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Los dirigentes gremiales Freddie Rodríguez y Luis Reyes y el asesor legal Roberto Maldonado anticiparon que concurrirán al tribunal federal. Inter News Service
San Juan, 22 oct (INS).- El liderazgo de dos sindicatos de empleados de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP) se propone impugnar en el tribunal federal un acuerdo con el Departamento de Educación que los despoja del mantenimiento y construcción de escuelas con fondos asignados por FEMA (Agencia Federal para el Manejo de Emergencias) debido a que viola la ley.
De acuerdo con los sindicalistas junto a transgredir la ley orgánica de la Autoridad de Edificios Públicos y el procedimiento judicial que existe en el Tribunal de Quiebras por el Título III de la Ley Promesa, impuesta por Washington ante la bancarrota fiscal de Puerto Rico, en los próximos días someterán un recurso de impugnación del entendimiento.
La Unión de Empleados de Oficina y Profesionales y la Unión Independiente de Empleados de la Autoridad de Edificios Públicos se amparan en que son acreedores de la AEP y lo hacen en interés de los derechos de los trabajadores, de la ciudadanía y de la propia agencia.
El recurso se basa en que el acuerdo entre AEP y Educación viola la ley habilitadora de la Autoridad de Edificios Públicos, que no le permite transferir o delegar en personas o agencias del gobierno central que no sean corporaciones públicas su deber de construir, reparar y brindar mantenimiento a sus propiedades, de lo cual depende la deuda pública, actualmente impugnada en el tribunal federal.
Además, habiendo un proceso judicial de Título III de la Ley Promesa, ninguna de las dos partes –la AEP ni el gobierno de Puerto Rico, al que pertenece Educación– han solicitado el permiso del Tribunal de Quiebras ni con la adecuada notificación a los acreedores y partes interesadas para decidir los méritos de esta transacción.
“La transacción entre la Autoridad y Educación va contra los mejores intereses del país y pone en peligro el trabajo de decenas de empleados de la Autoridad al violar sus derechos bajo los convenios colectivos vigentes”, declaró Luis A. Reyes Rivera, presidente de la Unión Independiente de Empleados de la Autoridad de Edificios Públicos.
Por su parte, Freddie Rodríguez Rohena, presidente de Unión de Empleados de Oficina y Profesionales de la AEP, sostuvo que “transferir esas responsabilidades y el dinero a una agencia del gobierno de Puerto Rico que no tiene ni la responsabilidad legal ni constitucional de tener a su cargo las propiedades que le alquila a la AEP, pone en precario esos bienes públicos que, además, sirven de garantía a los bonistas”.
Ambos líderes sindicales, quienes solicitaron la renuncia del presidente de la junta de Directores de la AEP, Luis Nazario, y de la directora ejecutiva Melitza López Pimentel, recordaron que la pasada secretaria de Educación Julia Keleher está esperando juicio en el tribunal federal por unas serias acusaciones de corrupción y el Departamento tiene un pobre récord de administración, además de la falta de peritaje para hacerse cargo de obras de construcción.
Ambos líderes sindicales solicitaron la renuncia del Lcdo. Luis Nazario presidente de la Junta de Directores de la AEP y de Melitza López Pimentel, directora ejecutiva de la Autoridad.
El abogado Roberto Maldonado asesor legal de ambas uniones y quien llevará el caso ante el tribunal, explicó que, en violación a su propia ley y sus deberes ministeriales, estatutarios y fiduciarios, la Autoridad ha delegado en el Departamento de Educación algo para lo cual carece del personal técnico, depende para su operación del alquiler de propiedades, y no tiene la facultad legal para construir, reparar y dar mantenimiento a propiedades para las cuales no tiene título propietario alguno.
Tal situación ocurrió al FEMA aprobar fondos para la reparación y reconstrucción de propiedades de AEP dañadas por los huracanes Irma y María, en septiembre de 2017, y por los sismos de principios de 2020.
Así mismo autorizó fondos para el Departamento de Educación, pero la ley dispone que la AEP tiene la responsabilidad de reparar y reconstruir las escuelas bajo su jurisdicción, y no puede delegarla en otra agencia de gobierno.
“Esa falta de responsabilidad legal y de peritaje obliga al Departamento de Educación a subcontratar todas las labores de las obras, sin ni siquiera contar con el personal necesario para supervisarlas, y que no solo lo tiene la Autoridad de Edificios Públicos, sino que además cuenta con la experiencia de más de 50 años de existencia”, señaló Rodríguez Rohena.
La AEP, que cuenta con más de 950 empleados, incluyendo ingenieros, arquitectos y técnicos en diferentes ramas de la construcción, reparación y mantenimiento de edificaciones y de mantenimiento, se creó por ley en 1958 como responsable de la construcción y mantenimiento de los edificios del gobierno, que incluyen hoy 425 escuelas, 53 centros gubernamentales, 107 cuarteles de la policía, 14 parques de bomba y 30 centros judiciales, entre otros, donde se proveen servicios esenciales al pueblo.
Para la construcción de los edificios de su propiedad, la AEP puede emitir bonos garantizados con las propias estructuras y con el compromiso del fondo general. INS
ndc
