a los jubilados. No existe acuerdo alguno que pueda negociar la Junta con los bonistas, donde el bienestar de los jubilados esté supeditado a las ganancias de los mogules y los buitres de las inversiones”, reclamó.
Ante ello, Ramos pidió del nuevo presidente de la Junta, David Skeel, como de los nuevos integrantes que ocupen puestos en el ente federal, que reevalúen los acuerdos de pago con los bonistas, ya que “las pensiones siempre han sido un elemento esencial para el sostén de la creciente población envejeciente de la Isla”.
“Para mí, los acuerdos previamente negociados con los bonistas son nulos, porque la realidad económica de la Isla jamás será la misma después del impacto del coronavirus. Y son nuestros jubilados el sector más vapuleado por esta nueva realidad. La Junta no puede seguir siendo insensible a proteger vidas y ese es mi mayor reclamo”, demandó la legisladora.
Ramos enfatizó que si nunca fue justificable reducir el monto de las pensiones debido a que el Covid-19 ha demostrado que los jubilados “son un sector seriamente amenazado en su salud, que no pueden buscar un empleo parcial para complementar su sustento ni lo que pudieran perder de reducirse las pensiones”.
“Es trágico tener que decirlo, pero nuestros jubilados y envejecientes viven amenazados por el Covid como el segmento poblacional más frágil y vulnerable ante la pandemia. Si se insiste en reducir sus pensiones, no solo se limitan seriamente sus expectativas de vida, sino que los arrojas a que en la búsqueda de un empleo parcial para paliar el recorte, se expongan a la muerte”, declaró.
La política apuntó que la isla no es la excepción a lo que el Covid ha causado a nivel mundial, que es el colapso de las economías.
Al respecto, comentó que “las ayudas federales han logrado sostener el fuerte impacto recibido, pero el Covid es una realidad con la que hay que vivir de ahora en adelante. Desproveer a los jubilados del sustento por el que ahorraron y pagaron, es entregarlos a las garras de la pandemia con resultados funestos”.INS
ndc